POLITICA
Petróleo, política y apropiación de empresas
El controvertido fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó al Estado nacional pagar la indemnización que reclama la familia Eskenazi y el fondo Burford por la estatización de YPF con acciones de la compañía, actualizó la importancia de dos problemas. Uno recorre buena parte de la historia contemporánea argentina: es la relación entre, para evocar a Arturo Frondizi, petróleo y política.
El otro es mucho más reciente. Se refiere al proyecto de poder de Néstor Kirchner, que incluyó la apropiación de empresas a través de amigos o testaferros. La apropiación del 25% de YPF que, sin poner una moneda, llevaron adelante los Eskenazi, fue sólo una jugada, acaso la más audaz, de ese sueño megalómano. Estos dos planos se cruzan en el escándalo que, con su decisión, reavivó la jueza Preska.
En su magnífica Historia del petróleo en la Argentina, Nicolás Gadano explica el lugar privilegiado que ocupan los hidrocarburos en las fantasías del nacionalismo populista. Es el corazón de un prejuicio muy arraigado para esa mentalidad: la idea de que la riqueza de una nación radica en sus recursos naturales. Un mito que no puede explicar ni la pobreza de Liberia ni la prosperidad de Suiza, por mencionar sólo dos ejemplos. Este fetichismo petrolero está detrás de la estatización de YPF dispuesta por Cristina Kirchner y ejecutada por su flamante adversario interno, Axel Kicillof.
La captura del 51% de las acciones de la empresa por parte del Estado fue la vía que eligió la señora de Kirchner para corregir la política de su esposo y antecesor. Esta consistió en controlar a la petrolera a través de empresarios de su círculo más íntimo.
El significado de la selección de los Eskenazi se entiende con la lectura de dos expedientes judiciales. Uno es el de la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio, que Norberto Oyarbide cerró con un sobreseimiento, gracias a que el fiscal Eduardo Taiano no atinó a apelar. Allí se intentaban justificar los cuantiosos bienes de Cristina y Néstor Kirchner con las exorbitantes remuneraciones que, al parecer, les ofrecía el Banco de Santa Cruz, perteneciente a los Eskenazi.
El otro caso es el conocido como “Cuadernos de las Coimas”. Allí constan las declaraciones del contador Víctor Manzanares consignando que desde Río Gallegos se transportaban montañas de dinero en efectivo que llegaban a Buenos Aires y se atesoraban en bóvedas cuya llave sólo poseían Daniel Muñoz, el multimillonario secretario privado del expresidente Kirchner, y Sebastián Eskenazi.
El ingreso a YPF de esos empresarios sin antecedente alguno en el negocio energético no sólo fue bochornoso por su relación con los Kirchner. La martingala con la que remuneraron a la española Repsol por el 25% de su subsidiaria YPF merece pasar a la historia de la psicodelia financiera: Repsol cobraría con los dividendos que la empresa asignaría a sus nuevos socios. El método plantea una enorme incógnita: por qué nadie en España levantó la voz en defensa de Repsol, y contra Antoni Brufau, presidente de la compañía que aceptó ese procedimiento.
En 2007, Elisa Carrió pidió que se examine esta operación en el juzgado de Ariel Lijo. En 2006 ella ya había promovido una investigación sobre comportamientos de Repsol en YPF. En 2012, el fiscal Carlos Stornelli, inspirado por una queja que Federico Pinedo publicó en la sección Carta de Lectores de , formuló otra denuncia, que quedó absorbida en el expediente iniciado por Carrió. La causa es la número 3518/06. Lijo la durmió desde el primer minuto. Si hubiera estudiado lo ocurrido entre Kirchner, los Eskenazi e YPF, tal vez Preska no habría tomado las decisiones que tomó en contra del Tesoro nacional.
Para realizar su negocio los Eskenazi establecieron en España la sociedad Petersen Energía. Las acciones de YPF en poder de esa firma fueron estatizadas en 2012 junto con las de Repsol. Los motivos por los cuales Cristina Kirchner tomó esa decisión son misteriosos. Una versión muy insistente en el ambiente petrolero afirma que fue para vengarse de los Eskenazi. Ellos se habrían quedado con un patrimonio que correspondía a Néstor Kirchner, aprovechando su fallecimiento, en octubre de 2010.
