El peronismo ha sido, desde su origen, el partido del poder. Hasta ahora. Las últimas escenas lo muestran más cerca de asumir en el plano nacional roles propios de partido de la oposición. Un giro copernicano.

En la senda del radicalismo que emergió de sus fracasos de 1989 y 2001, la fuerza política fundada por Juan Perón negocia parcelas de poder y la conservación de territorios, replegado en algunos cotos y sin un proyecto colectivo para el país.

Sobre esa realidad opera el vínculo transaccional entre el gobierno libertario y los gobernadores pejotistas, que intercambian favores sin sufrir daños en lo que les importa y todavía preservan.

Ambos transitan este tiempo sometidos y a la espera del resultado del proyecto económico mileísta, aún en proceso de transición y con tantos visos de consolidación como fragilidades que permiten mantener la incertidumbre y aplazar cualquier intento o probabilidad de aglutinamiento de la oposición, fragmentada al infinito en beneficio del oficialismo.

Aturdido todavía por el rotundo fracaso del gobierno de Alberto Fernández, el triunfo de un outsider sin siquiera partido político propio; atravesado por el interminable fin de ciclo del kirchnerismo, que profundiza la crisis de liderazgo en un partido genéticamente verticalista; golpeado nuevamente por el triunfo libertario en la elección de medio término, y, al mismo tiempo, revitalizadas las estructuras provinciales que cristalizan aislamientos y dificultan reuniones, el peronismo vive su hora de menor representación institucional desde 1983.

En ese escenario emergen dos sujetos políticos clave, como son los gobernadores y los intendentes bonaerenses, dueños de cuotas significativas de poder real a los que se aferran y buscan blindar de amenazas externas, aun a costa de entregar banderas o resignar disputas mayores como es, ni más ni menos, que proponerse el acceso al poder nacional. Por ahora y en este contexto al menos.

Así es como se comporta mayoritariamente el peronismo no bonaerense desde hace casi dos años y aún más después del 26 de octubre en la que La Libertad Avanza (LLA) revalidó su condición de única fuerza con representación unificada en todo el país y explicitó su decisión de disputar y salir a la conquista de los poderes provinciales antes que acordar con caciques locales. Lo que el radicalismo viene siendo, haciendo y sufriendo desde hace décadas empiezan a vivirlo los peronistas.

Planteadas las cosas de esa manera, los mandamases locales y el gobierno libertario ingresaron en una nueva etapa, en la que en cada ocasión que se les presenta se tratan con la desconfianza y las necesidades a la que los exponen y obligan sus respectivas realidades.

La composición de la Auditoría Nacional de la Nación (AGN) literalmente entre medianoche y gallos con la subrepticia concesión por parte de la (ex) anticasta fuerza libertaria de lugares para tres expresiones del peronismo, incluida La Cámpora, no es un hecho aislado sin réplicas posteriores.

El otorgamiento de esas plazas en detrimento de aliados como el macrismo o dialoguistas como el radicalismo, sorprendidos como aprendices por el arreglo, es una demostración de real politik extrema.

Fue una maniobra ejecutada con premeditación y alevosía que sumió en la perplejidad a muchos que todavía esperaban de Javier y Karina Milei alguna manifestación de apertura y republicanismo. Pero esa añoranza institucionalista sería un espejismo similar al que en 2007 construyó Néstor Kirchner con la candidatura presidencial de su esposa, capaz de confundir y anestesiar a aliados y potenciales rivales. Mauricio Macri y los suyos pueden ahora mirarse en el espejo de ese radicalismo de la transversalidad, tanto como los peronistas deberían hacerlo en la etapa post 2001 de la UCR.

La retracción del peronismo hacia las provincias y el avance libertario en todo el país expresa así una tensión entre dos realidades contrapuestas. El mileísmo, por un lado, profundiza su ilusión de alcanzar “el absolutismo presidencial”, después del triunfo electoral y recuperada la calma financiera-cambiaria.

Por otro lado, Milei y su miniequipo padecen lo que Carlos Pagni denomina el “gobierno colegiado”, en el que comparten con los gobernadores cuotas de poder político y discuten tajadas importantes de recursos financieros y económicos.

