En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria, la Cámara de Diputados vuelve hoy a ser escenario de una doble apuesta política. El Gobierno buscará aprobar un nuevo régimen penal juvenil −cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años− y, en el mismo trámite, ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Desde un palco del recinto, sigue de cerca la sesión Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe. Será recibida por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Junto a ella se encontraban otros familiares de víctimas de inseguridad.

El recinto se abrió pasadas las 11 y se esperan alrededor de 10 horas de debate en total. Habrá 29 cuestiones de privilegio divididas en dos tandas. La sesión inició con la jura del diputado cordobés, Juan Schiaretti. El nuevo nuevo régimen penal juvenil se votaría cerca de las 20; el acuerdo comercial, dos horas después.

Si consigue la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley. Pero, en Diputados, la aritmética juega a favor de la Casa Rosada.

Se espera que el oficialismo reúna el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sume apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con ese esquema, los números alcanzarían para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El movimiento más significativo, sin embargo, se dará dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse con un dictamen propio. El massismo también propone fijar en 14 años el piso de imputabilidad, pero sostiene que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial.

Ramiro Gutiérrez (UP), el renovador que impulsó una propuesta alternativa, planteó que es necesario modificar el artículo 34 del Código Penal para establecer de manera expresa que los menores de 14 años no serán punibles. “Solo así esta ley tendrá destino. Si no, será judicializada”, advirtió. También consideró clave incorporar medidas cautelares que permitan al juez intervenir “desde el momento cero en que se comete un delito”.

Si bien el PJ podría rechazar la reforma en general, parte del massismo acompañaría el artículo específico que establece la nueva edad mínima. En la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, en tanto, referentes del Frente Renovador podrían alinearse con el oficialismo, junto a legisladores del PJ de provincias agrícolas y ganaderas.

Provincias Unidas acompañaría ambos temas en general, pero también mostrará fisuras en particular. El santafesino Pablo Farías objetó la propuesta oficial por no ser precisa al definir la forma de financiar la ampliación de los penales para alojar, en módulos separados de los adultos, a los nuevos reclusos juveniles.

El proyecto fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El régimen entraría en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Como miembro informante del proyecto, Laura Rodríguez Machado (LLA) destacó que hubo un debate “nutrido” y agradeció la participación del bloque de Unión por la Patria. “Celebro tremendamente que las diferencias de concepto o de ideología se diriman con votos, afirmó.

Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque de UP, reconoció que “fue un debate rico” y sostuvo que el proceso “valió la pena”. Sin embargo, marcó diferencias de fondo. A su juicio, el proyecto “no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni del abordaje a través de los clubes”. También cuestionó la redacción presupuestaria: “Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles”. Y concluyó que el presupuesto previsto es “deficiente”.

Una vez tratado el régimen penal juvenil, el oficialismo buscará ratificar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que contempla una reducción recíproca de aranceles, principalmente para productos agrícolas del Mercosur y productos industriales de la UE.

Según pudo saber , la Casa Rosada apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque en ratificar el tratado. La estrategia combina urgencia política y señal internacional, pese a que el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se expida sobre su validez. Ese pedido es uno de los argumentos que esgrimirá la oposición más dura para cuestionar el tratamiento, junto con la crítica al modo en que se discutió el texto en el Congreso, al que califican de “poco serio”.

La aceleración oficial también responde a un dato externo: el acuerdo ya avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país después del Carnaval. En ese tablero regional, el Gobierno quiere mostrarse en punta.

Al menos 54 de los 71 detenidos por los disturbios registrados ayer en la movilización convocada contra la reforma laboral fueron liberados. Según informaron fuentes oficiales a , 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.

Los 14 que continúan detenidos por la policía porteña se reparten entre 10 hombres en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo.

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, identificó a cuatro manifestantes que participaron de los disturbios y avisó que la Policías los irá a buscar. “Quisieron desestabilizar el país”, denunció la sucesora de Patricia Bullrich en un mensaje por redes sociales en el que mostró los rostros de los agresores.

La ministra acusó a Matías Enzó Roldán, Federico Mazzagalli, Patricio Castellán y Denis Alejandro Figueroa.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad “está tomando declaraciones” por videollamada y, “en la medida en que no tengan antecedentes, serán liberados”, indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Por su parte, Nación había detenido a 51 personas: 24 manifestantes en el Congreso y 27 en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización. Estos últimos operativos se justificaron en órdenes de captura e infracciones a la ley de drogas. Los involucrados aún se encuentran en proceso de identificación. “Hay uno de los que tiró una molotov”, advirtió una fuente del Ministerio de Seguridad conducido por Alejandra Monteoliva, en diálogo con .

Los incidentes entre un grupo de manifestantes de izquierda y las fuerzas de seguridad desarmaron casi por completo la movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) a media tarde. Los principales focos de tensión se concentraron entre las 15.30 y las 16.30, cuando algunos manifestantes derribaron vallas y lanzaron bombas molotov, mientras la Policía respondió con carros hidrantes, gas lacrimógeno y balas de goma. Hacia las 19, un último barrido policial dispersó a los grupos que permanecían en la zona.

Monteoliva, responsable de los operativos de seguridad de Nación, identificó esta mañana en A24 a los “grupos violentos” presentes en la movilización con la “izquierda combativa” que, según indicó, son “los que tenían las bombas molotov”, y “los barrabravas unidos”.

Explicó que ayer se formalizó la denuncia, en la que se reunieron imágenes para pedir la identificación y clasificar las “tipologías”: “Un personaje que viene y adentro de su mochila tiene un bidoncito de nafta y una bomba molotov, está claro que no viene a expresar disconformidad por nada. Viene a atentar contra la institucionalidad”. “Van a desestabilizar”, sintetizó. Consideró que “no son manifestantes contra ninguna reforma” dado que “si hay algo que no saben es de trabajar”.

Informó, además, que 12 policías resultaron heridos -siete de las fuerzas federales y cinco de Ciudad-, pero que están “todos estables y fuera de peligro”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo en redes que “quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas” y el ministro del Interior, Diego Santilli, que “no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados”.

La jefa del bloque libertario en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió durante los disturbios: “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”.

En tanto, el presidente Javier Milei publicó: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan… MAGA. Fin”.

El diputado nacional Juan Grabois estuvo presente en la marcha y luego en Suárez 2050, el Centro de Admisión y Derivación. Allí sostuvo que “la mayoría” de los detenidos se movilizaron “pacíficamente” y expresó que se trata de “la forma que tiene esta repugnante derecha inhumana de tapar el crimen social que están cometiendo”.