Brufau, horas antes de dejar el país en medio de la estatización de YPF, repetía: “Yo puedo entender que haya una deuda de varios millones de dólares de la familia Eskenazi con la familia Kirchner, ¿pero por eso se van a cargar una compañía?”. El catalán, en muy probable, hablaba de oídas. Pero tenía donde oír.
Siempre se atribuyó a Elías Jassán, exministro de Justicia de Carlos Menem, haber abierto los ojos de Máximo Kirchner sobre ese perjuicio. Jassán había sido abogado de los Eskenazi pero terminó enfrentado con ellos. Habladurías. En el sector energético hay muy importantes empresarios que están seguros de que las investigaciones de Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner, que lo llevaron a citarla para 8 declaraciones indagatorias en un solo día, fueron “estimuladas” por Sebastián Eskenazi. Es lo que vuelve más significativa la foto del juez y el empresario almorzando en lo que fue La Pecora Nera, un excelente restaurante de Recoleta. Una larga cadena de venganzas.
Los Eskenazi, a través de Petersen Energía, quedaron con un derecho a reclamar porque la estatización se llevó por delante las prescripciones del estatuto de la empresa. Los funcionarios kirchneristas, encabezados por Kicillof, alegan que ese estatuto no puede ser superior a una ley sancionada por el Congreso. Burford sostiene que es un argumento frágil porque YPF tomó fondos en los Estados Unidos, bajo la jurisdicción de la Securities and Exchange Commission, garantizando a los inversores que estaban a salvo de una embestida como la que realizó la señora de Kirchner. Repsol recurrió al mismo juzgado en su momento, pero al final aceptó una indemnización que se pagó con una emisión de bonos.
Petersen, de los Eskenazi, vendió al fondo Burford, por 15 millones de euros, el 70% de ese derecho a litigar. En los papeles, sin embargo, la titular de ese derecho sigue siendo Petersen, como salta a la vista en la documentación que se acumula en el juzgado de Preska. Los expertos interpretan que eso se debe a que el derecho español prohíbe transferir la titularidad de un crédito para que quien la recibe inicie un pleito especulativo.
Además, esa legislación obliga también a que el beneficiario del crédito, antes de venderlo a un tercero, ofrezca el mismo acuerdo a quien va a ser ejecutado. Es decir: los Eskenazi/Petersen deberían haber ofrecido al Estado argentino su pretensión a ser resarcidos por los mismos 15 millones de euros que recibió de Burford. Hoy no estarían frotándose las manos por varios miles de millones.
Durante la gestión de Mauricio Macri el Estado se presentó en los tribunales madrileños, a través del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, para denunciar que en el pase de los derechos de los Eskenazi a Burford había un fraude. YPF, bajo la presidencia de Miguel Gutiérrez, compró una acreencia de la Bolsa de Comercio sobre esa familia, para presentarse como querellante en el concurso de Petersen Energía y conocer el pleito desde adentro. Cuando el kirchnerismo regresó al poder y reemplazó a Macri esas acciones se paralizaron.
Esa desidia no debe sorprender. En 2019 se hizo cargo de la Presidencia un abogado que, ocho años antes, había sido contratado por los Eskenazi en YPF por 25.000 pesos mensuales: Alberto Fernández. Mucho antes, cuando todavía era jefe de Gabinete de ambos Kirchner, Fernández mantenía un trato privilegiado con esos empresarios a través de un oscuro operador de negocios llamado Adrián Kochen, que se acercó más tarde al “Señor del Tabaco”, Pablo Otero. “Todo tiene que ver con todo”, dirían en San José 1111.
Ese mismo año fue designado procurador del Tesoro Carlos Zannini, que fue el responsable jurídico de la estatización, impugnada en lo de Preska. Además de haber sido, durante los cuatro años de Macri, director del Banco de Santa Cruz de la familia Eskenazi. Lo había designado Alicia Kirchner en representación de esa provincia.
