El mensaje de Scott Bessent para anunciar el salvataje al Gobierno fue directo párrafo por párrafo, con elogios a la gestión de Javier Milei y líneas de oxígeno financiero como traducción del respaldo de Donald Trump al aliado de la región. También fue claro al atar el núcleo del apoyo a las elecciones del 26 de octubre. En otras palabras, el mensaje es que el grueso de la asistencia y, además, el impulso a inversiones efectivas de empresas estadounidenses dependen del resultado violeta en las urnas. Para completar, así como quedó planteada la apuesta a la “reeleción” presidencial, con escala en el más cercano turno de octubre, fue ratificada la indicación al oficialismo para que busque acuerdos domésticos que garanticen sustento político.

Está a la vista el sentido primario de la movida de Washington: su “respaldo excepcional” -según la propia calificación- oxigena al gobierno argentino cuando la escalada del dólar y otras reacciones de los mercados alimentaban el fantasma del abismo en el tránsito a octubre. De todos modos, asoma un mensaje sobre el andar del mileismo. El condicionamiento de la ayuda al resultado del 26 de octubre parece bastante más que un aporte a la “campaña del miedo”, como exponen algunas lecturas en ámbitos violetas, en tren de polarizar con el peronismo/K.

En rigor, la señal del Tesoro de los Estados Unidos se suma a decisiones locales que en conjunto exponen dos puntos críticos para el Gobierno. El primero puede resumirse como un síntoma de problemas económicos aún con la lógica fiscalista de su plan. Y el segundo, en el terreno estrictamente político, destaca el impacto de la derrota en la provincia de Buenos Aires, pero también el efecto del modo de jugar de Olivos. Eso último remite a los costos autogenerados en la interna, en el Congreso y en la relación con los gobernadores.

Antes que entrar en especulaciones sobre los efectos “estratégicos” que podría implicar el apoyo de Trump, el punto inmediato es de qué se trata en concreto la ayuda expresada en tres rubros. El primero -no en el orden del mensaje oficial, sino para las cuentas locales- es la línea de swap de US$ 20.000 millones, que, trascendió, comenzaría a ser puesta en práctica después de los comicios y antes de que termine el año, para ir afrontando compromisos de deuda. El segundo, la disposición a comprar bonos argentinos denominados en dólares. Y el tercero, la posibilidad de otorgar un crédito stand-by por la vía del Fondo de Estabilización Cambiaria.

En todos los casos, importa el gesto, que serenó al mundo financiero, al menos como primer impacto. El alcance de esa reacción está atada además a los pasos del Gobierno. Y a los resultados de los comicios que vienen. El comunicado del secretario del Tesoro dice textualmente: “Inmediatamente después de la elección, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital”.

No sólo eso. Lo que ocurra en las urnas es vinculado sin maquillaje con el impulso a inversiones concretas. “He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que tienen la intención de realizar importantes inversiones extranjeras directas en la Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, dice Bessent. Es por lo menos inusual el condicionamiento de manera tan expresa.

La cuestión que viene es cómo se maneja el Gobierno, que vive un clima que pasó rápidamente del alivio a la excitación. Algunos funcionarios y sobre todo la legión que se mueve en las redes sociales superaron la línea de celebración y hasta exageraron expresiones de la era menemista. Casi en paralelo, circularon trascendidos sobre una renovada posición negociadora con otros espacios políticos, ex aliados y dialoguistas. No parece sencillo para unos y otros, en el tramo decisivo de campaña -se vota en apenas un mes-, más allá de algún encuentro oficial y de citas formales, como la del Pacto de Mayo.

En rigor, la semana que viene volverá a correrse el foco hacia el Congreso. El Senado tiene previsto ir al recinto para tratar dos temas que ya generaron votaciones muy adversas para el oficialismo en la otra Cámara: financiamiento universitario y Garrahan. Si los vetos son rechazados, se mantendrán las dos leyes y es posible que se amplifique la situación planteada con la emergencia en el área de discapacidad. El Gobierno evita la aplicación de esa ley, porque reclama que le respondan con qué recursos presupuestarios, pero el caso ya tiene derivación judicial y abrió la posibilidad de interpelar a funcionarios, aunque es difícil que progrese una moción de censura contra Guillermo Francos.

En cambio, menos definido es el panorama en Diputados. Bloques de la oposición deben resolver a principios de la semana si concretan el pedido de sesión especial para el miércoles. Hay quienes evalúan llevar todo al 8 de octubre. No está claro que tengan garantizado los votos para rechazar el veto a la ley sobre distribución de ATN. Más chances tiene el proyecto para limitar el uso de DNU. Y también, convocatorias a funcionarios por la ley de discapacidad y por el caso Spagnuolo.

En medios “no” mileistas señalan que hay gobernadores dispuestos a negociar con la mirada puesta en el lunes 27, es decir, después de las elecciones, pero difícilmente reviertan posiciones en temas sensibles como el Garrahan.

Las cuentas políticas de estas horas no son homogéneas y, según el caso y hasta la provincia, incluyen las otras movidas del Gobierno para contener el dólar y sostener paz financiera hasta los comicios. Se verá, pero por lo pronto está claro que junto a las intensas gestiones que terminaron en el apoyo de Trump, el Gobierno anotó otras decisiones, con costos: la efímera suspensión de retenciones -un tema que seguramente estará en la mesa de negociaciones con Estados Unidos- y la vuelta a una medida del cepo, que importa más como señal que por el volumen de sus destinatarios reales.

