POLITICA
Patricia Bullrich lanzó un protocolo para fiscalizar las redes sociales con agentes encubiertos


El gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo protocolo para el despliegue de agentes encubiertos digitales en causas judiciales de delitos complejos, donde los sospechosos utilizan los sitios web y las redes sociales para cometer ilícitos.
La medida se publicó ayer en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 828/2025 firmada por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. En concreto, se trata de un nuevo marco normativo para el desarrollo de las tareas de los “agentes encubiertos digitales” y “agentes reveladores digitales” de las fuerzas federales, cuando su intervención es requerida por la Justicia.
“Hoy en día las organizaciones criminales, cada vez con mayor frecuencia, operan a través del ciberespacio, por lo que los agentes encubiertos y los agentes reveladores tienen que intervenir en el espacio digital en innumerables delitos (pornografía infantil, narcotráfico, terrorismo, etc.), por lo que los agentes Encubiertos Digitales constituyen una herramienta poderosísima en la lucha contra el delito complejo”, señalaron en una comunicación oficial desde el Ministerio de Seguridad nacional.
El protocolo regula los criterios para la designación de los agentes, y define las medidas de seguridad para quienes se infiltran cuando tienen que intervenir en la esfera digital. Hasta ayer, la Ley N° 27.319 reglamentaba las pautas para la actuación presencial de los agentes encubiertos, informantes y otras figuras similares, pero faltaban precisiones sobre su intervención en las plataformas virtuales.
La normativa incluye la creación de un «Registro de avatares» destinado a planificar la generación y uso de identidades ficticias para brindar apoyo en las investigaciones penales. De esta manera, los perfiles de usuario que se creen para obtener información de los posibles delincuentes y organizaciones criminales estarán supervisados por la cartera de Bullrich.
Cómo funciona el nuevo protocolo
Según se desprende del protocolo, el procedimiento se inicia con el oficio judicial que ordena la utilización de un agente encubierto digital. La Unidad Especial de Agentes Encubiertos solicita entonces a la fuerza policial o de seguridad interviniente la propuesta de un agente que cumpla con los requisitos de idoneidad y capacitación, fijados en la Ley 27.319.
Luego, otro organismo (la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos) analiza la propuesta y decide su aceptación o rechazo. En caso de rechazo, se solicita una nueva propuesta.
El agente designado elige los datos biográficos ficticios (el “avatar”) que utilizará para cumplir su misión y debe elevar una nota de aceptación del cargo. La Unidad Especial registra la actuación bajo un código de seguridad único y mantiene la documentación bajo custodia reservada.
Además, se prevé que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) pueda cargar los datos ficticios en las bases correspondientes, y emitir la documentación física o digital respaldatoria, en caso de que se necesite.
El resguardo de la identidad ficticia es obligatorio para todos los funcionarios públicos que intervienen en el proceso, y se advierte que filtrarlo puede acarrear sanciones y otras responsabilidades penales.
Por último, se establece que el uso de la identidad ficticia queda limitado exclusivamente a la misión judicialmente encomendada. Al finalizar su tarea, las autoridades deben suprimir la identidad ficticia de todas las bases de datos. Solo de manera excepcional, se permite que el agente continúe utilizando la identidad falsa si se justifica para su seguridad personal o una nueva investigación.
El ciberdelito bajo la mira
En el transcurso de 2024, Bullrich creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), y habilitó a las fuerzas federales a realizar ciberpatrullajes a través de la resolución 428/2024, con el fin de prevenir delitos de amenazas y otras formas de intimidación o coacción; operaciones comerciales con origen en hechos ilícitos, comercialización de instrumentos públicos, entre otras conductas reprochables.
Poco después, la órbita de actuación del ciberpatrullaje se amplió a las estafas piramidales, o aquellos “delitos de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos”.