Gracias a la desidia, que parece deliberada, de Zannini, bajo el paraguas de Alberto Fernández, la Argentina quedó expuesta a tener que indemnizar a Burford/Eskenazi por 16.000 millones de dólares. Es el monto que reconoció Preska. Los Eskenazi se quedarían con 30% de esa suma. Es decir: entraron a YPF sin poner una moneda pero se llevarían, en teoría, alrededor de 5000 millones de euros por haber sido expulsados de la empresa. Cuánto que aprender.
Como ese desenlace sería muy escandaloso, voceros de la familia aclaran que ella no recibiría monto alguno, ya que esa suma iría a pagar deudas de Petersen, que está concursada en España. El argumento es gracioso, porque esas deudas fueron contraídas por los Eskenazi. Una segunda discusión es cuál es el volumen de esas deudas. Alrededor de este punto existe una controversia.
Algunos abogados creen que se trata de unos 4000 millones de euros, que en su mayor parte irían a bancos que prestaron dinero a los Eskenazi con créditos garantizados con acciones de YPF de las que ellos fueron despojados. Otros consideran que el pasivo de Petersen sería mucho más pequeño, por lo cual la familia retendría una fortuna. Ante este panorama aparece un interrogante razonable: dado su comportamiento en este contubernio, ¿qué tamaño debería tener el pago a los Eskenazi para que no sea intolerable?
En este contexto Preska firma su fallo, levantando una ola de objeciones jurídicas. El centro del problema es que la jueza carece de facultades para ordenar al Estado argentino que disponga de un activo, el 51% de las acciones de YPF, para indemnizar a Eskenazi/Burford. Con el agravante de que existe una ley que prohíbe enajenar esas acciones si no lo autoriza el Congreso con dos tercios de los votos de ambas cámaras. Saravia Frías sugirió, entre varias propuestas, que el Estado recurra a la Corte Suprema, mediante un recurso de per saltum, en busca de protección jurídica para no cumplir el fallo de Preska.
Si se tomara ese camino se encontraría a una Corte, acaso, muy favorable. Su presidente, Horacio Rosatti, fue procurador del Tesoro al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner. En esa condición debió defender al Estado frente al CIADI, que es el tribunal de protección de inversiones del Banco Mundial. Rosatti sostuvo en ese momento un criterio que dejó más tarde cifrado en su Tratado de Derecho Constitucional. Consiste en distinguir con nitidez dos instituciones jurídicas. Una es la prórroga de jurisdicción, por la cual un Estado se somete a los tribunales de otro. La otra es la inmunidad soberana. Rosatti explica que la prórroga de jurisdicción no reduce la inmunidad soberana.
La consecuencia práctica de esa premisa es que un juez extranjero puede condenar a un país, pero no puede ejecutarlo. Preska ya había condenado a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares a Eskenazi/Burford. El lunes pasado fue más allá, transgrediendo el principio defendido por Rosatti: ejecutó al Estado nacional disponiendo el embargo del 51% de las acciones de YPF.
La decisión de Preska impulsa varios cursos de acción. El Estado va a objetarla ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Burford/Eskenazi hacen palanca sobre ese fallo para precipitar una negociación con el gobierno de Javier Milei. Desde hace ya tiempo trabaja para ellos el argentino Gerardo Mato, un ex ejecutivo de HSBC. Mato recurrió al ministro Luis Caputo para sensibilizarlo por la demanda de Burford. Caputo lo derivó al secretario de Finanzas Pablo Quirno. Y Quirno organizó una reunión para que Mato explique su posición ante el responsable jurídico del ministerio, Ignacio García Hamilton. Fue una vía muerta. Ahora Burford pretende recuperar esas tratativas ante un Palacio de Hacienda muy desconcertado ante la decisión de Preska.
Otro campo de acción es el Congreso, donde varias fuerzas políticas pretenden la aprobación de una declaración de repudio contra el fallo de la jueza. La iniciativa puede dar lugar a un debate interesante por los protagonistas de la escena. En Diputados está Máximo Kirchner, víctima de los Eskenazi (¿?) y enfrentado a muerte con Kicillof, a quien el costo de la estatización pone en el ojo de la tormenta. ¿Llegarán a cruzarse reproches? Por suerte está Sergio Massa para pacificar. En este caso con más pasión que de costumbre por su amistad con Eskenazi.
