POLITICA
Pettovello lanza una plataforma para centralizar el control de las asignaciones y ganar eficiencia
El Ministerio de Capital Humano de la Nación, liderado por Sandra Pettovello, presentó esta semana el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica que centraliza en un único sistema la información vinculada al legajo de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales.
En un encuentro con la prensa realizado ayer, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez, subrayó que este sistema parte de “la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia”. La presentación de la nueva política también estuvo a cargo de Martín Lepera, Subsecretario de Promoción Humano, y Paola Bohorquez, Coordinadora de Desarrollo Inclusivo del PNUD.
Ordoñez marcó que la herencia de la anterior administración fue “la ausencia de información centralizada, con datos dispersos, registros en Excel y poca o nula interoperabilidad entre los programas”. “Esta situación impedía tener una perspectiva integral sobre las políticas públicas en curso y dificultaba la transparencia y la gestión eficiente”, agregó.
El desarrollo de SISOC surgió como respuesta a esta necesidad. Según Lepera, el proceso comenzó en 2024 con la digitalización de registros y la automatización de procesos, avanzando hacia la interoperabilidad y el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos. El objetivo es evolucionar hacia un “Estado predictivo” hacia mediados de 2027 capaz de simular y anticipar el impacto de las políticas públicas antes de su implementación, usando la Inteligencia Artificial (IA) y la analítica de datos para segmentar, perfilar y trazar la eficacia de las intervenciones.
Por su parte, Bohorquez destacó el papel del PNUD en el apoyo al rediseño de políticas basadas en datos y la importancia de la integración de sistemas para la toma de decisiones más informada y efectiva, así como el trabajo conjunto de los organismos internacionales con la Secretaría para fortalecer la gestión.
El SISOC funciona como una plataforma centralizada que contiene diferentes módulos. Uno de los más significativos es la Historia social digital, la cual concentra todos los datos personales, familiares y de intervenciones de cada beneficiario, permitiendo un seguimiento en tiempo real de sus trayectorias y prestaciones recibidas.
“Tenemos la historía en vivo de cada uno de los beneficiarios actualizadas al instante con cada una de las políticas sociales que la atraviesan. Conocemos dónde está, a qué tipo de espacios asiste, qué cobertura está teniendo, su grupo familiar, en qué condiciones está para acceder algún tipo de prestación y si lo está haciendo. Parece una pavada, pero es un salto cuántico. De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”, afirmó Ordoñez.
Esta información se logra a partir de bases de datos cruzadas que tiene el Ministerio de Capital Humano con otras áreas administrativas como la ANSES, el ARCA y el RENAPER. También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se espera que en el mediano plazo se pueda lograr una sinergia con los municipios. La plataforma también facilita la derivación directa de beneficiarios a otros organismos, como Sedronar para casos de consumo problemático, o RENAPER para trámites de documentación, agilizando la gestión y el seguimiento de cada caso.
En Capital Humano marcan que la plataforma incorpora la visualización de datos en tiempo real de centros comunitarios, comedores, centros de formación profesional y de primera infancia, incluyendo presupuestos, rendiciones, actividades y nóminas de asistentes.
A estos centros se les va a proporcionar un aplicativo en los próximos meses para que puedan completar sus propios datos sin necesidad de que sean los inspectores nacionales quienes tengan que obligarlos, aunque seguirá el proceso de seguimiento de visitas espontáneas cada dos meses. “Esto facilita el relevamiento digital y la actualización de datos, incluso en territorios sin conectividad con georreferenciación”, marcan.
En Capital Humano afirman que una de las prestaciones que se va a beneficiar por la implementación del SISOC será el sistema de vouchers, ya que permite administrar prestaciones específicas, como el acceso de niños y adolescentes a actividades extracurriculares mediante tarjetas que se utilizan en centros adheridos de la comunidad, quienes serán seguidos por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
El acceso a SISOC está restringido a los roles y permisos definidos, garantizando la protección de los datos personales conforme a la ley. Los centros comunitarios y otras instituciones pueden acceder solo a la información propia y cargar datos de sus beneficiarios, pero el sistema no es de acceso público.
En cuanto a la auditoría y control, se implementan dos modalidades: presencial, de manera sorpresiva cada dos meses, y virtual, mediante llamadas aleatorias a los centros para verificar la actividad y la asistencia. Esto permite detectar inconsistencias, como la presencia simultánea de una persona en más de un centro, y tomar medidas correctivas.
El diseño y la implementación de SISOC constituyeron un desafío tecnológico y cultural, realizado con recursos propios de la Secretaría y sin licitaciones externas. El equipo técnico, compuesto por personal interno, fue capacitado y trabajó en conjunto con los usuarios finales para garantizar la pertinencia y funcionalidad del sistema. Lepera remarcó el cambio cultural que implica la sistematización y digitalización de la gestión social, tanto para los beneficiarios y centros como para el personal interno.
