POLITICA
Pases de facturas y vínculos heridos: las divisiones que se generaron por la votación del Presupuesto
“No durmió nadie”, se confesaba un importante funcionario esta mañana, que al igual que varios de sus pares no acumuló ni tres horas de sueño. Pese a que la votación en general del Presupuesto se dio minutos pasados la medianoche, la parte que todos esperaban estaba más adelante: el tratamiento en particular del Capítulo XI, que entre sus artículos contenía las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. A los ojos del Gobierno, la derogación de estas era un elemento fundamental para que el año próximo pudiera sostenerse el déficit cero. Esto no sucedió.
En diálogo con un importante gobernador, un interlocutor del Gobierno confesó que el resultado no los agarró por sorpresa, pero que no se esperaban ese margen. “Hicimos mal los números”, justificó. Los responsables de la estrategia libertaria habían decidido que, en vez de votar artículo por artículo, se podía especular a que se vote por capítulos y así presionar a la oposición de que si querían voltear la derogación de las leyes, iban a tener que rechazar otros acuerdos presupuestarios esenciales.
“El oficialismo tiene que escuchar más a los gobernadores”, indicó a Infobae uno de ellos, que le había sugerido a los operadores libertarios que era conveniente que se perdiera “uno o dos artículos” y no un capítulo entero.
Horas después de comenzar la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya sabía que el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo no iban a aportar votos.
A pesar de que habían marcado un claro alineamiento con el oficialismo (ambos mantuvieron bloques propios por fuera del ala kirchnerista), no fueron suficientes los $10.500 millones y $20.000 millones que el Poder Ejecutivo les transfirió en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN, llamados coloquialmente como fondos discrecionales).
Para asegurar que el gobernador de Catamarca separe a sus diputados de Unión por la Patria, en las últimas semanas el Gobierno accedió a acelerar los trámites para traspasarle la compañía Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). A comienzos de esta semana, Nación firmó un acuerdo que finaliza la intervención sobre la empresa. Mañana o la semana próxima podría publicarse el decreto que estuvo siendo trabajado a destajo por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. “Hasta le resolvimos un reclamo histórico al tipo”, renegaba una fuente de la Casa Rosada.
Otros de los apuntados de no dar los votos fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En Diputados marcan que también avisó con antelación, pero ya estaba planificado desde hace varios días que la sesión de extraordinarias iba a servir como ámbito para anunciar las designaciones definitivas.
Pasadas las 2 de la mañana, el jefe de bloque Gabriel Bornoroni anunció que proponía a Rita Mónica Almada (por La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (La Cámpora) y Pamela Caletti (que responde a Sáenz) para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), que es codiciado por sus elevados salarios, sus contratos y la importancia que reviste estar en un organismo auditor.
Desde hace dos años que el Gobierno no habilitaba la discusión de estos nombramientos, y la inclusión “por la ventana” de este tema fue el punto de quiebre para que el PRO y otros bloques cercanos decidieran abandonar la sesión. En la bancada amarilla acusaron de inconstitucional la inclusión de esos nombramientos porque el Presidente no lo incluyó en el temario de extraordinarias. “Son asuntos propios de la Cámara, no pasa nada”, marcaron cerca de Menem.
Horas antes se había producido otro episodio que había sido un presagio del enojo macrista. Antes de que se votara el presupuesto en general y de acuerdo a lo estipulado, el diputado Bertie Benegas Lynch propuso añadir el giro de la deuda de la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires adentro del Capítulo XI, un pedido explícito de parte del PRO y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El jefe de la bancada amarilla pidió micrófono y advirtió que eso debía ir en el Capítulo II junto al resto de artículos de temas similares. Con la composición actual del Presupuesto, ese articulado quedó afuera.
“La falta de códigos corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta cámara”, explicitó Cristian Ritondo, en alusión a Martín Menem. En el bloque amarillo marcaron que, con ese movimiento, la relación “está rota”.
En el bloque PRO advierten que no ayudarán a que haya quórum en las próximas sesiones. “Nunca condicionamientos nuestro apoyo. Y es muy probable que cuando haya una legislación razonable, nosotros ayudemos. Pero que sepan que en las chiquitas no los vamos a ayudar más, está definido”, advirtieron desde una banca de ese espacio. En La Libertad Avanza relativizan estos posicionamientos: “No se va a romper nada”.
