POLITICA
Pese al fallo de la Justicia, el Gobierno no dispondrá partidas por la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno no dispondrá los fondos de la Ley de Emergencia en Discapacidad que la Justicia federal le solicitó que aplique de manera inmediata. “No tenemos los fondos para hacerlo. Nos encantaría cumplir, pero nos faltan las partidas para poder hacerlo”, indicó a Infobae una altísima fuente del Poder Ejecutivo.
Así, el Gobierno se dispone a apelar el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que había suspendido la ejecución de la norma.
En la parte resolutiva, el juzgado hizo lugar a la acción colectiva, ordenando la aplicación inmediata de la Ley 27.793 y declarando inválido el artículo que había frenado su vigencia.
Además, impuso las costas al Estado Nacional y dispuso la notificación a todas las partes, así como la publicación del fallo en el Registro Público de Procesos Colectivos. El juez subrayó la gravedad de la situación para las personas con discapacidad, en especial para niños y adultos mayores, y citó la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho autónomo al cuidado y la obligación estatal de garantizarlo.
En el Gobierno marcan que esta reforma se produce bajo la misma lógica por la cual se impulsa en extraordinarias el proyecto de Ley de Estabilidad Fiscal, que tiene como objetivo establecer reformas en el Código Penal, nuevas reglas fiscales y modificaciones en la Ley 24.156 y el Decreto 1399/01.
En su artículo 4 buscan establecer que “toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”. Aun así, esta norma ni siquiera comenzó a ser tratada en la Cámara de Diputados.
El conflicto se originó cuando el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 681/2025. El Ejecutivo argumentó que el Congreso no había especificado el origen de los fondos para financiar la ley, por lo que, según su interpretación, no podía ponerla en marcha. El Ministerio de Salud de la Nación defendió esta postura, advirtiendo que la ejecución de la ley sin financiamiento específico pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal y otros servicios esenciales del Estado. Sostuvo que el Jefe de Gabinete de Ministros no podía reasignar partidas presupuestarias para una ley suspendida y que la decisión de incluir los fondos correspondía al Congreso.
La causa fue impulsada por O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos menores de edad titulares de Certificado Único de Discapacidad, y sumó rápidamente la adhesión de numerosas asociaciones civiles, prestadores y familiares de personas con discapacidad de todo el país. Entre las entidades que participaron figuran la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS) y la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), entre otras.
Los informes de amicus curiae y las presentaciones de prestadores y familiares coincidieron en describir una crisis estructural: entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles de prestaciones solo aumentaron un 42,6%, lo que generó una pérdida del poder adquisitivo del 51,5%. Se documentó el cierre de instituciones, la interrupción de tratamientos, la pérdida de empleos y la imposibilidad de sostener servicios esenciales como el transporte adaptado.
El reclamo central de la demanda colectiva apuntaba a que la suspensión de la ley privaba a miles de personas de las medidas de emergencia diseñadas para garantizar la continuidad de tratamientos, la calidad de los servicios y la protección de derechos fundamentales como la salud, la educación y la inclusión social. La demanda sostuvo que la suspensión constituía una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso y una violación del principio de supremacía constitucional, ya que el Poder Ejecutivo Nacional no puede condicionar la vigencia de una ley sancionada por insistencia parlamentaria ni subordinarla a normas de rango inferior.
El fallo del Juzgado Federal de Campana analizó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre derechos de incidencia colectiva y la obligación estatal de adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables. El juez recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, imponen al Estado la obligación de garantizar la igualdad real de oportunidades y la no regresividad en materia de derechos sociales. En uno de los pasajes centrales, la sentencia afirmó: “La cláusula del Art. 2 del Decreto 681/2025 resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional de promulgación establecido por el Art. 83 de la Constitución Nacional. Ello, pues al pretender suspender la ejecución de una ley que por imperativo legal debe aplicar, el PEN excede en forma manifiesta las facultades que la norma constitucional le confiere en el marco de dicho procedimiento, en clara transgresión al principio de legalidad al cual se halla sujeto su actuar, contraviniendo además el principio de supremacía constitucional mediante la subordinación de tal disposición a las prerrogativas de una norma de jerarquía inferior”.