El último cambio que se produjo en ese sentido fue la reforma del Estatuto de la Policía Federal (PFA), que incorpora formalmente las tareas de ciberpatrullaje en “espacios públicos digitales” como tarea preventiva, pero sin necesidad de orden judicial, según se publicó en el Decreto 383/2025. Aquella normativa definía que el cuerpo judicial cuenta con estas facultades siempre y cuando existan “circunstancias objetivas” que hagan presumir un delito o “ante la imposibilidad de esperar a que se tramite una orden judicial”.
Frente a un presunto ilícito, bajo estas condiciones, la persona podrá ser “conducida a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia de turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de 10 horas”, señala el nuevo estatuto policial, que dispone como derecho que la persona pueda comunicarse “en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza”.
La introducción de esa nueva prerrogativa generó polémica, al coincidir poco antes de las protestas en apoyo a Cristina Kirchner, tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad. La oposición denunció que la reforma “vulnera las garantías de intimidad, libertad de expresión y protección de datos personales”, y trascendía las prerrogativas del Poder Ejecutivo.
Desde el Gobierno, justificaron los cambios al indicar que el objetivo era “profesionalizar” las fuerzas de seguridad para ponerla a la altura de los “estándares internacionales como los del FBI”.
En simultáneo a la implementación del nuevo protocolo, la ministra Bullrich también dispuso la creación de un Consejo Académico Asesor ad honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos, que estará integrado por jueces, fiscales, funcionarios del Ministerio de Seguridad y oficiales de alto rango de las fuerzas federales.
El consejo estará presidido por el juez federal Ricardo Basílico y tendrá, entre sus funciones, la elaboración de pautas y contenidos para la capacitación de agentes encubiertos, la optimización de investigaciones judiciales y la minimización de riesgos en operaciones de infiltración.
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POLITICA
La Corte confirmó la condena contra un abogado del caso Bento que amenazó con matar al fiscal

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena para uno de los abogados condenados en la causa contra el exjuez de Mendoza Walter Bento, por amenazas al fiscal Dante Vega que llevó adelante esa investigación.
Según grabaciones que constan en la causa, el acusado dijo que había comprado un “fusil” para que mataran al funcionario que lo investigaba. Se trata de Jaime Andrés Alba Nortes.
La amenaza tuvo lugar en una causa paralela al caso principal en donde el exjuez Bento fue condenado, en febrero pasado, a 18 años de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de fallos favorables.
En ese juicio también fue condenado el abogado Alba Nortes a siete años de prisión como organizador de la asociación ilícita que contactaba a narcos y contrabandistas que el juez investigaba. Y les pedía coimas a cambio de resoluciones favorables.
Pero mientras tramitaba esa causa, un informante policial, Enzo Diego Stuto, se reunió con el abogado Alba Nortes, y el letrado le dijo que “había comprado un fusil 308 para mandar a matar al fiscal Dante Vega”.
La declaración de Stuto ante el Tribunal Oral de Mendoza durante el juicio a Bento hizo que se abriera esta nueva causa por amenazas.
“Te lo cuento entre nosotros, lo hago matar al Vega”, decía en uno de esos diálogos. “Che, entonces le digo, me podés sacar las esposas que se yo, y cuando me las sacaron, olvidate […], soltaste al dogo (risas)…. y lo mando y lo voy a mandar a saetear”; “lo voy a mandar a saetear, compré un fusil, setenta lucas, un trescientos ocho’; “compré para que lo maten […], te lo juro por mis hijos”, decía en otro audio.
Por estos dichos, la jueza subrogante del Juzgado Federal N° 3, Susana Pravata, condenó a Alba –que cumplía arresto domiciliario– a seis meses de prisión en suspenso. En su indagatoria, el hombre afirmó que “era un comentario en una charla privada” y que sabía que su interlocutor era informante policial.
Para la jueza Pravata no quedaron dudas de que existieron las amenazas contra el fiscal. La defensa apeló, pero la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.
