La entrada en vigencia de la nueva legislación laboral en un mercado en crisis proyecta diagnósticos disímiles. El Gobierno afirma que facilitará la creación de empleo, los empresarios condicionan su impacto a la reactivación económica y los gremios advierten que servirá de atajo para despidos masivos. En la Corte Suprema de Justicia, un protagonista decisivo en este ajedrez de intereses, no habría ánimo ni intenciones de obstaculizar la ley aprobada por mayoría en el Congreso a pesar de los planteos recientes de la CGT. Así lo deslizaron a tres fuentes confiables, una de ellas vinculada a la justicia laboral, otra al establishment empresarial y la restante ligada a los sindicatos.

La nueva ley se promulgó ayer en el Boletín Oficial en un contexto adverso. La Unión Industrial Argentina (UIA) afirma que la mitad de 644 empresas relevadas venden y producen menos, escalas previas a la posible suspensión de personal o a un eventual cierre de persianas. La CGT advierte que la caída del empleo ya dejó de producirse en dosis homeopáticas, mientras los informes privados que miran con lupa la economía detectan un retroceso de manera persistente en los ingresos y la producción. Hasta los propios organismos públicos encienden alarmas: se cerraron 21.938 empresas durante la gestión de Javier Milei, de acuerdo a un conteo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De la guadaña solo se salva la Asignación Universal por Hijo (AUH), que creció en un 58% su poder de compra entre 2023 y 2025, según un informe de la consultora Equilibra, elaborado en base a datos oficiales por el economista Martín Rapetti.

Condicionado a futuro el auxilio económico de Estados Unidos e Israel por la guerra en Medio Oriente, cuyo impacto en nuestro país es aún impredecible, Milei pone a prueba la red de contención que tejió en sus dos primeros con el fin de evitar un estallido social. La AUH tiene hoy más de cuatro millones de beneficiarios que perciben mensualmente $132.774 por hijo. Los montos se actualizan cada 30 días de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suma de AUH con la tarjeta Alimentar alcanzaba hasta septiembre de 2025 el 99% de la canasta básica alimentaria cuando antes solo cubría el 54%, según fuentes del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Sin embargo, el monto de la tarjeta alimentar no se actualiza desde 2024 y eso genera que a enero de 2026 la suma de ambas prestaciones solo cubra el 88% de la canasta básica alimentaria.

En la ley de presupuesto, el ministro de Economía, Luis Caputo, preveía eliminar las actualizaciones automáticas de la AUH y de las asignaciones familiares. Insistió para hacerlo por presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), según denunció el diputado peronista Daniel Arroyo en el debate en comisión. Finalmente, el Gobierno no pudo avanzar porque el cambio era parte del capítulo XI, rechazado por el Congreso porque derogaba las leyes de financiamiento para universidades y discapacidad. Este desenlace legislativo evitó una escalada entre Caputo y Pettovello en lo relativo a la política de subsidios para contener a los sectores más vulnerables.

A pesar de que la AUH conserve su poder adquisitivo es inevitable que sus beneficiarios sufran los coletazos de una economía frágil, con consumo estancado, que no genera nuevos puestos de trabajo y con inflación otra vez en ritmo ascendente. Un informe de la consultora Equilibra difundido esta semana proyecta una suba de casi 3 puntos en la pobreza para el primer trimestre de 2026. Esto tendría que ver con la caída del poder de compra de la prestación Alimentar y a que el precio de los alimentos suben más que la inflación. En el mismo relevamiento, también se puso la lupa en los ingresos reales registrados (salarios en blanco y jubilaciones) y reflejó una caída de 13% entre diciembre de 2016 y diciembre de 2025. Es decir, ni siquiera las personas que tienen un ingreso estable pudieron ganar ante la inestabilidad económica que atravesó a las diferentes gestiones.