El juez también desestimó el argumento fiscal del Ejecutivo, señalando que el propio Congreso había facultado al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar la ley, y que el gobierno había realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023. La sentencia remarcó: “Nada impide a la Jefatura de Gabinete hacer uso de la herramienta de financiación que la Ley 27.793 le ha otorgado y, como en tantas otras oportunidades, reconducir las partidas como considere oportuno y adecuado en pos del cumplimiento del mandato de la promulgada ley. Lo contrario, concurriría a configurar un uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN, cuya característica central estaría determinada por un doble estándar que violentaría en forma cabal las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por el Estado argentino ya reseñadas.”
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POLITICA
El Gobierno recordó a las víctimas del atentado a la AMIA tras confirmarse la muerte del ayatolá Ali Jamenei
La Oficina del Presidente emitió este viernes un comunicado en el que expresó su respaldo a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel que derivó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán.
En el texto oficial, difundido desde la Casa Rosada, el Gobierno sostuvo que se trató de una acción contra “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad” y cuestionó con dureza su rol durante décadas. “Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo”, agrega el documento.
Leé también: Trump confirmó que el líder supremo de Irán murió en los ataques coordinados de Israel y EE.UU.
En este sentido, el gobierno hizo especial referencia al atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La administración nacional recordó que, según determinó la Justicia argentina, “se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.
“La búsqueda de justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague, con su libertad o con su vida, por tan horrible crimen”, se señala el mensaje.
Por último, el Gobierno de Javier Milei manifestó su expectativa de que la ofensiva militar contribuya a cerrar un ciclo de más de cuatro décadas de autoritarismo en Irán y abra el camino hacia una etapa de mayor estabilidad y respeto por los derechos humanos para la población de ese país.
El mensaje de Cancillería tras la noticia de la muerte de Jamenei
El canciller argentino Pablo Quirno se pronunció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que Ali Jamenei murió este sábado durante el ataque en Teherán. En su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores también recordó que el líder supremo iraní es uno de los imputados por el atentado contra la AMIA.
“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah“, escribió el canciller al principio de su mensaje.
Quirno remarcó que la “decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa».
Y agregó: “La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente. Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.
En abril de 2025, el fiscal Sebastián Basso presentó una resolución para solicitar al juez federal Daniel Rafecas que dictara la orden de captura nacional e internacional del ayatolá Ali Jamenei “por tomar parte con los restantes imputados iraníes” y por su “patrocinio de la organización armada que actúa de manera clandestina fuera de las fronteras del territorio libanés vinculada al movimiento Hezbollah, que ha realizado desde hace décadas innumerables atentados contra la vida y los bienes de las personas que deben ser calificados como terroristas, entre ellos la AMIA”.
A su juicio, Jamenei “encabezó la toma de la decisión de perpetrar un atentado con bombas en Buenos Aires en julio de 1994 y emitió la orden ejecutiva (fatwa) 39 para llevarlo adelante. También es indudable que desde siempre y al día de la fecha Jamenei es el principal sostén de grupos que poseen capacidad militar como Hezbollah”.
Leé también: Quién era Ali Jamenei, el líder supremo iraní que desafió a EE.UU . y concentró el poder durante más de 30 años
El gobierno iraní repudió, en julio del mismo año, la decisión de la Justicia argentina de avanzar con un juicio en ausencia contra 10 ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber planificado el atentado terrorista contra la AMIA en 1994, y calificó la medida como una “acción ilegal, politizada y contraria al derecho internacional”.
En un duro comunicado, señaló que Javier Milei está alineado con Israel y Estados Unidos en una “conspiración” para proteger a “funcionarios argentinos corruptos” que serían —según su visión— los verdaderos responsables del ataque.
La respuesta iraní se produjo días después de que Rafecas resolviera que se juzgue en ausencia a los 10 acusados —entre ellos exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah—, todos prófugos de la Justicia argentina desde hace casi dos décadas, bajo la nueva figura incorporada este año al Código Procesal Penal.