También son determinantes los legisladores de provincias petroleras: ellas son las titulares del 25% de las acciones de YPF en poder del Estado. Se las entregó Cristina Kirchner cuando avanzó sobre la compañía. Hay otros gobernadores que, en voz mucho más baja, tendrán algo que decir: los que tienen a los Eskenazi como banqueros de sus provincias. Claudio Vidal de Santa Cruz, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Marcelo Orrego de San Juan. No hay que olvidar al gobierno nacional, al que Eskenazi tiene acceso gracias a algunas amistades muy próximas a Karina Milei. Interesantísima encrucijada, en plena campaña electoral.
La tan poco edificante participación de los Eskenazi en YPF, tanto su ingreso como su salida, son un fragmento de un mapa mucho más extenso: el del sistema de empresas que aspiró a formar Néstor Kirchner como engranaje de su maquinaria de poder. Una ensoñación parecida a la de Putin pero, como en tantas otras áreas, muy ineficaz. Allí está Ciccone, cuya conquista Kirchner encomendó a Amado Boudou poco antes de morir.
El Eskenazi de esa aventura debía ser Jorge Brito (h). Los sinsabores judiciales los pagó su padre, quien, ejemplar, murió si formular un solo reproche a su heredero. Una colina mucho más valiosa, de frustrada incorporación, fue Telecom. La historia tiene estas ironías: los “expertos en merecados regulados” encargados de poner en la mesa del expresidente esta joya, presionando de la peor manera a los accionistas italianos, fueron Gerardo Werthein y su primo Adrián. Gerardo es el actual canciller de Milei. Un adalid contra la casta.
POLITICA
Tras jurar como ministro de Justicia, Mahiques espera que le entreguen el expediente de la AFA para definir si designa veedores
Este jueves asumió Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y su primer acto administrativo podría ser la designación de veedores en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Es que días atrás Cúneo Libarona recibió a especialistas en derecho civil y comercial para analizar la situación en la AFA, pero este miércoles formalizó la renuncia que venía impulsando desde hace tiempo.
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Cúneo Libarona ya tenía definida la decisión, pero abandonó el cargo antes. Sobre esta postura hay dos versiones: la primera que circulaba dentro del Gobierno era que estaba “pateando el problema para adelante” y que no quería que la eventual designación de veedores en la AFA sea su último acto administrativo al frente del Ministerio.
“Se quiere ir y no quiere definir sobre los veedores; que en todo caso lo haga su reemplazante”, deslizó una fuente con llegada a la Casa Rosada días atrás. En ese marco, también hubo quienes creían que estaba demorando la decisión para dejar el tema sin resolver antes de su salida.
La segunda, según pudo saber TN de altas fuentes del Ministerio de Justicia, se debió a que simplemente los tiempos de la documentación no le permitieron llevar adelante la medida.
Es por eso que previo a su renuncia, aseguraron que Cúneo Libarona estaba “tratando de dejar todo ordenado” y que su intención era resolver el planteo con fundamento jurídico.
Ahora será Mahiques quien debe definir si designa veedores en la AFA. Pero el proceso es largo. En la IGJ, distintas dependencias analizarán el expediente y recién después de ese proceso pasará al Ministerio.
En primer lugar, lo recibirá Carlos Medina, quien está a cargo del control del organismo. Luego pasará a legales de Justicia y recién ahí definirá el flamante ministro.
El trámite para determinar a los veedores no es sencillo. En el Ministerio explican que el proceso es “engorroso”: se debe elaborar un proyecto de resolución, someterlo a consideración del titular de la cartera y articular la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Recién entonces puede formalizarse una respuesta. Ese circuito administrativo explica, según fuentes oficiales, por qué la definición aún no se produjo.
La investigación en la AFA
El conflicto se originó luego de que la AFA no presentara el balance financiero correspondiente a 2025. La IGJ sostiene que la entidad fue entregando documentación de manera parcial en los últimos meses, pero no cumplió con la presentación del último ejercicio.
