POLITICA
Pese a las objeciones argentinas, avanza el proyecto de la planta de hidrógeno verde frente a las costas de Entre Ríos
El Gobierno uruguayo y la firma HIF Global rubricaron la semana pasada un acuerdo. Es un “plan de trabajo con hitos y plazos para cada una de las partes”, con la finalidad de promover el desarrollo del proyecto. El escrito es vinculante para la firma y el Gobierno uruguayo.
Se trata de un MOU (siglas en inglés de memorandum of understanding). El eje es la instalación de una planta de combustibles a partir de energía renovable, hidrógeno verde y CO₂. El proyecto se gestará en la localidad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las costas de la ciudad argentina de Colón.
Este emplazamiento ha generado un movimiento de resistencia en la localidad entrerriana y también en la región. Es que la planta se erigirá frente a los principales balnearios de Colón. El temor es que la “contaminación visual” afectará al turismo, la industria más importante de la zona.
La “contaminación visual” fue una de las razones que la Asamblea de Gualeguaychú esgrimió contra la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos. Los hechos demostraron que el turismo en el balneario El Ñandubaysal, localizado frente a la planta, no se vio afectado. Al contrario: el número de asistentes creció.
El MOU establece plazos perentorios a fin de que el contrato de inversión se rubrique durante 2026, y detalla que HIF ya cuenta con compradores asegurados para la producción de la planta de Paysandú.
¿En qué estado están las conversaciones bilaterales?
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, abrió un diálogo con las autoridades uruguayas. Mantuvo un encuentro con el presidente, Yamandú Orsi. Y luego, acompañado del canciller Pablo Quirno, se encontró con las máximas autoridades del Ministerio de Exteriores del vecino país.
Esta cumbre se desarrolló en noviembre. El mandatario entrerriano puso sobre la mesa el pedido de relocalización. La respuesta que recibió es que el proyecto de HIF estaba en las primeras etapas y que faltaba mucho para su concreción. Se trajo, a su vez, el compromiso de mantener un diálogo abierto y con intercambio permanente de información.
Sin embargo, semanas después, el secretario de la Presidencia del Uruguay, Alejandro Sánchez, rubricó el memo con HIF. El escrito no consigna las objeciones argentinas; por el contrario, se confirman las dos locaciones frente a Colón como bases del desarrollo. Solo hay una mención a que la empresa ajustó “el emplazamiento de la planta para ampliar el área de servicio ambiental”.
Asimismo, el MOU establece que la información que intercambien el Gobierno uruguayo e HIF sobre el desarrollo de la planta será secreto. Así se especifica en la Cláusula Octava: “Ninguna de las Partes divulgará a terceros información y/o documentación proporcionada por la otra Parte en el marco de este MOU y que expresamente haya sido calificada como confidencial, salvo que medie el consentimiento previo por escrito de la otra Parte”.
Infobae intentó contactarse con las autoridades uruguayas para obtener precisiones sobre el acuerdo, pero no obtuvo respuestas.
Cabe señalar que en paralelo a las conversaciones por la vía diplomática, la Justicia Federal ha puesto el ojo en el eventual conflicto. La fiscal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, realizó una serie de pedidos de informes. Estaban dirigidos al organismo binacional que administra el río Uruguay como recurso compartido: la CARU. En paralelo, ordenó a Prefectura ir tomando muestras del agua en la zona a fin de que sirvan de contraprueba en caso de contaminación.
¿Cuáles son los principales puntos del MOU?
El Memorándum contiene información clave sobre el grado de avance del proyecto de la planta y el compromiso que ponen el Estado uruguayo y la empresa a fin de que el emprendimiento esté operativo en 2029.
HIF destacó que ya avanzó con el terreno para el desarrollo. En efecto, a principios de este año logró que las autoridades de Paysandú cambiaran el uso de dos predios que estaban catalogados como rurales.
Además, consignó que presentó su proyecto ante el Ministerio de Ambiente, y que realizó audiencias públicas y acciones de acercamiento a la comunidad. Esto incluyó algunas charlas en localidades entrerrianas. Además, resaltó que ya desarrolló los estudios de factibilidad de la planta.
Para viabilizar los objetivos del MOU se constituyeron dos comités. Uno de carácter político, denominado de Alto Nivel. Y otro técnico de seguimiento del proyecto. En el primero, la representación pública corresponderá a la Secretaria de la Presidencia de la República y a los titulares de los Ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Ambiente, Transporte y Obras Públicas.