Las críticas cruzadas entre oficialismo y oposición dialoguista llegó a la Unión Cívica Radical, espacio que actualmente preside la mendocina Pamela Verasay (quien responde a las órdenes del gobernador Alfredo Cornejo) y tiene seis bancas en total.
En la Presidencia de la Cámara se quejaron de que este bloque no pudo mantener una posición unánime. Hubo tres votos afirmativos (dos de Mendoza y uno de Chaco), dos abstenciones (uno de Entre Ríos y otro de Chaco) y un voto negativo (de Corrientes). Esto llevó a que se apuntara específicamente contra el gobernador chaqueño Leandro Zdero y el correntino Juan Pablo Valdés. En tanto, en la provincia cuyana explicaron que era «prácticamente imposible incidir sobre las decisiones de otros» mandatarios provinciales.
Entre las últimas acusaciones, La Libertad Avanza responsabilizó al neuquino Rolando Figueroa del voto negativo que hizo su diputada del bloque La Neuquinidad. “No puedo acompañar un presupuesto que no me da las herramientas para la gobernabilidad que ustedes desean”, justificó en su alocución.
Varias provincias consultadas indicaron que lo ocurrido en esta primera sesión legislativa es una “mala señal” para el Gobierno “porque a pesar del respaldo y el número que tiene, le cuesta hacer leyes”. Pese a que consideran que tienen margen de maniobra para cambiar el diálogo con las provincias, dos gobernadores marcaron que se tiene que “negociar y consultar más con las provincias” y “evitar la quita del apoyo legislativo que tuvo Macri”.
En tanto, el Gobierno se reunió hoy en Casa Rosada con toda su mesa política para evaluar las acciones a tomar de cara a la discusión en el Senado. Hay dos posiciones enfrentadas hasta el momento: quienes no participaron de estas negociaciones consideran que el Gobierno debe manejarse con un presupuesto discrecional como venía siendo, otros marcan que todavía hay margen de recomponer vínculos.
POLITICA
La reacción de Eduardo Feinmann a la actuación de Alberto Fernández en un programa de streaming
El canal de streaming Blender confirmó el regreso de Tomás Rebord a su pantalla para este lunes 9 de marzo a las 21:00 horas. El conductor retomará el horario central con su programa insignia, Hay Algo Ahí (HAA).
El anuncio se realizó a través de una pieza audiovisual que se viralizó rápidamente por su tono bizarro, marcando el inicio de una temporada 2026 donde la señal apuesta por consolidar su comunidad de seguidores con contenidos disruptivos y humor ácido.
El video promocional incluyó una participación que sorprendió a la audiencia: el expresidente Alberto Fernández apareció frente a cámara para susurrar la palabra “Rebord”, sellando la estética distópica de la pieza.
Frente a esta inesperada apareción, el periodista de A24, Eduardo Feinmann, reaccionó en vivo al video. “¡Actor!, la pu**. Saca la guitarra y empieza…”, comenzó diciendo Feinmann, mientras Pablo Rossi ironizaba: “Tiembla (Guillermo) Francella”.
Solo el tráiler de la vuelta de HAA podía dejar a FEINMANN sin palabras. pic.twitter.com/51aNLLvzgR
— Hay Algo Ahí (@estoeshaa) March 6, 2026
Mientras que algunos de los integrantes del staff dudaban de la veracidad del material, el periodista Manuel Jove (quien mantiene una amistad con Tomás Rebord y es parte del programa) aseguró “de primera mano” que no se trataba de un video hecho con IA.
Cuando Rossi aseguró que el expresidente no debe haber cobrado por su participación, Feinmann sentenció: “Si está al pedo y está esperando ir a la cárcel“. Finalmente sugirió que podría actuar en la próxima temporada de “En el Barro”.
La trama del sketch muestra a la productora Lucía Iacono y al integrante del ciclo Juan Ruffo inmersos en una “infección” visual donde todos los elementos del entorno se transforman en la imagen del conductor. Según la producción, este golpe de efecto busca demostrar que “la barrera entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas ya no existe”.
Para el equipo de Hay Algo Ahí, la inclusión de figuras de la política nacional en sketches de streaming es el recurso necesario para avisar que “el espíritu de provocación siguió intacto” a pesar de los cambios internos en la estructura de la empresa.