Por eso pidió la designación de veedores que auditen los estados contables de 2025, los números de la Universidad de la AFA y todos los movimientos económicos de TourProdEnter.
En el último balance presentado, correspondiente a 2024, se consignaron gastos por 39 mil millones de pesos en selecciones nacionales, sin desagregar el destino de esos fondos.
Además de los egresos, la IGJ requirió el detalle de los ingresos y de todos los movimientos económicos de la institución.
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Cuando comunicó la medida, el Ministerio de Justicia señaló que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar de que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”.
En ese mismo mensaje se indicó que “los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”.
El organismo también advirtió que la entidad “no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años”, lo que —según el comunicado oficial— impide conocer el origen y destino de los millones de dólares que ingresaron y salieron de la institución en ese período.
El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, sostuvo públicamente que en las últimas semanas trascendió una investigación sobre “eventuales maniobras que podrían implicar el ocultamiento de importantes ingresos de AFA”, que habrían sido derivados a través de entidades ajenas, tanto locales como extranjeras, sin pasar por su contabilidad.
AFA, Juan Bautista Mahiques
POLITICA
Tras la salida de Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia
El periplo presidencial no terminará allí: el miércoles 11, Milei estará en Santiago de Chile para asistir a la asunción del derechista Antonio Kast como nuevo presidente del país vecino. La delegación norteamericana para ese evento estará encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con la cual se reducen las chances de una visita al país del poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, a quien desde el Gobierno esperaban para el jueves 12.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno formarán parte de la comitiva, según fuentes oficiales. Precavido, y con el objetivo de no generar un vacío en la gestión durante sus días de ausencia del país, el Presidente firmó ayer un original decreto, que lleva el número 130/26, que designa a cargo de la jefatura de gabinete de modo “interino” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y en su ausencia a su par de Defensa, Carlos Presti.
La reunión de El Doral, convocada por Trump, incluirá a presidentes aliados como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Paz, de Bolivia y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado. La necesidad de Trump de frenar la influencia de China, su principal adversario económico y geopolítico, en la región, será según fuentes oficiales uno de los temas clave a tratar en esa reunión, con hasta cinco invitados adicionales por país.
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POLITICA
Movimientos sociales y piqueteros debaten cómo enfrentar al Gobierno en medio del desgaste, el escepticismo y la desmovilización
La escena frente al Congreso, durante el debate de la reforma laboral, dejó más que una foto política adversa para la oposición sindical y social. También abrió una discusión incómoda dentro del propio universo de los movimientos sociales y piqueteros: cómo enfrentar al gobierno de Javier Milei cuando la calle ya no responde como antes y cuando, incluso dentro de los territorios populares, aparece una mezcla de cansancio, escepticismo, desmovilización y hasta temor por los impactantes despliegues de las fuerzas de seguridad.
Ese debate existe y atraviesa a la mayoría de las organizaciones. Lo reconocen en voz baja y también en voz alta algunos de sus dirigentes.
-¿Hay debate entre los dirigentes sociales, entre los militantes, por la baja convocatoria en las marchas contra las políticas de Javier Milei y hasta por los incidentes que grupos de encapuchados generan con las fuerzas de seguridad?, le preguntó este medio a un encumbrado dirigente popular con gran ascendente en el interior de las fuerzas que supieron realizar enormes marchas contra la administración de Mauricio Macri?, le preguntó Infobae a un encumbrado líder social.
-Por supuesto que hay debates, sí, sí hay debates de cómo encarar el proceso de resistencia que debe ser distinto al que aplicamos ahora, sobre todo desde los movimientos populares que venimos de un desgaste importante en relación a cierta pérdida de legitimidad, te diría de cara a la opinión pública, parte de la opinión pública, parte de los sectores políticos que se han montado en el cuestionamiento sistemático a los movimientos populares, que seguramente si algunos cometieron errores, tienen que asumir la responsabilidad, analizó.
Según su mirada, la discusión no es solo táctica sino también de legitimidad.
“Venimos de un desgaste importante en relación a cierta pérdida de legitimidad, te diría de cara a la opinión pública, parte de la opinión pública, parte de los sectores políticos que se han montado en el cuestionamiento sistemático a los movimientos populares”, sostuvo.