Ambos tendrán que elaborar un plan de trabajo. En ese esquema, resalta el apartado “G” que indica: “Las partes realizarán los mayores esfuerzos a los efectos de la obtención de la Autorización Ambiental Previa (del) Ministerio de Ambiente que viabilice el proyecto HIF”.
Es decir, el Estado uruguayo actuará como juez y parte en el proceso de viabilidad del emprendimiento. Las autoridades del vecino país consideraron este desarrollo como “una oportunidad de inversión que de concretarse contribuiría positivamente al crecimiento del país”, según se expresó en el MOU.
¿De cuánto será la inversión?
Por otro lado, HIF se comprometió a un esquema de desembolsos por USD 5.385 millones en tres etapas. La primera implicará USD 2.881 millones. Se destinará a la construcción de la planta de eFuels. Incluye el desarrollo de planta de hidrógeno, otra de captura de CO₂, una de metanol, una para la producción de gasolina y una de generación de vapor, energía y CO₂.
Como correlato, la segunda fase implicará USD 1.277 millones. Se destinarán a una planta de energía solar y un parque eólico. Los USD 1.226 millones restantes tendrán como objetivo inversiones adicionales. La firma prevé ocupar 1.400 personas durante la construcción y 300 durante la fase operativa.
La meta es que el primero de los cuatro módulos esté listo en 2029. Para esa etapa inicial, HIF proyecta exportaciones por valor de USD 253 millones. En el MOU, la empresa declaró que ya tiene acuerdos con compradores asegurados (offtakers) desde el minuto cero de producción. Según detalló, los entendimientos marco son a 15 años.
Cuando los tres módulos restantes estén operativos, la proyección de ventas al exterior se estirará a USD 1.012 millones, según puntualiza la información brindada por la compañía.
El documento contiene también un esquema ajustado. En 20 días corridos a partir del 18 de diciembre deberá elaborarse el cronograma de trabajo.
Por otro lado, el MOU estará vigente hasta que se rubrique el contrato de inversión. Esto tiene dos topes. El primero es que si no se firma antes del 31 de diciembre de 2025, habrá una prórroga por 90 días. En contrapartida, si HIF no toma una decisión final de inversión antes del 31 de diciembre del 2026, el Memorándum perderá su vigencia.
POLITICA
El Gobierno declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán
El Gobierno nacional declaró este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista e dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida, coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia e Inteligencia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas transnacionales. Según el comunicado, esta decisión habilita sanciones financieras para proteger al sistema local y limitar la capacidad de acción de la entidad en el país.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 1, 2026
La Casa Rosada sostuvo que la determinación responde a que la República Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.
Las investigaciones de inteligencia determinaron que los ataques a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994 fueron “planificados, financiados y ejecutados” con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y operativos de la Guardia Revolucionaria.
Con esta acción, el presidente Javier Milei manifestó que espera que la decisión “salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas”. Asimismo, desde la Presidencia subrayaron que el Gobierno “está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.
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POLITICA
Lemoine asumió como presidenta de la Comisión de Juicio Político para bloquear los pedidos de remoción contra Milei
Tras recibir el aplauso de sus compañeros de bloque, la diputada libertaria Lilia Lemoine, uno de los alfiles más fieles del presidente Javier Milei, asumió la presidencia de la Comisión de Juicio Político, una de las más sensibles de la Cámara de Diputados pues es la encargada de evaluar y, eventualmente, impulsar los pedidos de remoción del jefe de Estado, sus ministros y los miembros de la Corte Suprema.
La misión de Lemoine será, justamente, impedir que prosperen los proyectos para enjuiciar al presidente Milei que impulsa la oposición. En las últimas horas se presentaron otros dos proyectos en ese sentido −suman en total ocho−, pero todo indica que el oficialismo y sus aliados, que conforman la mayoría en la comisión, la mantendrán cerrada para bloquear su tratamiento.
“Tenemos el temor de que esta sea la primera y última reunión de la comisión”, sinceró el diputado Néstor Pitrola, cuyo bloque, el Frente de Izquierda, presentó hoy un pedido de enjuiciamiento contra el jefe de Estado.
Desde Unión por la Patria, sin embargo, advirtieron que aunque el oficialismo intente clausurar la comisión la oposición podría apelar al recurso del emplazamiento para activarla.
“Se necesita mayoría simple en el recinto. Hoy puede ser que no tengamos número, pero el desgobierno de Milei y los crecientes casos de corrupción se van a ocupar de que consigamos el número. Sobre todo después del caso de [Manuel] Adorni, que pasó de ser candidato estrella del oficialismo a mochila de plomo», acicateó Juan Marino.