Esa tensión entre realidades y expectativas tan antagónicas es lo que explica algunas de las no demasiado edificantes escenas de los últimos días, signadas por pagos de favores anticipados, traiciones, incumplimientos y loteo de poderes y organismos públicos.

En ellas, el protagonismo excluyente fue del Gobierno y los gobernadores y legisladores peronistas. Como víctimas propiciatorias tuvo a los que hasta acá más habían ayudado al mileísmo en su etapa de consolidación. Está claro que eso de que Roma no paga traidores es una buena frase que no refleja ninguna realidad histórica sino un ardid del poder para fijar precios convenientes. Y estigmatizar comprados.

Ese acuerdo libertario-perokirchnerista para completar un organismo de control dispara otras alarmas. Vuelve a asomar la posibilidad de avanzar ahora en la designación de jueces para completar parte del tercio de los juzgados nacionales que están vacantes. Y en el horizonte empieza a refulgir la perspectiva de completar la Corte Suprema, tras el escandaloso y fallido intento de llevar a ese sitial a Ariel Lijo, el más cuestionado de los muy cuestionados jueces federales.

La forma en la que se avance en ese proceso expondrá cuál de las dos fuerzas en tensión se impone, si el “gobierno colegiado” o el “absolutismo presidencial”, concepto instalado por el jurista mexicano Diego Valadés para referirse a la muy criticada reforma judicial que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y concretó su sucesora Claudia Sheinbaum.

Como se sabe, para avanzar sobre la conformación del Poder Judicial el Gobierno requiere de un acuerdo con la bancada peronista del Senado, aun cuando el peronismo haya visto reducirse a niveles nunca vistos su representación.

Allí aparece la limitante que impone el “gobierno colegiado” en el que los gobernadores tienen ahora un peso decisivo, más aún mientras se acentúa el ocaso de Cristina Kirchner. Ellos no discuten abstracciones sino cosas muy concretas. Un idioma que en privado está aprendiendo a hablar Milei con fluidez, aunque en público insista con la lengua de la ortodoxia y la intransigencia.

Hasta ahora, al Presidente le sigue costando incorporar dos dimensiones nodales de la estructura institucional del país. La división republicana de poderes, así como el federalismo, antagónicos al “absolutismo presidencial” que lleva en su ADN. Aunque hay algunas señales de que con el estómago (más que con la razón) está incorporando esos conceptos en pos de su proyecto hegemónico.

No la tendrá fácil. Del otro lado tiene avezados jugadores, con recursos institucionales para preservar autonomía, como lo comprobó la administración central aún después de casi dos años de retacearles arbitrariamente recursos. El enojo expresado en la mesa chica presidencial con algunos gobernadores que recibieron fondos extras porque algunos de sus legisladores nacionales no votaron como el Gobierno quería muestra las limitaciones que tiene el poder central, así como el poder real que conservan, buscan preservar y hacen valer los mandatarios provinciales.

El modelo mileísta encierra una paradoja estructural: de ser exitoso y consolidarse reforzaría la autonomía de algunos de los gobiernos provinciales donde el peronismo y otras fuerzas locales ejercen el mando sin mayores restricciones.

El predominio de economías extractivas no pondría en riesgo ese poder que hoy tienen varios gobernadores, en función de que el Estado es el principal dador de empleo. Con la reforma constitucional de 1994, que dio el dominio originario de los recursos naturales a las provincias en que se encuentran, el desarrollo de esos sectores prefigura un horizonte de probables emiratos ricos, sin muchas limitaciones.

Ya en la mayoría de esos territorios −aun en provincias con alguna tradición de institucionalidad−, los frenos y contrapesos prácticamente no existen o han ido diluyéndose al extremo. La división de poderes es casi una ficción consentida. A las mayorías absolutas oficialistas en las legislaturas se le suman tribunales poblados desde la cima por exfuncionarios, allegados y hasta (¿ex?) socios o empleados de los gobernantes locales. La sociedad civil, además, carece de algún tipo de representación capaz de contradecir al poder y la opinión pública tiene nulos o pocos relevantes canales de expresión independientes.

