El candidato opositor de la UOM Zárate-Campana, Angel Derosso, denunció que dos desconocidos entraron este lunes en la sede de su agrupación en actitud intimidatoria (uno de ellos con un arma de fuego), golpearon a un activista con una llave inglesa y les advirtieron que “bajen la lista” que compitió contra Abel Furlán, el titular de esa seccional, en las elecciones de principios de marzo.

El dirigente, que encabezó la única lista opositora e impugnó la votación ante la Justicia por presuntas irregularidades, relató que cerca del mediodía de este lunes dos jóvenes ingresaron repentinamente a la sede de su agrupación, Azucena Villaflor, en Campana, donde él y otros dirigentes estaban reunidos. Uno de los agresores portaba un revólver y llevaba un casco de moto que le cubría el rostro, mientras que el otro, a cara descubierta, llevaba una llave inglesa a manera de arma.

Según Derosso, luego de que identificaron a uno de los presentes, uno de los atacantes le pegó en una rodilla con la llave inglesa mientras lo amenazó: “Bajen la lista; si no, va a ser peor”. En ese momento, uno de los activistas de la lista opositora logró escaparse, lo que provocó que los agresores se retiraran precipitadamente tras permanecer en el lugar entre 5 y 10 minutos. Antes de irse, les advirtieron: “No llamen a la policía”.

El agredido sufrió un edema en la rodilla producto del golpe, aunque su estado no reviste gravedad.

En diálogo con Infobae, Derosso apuntó directamente a la interna gremial como causa del ataque y acusó a Furlán como su “responsable directo” y explicó que el hecho responde a la escalada de tensión por las impugnaciones a la elección en la UOM Zárate-Campana y al congreso metalúrgico nacional del 18 de marzo pasado.

El sindicalista aseguró que ya se hicieron las correspondientes denuncias policiales por el episodio y que las lesiones que sufrió el otro miembro de su agrupación fueron constatadas por médicos del Hospital Municipal San José, ubicado en Campana.

Derosso reveló que el clima de amenazas motivó que un integrante de la agrupación Azucena Villaflor hiciera el 26 de marzo una presentación ante la Justicia debido a la sospecha de “actos de violencia física” en contra de él y de otros miembros de la lista opositora a Furlán.

Tras esa presentación judicial, la fiscalía de Campana dispuso custodia policial para 2 de los integrantes de la agrupación, incluyendo al dirigente agredido en el episodio de este lunes. “Ya nos habíamos enterado que iba a pasar algo de esto“, señaló Derosso.

Por su parte, allegados a Furlán dijeron que “no tienen conocimiento” del hecho intimidatorio sufrido por sus rivales y al ser consultados sobre la acusación de Derosso contra el líder del sindicato metalúrgico enfatizaron: “Es mentira. No podemos desmentir algo que no existió”.

El 17 de marzo pasado, tras tras la denuncia por presuntas irregularidades en los comicios de la seccional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la proclamación y toma de posesión de las autoridades electas en la UOM Zárate-Campana y pospuso la elección de la conducción del sindicato a nivel nacional en el congreso metalúrgico, que se hizo igual en abierto desafío al fallo de la Justicia y en el que Furlán logró la reelección como secretario general del gremio con el voto del 80% de los 270 delegados presentes.

En su sentencia, los jueces de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo María Dora González y Víctor Arturo Pesino se pronunciaron ante una presentación de la oposición a Furlán en la Seccional Zárate-Campana, que denunció irregularidades en el acto electoral y solicitó la suspensión del proceso, así como la nulidad absoluta de los comicios.

Mientras, el Gobierno decidió que no intervendrá en el conflicto desatado en la UOM luego de que Furlán realizó el congreso para elegir autoridades nacionales sin acatar la suspensión ordenada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Según fuentes oficiales, la Secretaría de Trabajo no cederá ante las presiones de los opositores a Furlán para que se declare la acefalía de la UOM ni ante la intención del líder metalúrgico de que le extiendan el certificado de autoridades para darle legitimidad a su designación.