De la órbita de Pettovello también dependen las prestaciones por desempleo que distribuye la Anses. Hubo un salto en este rubro en lo relativo a montos y alcance. En 2023 hubo 59.745 beneficiarios que cobraron un subsidio promedio de $53.765, mientras que a diciembre de 2025 los beneficiarios se duplicaron (103.654) y la ayuda económica promedio subió a $276.944, según un relevamiento de la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social. La cantidad de beneficiarios está aún lejos de lo que fueron los picos de 2001 y 2002, cuando se auxilió a 143.041 y 197.799 personas, respectivamente. La prestación de desempleo sirve como una ayuda económica del Estado para aquellos trabajadores que perdieron su empleo sin justa causa. El monto y la duración varían según los ingresos y el tiempo trabajado con aportes durante los últimos tres años. Este requisito no es menor en un mercado laboral en el que crece la informalidad y el “trabajo en negro”. Tal vez la razón principal por la que la prestación no cuenta hoy con más adherentes.

El “operativo contención” que se digita desde Capital Humano tuvo hasta el momento un resultado exitoso. El Gobierno se jacta de haber desarticulado a los piqueteros después de haber eliminado a los dirigentes que intermediaban entre el Estado y las organizaciones sociales. “Los gerentes de la pobreza”, según Milei. La resistencia queda hoy reducida a un puñado de agrupaciones de izquierda mientras que los movimientos sociales más identificados con el peronismo buscan amalgamarse a la estrategia que se traza desde las centrales obreras.

La CGT demostró con la última huelga general en rechazo a la reforma laboral que conserva su poderío como articulador de la protesta. No está hoy en los planes del triunvirato de mando activar una serie de paros a repetición a pesar de la presión de los sectores más díscolos, que comenzaron a abrirse de las decisiones de la central peronista. ¿Puede haber una ruptura? No, al menos en el corto plazo.

La estrategia de la CGT se diversificará. Gerardo Martínez, una suerte de canciller de la CGT, viajó esta semana a Washington como miembro de la Confederación Sindical Internacional. Expuso allí delante de representantes del Banco Mundial, el FMI y la ONU sobre las limitaciones al derecho a huelga que aplica la nueva normativa. El jefe de la Uocra, que ya renunció a ser parte del Consejo de Mayo al que convocó Milei, aprovechó también para advertir sobre impacto doméstico de la política de apertura de las importaciones. El discurso de Martínez, palabras más, palabras menos, tuvo un final casi calcado al reciente comunicado de la UIA: “Sin industria, no hay nación”.

En la última reunión de la cúpula de la CGT se acordó ir a la Justicia para intentar bloquear la nueva ley laboral. Se presentó una impugnación en el fuero contencioso administrativo y se hará lo propio en el laboral, donde hay decenas de magistrados que buscan reacomodarse porque intuyen que su jurisdicción desaparecerá en los próximos años, absorbida por la Justicia porteña. Un juez del fuero laboral les hizo llegar un mensaje a los gremialistas: “Esta vez no van a encontrar agua en la pileta”. Podría ser el fin del lobby sindical en un fuero amigable y el surgimiento de una Justicia afín al empresariado y al mileísmo. Mauricio Macri había intentado dar un paso similar.

Como parte de la hoja de ruta cegetista aparece el campanazo de largada para la temporada alta de las negociaciones paritarias. La proyección inflacionaria de 10,1% anual que trazó Caputo en el Presupuesto para 2026 se anticipa imposible. Solo en el primer trimestre la inflación se aproximaría a ese porcentaje. Primero fue la salida de Marco Lavagna del Indec la que hirió la credibilidad oficial y sumó ruido en el movimiento de los precios. Ahora es la incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente que impulsan los aliados de Milei. El precio del petróleo amenaza con dispararse. Hubo esta semana un acuerdo salarial que en el Gobierno encendió alarmas: la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) pactó una suba de 9,8% por el trimestre febrero-marzo-abril. El apretón de manos entre el sindicato y las cámaras empresarias no fue aún homologado por la Secretaría de Trabajo. Significaría el adiós a la pauta de referencia del 1% o 1,5% mensual que intentó instaurar Caputo.