En ese sentido, el dirigente admitió errores, pero también cuestiona lo que considera “una campaña de desgaste”.
El importante activista social hace referencia a la difusión de supuestas auditorías sobre comedores comunitarios que eran asistidos por el Estado que, según el Ministerio de Capital Humano, en un “setenta por ciento no existen”. Un dato que no fue ratificado en documentos. De hecho, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia aclaró que la cifra surge de “inspecciones presenciales” realizadas al azar .
Más allá de la interpretación que le den los líderes sociales a la acción de los funcionarios contra organizaciones piqueteras y sociales, la Justicia ya elevó a juicio oral el expediente contra al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 17 dirigentes por los presuntos delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”, los magistrados entendieron que los dirigentes piqueteros sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, y habrían desviado dinero para beneficio partidario de las partidas de dinero del ex programa Potenciar Trabajo. Con esas figuras, de ser encontrados culpables, la pena podría llegar hasta 15 años de prisión. En este caso la Cámara Federal porteña ordenó profundizar en la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Sobre este punto, los dirigentes sociales consultados por Infobae para esta nota opinaron: “Seguramente si algunos cometieron errores tienen que asumir la responsabilidad. Eso no quita la maratónica e importante tarea que desarrollamos los movimientos populares en la organización territorial: en lo que tiene que ver con el trabajo, en la organización comunitaria, en los problemas vinculados a la violencia, al consumo de falopa, a lo alimentario, a la violencia de género. Todo eso lo organizamos en los territorios”, explicó.
Y agregó: “Lamentablemente, hubo mucha mala leche de compañeros incluso que se montaron en parte de la estrategia del Gobierno para deslegitimar nuestro accionar”.
El debate estratégico
La discusión interna no se limita a la calle. También atraviesa el modelo de organización social y económica que sostuvieron durante años muchas de estas organizaciones. “Hay un debate más de carácter estratégico”, razonó uno de los dirigentes consultado.
“Nosotros somos críticos de lo que se ha hecho en términos de política social. Desde nuestro lugar estamos en una etapa de reconstrucción, incluso de herramientas para abordar los problemas sectoriales”.
Como ejemplo de esa reconversión mencionó un proyecto que todavía no fue presentado públicamente.
“En poco tiempo vamos a dar a conocer una experiencia que venimos construyendo con un sector empresarial importante. Nos hemos asociado para empujar una experiencia de organización del trabajo vinculada al problema del cuidado de adultos mayores”. El proyecto forma parte de lo que define como una “estrategia de reconversión”.
“Sobre todo a la hora de pensar la pelea vinculada a los trabajadores que están afuera, como también la reorganización de las políticas vinculadas a lo territorial, más a lo comunitario”.
El cuestionamiento a la lógica de los planes
Otro eje del debate interno gira alrededor de los programas sociales y su futuro. “En algunos sectores de los movimientos hay compañeros que todavía creen en la lógica de los planes. Pero otros espacios, como el nuestro, cuestionamos eso”, afirmó.
La crítica no implica negar la asistencia estatal, aclaró. “No porque no creamos que haya que tener en sectores específicos un acompañamiento del Estado a experiencias particulares, pero no puede ser una política ni permanente ni estable ni de carácter universal”. Y apunta a un problema estructural del mercado laboral argentino.
“Sobre todo para los compañeros que tienen trabajo pero no pueden tener legalidad, estar registrados, tener grados de institucionalidad, legislaciones que los amparen y que les permitan tener derechos de otra dimensión”, aseguró.
La calle ya no responde
El debate más visible, sin embargo, es el que gira en torno a la capacidad de movilización.
Las últimas tres marchas frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral mostraron una asistencia muy inferior a la que históricamente podían convocar los movimientos sociales, las centrales sindicales y los sectores piqueteros.
“Es cierto, hay miedo”, reconoció el dirigente. “Y no prende una bronca generalizada. Hay bronca, pero no hay una acción que tenga correlato con esa bronca”. En los barrios populares, asegura, aparece otro fenómeno. “Vemos también en algunos aspectos cierta resignación. Sobre todo, en los sectores populares que son más creativos a la hora de rebuscársela”.