En el entorno de Julio Cordero, el titular de Trabajo, consideran que el conflicto en la UOM nacional está judicializado y por eso decidieron esperar una decisión de los magistrados laborales en un sentido o en otro antes de dictar alguna resolución acerca de la validez del congreso nacional de los metalúrgicos.

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Mientras las cámaras del Congreso terminan de conformar sus últimas comisiones —el ámbito por el que transitan las discusiones parlamentarias—, las miradas se concentran en la Cámara de Diputados, que avanza hacia el cierre del mapa legislativo que ordenará el tratamiento de los proyectos durante el año.

En paralelo a la definición de la Comisión Bicameral de Inteligencia —un espacio clave para el control de los organismos del sector—, el oficialismo y la oposición ya distribuyeron la mayor parte de las comisiones permanentes.

A pesar de que aún restan definiciones, La Libertad Avanza ya controla 20 comisiones en Diputados, incluidas áreas estratégicas como Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Defensa y Relaciones Exteriores. Agregando este martes Previsión y Seguridad Social, que quedó a cargo del diputado Pablo Ansaloni.

En los últimos días se designó a Lilia Lemoine al frente de Juicio Político y a Guillermo Montenegro en Libertad de Expresión.

Otras comisiones quedaron en manos de aliados de la oposición dialoguista: Minería será presidida por Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), cercana al gobernador Raúl Jalil; Industria por José Luis Garrido (Por Santa Cruz), del espacio del mandatario Claudio Vidal.

El PRO, en tanto, conducirá Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con Martín Yeza; Agricultura y Ganadería, con Martín Ardohain; y Educación, con Alicia Fregonese.

Unión por la Patria encabezará 14 comisiones y recuperó esta semana la presidencia de Mercosur, tras la salida del ahora libertario Damián Arabia, que asumió en Comunicaciones e Informática, quedando a cargo de la presidencia el porteño Eduardo Valdés. Mientras que Horacio Pietragala asumió en Derechos Humanos y Garantías.

El interbloque Provincias Unidas, que lidera Gisela Scaglia, también tendrá conducción en áreas como Asuntos Municipales, con la cordobesa Carolina Basualdo, y Transporte, con el radical jujeño Jorge Rizzotti.

Las comisiones que faltan

Este miércoles se terminarán de conformar las comisiones restantes: Familia, Niñez y Juventudes y Seguridad Interior.

Se trata de áreas sensibles para el debate parlamentario, vinculadas a derechos civiles, políticas sociales y seguridad.

Con estas definiciones, quedará completo el mapa de comisiones de Diputados, el circuito institucional por el que deben pasar todos los proyectos antes de llegar al recinto.

La bicameral que define el destino de los DNU

Aún resta, además, definir la integración de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, un cuerpo clave dentro del funcionamiento del Congreso.

Este órgano es el encargado de analizar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que dicta el Poder Ejecutivo, una herramienta que permite al Gobierno legislar en situaciones excepcionales.

La comisión fue presidida hasta diciembre por el desarrollista Óscar Zago y su nueva conformación será determinante para el tratamiento de los decretos que emita la gestión de Javier Milei.

Con el cierre de estas designaciones, el Congreso terminará de definir su engranaje legislativo, una estructura clave para el desarrollo de la agenda política en los próximos meses.

Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y las Actividades de Inteligencia, Sebastián Pareja, Karina Milei

Pasaron dos años desde la última vez en que las organizaciones sociales realizaron cortes en rutas de todo el país. Ayer volvió a suceder. ¿La razón? El Gobierno eliminó el plan “Volver al Trabajo”, una asistencia de 78 mil pesos por mes que cobraban cerca de un millón de personas. En el proceso de “reconvertir el plan en trabajo”, esa cantidad de gente no pudo ingresar al mercado laboral.

El total de la asistencia representa 680 millones de dólares al año. Los cortes de ruta se sintieron —y con fuerza— en Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, además de los accesos a la Capital Federal. Para dimensionar el impacto del recorte, en Chaco cobraban ese “salario” 47 mil personas (ayer se abonó el último pago), lo que implica más de 3 mil millones de pesos que saldrán de la economía.

