Entre los deudores de Sur Finanzas, la financiera que es investigada por la Justicia, aparecen clubes, sociedades fantasma, personas humildes y empresas ligadas a la política. Algunas de ellas, en particular, conducen a la AFA y a sus dirigentes, pese a que estos nieguen relación con Ariel Vallejo, el dueño de la financiera bajo investigación.

Un camino sugestivo entre estos deudores lo abre la histórica empresa de gaseosas, Manaos. La sociedad anónima detrás de ella se encuentra dentro del listado de unas mil personas receptoras de créditos por parte de Sur Finanzas, según pudo constatar .

De hecho, la sociedad Refres Now SA tomó una deuda por poco más de $12 millones y la canceló en marzo de 2025, cuatro meses antes de que suceda una importante expansión. En julio, Manaos confirmó la compra de Prodea, la dueña de las marcas Cunnington y Neuss, en una operación de unos US$74 millones.

Uno de los accionistas de esa sociedad es Guillermo Raed. Ambas empresas están asociadas, por distintos motivos, a Santiago del Estero. Uno de los puntos de contacto clave es la empresa Secco. El dueño, Raed (accionista de Prodea), es actual vocal, exvicepresidente tercero de la AFA y presidente del Club Mitre de Santiago del Estero.

Raed no es un dirigente menor: formaba parte del núcleo de conducción que sostiene el poder real dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, donde el tesorero Pablo Toviggino insertó a dirigentes de su provincia natal, aunque se encuentra alejado de él hace un año, indicaron las fuentes consultadas.

Manaos tiene historial en Santiago del Estero. Según las denuncias presentadas por organizaciones campesinas y ambientales en 2017, una serie de terrenos fueron escenario de desmontes, por aproximadamente 11.000 hectáreas de monte nativo, realizados en distintos períodos y en zonas cercanas a comunidades rurales. Las presentaciones apuntan a que se habrían llevado a cabo sin cumplir con la normativa ambiental vigente o mediante autorizaciones cuestionadas por parte de Manaos.

En esos trabajos se señala que los desmontes en Santiago del Estero forman parte de un proceso más amplio de expansión agroindustrial en la provincia, donde grandes extensiones de monte fueron transformadas en tierras productivas. En ese contexto, el nombre del empresario detrás de Manaos aparece asociado a la titularidad o explotación de campos involucrados en esos conflictos.

Las empresas ligadas a Toviggino y a la mansión de Pilar que está siendo investigada por la Justicia fueron, a su vez, denunciadas por usurpación y desmontes en zonas de Santiago del Estero, como la Colonia Fiscal Sobrantes del Desierto.

Un detalle: la empresa detrás de Manaos y receptora del crédito de Sur Finanzas declaró domicilios en zonas rurales o lotes ubicados en áreas despobladas de la provincia, direcciones que coinciden con los territorios señalados en las denuncias por desmontes.

Los registros muestran la creación de múltiples sociedades y cambios de titularidad, un esquema que es objeto de revisión en investigaciones fiscales, por parte de la Justicia, y administrativas, desde el Estado.

Los domicilios asociados son: “Lotes 4 Y 7 0 – Uturunco, Santiago del Estero”, “Lotes 1-A 1-D 3-A 1-C -B 0 – Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 0 – Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote 11 1 – Uturunco, Santiago del Estero”, “Lote F 1 – Uturunco, Santiago del Estero”, “Lote A1 1 – Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 2 – Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 3 – Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 4 – Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 5 – Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 6 – Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 7 – Otumpa, Santiago del Estero”, “El Paray 0 Piso:0 Dpto:0 – Otumpa, Santiago del Estero”.

Unos meses después, en 2025, la Justicia citó a indagatoria a Orlando Canido, dueño de Manaos, por una presunta evasión impositiva de $1000 millones, a raíz de una denuncia hecha por la ARCA nacional. La decisión provino del Juzgado Federal 3 de Morón, cuyo titular es Juan Manuel Culotta, por los cargos de evasión agravada en concepto de Ganancias, IVA e Impuestos Internos.