En la Secretaría de Trabajo la celebración por la sanción de la reforma duró un suspiro. Julio Cordero, a cargo del área, perdió esta semana a su virtual número dos, Eugenia Cortona, que se desempeñaba como subsecretaria de Empleo y Formación Laboral. “Hay un cambio de enfoque en lo que hace a la formación laboral, mucho más focalizado en lograr una rápida salida laboral que en una formación profesional integral”, explicaron a en la secretaría sobre su salida. Con Cortona, también se fue Darío Silvestro, titular de la dirección de Asociaciones Sindicales, según informó El Destape.

Debilitado por estas bajas y el enfrentamiento de Milei con Techint, su histórico empleador, Cordero recibió otra mala noticia: fue denunciado en la Justicia por una supuesta maniobra irregular para otorgar Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) a empresas de la seguridad privada. Con el aval de la secretaría, que es la que debe acreditar la situación de crisis, decenas de empresas sellaron convenios con el gremio del sector, en este caso la Unión Personal de Seguridad (Upsra). Al acceder al PPC, se facilitan las suspensiones del personal, la posibilidad de rebajar salarios y hasta avanzar con indemnizaciones a menor costo.

Marcelo Greco, un dirigente opositor a Ángel Alberto García, histórico jefe de la Upsra desde 1989, ratificó el miércoles pasado su denuncia en el juzgado federal N°12, a cargo de Julián Ercolini. Prometió acreditar como prueba recibos de sueldo de distintos trabajadores con descuentos jubilatorios por encima de lo permitido y deslizó que por la presunta maniobra se recaudan de manera ilegal entre 2000 y 3000 millones de pesos al mes. Ese dinero debería ir a la caja jubilatoria de los trabajadores, argumentó el denunciante.

“Esto sucede desde 2023. Tengo la hipótesis, pero no la certeza, de que han participado de las maniobras, Diego García [número dos de la Upsra], Marcelo Farre [chofer de Ángel García, el jefe del gremio], los distintos empresarios y Diego González, que formaba parte del Ministerio de Trabajo de ese entonces”, declaró Greco en Comodoro Py. Reforzó su presentación con una entrevista a Miguel Tobar, referente de la barra brava de Estudiantes de La Plata y que supo trabajar para los García en Upsra. En la entrevista, Tobar aportó detalles, habló de “valijeros” y de “jugar para la corona”.

Ángel Alberto García, jefe de la Upsra y viejo ladero de Luis Barrionuevo, logró el 6 de agosto de 2024 una nueva reelección tras el aval de la Secretaría de Trabajo a la Junta Electoral, impugnada por los opositores. García no respondió a los llamados ni a los mensajes de .

En la Secretaría de Trabajo se habría comenzado una auditoría a los PPC otorgados a las empresas de seguridad tras la consulta de . “Esto parece que venía de la época de la pandemia, vamos a averiguar y nos pondremos a disposición”, dijo un allegado a Cordero. El funcionario es también investigado en la Justicia por haber querido tomar ilegalmente el control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un gremio envuelto en sospechas y peleas internas cuya obra social, recientemente intervenida otra vez por el Poder Ejecutivo, es un botín millonario codiciado por distintos dirigentes libertarios, como el diputado nacional Pablo Ansaloni o el karinista Eduardo Menem. Batallas por poder y dinero en medio de una economía en estado de alerta.

Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia se puso en marcha un recambio de nombres en las dependencias de la cartera, y Alejandro Ramírez, abogado de 42 años, recaló en la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla, registra y fiscaliza a las sociedades y entidades civiles, que se convirtió en uno de los instrumentos del Gobierno en su lucha contra la AFA.

