Un día después de la sanción de la reforma laboral en el Senado, el oficialismo vuelve a convertir el Congreso en el centro de su estrategia política. El gobierno de Javier Milei buscará en la sesión de este jueves en Diputados dar media sanción al nuevo régimen penal juvenil.

La proyección de votos favorece a la Casa Rosada, que confía en amalgamar el acompañamiento de sus socios estratégicos (Pro, la UCR y el MID) con respaldos de bloques como Provincias Unidas, Innovación Federal y el espacio de los sanjuaninos de Producción y Trabajo. Esta configuración numérica le permitiría al Gobierno sortear la votación con éxito.

Sin embargo, las mayores tensiones se registran en el seno de Unión por la Patria. Mientras el sector kirchnerista ya cerró filas en rechazo a la reforma, el Frente Renovador de Sergio Massa decidió marcar un perfil propio. El massismo coincide en el piso de los 14 años, pero cuestiona la metodología: exigen que la modificación sea parte de una reforma integral del Código Penal y no un régimen aislado.

En este complejo escenario de alianzas y fisuras, Sergio Berni irrumpe con una postura que ya incomodaba a varios referentes del kirchnerismo cuando eran gobierno. El exministro de Seguridad bonaerense, en diálogo con en la previa al debate, no solo respalda la baja de la edad de imputabilidad, sino que propone una mirada “de vanguardia” que rompe con las edades fijas y cuestiona duramente la gestión actual del sistema de encierro.

—¿Está de acuerdo con la edad de baja de imputabilidad que se propone?

—Estoy totalmente a favor de la baja, es algo que vengo solicitando a los legisladores desde hace más de diez años. Celebro que se discuta, pero me parece que hay que tener sentido común. No estoy de acuerdo con el límite de los 13 años que había propuesto el oficialismo. Ya que estamos ante una reforma importante del Código Penal, no debemos dejar pasar la posibilidad de que esto sea mucho más justo. Entiendo que la baja no tiene que tener una edad fija, sino que debe estar sometida a una pericia psicológica.

—¿Plantea que no exista una edad estipulada por ley?

—Por debajo de los 16 años debe existir una pericia psiquiátrica que informe si el menor comprendía la criminalidad del hecho. Si la comprendía, es imputable, independientemente de la edad que tenga. El delito no tiene edad. No nos podemos perder la oportunidad de ser vanguardia en el mundo y cometer el error de otros países que ponen una edad arbitraria. No se puede negociar la edad como si fuese una paritaria. Es una falta de seriedad absoluta.

—Usted sostiene que el contexto en el que delinquen los jóvenes cambió drásticamente…

—Es que no es lo mismo un chico de 16 años de ahora que hace 20 o 30 años, o en los años 80 cuando se sancionó la ley actual. La capacidad de comprensión es distinta y no solo tiene que ver con el desarrollo biológico del cerebro, sino con el ambiente y los estímulos. Aquellos que están en contra de bajar la edad lo que tienen que hacer, en vez de declaraciones rimbombantes, es derogar la ley 13.634 vigente en la provincia de Buenos Aires. Esa ley permite que un juez ponga preso a un chico de 10 años si quiere, por más que sea inimputable. Hay que ser coherentes

—¿Por qué considera que el sistema actual fracasa en la provincia de Buenos Aires?

—La mejor manera de cuidar a esas criaturas es obtener una condena y empezar rápidamente el proceso de resocialización. Hoy, los institutos de menores en la provincia están manejados por el Ministerio de Desarrollo Social, con funcionarios que no tienen idea de cómo cuidar a un asesino en potencia o a un asesino. Hemos visto cómo los menores van a un instituto y se escapan a los dos días. Si la ley no viene acompañada por toda la logística necesaria, no sirve de nada.

—Su espacio político, Unión por la Patria, se mostró históricamente resistente a esta medida. ¿Cree que deben acompañar la iniciativa en el Congreso?

—No sé qué harán, porque depende de la voluntad de cada uno. Mi espacio es resistente, pero está claro que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para hacerles entender que esto es lo que hoy necesita el país. Gran parte de los homicidios que tenemos en la provincia de Buenos Aires son llevados adelante por menores que se sienten amparados en su condición de inimputables.

El proyecto que se debate en Diputados fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio.

Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados, acceso a educación y salud, y programas de resocialización.

Pocos minutos antes de que termine el debate en el Senado en el que el oficialismo obtuvo media sanción de la reforma laboral, los legisladores Jorge Capitanich -de Fuerza Patria- y Carolina Losada -por el radicalismo- mantuvieron un fuerte cruce por uno de los artículos del proyecto: la eliminación del estatuto del periodista.

Ese estatuto incluye, entre otras normas específicas, una mayor protección para los periodistas en caso de despido.

Cuando se estaba por votar en particular una serie de derogaciones a leyes y decretos, Capitanich compartió la posición del bloque. “Vamos a votar en contra de la eliminación de todas las derogaciones que se establecen, tanto del estatuto del periodista para la defensa irrestricta de la libertad de prensa en la Argentina, del estatuto del viajante, la ley de teletrabajo, el estatuto del teletrabajo y todos estos artículos incluyendo un enfático rechazo a quitarle recurso al Incaa. Esa va a ser nuestra posición de bloque”, manifestó el exgobernador de Chaco.

Losada, que es periodista y votó con el Gobierno para que se derogara el estatuto, pidió la palabra y le recordó al senador chaqueño el día en que rompió un diario de Clarín durante una conferencia de prensa en 2015, cuando era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. “Basura de prensa”, había dicho en ese entonces sobre textos que hablaban de la causa del difunto fiscal Alberto Nisman.

“Qué nivel de cinismo, una persona que como jefe de Gabinete rompió un diario en conferencia de prensa, que hable de libertad de prensa, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. No tiene cara evidentemente. Defender la libertad de prensa es otra cosa, Capitanich”, expresó con enojo la santafesina.

Tras ello, el exgobernador le respondió: “Me sentí ofendido y atacado. He sido gobernador y senador, y siempre he defendido y garantizado la libertad de prensa, por lo tanto quiero que esto se remita a la comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento”.

Pero el cruce no terminó ahí. Losada volvió a plantear una cuestión de privilegio y achacó: “Como periodista me siento totalmente incómoda, no solamente con su presencia sino con que se haga el que defiende la libertad de prensa una persona que ofendió sistemáticamente a los periodistas”.

En tanto, agregó: “Podría seguir hablando de las cosas que hizo en Chaco que dan mucha vergüenza, pero me quedo con que rompió un diario y que atacó a periodistas uno por uno. Su gobierno permitía que colocaran en una plaza gigantografías de los periodistas críticos al kirchnerismo para que las personas pasen y escupan. La libertad de prensa no se dice con piripipi (sic) cuando se es oposición, se ejerce”.

La discusión se centró en el artículo 193 de la “Ley de Modernización Laboral”, que quedó de la siguiente manera: “Derógase la Ley 12.908 y sus modificatorias a partir del 1 de enero de 2027″. En el texto, respecto del periodista profesional, se propone eliminar entre otros puntos las tres semanas de vacaciones al ingresar al medio y las mayores indemnizaciones.

El miércoles por la mañana, Losada había indicado en diálogo con LN+ que lograron que la eliminación del estatuto “se prorrogue por doce meses para que haya nuevas condiciones de negociación”.

“Tanto el estatuto del periodista como los otros estatutos se van a prorrogar, quedarán vigentes para que se pueda generar otro estatuto en el término de los próximos 12 meses. Estuvimos trabajando en estos últimos cambios”, había dicho.