El contraste aparece en otros sectores sociales. “En los sectores que van perdiendo poder adquisitivo y trabajo, más vinculados a la clase media, hay bronca, pero no hay una bronca disruptiva”, explicó.
También menciona episodios de tensión que empiezan a circular en los territorios.
“Hay bandas en los territorios medio sacadas. Que se están organizando para realizar acciones más violentas, pero la gran mayoría está en contra de esas iniciativas”, precisó.
Mucho discurso, poco cuerpo. La autocrítica también alcanza a la dirigencia política y social. Otro encumbrado dirigente social que suele poner el pecho en cada movilización cuestiona: “Creo que hay una pose en relación a la confrontación callejera. Mucho discurso para la televisión, poco poner el cuerpo”.
Ese diagnóstico explica, según su mirada, por qué muchas movilizaciones terminan sin impacto político. “Se terminan haciendo cosas relámpago como ir al Congreso y terminar haciendo un acto que no tiene sentido. Se han hecho muchos actos y movilizaciones durante este Gobierno, algunos más masivos, otros menos masivos, pero no terminan de mover el perímetro”, cuestionó.
La conclusión es incómoda. “Evidentemente la acción de lucha callejera tiene que tener otros mecanismos, otros métodos, que está claro que no lo tenemos claro”, reconocen entre las filas de los dirigentes que hacen semanas debaten la derrota en las calles. Para este dirigente, la crisis actual trasciende al gobierno libertario. “Esto es una opinión personal, pero creo que obedece a un fin de ciclo político y social”, analizó.
Un proceso que también impacta en el sindicalismo. “La política está en crisis, los movimientos populares están en crisis de representación y legitimidad”, continuó.
El ejemplo que menciona es la propia estructura sindical. “Cuando la CGT hace paro, la mitad de los trabajadores de la Argentina no están representados en eso”, planteó. Según su mirada, se trata de una transformación estructural.
“Es un cambio que incluso no se va a detener, continúe o no continúe Javier Milei en el Gobierno”, dijo y concluyó al decir: “Hay modificaciones estructurales que van a ser inevitables. Y esos cambios ni la política, ni la dirigencia social ni la dirigencia gremial los terminamos de entender todavía. Por lo tanto, tampoco actuamos en consecuencia en términos de la organización, de la representación o de las nuevas vocerías. Es un problema de carácter mayor”.
El Gobierno de Milei ganó la pulseada
El Gobierno de Javier Milei le ganó la pulseada a los organizadores de, por ejemplo, las últimas tres marchas frente al Congreso Nacional, convocadas en rechazo al proyecto de reforma laboral.
La definición no surge de interpretaciones ideológicas ni de recortes de redes sociales. Es la constatación de quienes recorrieron la Plaza del Congreso durante esas jornadas.Los organizadores ya no cuentan con el mismo poder de movilización. Ni siquiera gremios convocantes como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), identificados con sus chalecos verdes, ni las dos CTA lograron demostrar contundencia a la hora de ocupar las calles.
Las razones son múltiples: el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad; las políticas de Capital Humano, que eliminaron incentivos ligados a los planes sociales; la presencia de camiones hidrantes y brigadas motorizadas de la Policía Federal; el despliegue de Gendarmería, Prefectura; y Policía de Seguridad Aeroportuaria. O quizás una combinación de todos esos factores.
Lo cierto es que las marchas contra el Gobierno libertario fueron, según estimaciones de los propios organizadores, hasta un 90 por ciento menos numerosas que las protestas registradas durante la gestión de Mauricio Macri.
Incluso, el Polo Obrero y el bloque piquetero supieron reunir más militantes frente al Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández que los que hoy logran convocar contra las políticas libertarias.
Lo mismo ocurre con las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Los llamados “Cayetanos” llegaron a movilizar más de 300.000 personas cada 7 de agosto desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo para reclamar la emergencia alimentaria.
Hoy, en cambio, dentro de ese mismo universo social, la discusión gira alrededor de una pregunta incómoda: cómo reconstruir poder político cuando la calle ya no responde como antes.
Marcha Congreso,Reforma Laboral
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