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El conflicto entre la Nación y la provincia de Buenos Aires por el financiamiento de los hospitales Samic sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Ante la falta de acuerdo con la gestión de Axel Kicillof para avanzar en la provincialización de estos centros de salud, el Gobierno libertario comenzó a evaluar alternativas de fondo que podrían modificar el esquema de administración vigente desde hace años.

Según confirmaron fuentes oficiales a La Nación, en la Casa Rosada se analizan distintos modelos de gestión para los cinco centros ubicados en territorio bonaerense, cuya conducción es compartida entre Nación y Provincia. Una de las opciones que gana terreno es la aplicación de un sistema de gerenciamiento privado, similar al que se utiliza en algunas regiones de España, donde los hospitales siguen siendo públicos pero su administración queda en manos de empresas privadas bajo contratos específicos.

Desde el Ejecutivo aseguran que, de avanzar esta iniciativa, se mantendrá garantizado el acceso a la salud para la población sin cobertura médica. El esquema en estudio contempla que el Estado financie la atención de los sectores vulnerables a través de un sistema de cápitas, mientras que la gestión privada se encargaría de optimizar recursos y mejorar el funcionamiento general de los establecimientos.

El trasfondo del debate es un fuerte cruce político y financiero. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusó públicamente al gobierno bonaerense de mantener una deuda superior a los 500 mil millones de pesos con los hospitales del sistema. Según detalló, hay centros de salud que actualmente funcionan casi en su totalidad con fondos nacionales ante la falta de aportes provinciales.

De acuerdo con los números oficiales, el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas acumula una deuda de 82.237 millones de pesos; el Hospital René Favaloro, en Rafael Castillo, otros 42.296 millones; el Hospital Presidente Néstor Kirchner, en Gregorio de Laferrere, registra un rojo de 8.375 millones; el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, concentra el mayor pasivo, con 328.432 millones; mientras que el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría suma una deuda de 45.722 millones de pesos.

En la Casa Rosada subrayan que, en varios de estos casos, los centros de salud funcionan actualmente casi en su totalidad con fondos nacionales para evitar la interrupción de la atención médica.

Desde La Plata, en cambio, rechazan esas cifras y sostienen que es la Nación la que mantiene una deuda histórica con la provincia, que estiman en varios billones de pesos.

En este contexto, el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones comenzó a explorar experiencias internacionales. Funcionarios del área mantuvieron contactos con especialistas españoles en sistemas de gestión hospitalaria y no descartan que, durante la primera quincena de enero, haya definiciones concretas sobre el futuro de los Samic.

En el Gobierno reconocen que cualquier cambio deberá sortear obstáculos legales y políticos, ya que se trata de instituciones interjurisdiccionales que requieren acuerdos entre las partes. Sin embargo, admiten que el margen de negociación con la Provincia es cada vez más estrecho y que la falta de financiamiento sostenido vuelve insostenible el esquema actual.

La postura oficial es clara: la administración libertaria considera que los hospitales deberían estar a cargo de las provincias y que la Nación no debe sostener estructuras sanitarias locales. La única excepción que mencionan es el Hospital Garrahan, por su carácter estratégico y su rol clave en la atención pediátrica a nivel nacional.

Mientras tanto, el debate sobre el futuro de los Samic abre una discusión más amplia sobre el rol del Estado en el sistema de salud y el avance de modelos de gestión mixta.

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El Gobierno sostiene que Estados Unidos puede cooperar para que Nahuel Gallo sea liberado por las autoridades venezolanas. “Es factible. En el plan de transición estará la liberación de los presos”, expresó una alta fuente oficial a este medio.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. comenzaron las expectativas por la situación del gendarme argentino, que está detenido hace más de un año en la prisión El Rodeo I. Según pudo saber este medio, en el Ejecutivo no recibieron ninguna actualización sobre su paradero, es decir, no lo habrían trasladado a otro centro de detención.

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“Es probable que haya una liberación próxima de varios presos políticos. Hay que ver si entre ellos está Nahuel”, analizó otra fuente libertaria que sigue desde el primer momento la situación del argentino.

Estas posibilidades aumentan porque Estados Unidos estaría manteniendo negociaciones con el gobierno venezolano para liberar a las personas que fueron privadas de su libertad por motivos no del todo claros.

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“Ojalá que suceda. Nosotros desde el día uno exigimos su liberación inmediata e incondicional”, dijo otra voz de Balcarce 50, a solo dos días de la captura de Maduro.

Además, en otro sector del Gobierno, aclararon que el apoyo a Estados Unidos es “incondicional”: “Somos los únicos en la región que los apoyamos de esta manera”.

Cabe destacar que, hasta el momento, no hubo ni una sola comunicación entre Gallo y la Argentina. “Estamos haciendo lo que se tenga que hacer para que él y Germán Giulani vuelvan al país. Vamos a agotar todas las vías que haya que agotar”, aseguró Patricia Bullrich, en diálogo con TN, mientras participaba del evento que se realizó en el Obelisco para festejar la captura de Maduro.

En ese sentido, la exministra de Seguridad y senadora de La Libertad Avanza, se comunicó ayer con la familia de Nahuel Gallo. El entorno del gendarme también recibió llamados de otros políticos, aunque aún no tienen información actualizada sobre el estado de salud de su ser querido.

Venezuela, Nicolás Maduro, Estados Unidos