“No hicimos estas implementaciones solo por nuestra cuenta. Fue un abordaje colaborativo, con escucha activa de los responsables de los centros y la articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales”, afirmó Lepera.
La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado con la colaboración de diecisiete provincias mediante la aplicación de campo del SISOC, lo que permitió la carga y disponibilidad de datos en tiempo real. Los resultados de este informe serán revelados en cuestión de días.
El Gobierno nacional designó a las autoridades de los institutos Sanmartiniano y de Investigaciones Históricas Eva Perón.
Con respecto a este último, el Ejecutivo nombró como titular a un arquitecto que en agosto de 2025 había ejercido el cargo de manera transitoria. A partir de una designación que se publicó esta madrugada en Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó a Juan Martín Repetto frente al organismo que se encarga de la difusión de la figura de Eva Perón en la historia argentina. Se trata de un espacio desconcentrado de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, también conocido como Museo Evita.
Mediante el decreto 232/2026 se estableció que Repetto estará en el cargo por un período de 2 años -tal como lo indica la normativa que le dio orígen al organismo-, realizando tareas “ad honórem”. La elección responde a la propuesta elevada por la Secretaría de Cultura tras la elección de una terna por la Asamblea de los Miembros de Número del Instituto, conforme lo establece el artículo 12 del decreto original, el 1113/98.
Repetto estuvo frente a la Presidencia de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, pero en 2018 presentó su renuncia manifestando “razones estrictamente personales”, también fue director nacional de Patrimonio y Museos de 2002 a 2003; y en agosto del año pasado la resolución 285/2025 lo designó con carácter transitorio y “ad honórem” por el término de180 frente al Instituto Eva Perón.
Unos meses antes, el Gobierno habia anunciado el cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. El vocero presidencial en aquel entonces, hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo hizo público en la habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada argumentando que se trataba de “una carga presupuestaria injustificada”.
El espación ubicado en calle Lafinur 2988 de la Ciudad de Buenos Aires, “será dirigido, administrado y representado por una Comisión Directiva compuesta por un Presidente, entre otras autoridades”, argumentó el texto.
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Cultura consideró que Repetto reúne los antecedentes y condiciones necesarias para ocupar el cargo, en tanto la designación se realizó a partir de las facultades conferidas por la Constitución Nacional, y de acuerdo a la normativa vigente. Se trata del primer y único instituto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina dedicado exclusivamente a profundizar el conocimiento histórico sobre la vida y el legado de una mujer que fue líder política en el país.
En paralelo, a través del decreto 231/2026, el Instituto Nacional Sanmartiniano, también dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, contará con un nuevo presidente.
La designación del doctor Hernán Federico Cornut, también “ad honórem”, será por un período de tres años y se formalizó a partir de la propuesta del Consejo Superior del instituto, la intervención de la Secretaría de Cultura y el asesoramiento jurídico correspondiente.
Tal como detalla el sitio web de la cartera de Cultura, este espacio “tiene como finalidad investigar y difundir la vida, obra y pensamiento del Libertador General José de San Martín». Fue creado por la Ley Nº 15.538, el 5 de abril de 1933 por el doctor José Pacífico Otero. El nombramiento de Cornut responde a la necesidad de cubrir la vacante en la presidencia del instituto, tras el procedimiento habitual de selección de candidatos y evaluación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Se trata de un Coronel Mayor, egresado del Colegio Militar de la Nación en 1982 como subteniente del arma de infantería, quien en junio de 2024 fue condecorado con las Palmas Sanmartinianas, una máxima distinción otorgada por el organismo, “en reconocimiento a su destacada acción sanmartiniana”. Además recibió la Medalla de las Naciones Unidas – misión UNPROFOR – Croacia 1994; la Medalla del Pacificador del ejército brasilero y la Pluma académica de la Escuela Superior de Guerra, en el año 2006.
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El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, pidió ampliar las acusaciones contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y contra el resto de los miembros de la cúpula de la organización futbolística, que están acusados de evasión y retención indebida de aportes de la seguridad social.
El fiscal argumentó que, a la hora de procesar a Tapia, no se consideraron los ingresos por “patrocinio oficial” en los embargos trabados.
El fiscal presentó un recurso de apelación contra los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante el 30 de marzo pasado para agravar la acusación.
Si bien el juez de primera instancia dispuso el procesamiento y embargo de bienes de la AFA y de Tapia, Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, el fiscal advirtió que el fallo calculó el perjuicio económico muy por debajo de la realidad.
El centro del reclamo de la fiscalía radica en lo que técnicamente se denomina el “subconcepto 551” del Impuesto 353. Allí aparecen los montos percibidos por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en concepto de “patrocinio oficial con fines publicitarios”.