“Ahora nos miran a nosotros, pero ese impacto en la economía lo van a sentir los gobernadores”, argumentó Eduardo Belliboni (Polo Obrero) ante la consulta de Infobae. El ajuste y la caída de la actividad económica son hoy los principales problemas que enfrenta la gestión de Javier Milei, más allá de los ruidos políticos y judiciales de funcionarios clave.

Ante esa caída fiscal, el ministro del Interior, Diego Santilli, se apresuró a llamar a gobernadores aliados para adelantar fondos y permitirles cerrar sus cuentas. Los frentes salariales están abiertos en prácticamente todas las provincias. Según el registro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 18 provincias aún no hubo acuerdo en paritarias de planta permanente. Además, otras 17 no cerraron paritaria docente, 15 tampoco con el sector de la salud y 10 con las fuerzas de seguridad.

Las transferencias automáticas cayeron un 8,1% y el consumo no encuentra piso. Un ejemplo ilustra la situación: un empresario gastronómico de la zona norte del conurbano bonaerense relató a este cronista que tiene dos restaurantes bajo la misma marca, uno en una zona de clase media ajustada y otro en una de clase media alta. “El primero cayó un 40% interanual y perdí plata por primera vez en 20 años, sin contar la pandemia. El segundo no da abasto por reservas realizadas”. Dos países que conviven.

El martes, mientras los mandatarios provinciales se sacaban la foto en Casa Rosada con Santilli para llevarse fondos frescos, en despachos cercanos se seguía el minuto a minuto del escándalo de Manuel Adorni. Además de nuevos préstamos que aparecieron en las últimas horas —los detalles, ya que lo general sí fue mencionado en su declaración jurada—, esta mañana se presentará ante el fiscal Gerardo Pollicita la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Según pudo saber Infobae, esta mujer, que conoce a Adorni desde hace más de 25 años, lo hará con documentos para certificar que su trabajo fue realizado correctamente. También presentará los préstamos de quienes le vendieron las propiedades al ahora funcionario. La pregunta clave será conocer los plazos establecidos para la devolución de 200 mil dólares y si estos son acordes al flujo de ingresos del jefe de Gabinete.

El jueves deberán presentarse Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito en el que vive Adorni y le prestaron 200.000 dólares. Para el lunes fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, quienes le facilitaron 85.000 y 15.000 dólares, respectivamente.

También resulta interesante observar el accionar judicial. El juez que lleva esta causa es Ariel Lijo. Otra investigación sensible para el Poder Ejecutivo, la de los créditos del Banco Nación a funcionarios, también recayó en Lijo. Dos meses atrás, el 11 de febrero, tras un año de subrogancia, el juez Sebastián Casanello dejó la investigación por ANDIS. La causa pasó a manos de… Ariel Lijo. El juez federal tiene mucho por hacer.

El problema político que se suma es la falta de un vocero sólido para defender al Gobierno en un momento de tensión social. Manuel Adorni sabía hacerlo como ningún otro. Controlaba lo discursivo en medio del desorden. Eso ya es pasado. Por eso, algunos intentan convencer —hasta ahora sin éxito— a Karina Milei de que es momento de soltarlo.

“Estamos perdiendo tiempo. No salimos de esa agenda y se suman otros temas que nos obligan a estar a la defensiva. Ni hablar de la imposibilidad de dar entrevistas. ¿Qué hacemos cuando lo imputen?”, planteó un funcionario con despacho en Casa Rosada.

Balcarce 50 es hoy el epicentro de las noticias y de las internas, más allá del acto de censura al quitar acreditaciones a periodistas. Al igual que en 2012, cuando Jorge Lanata impulsó la campaña “Queremos preguntar”, 14 años después la consigna vuelve a resonar.

Esa sucesión de malas noticias llevó al Presidente a redoblar la apuesta y afirmar que “no odiamos suficiente a los periodistas”. Para llevar esa idea a la acción, el informe sobre supuestos pagos de la inteligencia rusa a periodistas para desprestigiar a su Gobierno fue tomado como una oportunidad por el oficialismo, que pasó a denunciar “traición a la patria” por parte de algunos medios de comunicación.

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