La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra las autoridades de la AFA por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización sudamericana.

La presentación, que solicita la apertura de una investigación preliminar, pone bajo la lupa la integridad y transparencia de la conducción Claudio “Chiqui” Tapia, en un contexto donde ya existen investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.

La denuncia, que se apoya en documentación oficial y en expedientes judiciales abiertos en la Argentina, describe un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la senadora, comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro.

El eje del planteo radica en la posible utilización de empresas interpuestas para la adquisición y administración de bienes de altísimo valor económico, en operaciones que involucran a personas del entorno dirigencial de la AFA y a proveedores oficiales de la entidad.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la investigación judicial en curso sobre la sociedad Real Central S.R.L., formalmente integrada por Luciano Pantano (monotributista) y Ana Lucía Conte (jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal).

Según la presentación, esta empresa habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes que no guardan relación con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.

La secuencia dominial de este inmueble resulta particularmente llamativa: en 2017 fue adquirido por el exfutbolista Carlos Tévez, en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, menos de un año después, fue transferido a Real Central S.R.L.. Los socios de esta última fueron señalados en la investigación judicial como presuntos testaferros. Además, las expensas y gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al exdirector general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.

La denuncia también pone el foco en las contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. De acuerdo con el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada de manera directa por un monto aproximado de USD 550.000 para la finalización de la instalación del sistema VAR.

El documento oficial destaca que la empresa es de “reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación”, pero la denuncia sostiene que existen vínculos societarios y personales con exdirectivos del organismo.

Esta concatenación entre contrataciones, relaciones personales y operaciones patrimoniales de alto valor plantea, según la presentación, “serios interrogantes en materia de conflicto de intereses, falta de transparencia y cumplimiento de los deberes fiduciarios exigidos a los dirigentes de una federación miembro de la CONMEBOL”.

El crecimiento patrimonial de Real Central S.R.L. es otro de los aspectos subrayados. Informes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa judicial dan cuenta de un incremento exponencial de los activos de la empresa, en simultáneo con el fortalecimiento de sus vínculos con directivos de la AFA. La sociedad declaró la titularidad de más de 59 vehículos de lujo, entre ellos Porsche, Ferrari, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz, además de una colección de automóviles clásicos. Durante los procedimientos judiciales se secuestraron 45 automóviles de lujo, 7 motocicletas de alta cilindrada y 2 kartings, todos registrados a nombre de Real Central S.R.L.. Este perfil patrimonial resulta, según la denuncia, “absolutamente incompatible con la condición de monotributista del socio gerente y la percepción de beneficios sociales por parte de la otra socia, así como con la actividad económica declarada: servicios de transporte urbano y suburbano”.

En paralelo, la denuncia menciona una causa judicial federal vinculada a la firma Sur Finanzas, relacionada con Claudio Tapia. En ese expediente se realizaron más de treinta allanamientos simultáneos en sedes de la AFA y en clubes de fútbol, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. Según surge de las actuaciones, Sur Finanzas habría operado como instrumento financiero recurrente dentro del ecosistema de clubes, generando relaciones de dependencia económica, exclusividad contractual y una posible afectación de la autonomía institucional de las entidades afiliadas. La investigación alcanza a 17 clubes y analiza un esquema basado en el otorgamiento de préstamos sobredimensionados, mediante el cual se habrían canalizado fondos de origen ilícito hacia circuitos formales.

A las investigaciones judiciales se suman observaciones administrativas formuladas por la Inspección General de Justicia (IGJ). La AFA presenta ocho años de estados contables sin aprobación, con partidas observadas que incluyen gastos administrativos y de gestión por aproximadamente USD 18 millones, pagos al Colegio de Árbitros y a la Escuela Técnica por USD 3,5 millones, gastos de selecciones nacionales por USD 44 millones y aportes y subsidios a FIFA y CONMEBOL por USD 12,5 millones. En total, existen más de USD 111 millones sin adecuada justificación contable. Además, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por un monto superior a siete mil millones de pesos, atribuibles a la conducción de la AFA bajo la presidencia de Claudio Tapia.

El marco normativo de la CONMEBOL establece la prohibición expresa de la participación directa o indirecta en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial, y obliga a investigar, documentar y sancionar tales prácticas, con independencia del cargo jerárquico de las personas involucradas. La denuncia sostiene que “el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol resulta plenamente competente para intervenir en la presente denuncia, conforme a lo dispuesto en el Código de Ética de la CONMEBOL y en la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento”. Además, enfatiza que la competencia del Tribunal de Ética es autónoma e independiente de las investigaciones penales, fiscales o administrativas que se desarrollen en el ámbito de los Estados nacionales, y que la existencia de causas judiciales abiertas “refuerza el deber institucional de analizar si las conductas investigadas afectan los principios éticos y de gobernanza que rigen el fútbol sudamericano”.

La presentación concluye solicitando la apertura de una investigación preliminar, la evaluación de las conductas denunciadas a la luz de la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento, y la adopción de las medidas que correspondan, incluidas sanciones disciplinarias, en caso de acreditarse las violaciones denunciadas. La senadora Patricia Bullrich deja constancia de que la denuncia podrá ser ampliada si surgen nuevos elementos probatorios, resoluciones judiciales, informes administrativos o documentación relevante durante el curso de las investigaciones en trámite.

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