Irán, AMIA
POLITICA
EEUU pone la lupa sobre las estaciones espaciales chinas en Argentina y su posible uso militar
Un nuevo reporte del Congreso de Estados Unidos encendió la alarma sobre la presencia de infraestructura espacial china en América Latina, con especial foco en la Argentina.
El documento, titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, sostiene que el régimen asiático consolidó en la región una red de estaciones terrestres y telescopios con capacidad de uso civil y militar, que podrían servir para recopilar inteligencia y fortalecer su estructura de defensa.
El trabajo fue elaborado por el Comité Selecto sobre la actividad de China en el hemisferio occidental y señala al menos once instalaciones vinculadas a Beijing en distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.
Neuquén, en el centro del análisis
El informe dedica un apartado específico a la Estación de Espacio Lejano ubicada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. Allí funciona una antena de 35 metros de diámetro capaz de captar señales satelitales.
Según el documento, “en 2016, funcionarios argentinos y chinos firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que la estación se destinaría exclusivamente a fines civiles; sin embargo, parece que ambas partes no establecieron ningún mecanismo de supervisión”.
Base china en Neuquén.
La base comenzó a construirse en 2014 bajo la presidencia de Cristina Kirchner y fue finalizada en 2017. Se trata de un predio de aproximadamente 200 hectáreas cedido por 50 años, con exenciones impositivas. De acuerdo a datos oficiales provinciales, la inversión superó los 50 millones de dólares.
Desde Washington advierten que este tipo de infraestructura podría integrarse a redes estratégicas del Ejército Popular de Liberación chino, en el marco de su política de expansión tecnológica y espacial.
Telescopios y estaciones bajo la lupa
El reporte también menciona al Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en la provincia de San Juan, donde opera un sistema láser de medición satelital (SLR) financiado y desarrollado por el país asiático. Se trata de un telescopio capaz de generar datos de localización milimétrica.
En el texto se afirma que “estas capacidades pueden permitir una puntería precisa, la guerra electrónica y la alerta estratégica contra amenazas en el aire, el mar y el espacio”.
Otro punto señalado es la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz. Según el informe, fue aprobada en 2021 como instalación civil tras un acuerdo entre la firma argentina Ascentio Technologies y la empresa china Emposat. No obstante, el documento sostiene que la firma mantiene vínculos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército chino y que una de las antenas instaladas carece de especificaciones técnicas públicas.
Para los legisladores estadounidenses, las instalaciones argentinas no funcionan de manera aislada, sino que conforman “nodos de una red coordinada que proporciona información estratégica” a Beijing.
Recomendaciones y advertencias de Washington
El presidente del Comité Selecto, John Moolenaar, sostuvo: “Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”.
Además, agregó: “El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china”.
Entre las sugerencias incluidas en el documento se destaca que “la NASA debería revisar la cooperación con los países anfitriones para garantizar que no se haya infringido la prohibición de la Enmienda Wolf sobre la cooperación bilateral con China y las empresas de propiedad china”.
También plantea que “las agencias estadounidenses deberían reevaluar la cooperación en materia de espacio, defensa y tecnología avanzada con los países que albergan infraestructuras espaciales vinculadas a la República Popular China”.
El texto concluye con una recomendación contundente: “el Gobierno de los Estados Unidos debería establecer el objetivo explícito de detener la expansión de las infraestructuras espaciales de la República Popular China en América Latina y, en última instancia, tratar de reducir y eliminar las capacidades espaciales de la República Popular China en el hemisferio occidental que amenazan los intereses estadounidenses”.
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POLITICA
Tras la muerte de Ali Jamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: “Que estas noticias aporten alivio a las familias”
El canciller argentino, Pablo Quirno, se expresó este sábado sobre la reciente muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei, y recordó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá“, manifestó Quirno en redes sociales.
Luego, resaltó que “la decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa”. Y subrayó que la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas “es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente”.
Por último, concluyó: “Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.
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