El legislador de Unión por la Patria presentó dos proyectos de ampliación de los pedidos de juicio político contra Milei: uno de ellos por la posición del gobierno argentino, encabezado por el jefe de Estado, a favor de las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la segunda presentación incluyó nuevos fundamentos que, a su juicio, involucran al presidente en la causa de la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA.
Difícilmente estas iniciativas prosperen, al menos por ahora: el oficialismo, con sus aliados, se aseguró la mayoría con 17 miembros: 13 propios, dos de Pro, uno de la UCR y el restante de Innovación Federal. Unión por la Patria tiene 11 representantes, Provincias Unidas dos y la Coalición Cívica, uno.
La postulación de Lemoine fue aceptada luego de que el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, la propusiera porque sus antecedentes “son de público y notorio conocimiento”. La vicepresidencia recayó en Pro (que aún no designó a su representante), mientras que la vicepresidencia segunda le correspondió a Guillermo Snopek, de Unión por la Patria.
La diputada kirchnerista Paula Penacca no se privó de lanzar sus ironías hacia la designación de Lemoine.
“Evidentemente, como dice el dicho, nadie tropieza con la misma piedra dos veces, y ahora el oficialismo resolvió poner al frente a una diputada que no va a tener la misma criticidad de la que habían nombrado anteriormente por si fuera necesario evaluar alguna conducta del presidente de la Nación”, acicateó Penacca en alusión a la trunca designación de la exlibertaria Marcela Pagano, hoy ferviente opositora del gobierno libertario, al comienzo de la gestión de Milei.
Cámara de Diputados,Javier Milei,Conforme a,,»Creciente abandono». Intendentes de todo el país enfrentan a Caputo y piden el reparto del impuesto a los combustibles,,Retenido en Aeroparque. Impiden el ingreso al país a un integrante de la flotilla de Greta Thunberg: la izquierda y Grabois cargaron contra el Gobierno,,100 por hora. Adorni enfrenta una avalancha de preguntas de la oposición mientras persisten las dudas sobre su patrimonio,Cámara de Diputados,,100 por hora. Adorni enfrenta una avalancha de preguntas de la oposición mientras persisten las dudas sobre su patrimonio,,Un lugar estratégico. Los libertarios impulsan a Lilia Lemoine para la comisión de Juicio Político,,Diputados. En la última audiencia por la ley de glaciares, el oficialismo evalúa cómo avanzar para evitar un revés
POLITICA
El gobierno argentino declarará “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán
El Gobierno argentino avanzará en las próximas horas con la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y dispondrá su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en una medida que tendrá impacto directo en el plano judicial, diplomático y de seguridad.
La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial implicará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales, según pudo confirmar Infobae. Además, la medida fortalecerá los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.
La decisión del Gobierno argentino responde a un doble contexto: por un lado, la escalada militar en Medio Oriente, que involucra enfrentamientos directos entre Irán, Estados Unidos e Israel; y por otro, la historia reciente de Argentina, marcada por dos atentados terroristas que la Justicia local atribuyó a estructuras vinculadas al régimen iraní.
El antecedente central son los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA, que dejaron más de un centenar de muertos y constituyen los mayores actos terroristas cometidos en el país. En ambos casos, la Justicia argentina avanzó en la identificación de responsabilidades que apuntan a altos funcionarios del régimen iraní y a la articulación operativa de Hezbolá, organización señalada como brazo ejecutor en el terreno.
Las investigaciones judiciales sostienen que la estructura de decisión y planificación se originó en las más altas esferas del poder iraní, con participación de organismos de seguridad y de inteligencia. En ese entramado, la Guardia Revolucionaria aparece como un actor clave en la proyección internacional del régimen.
Ese antecedente otorga a la decisión del Gobierno un componente específico: no se trata únicamente de un alineamiento con la política exterior de Estados Unidos o Israel, sino de una medida que se vincula con causas judiciales abiertas en Argentina y con un reclamo histórico de justicia.
La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.
Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.
Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.
Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.
En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.
La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.
En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.
Impacto de la medida en la política y la seguridad argentinas
Desde el punto de vista operativo, la incorporación al RePET permitirá avanzar sobre circuitos financieros, detectar activos y bloquear operaciones vinculadas a la organización en el país. También habilita a los organismos de seguridad a profundizar el monitoreo de posibles conexiones locales.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para endurecer su política frente al terrorismo internacional, en línea con estándares internacionales y con el contexto global actual.
En el caso argentino, la medida adquiere una dimensión propia: la de dos atentados que siguen marcando la agenda judicial y política del país, y que colocan a la Guardia Revolucionaria —de manera directa o indirecta— dentro de ese entramado de responsabilidades que aún se intenta esclarecer.
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