Ese panorama parece reforzar el proceso de “radicalización” del peronismo, no porque vaya a acentuar perfiles extremos, sino porque seguiría el camino de la UCR, convertida en una confederación de partidos provinciales, sin liderazgo ni proyecto nacional, que se refugia en los bastiones subnacionales (provincias y municipios) y usufructúa de su condición de segunda minoría para ocupar cargos públicos, como los de los organismos de control, o institutos consagrados también por la Constitución de 1994, como el tercer senador por la minoría.

Para sumar analogías, el peronismo también podría mirar en el espejo radical que su renovación fue largamente obturada tanto por sus propios fracasos como por la presencia de un líder en decadencia, pero con un poder de supervivencia interno indisputable. A pesar de las diferencias personales, morales y políticas entre Raúl Alfonsín y Cristina Kirchner, la historia provee semejanzas irrefutables.

La UCR, habituada ya al confort que le ha provisto a buena parte de sus dirigentes ser el partido de la oposición funcional al statu quo y al poder de turno, sigue ofreciendo cristales para mirar la realidad argentina.

El festejo del 50° cumpleaños del inefable vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, el lunes de la semana pasada, fue una exhibición del poder real y permanente de la Argentina. No es casual que las velitas se soplaran en el reservado de la parrilla Roldán, donde transita buena parte del establishment político, empresarial, sindical, judicial y deportivo de la Argentina, “la casta”, que cada vez más incluye a figuras del mileísmo.

Entre los asistentes se contaban la propietaria del local, Pamela David, y su esposo, el multiempresario Daniel Vila, quien sigue expandiendo exponencialmente sus negocios en la era mileísta, a quienes se vio charlando amistosamente con el famoso barrabrava de Boca Rafael Di Zeo. También estaban el santicaputista Manuel Vidal, de notable influencia sobre sectores claves del poder estatal, como la SIDE y la ARCA, y el fiscal federal Ramiro González, tan hipercuestionado como el juez Lijo, que habría tenido una presencia breve.

En otros corrillos se vieron al oscuro espía Antonio “Jaime” Stiuso, acompañado de su fiel colaborador Lucas Nejamkis; al eterno operador radical Enrique “Coti” Nosiglia; el diputado Martín Lousteau, con su esposa Carla Peterson; el binguero Daniel Angelici, a quien varios asistentes le rindieron pleitesía, y hasta al abogado del ahora complicado tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Las fuentes divergen sobre la asistencia del empresario y lobista de gran influencia en el gobierno de Javier Milei, Leonardo Scatturice, que acredita antiguos vínculos con el cumpleañero y con el mileísta Vidal. De haber estado ausente sin aviso eso podría ser visto como una descortesía, tras el gesto de reafirmación de amistad que hizo Yacobitti hace un mes, al gestar un convenio que otorga descuentos a docentes, no docentes y alumnos de la UBA en la compra de pasajes de la aerolínea Flybondi, adquirida por Scatturice poco antes. Amigos son los amigos.

De paso, esa adquisición, junto a la flamante compra del correo privado OCA por parte de un fondo que maneja Scatturice, habilitó cierto ruido en el universo del poder libertario si se concretara, como se rumorea, una alianza con un gigante mundial del comercio electrónico. El libertario Marcos Galperin estaría siguiendo con interés (y preocupación) esas novedades. Después de tanto apoyar la desaparición de las regulaciones y arbitrajes estatales algunos empresarios empiezan a quejarse de que la cancha se les inclina en su perjuicio. Las asimetrías existen.

A Yacobitti le tocó competir con la cena de la Fundación Faro en la que el mileísmo se codeaba con otra gran parte del poder real de la Argentina y donde empresarios poderosos pagaron hasta cientos de miles de dólares por una mesa. Es una realidad que ya muchas compañías han dejado de privilegiar a sus directores de relaciones institucionales, función que ejercen los máximos jerarcas de contacto directo con el poder mileísta. La Argentina atendida por sus dueños.

La fluidez de la transformación argentina está cambiando el ecosistema y el paisaje, aunque el poder real siempre parece contar con la protección de un entramado indestructible. Solo es cuestión de saber reubicarse. Sobre todo, en una economía cada vez más nacionalizada. Políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, dirigentes deportivos y más, lo saben y lo practican. Con mucho éxito.