El tema de las retenciones -que reeditó tirantez entre productores y cerealeras- es a la vez un ejemplo de la imposibilidad de proyectar linealmente y en términos electorales el vértigo de las medidas y gestiones de estos últimos días. De momento, bajan las tensiones económico-financieras pero no generan certezas camino al 26 de octubre.

El Gobierno nacional defendió la evolución del salario docente, en medio de reclamos sindicales por la pérdida de poder adquisitivo en el sector educativo. El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, aseguró que los ingresos de los maestros en todo el país tuvieron una “recuperación” y se acercan a la inflación del período, desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Desde diciembre del 2023, la mejora de los salarios docentes ha ido avanzando. Un estudio que me dan todos los meses sobre los salarios en el sistema educativo nacional – que están a cargo de las provincias- indica que ha habido un crecimiento de los salarios en todo este período y está casi cerca de la inflación”, definió el funcionario a cargo de la cartera educativa, al ser consultado sobre el impacto del pluriempleo en la enseñanza y la capacitación.

Torrendell reconoció que “siempre hay que tratar de mejorar los salarios docentes” y rechazó el diagnóstico de los sindicatos educativos, que advierten una pérdida del poder adquisitivo. “Los gremios dicen cosas que en algunos casos no son ciertas. Los números son claros, ha habido un acercamiento al total de la inflación que muestran que los salarios se han ido recuperando. Es un dato efectivo, lo tenemos provincia por provincia”, ratificó, en declaraciones a radio Mitre. “Por supuesto siempre falta y ese es el esfuerzo que estamos metidos todos”, remató.

El 24 de septiembre, las organizaciones gremiales nucleadas en Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunciaron un paro nacional docente a partir del 6 de octubre, ante la “crisis” y alerta por el “desfinanciamiento” en las áreas educativas.

En un plenario de secretarios y secretarias Generales, la titular de la entidad, Sonia Alesso, denunció una acentuada pérdida de poder adquisitivo de los salarios en todas las jurisdicciones, la ausencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –instancia fundamental para la discusión de condiciones de trabajo y niveles salariales–, y expresó su rechazo a la reforma jubilatoria contemplada por la administración de Milei. También ratificó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que era un complemento salarial que el Gobierno giraba a las provincias para mejorar los sueldos de los maestros, y que eliminó la gestión de Javier Milei a principios de 2024.

En marzo, los sindicatos docentes rechazaron que el salario mínimo docente sea de 500 mil pesos en todo el país, pero el Gobierno desoyó los reclamos gremiales y oficializó ese monto.

El debate sobre la calidad educativa

Torrendell también se refirió a los resultados preocupantes del sistema educativo que arrojó el Índice de Resultados Escolares (IRE) presentado por Argentinos por la Educación, que concluye que el 10% de los estudiantes finaliza la secundaria en el tiempo esperado y con los aprendizajes requeridos. “Es lo que venimos señalando desde el principio del gobierno. Ha estado una política educativa en la lógica kirchnerista de un falso concepto de inclusión educativa que no termina incluyendo a nadie. La verdadera inclusión consiste en poder ir avanzando en el tiempo que corresponde”, analizó.

“No puede ser que estemos en tasas de graduación del 60%. La inclusión tiene que ser verdadera, tienen que aprender en la escuela, tampoco sirve graduarse si uno no sabe lo que tiene que saber al momento de la graduación. Es un doble desafío que estamos encarando desde el año pasado”, agregó.

En ese marco, el funcionario a cargo de la cartera educativa subrayó la importancia de avanzar en reformas del sistema educativo, como el Plan Nacional de Alfabetización lanzado en su gestión, que tiene como objetivo “fortalecer los aprendizajes fundamentales desde los primeros años”, y mencionó una convocatoria masiva a un reciente encuentro federal de directivos de escuelas secundarias, enfocado en la transformación del nivel medio.

Desde su punto de vista, Torrendell sostuvo que las instituciones educativas tienen que garantizar la capacitación continua y efectiva de los docentes, al afirmar que el desarrollo profesional resulta “central” para mejorar los procesos de enseñanza en el aula. “Tenemos que lograr una forma de trabajo en la escuela donde también se aprende en el trabajo mismo, cuando tenés a los docentes del aula disminuye la capacidad de aprender y el trabajo en equipo también, por eso hay que transformar la institución educativa para que haya tiempo de capacitación”.

“El presidente (Javier Milei) y la ministra (de Capital Humano, Sandra) Pettovello insistieron en la renovación de lo curricular, esta tríada de matemática, lengua e inteligencia artificial permite desarrollar estos contenidos en un nuevo marco cultural”, subrayó.

“El problema no son los docentes, todo lo contrario. Los docentes y las escuelas están en la trinchera de una sociedad compleja con muchos desafíos. El problema es que la política educativa de años previos no ha estado centrada en capacitar de forma continua a las escuelas para que los docentes puedan enseñar mejor. Hay que tener una capacitación centrada en lo profesional”, concluyó.

El reciente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires reorientó el foco de la agenda política nacional hacia los próximos comicios legislativos. El 26 de octubre, los ciudadanos acudirán a las urnas para definir la nueva composición del Congreso, una instancia clave que determinará el rumbo institucional del país en los próximos años.

En esa jornada, se elegirán autoridades para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados, lo que representa la mitad de los escaños de ese cuerpo legislativo, y 24 escaños en el Senado, es decir, un tercio de la Cámara alta.

Esta cita electoral se consolidó como el eje central del calendario político, ya que el resultado tendrá un impacto directo en la correlación de fuerzas dentro del Parlamento.

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Diplomacy / Foreign Policy,North America,NEW YORK