La defensa presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación por inadmisible y así quedó firme la condena.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno avanzará con designaciones judiciales para ganar tiempo en la carrera por cubrir las vacantes

A una semana de su asunción formal, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trabaja para cumplir con uno de los desafíos más urgentes que recibió tras ser convocado y se prepara para enviar los primeros pliegos correspondientes a ocupar una porción de las más de 300 vacantes registradas en el Poder Judicial que hay entre jueces y fiscales nacionales.
Con ese propósito, el flamante funcionario se reunió el pasado miércoles en las oficinas de su par de Interior, Diego Santilli, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada en un almuerzo que incluyó además a los primos Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.
Con el presidente Javier Milei en Chile y gran parte del Gabinete en Estados Unidos, abocados a la Argentina Week que culmina hoy en Nueva York, el equipo que responde directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, empieza a destrabar con celeridad uno de los pedidos cursados por la administración libertaria con carácter prioritario.
“La idea es avanzar primero donde hay más necesidad, como los juzgados de familia”, confesó a Infobae una importante fuente. Además, se cuidó de aclarar que la determinación responde a la necesidad de iniciar por los que requieren menor esfuerzo en la negociación política como anticipó este medio.

Ante exactamente 313 vacantes por cubrir, y con una intensa exigencia por completar la Justicia Federal, lo que dará lugar a una intenso diálogo con gobernadores y legisladores, el Gobierno Nacional iniciará primero por la justicia nacional y enviará la próxima semana entre 15 y 20 ternas, según anticipó una fuente en tema.
En el paso a paso, es el Consejo de la Magistratura el organismo encargado de llevar adelante los concursos y evaluaciones para designar una terna de candidatos, que luego es remitida al Poder Ejecutivo. De esta forma, el Presidente debe seleccionar a uno de los postulantes y elevar su pliego al Senado para su aprobación. Un procedimiento similar aplica en el caso de los fiscales, a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Mahiques que desembarcó en la administración libertaria con el visto bueno de la menor de los Milei, tras la sugerencia del actual viceministro Santiago Viola, asumió la tarea de revisar el listado completo de candidatos que tiene a disposición el presidente Javier Milei para enviar al Senado.
Con el accionar, el Poder Ejecutivo pondrá a prueba la dinámica en la Cámara Alta, puntualmente a la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en su misión por conseguir los números que le permitan al oficialismo cumplimentar sus voluntades y dar impulso a los primeros posibles magistrados y fiscales.

“Nadie se puso a pensar que la vacancia puede generar problemas. Es algo que necesita solucionarse con celeridad”, confesó ante Infobae un integrante del ecosistema libertario al tiempo que cuestionó los tiempos del tándem saliente integrado por el abogado Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, ladero judicial del asesor presidencial, Santiago Caputo.
Al respecto, en el oficialismo se cuidan de eximir de responsabilizar a Libarona al sostener que el designado para la tarea era Amerio. Por su parte, detectan que “se perdieron dos años”, y acusan al actual titular de la Procuración del Tesoro de no haber entablado los diálogos necesarios con la oposición para construir los consensos necesarios.
Desde el entorno del exsegundo de la cartera rechazan las acusaciones y aseguran que “nunca se autorizó el envío”. “El trabajo de los pliegos estaba hecho al 100%. Entrevistados todos los candidatos. Ordenado. Y podía salir, pero Sebastián quedó a la espera del aval político”, consignaron a este medio.
Luego del almuerzo de miércoles en la oficina de Santilli, “Lule” Menem se trasladó a su despacho y recibió horas más tarde al senador riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, quien cuenta con el poder de habilita o demorar el pliego de candidatos a jueces.
Esta mañana, se los vio al jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, secundado por el legislador Gonzalo Roca, el representante de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura designado por la menor de los Milei rumbo a las oficinas que el mayor de los Memen tiene en el primer piso. Con el encuentro iniciado, se sumó el viceministro de Justicia, Santiago Viola, estrenando nuevo look.