En el sprint final del proyecto de ley de reforma laboral rumbo a la votación en el Senado, prevista para este miércoles, el Gobierno se muestra abierto a sumar cambios, cuyos eventuales detalles y alcances son mantenidos bajo un fuerte hermetismo. Con algunas modifiaciones en el texto final, la Casa Rosada cree que lograría el apoyo de los gobernadores.

Por lo pronto, la mesa política se reunirá este martes, a las 11, en la Casa Rosada, en la previa al debate y con la mira puesta en el último tramo de definiciones. Para entonces ya tendrán los resultados de la reunión que este lunes, a partir de las 18, mantendrá la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con jefes de bloques aliados.

En paralelo, el titular de Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión con Leandro Zdero, gobernador de Chaco, y podría sumar nuevos contactos con otros mandatarios provinciales en las próximas horas.

Santilli se mostró hoy optimista sobre la aprobación del proyecto al sostener y dejó la puerta abierta a cambios. “Siempre es importante ver otras miradas y aceptar miradas de otros siempre y cuando el objetivo no sea modificar la ley”, dijo el exdiputado macrista.

Se trata de una postura compartida en otras terminales del oficialismo, en las que se muestran abiertos a receptar modificaciones, aunque no a cualquier precio. “No puede haber gatopardismo”, dijo otra fuente consultada.

En la mira está fundamentalmente lo que podría suceder con el impuesto a las ganancias a las empresas, apartado que en el Gobierno intentarán retener hasta último momento.

Todo se prevé que esté sobre la mesa en el encuentro de la mesa política, este martes. Encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lugar es el espacio elegido para canalizar posturas.

La mirada está puesta fundamentalmente en el futuro del capítulo fiscal del proyecto. En especial lo que tiene que ver con el artículo que reduce alícuotas del impuesto a las ganancias para grandes empresas, que alcanzaría a la recaudaciones provinciales y tensa la relación con los gobernadores.

“La realidad es que está todo en análisis. No hay ninguna definición”, aseguró otro alta fuente de Casa Rosada a sobre el tema respecto del futuro del capítulo.

Según dejan trascender distintas fuentes consultadas, es que si bien la postura compartida por todos es que la ley idealmente debería salir completa, la realidad de las negociaciones podría terminar indicando otra cosa.

En las distintas filas del Gobierno descartan que haya una división entre dos bandas respecto de lo que hay que hacer con el capítulo. “No hay duros o blandos. Se está discutiendo cómo hacer frente a la situación”, dijo una de las personas que integra la mesa. “El mandato es sacar la ley”, simplificó. “El tema es si se puede o no negociar con los gobernadores”, completó.

Buscó así dar de baja las versiones que incluso salieron de la propia Casa Rosada, en la que se hablaba de una actitud más firme respecto a mantener el capítulo tal y como está, en la que estarían el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Y que apuntaba a que en la línea más abierta a la negociación se ubicarían Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; y el subsecretario y armador político, Eduardo “Lule” Menem. Quienes llevan adelante el diálogo con los gobernadores y legisladores, cuyas voluntades se necesitan para lograr la aprobación.

“No se trata de bandos o duros o blandos, lo que está en análisis es cómo proceder ante la situación dada”, aseguró una de las voces.

“Vamos a pelear hasta último momento para que salga como está, pero si a último momento no se puede, quedará afuera. La ley hay que sacarla”, dijo una de las voces de esa mesa a .

Por lo pronto, durante la última semana, el Gobierno recibió dos buenas noticias que se transformaron en señales alentadoras: los gobernadores cancelaron la reunión que iban a tener en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para explorar una postura común y también se celebró que el gobernador cordobés, Martín Llaryora, haya cancelado su encuentro con la cúpula de la CGT.

Hasta ahora, las principales diferencias con los mandatarios provinciales están en lo respectivo a la baja al impuesto a las ganancias de las empresas, lo que afectaría los recursos coparticipables. “Si aprobamos la ley pasan seis meses y van a ver que tenemos razón. Nos lo van a agradecer”, explicó un hombre del primer piso de Balcarce 50, convencido de que las provincias terminarán recaudando más de lo que piensan. “Van a recibir más por las reactivación de la economía”, aseguraron.