Según la acusación, la AFA actuaba como agente de retención en el marco del Decreto 510/23, un régimen especial diseñado para el fútbol profesional.
La normativa establece que de esos ingresos brutos por sponsoreo se debe aplicar una alícuota del 7,5% destinada a cancelar las obligaciones de la seguridad social de los clubes (aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares de futbolistas, médicos y empleados).
La Justicia investiga la omisión de depósito en tiempo y forma de estas sumas millonarias retenidas.
Sin embargo, al momento de dictar los procesamientos y fijar los embargos, el juez excluyó de la cuenta los fondos provenientes de estos sponsors, al argumentar interpretaciones técnicas sobre la figura de la “autorretención”.
Para el fiscal Navas Rial, esta decisión judicial representa una ofensa “grave, inminente e irreparable” y constituye un análisis fragmentado que beneficia a los acusados.
La fiscalía sostuvo que esta exclusión no se trata simplemente de “bajar el monto”, sino de una “reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”.
Navas Rial argumentó que los fondos retenidos por patrocinio nunca fueron patrimonio de la AFA, sino que pertenecían a los clubes afiliados para cumplir con sus cargas previsionales.
Con este recurso, el fiscal buscó que la Cámara de Apelaciones corrija esta situación.
El pedido solicitó que se amplíe el procesamiento y se adecuen los montos de los embargos ordenados contra Tapia, Toviggino, Blanco, Malaspina y Lorenzo para que reflejen la “totalidad del perjuicio irrogado a la Administración Pública”.
De avanzar esta apelación, las medidas cautelares sobre el patrimonio de los dirigentes podrían aumentar significativamente.
El fiscal advirtió que el concepto de los sponsors excluidos, en cada período investigado, el de “mayor volumen” económico.
En caso de un revés, el fiscal ya dejó planteada la reserva para llevar el caso hasta la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.
Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados y embargados por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales.
La decisión fue adoptada por el juez Amarante, que los procesó el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.
Esta agravante hace que la pena mínima prevista en caso de una condena no sea excarcelable y que, como máximo, pueda llegar hasta los 50 años de prisión.
Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19.000 millones de pesos. El juez había indagado a los dirigentes deportivos entre el 11 y 12 de marzo pasados.
Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.
no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
“No hicimos nada ilegal ni inmoral”: dos funcionarios de Economía hablaron sobre los créditos que tomaron del Banco Nación
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), hablaron este jueves sobre la polémica alrededor del otorgamiento de créditos hipotecarios en el Banco Nación y rechazaron haber tenido privilegios para obtener los préstamos.
“Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino, que sea apto crédito, a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, enfatizó Núñez en su primera mención pública sobre la controversia.
En ese contexto, Núñez explicó que tanto él como Furiase recurrieron al Banco Nación para tomar sus respectivos préstamos porque ambos cobran su sueldo ahí y son clientes del banco. “Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el BNA y uno de ellos es el crédito hipotecario”, señaló.
En ese sentido, Núñez rechazó haber recibido una tasa subsidiada o preferencial, y subrayó que se inclinó por la entidad pública para tomar el crédito por su ventaja competitiva.
“Nuestras familias se están endeudando a 30 años para comprar una casa y elegimos la tasa más competitiva del mercado. Por eso es que el BNA está dando 9 de 10 créditos hipotecarios, por eso es que dio 27.000 créditos hipotecarios. Los funcionarios fueron solamente menos del 0,2% de la cantidad que se dio”, señaló el director del BICE.
Furiase sostuvo que él sacó un crédito para una segunda vivienda, “a una tasa incluso más alta”. Así, el funcionario buscó desmentir las versiones periodísticas que aseguraron que el funcionario había tomado el crédito para comprar una tercera propiedad.
Leé también: Caputo habló de los funcionarios que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación: “No hay nada ilegal”
La aclaración se produjo en el programa “Las Tres Anclas” que los dos integrantes del equipo económico tienen en el canal de streaming oficialista Carajo.
Tanto Núñez como Furiase aparecían en la lista de funcionarios públicos y legisladores que tenían créditos hipotecarios en el Banco Nación, lo cual desató especulaciones sobre si había habido algún tipo de discrecionalidad en la entrega de los elevados préstamos.
La defensa del Gobierno a los créditos del Banco Nación
De acuerdo a los registros, la deuda inicial de Núñez es de $373.000.000 (alrededor de USD 315.000) desde febrero de 2025; mientras que Furiase posee un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.
Sin embargo, tanto Javier Milei Luis Caputo salieron a defender a sus funcionarios y sostuvieron que no existió irregularidad alguna en el proceso.
“Los tomaron por recomendación mía”, reveló Caputo, quien además remarcó que “no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral” alrededor de los créditos. “Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, dijo el funcionario esta semana en entrevista con LN+.
Banco Nación
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