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Alberto Fernández,Eduardo Feinmann,Pablo Rossi,Tomás Rebord
POLITICA
Con nuevos artilugios y un recurso ante la Corte, los mapuches quieren evitar un desalojo en Villa la Angostura
Para los angosturenses, Paicil Antriao es sinónimo de conflictos y usurpaciones. Es la comunidad mapuche que protagoniza numerosos conflictos territoriales en Villa la Angostura, provincia de Neuquén, y forma parte de diversos expedientes judiciales, algunos de los cuales tienen sentencia firme para el desalojo de tierras que ocupó.
Uno de esos conflictos lo tiene con el municipio de Villa la Angostura, que busca recuperar el control de un camping estatal que tuvo como administrador a un integrante de la Paicil Antriao. Cuando expiró el contrato de locación, se atrincheró en el espacio y adujo que sus ancestros eran los titulares de las tierras donde se ubica, en la costa del lago Correntoso.
El municipio se constituyó en querellante para recuperar el control, aunque tras 10 años de litigio, aún no lo consigue.
La comunidad mapuche elevó innumerables recursos para seguir en el camping, aunque la mayoría de las presentaciones tuvieron fallos adversos. Incluso rige una orden de desalojo con sentencia firme que podría derivar en la expulsión de los intrusos.
La defensa de la comunidad elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que avaló el regreso del expediente al juzgado que ordenó el desalojo, luego de transitar por despachos de otros juzgados neuquinos.
El conflicto tiene más de una década y al menos una sentencia firme que ordena la restitución de las tierras al ejecutivo angosturense. La Justicia neuquina rechazó el pedido de elevación de un recurso extraordinario a la Corte Suprema, razón por la que la defensa mapuche acudió en queja al máximo tribunal del país.
“No es otra cosa que una maniobra para dilatar el desalojo. Así estamos desde hace 10 años, con idas y vueltas, recorriendo despachos y acumulando sentencias que coinciden en que las tierras son del municipio, y que los mapuches deben retirarse” dijeron fuentes del municipio local a Infobae.
Por otro lado, Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad mapuche, explicó que “el recurso extraordinario lo desecharon formalmente y eso me obligó a ir en queja ante la Corte, que ya está circulando, está en la vocalía N°1”, explicó.
El letrado reconoció que el proceso “lleva tiempo” y coincidió en ese punto con lo afirmado por funcionarios locales: “Buscan ganar tiempo, aunque el recurso no debería modificar la orden firme de desalojo”.
Requisitos para la ejecución de la medida
El gobierno local debería contar con el acompañamiento de la Policía de Neuquén, lo que resulta “un escollo” para poder hacerlo. “Apelamos a que la comunidad se retire por voluntad propia, sabemos que difícilmente el ejecutivo provincial ponga a disposición a la Policía para llevarlo a cabo” dijeron desde el edificio comunal.
El gobierno neuquino, en los últimos meses, desoyó los desalojos que decidió la Justicia en otros conflictos y apeló a “mecanismos de diálogo”. “El ejecutivo provincial no quiere exponer a la Policía, porque sabe que no van a ser desalojos pacíficos, y no quiere pagar ningún costo” dijeron a este medio fuentes del gabinete local, quienes incluso cuestionaron “los mecanismos de diálogo que propuso: siempre favorecieron a los usurpadores”.
Mientras tanto, el municipio de Villa la Angostura buscó alternativas para que la comunidad Paicil Antriao administre el camping que debe abandonar, como supuesto “pacto de paz”. Sin embargo, durante el proceso, el mismo ejecutivo clausuró el predio en reiteradas ocasiones por irregularidades comerciales. Desafiantes, los mapuches retiraron las fajas y siguieron explotando comercialmente el sitio.
POLITICA
Antes de renunciar a la IGJ, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar otros negocios de la AFA
Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.
El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.
La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.
El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.
La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.
Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.
La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.
Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.
La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.
En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.
La coexistencia de estructuras y los interrogantes sobre la Superliga
Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.
Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.
En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.
Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.
De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.
Vínculos con la AFA y posibles conflictos de interés
El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.
La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.
Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.
La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.
El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.
El futuro de las investigaciones tras la renuncia de Vítolo
Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.
La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, escribió en el texto.
En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”.
La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.
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