Profesor de distintas facultades, pero graduado y ligado estrechamente con la Universidad Austral, Ramírez desplegó su recorrido profesional en el terreno de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), su área de expertise: fue coautor de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor -que contemplaba su creación-, representó al país ante la ONU en Viena y New York y escribió un libro y varios artículos sobre la temática.

La coyuntura subraya un dato particular de su biografía profesional: su pasado reciente lo enfrenta con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) de Claudio “Chiqui” Tapia.

Como letrado, Ramírez representó a Berg Watches, una empresa de relojes noruega que demandó a la asociación de futbol por el incumplimiento de un contrato para diseñar y comercializar relojes de edición limitada con motivos de la Selección argentina. Fue firmado tras el mundial de Qatar y tenía por fin celebrar la consagración del equipo de Lionel Scaloni. Uno de los modelos, señala la firma en su demanda, mostraba al Chiqui Tapia levantando la copa.

Sin embargo, arreciaron los problemas y nada o casi nada pudo concretarse.

El precio de la licencia se fijó en USD 500.000, un monto que se pagaría en tres cuotas y a través de los agentes de cobro designados por la AFA. Tourprodenter LLC, la firma de Javier Faroni y Erica Gilette a cargo de cobrar los ingresos de la AFA en el exterior y que según una investigación de habría desviado más de 40 millones de dólares, era una de ellas.

La firma de relojes que representó Ramírez sostiene que, tras haber realizado el primer desembolso de USD 200.000 (de los cuales 160 fueron para Tourprodenter LLC) la AFA comenzó con los incumplimientos: las publicaciones mensuales acordadas no se subieron a las redes sociales; las sesiones especiales con algunos de los jugadores de la selección nunca se celebraron, y muchas de las imágenes que la AFA facilitó para imprimir en los relojes eran de uso exclusivo de la FIFA, sostiene la firma.

Además, dice Berg, toda la visibilidad que le fue negada a la firma, AFA se la dio a la empresa suiza Hublot, competidora directa de Berg.

La causa está activa, pero con su nombramiento, Ramírez deberá apartarse de la representación de la empresa, por quedar alcanzado por el régimen de incompatibilidades de la función pública.

¿El mismo rumbo?

Es todavía una incógnita si la IGJ será para Ramírez la continuidad de su enfrentamiento con la AFA por otros medios. Quienes lo trataron en las últimas horas, aseguran que todavía no pudo revisar el expediente contra la AFA que abrió su antecesor, Daniel Vitolo, quien fue hasta el momento la cara visible del oficialismo en el conflicto.

“Hará lo que tenga que hacer”, dice uno de sus allegados.

Su antecesor Vítolo indagó con insistencia a la asociación de Tapia acerca del destino de 450 millones de dólares, pero, insatisfecho con las respuestas que llegaban desde la calle Viamonte, terminó por recomendar al ministerio de Justicia la colocación de veedores dentro de la AFA, cuya tarea sería la revisar de primera mano los números de la organización que dirige Tapia.

Vitolo se fue del Gobierno con una denuncia del “Chiqui” por “abuso de autoridad”, presentación que recayó en el Juzgado Federal número 11 que hoy subroga el juez Ariel Lijo.

Otro de los abogados que conoce de la profesión a Ramírez, pronostica una gestión “abierta”, pero de más bajo perfil que la anterior, en la que la IGJ hable a través de sus resoluciones.

En defensa de la ley que redactó en conjunto con otros colegas, sancionada en 2017, Ramírez mantuvo, además, un áspero enfrentamiento con el gobierno de Alberto Fernández.

El Frente de Todos pretendía derogar las SAS por los supuestos riesgos que encierra la figura, que permitía crear sociedades de manera más ágil.

“¿Quién va a hacer negocios en Argentina si le decimos que en 2017 se pueden hacer negocios de tal forma y en 2019 lo prohibimos?”, decía, vehemente, en una de sus intervenciones en el Congreso, en 2023.