POLITICA
Rumbo a los 100 años de su nacimiento, recordaron con una misa el aporte de Raúl Alfonsín a la democracia

Con una misa en la Catedral de Chascomús, su ciudad natal, en el día en que cumpliría 99 años, se puso en marcha este jueves el año del centenario del nacimiento de Raúl Alfonsín, quien presidió el país “en tiempos difíciles y de fragilidad democrática e institucional”. Así lo recordó en una sentida homilía el obispo local, monseñor Juan Ignacio Liébana, frente a los hijos, nietos, sobrinos, amigos y exfuncionarios del recordado líder de la Unión Cívica Radical, fallecido en 2009.
Estuvieron sus hijos Ricardo, Javier y Mara Alfonsí, junto al exvocero presidencial José Ignacio López, el exvicecanciller Raúl Alconada Sempé, el embajador Hugo Gobbi y varios colaboradores de su gobierno, como sus secretarias Margarita Ronco y Haydée Mollo, y el comisario Daniel Tardivo, quien fue jefe de su custodia durante 27 años.
A la misa oficiada en Chascomús se sumaron otros actos, como el homenaje realizado ante el monumento que recuerda a Alfonsín en la plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. La UCR porteña también recordó en las redes sociales el nacimiento del líder partidario, en “una fecha que celebra a quienes creen que la democracia se construye participando y defendiendo las instituciones todos los días”.
Ante los familiares y amigos del expresidente que llenaron la catedral, monseñor Liébana destacó en su homilía que Alfonsín “supo construir democracia con cada decisión y gesto que fue realizando a lo largo de su mandato. Sin duda, pasó a la historia como el padre de la democracia”.
“Celebramos la memoria de nuestro presidente en un contexto mundial muy frágil y en un momento nacional muy delicado. Por eso, queremos pedirle a Dios la grandeza para dejarnos interpelar por lo que nos dejó el paso de Alfonsín por nuestra historia.”, expresó el obispo de Chascomús.
Al homenaje a Alfonsín, Liébana sumó el recuerdo de la elección del papa Francisco, el 13 de marzo de 2013, y transmitió su intención de “iluminar esta reflexión, con su voz clara y profética, sobre todo, expresada en su encíclica Fratelli tuti, sobre la fraternidad y la amistad social. Señaló que, con voz profética, el papa argentino
Escribió que “la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos”, en referencia a la crisis actual.
A partir de las palabras de Francisco, el obispo recordó que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas” y, en ese sentido, dijo que “la democracia ha de ser conquistada cada día. No nos podemos quedar cómodos e instalados en lo que otros han conquistado para nosotros. Nos toca a nosotros y a nuestra generación sumar nuestro aporte para la construcción democrática”.
Agregó que “la democracia se construye con una sana política y una reivindicación de este arte de hacer política como lo hizo Alfonsín.
Antes de finalizar la misa, el obispó Líebana invitó a José Ignacio López a compartir unas palabras. El antiguo colaborador de Alfonsín recordó las circunstancias que llevaron al presidente radical a hablar desde el púlpito para responder la homilía del vicario castrense José Miguel Medina en 1987, aunque aclaró que lo que más había molestado a Alfonsín había sido el guión de la misa, las palabras empleadas para acompañar la celebración litúrgica. También recordó que recuperó la condición de vocero el 31 de marzo de 2009, cuando la familia del presidente le pidió que anunciara su muerte. “Pude dar testimonio de que Raúl Alfonsín vivió en la fe en la que lo formó su madre”, cerró López.
Mariano De Vedia,Raúl Alfonsín,Iglesia,Conforme a,Raúl Alfonsín,,Lesa humanidad: una claudicación histórica,,Agente de inteligencia. Murió Raúl Guglielminetti, un símbolo del espionaje de la dictadura que se infiltró en la democracia,,El desafío de un peso que se resiste a ser moneda
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