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Piqueteros protestaron por la disolución del fondo fiduciario vinculado a Grabois

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“Señor ministro [Luis] Caputo, acá le traemos un poco de lo que vivimos cada día en los barrios”, exclamó Lila Calderón, referente del barrio obrero de Cipoletti, megáfono en mano y antes de que otros dirigentes sociales arrojaran dos tachos con desechos de color negro sobre la puerta del Ministerio de Economía.

Fue el cierre de la protesta de la Mesa Nacional de Barrios Populares contra la disolución definitiva, vía decreto presidencial, del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), puesto en marcha durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre la base de la ley de Barrios Populares (27.453, aprobada en 2018) con el objetivo inicial de garantizar el acceso a servicios básicos (luz, agua, cloacas) en los 6467 barrios populares del país, unas cinco millones de personas.

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En un acto que duró poco más de media hora, sin figuras de la política ni del Congreso, y al que asistieron miembros de movimientos sociales como Barrios de Pie, la CCC, el Movimiento Evita, además de las dos CTA y ATE, los manifestantes denunciaron que la paralización de las obras genera desocupación en los barrios, y exigieron la restitución del fondo, cerrado por el Gobierno con acusaciones de mal manejo de fondos públicos, demoras y corrupción. Su último titular, Sebastián Pareja, presidente y armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, negó esas acusaciones y hasta elogió la gestión de Fernanda Miño, referente de Juan Grabois y quien condujo el programa durante el último gobierno kirchnerista.

“El Poder Ejecutivo no puede, por decreto, eliminar una política pública votada con amplia mayoría en el Congreso, sin asegurar una respuesta alternativa a las miles de familias que, hoy mismo, están viendo cómo el agua entra en sus casas”, afirmaron en un comunicado desde la mesa, que integran la Iglesia a través de Cáritas, la organización Techo y la UTEP, que lidera el dirigente de Patria Grande Grabois, jefe político de Miño.

Según publicó el año pasado, y en base a fuentes oficiales del sector, desde la creación del fondo y hasta fines de 2023, se realizaron 1278 obras de integración en barrios populares y se alcanzaron 5060 asentamientos con distintos tipos de obras de vivienda. Unas 6517 intervenciones en total, por un monto de $480.611 millones, manejadas por movimientos sociales y municipios. Al llegar el gobierno libertario, y con Sandra Pettovello al mando del Ministerio de Capital Humano, el presupuesto destinado al fondo se redujo al mínimo en 2024, para finalmente disolverlo hace diez días, en un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos.

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“Tenemos miles de despedidos que trabajaban en las cooperativas que se encargaban de poner en marcha el fondo, se quedaron todos sin trabajo porque no hay obra pública”, afirmó a Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, y uno de los pocos dirigentes con visibilidad mediática que se acercaron a la puerta del Ministerio, custodiados todos por unos 70 efectivos de la Policía Federal, la mayoría de ellos cruzando la calle, en la reja que separa la calle Hipólito Yrigoyen de la Casa Rosada.

Sin pisar ni mucho menos cortar la calle –advertidos de la aplicación del protocolo antipiquetes- los manifestantes entregaron un petitorio en la mesa de entradas del ministerio. Allí solicitaron la “publicación detallada y actualizada del estado de los fondos” que se recaudaban del Impuesto PAIS, y que por ley debían derivarse al FISU. También solicitaron un “cronograma de pagos adeudados” y la “definición de un nuevo mecanismo de financiamiento específico”. Repetirían el reclamo un rato más tarde a 200 metros, en la subsecretaría de Hábitat, que encabeza Pareja.

Cada uno de los oradores apuntó sus dardos contra el Gobierno, al que acusaron de “hambreador”, de “odiar a los pobres” y de “chorearse la plata para pagarle al FMI”. Expresaron que pelearán “en la calle” por la restitución del fondo, aunque el decreto presidencial prevé el manejo de lo recaudado a través del Ministerio de Economía.

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En los considerandos del decreto que disuelve el fondo, el Gobierno apuntó a un informe de la Sigen que advirtió “la adjudicación de determinadas obras a cooperativas que no acreditaron fehacientemente antecedentes de especialidad e idoneidad para el cumplimiento de la prestación requerida”. También, “retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos”, además de “falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

Luego de difundir activamente estas irregularidades en los medios, en julio del año pasado el Gobierno postergó una nueva auditoría sobre el FISU y aflojó la presión sobre Grabois. Fue luego de que Pareja calificara como “un ejemplo” la administración del FISU en manos de Miño.

Grabois, que no estuvo este martes en la protesta -decisión táctica de no “mezclar el reclamo con la política”, según comentaron fuentes de la UTEP- defendió siempre la acción y la honestidad de Miño, quien se autodenominó como una “secretaria de Estado villera”.

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“No nos vamos a quedar quietos, aunque nos persigan hasta debajo de la mesa”, exclamó otro de los oradores, antes de la desconcentración, ordenada y en fila.


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Imputaron a exdirigentes de Camioneros por una presunta estafa millonaria y crece la interna sindical

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La Justicia avanzó en la investigación por un presunto fraude millonario dentro del sindicato de Camioneros y formalizó la imputación de dos exdirigentes, en una causa que ya genera fuertes tensiones internas y abre interrogantes sobre el alcance de las responsabilidades.

El expediente, que tramita en Mar del Plata, apunta a una supuesta estafa cercana a los 10 millones de dólares vinculada al funcionamiento del hotel 15 de Diciembre, propiedad del gremio. La denuncia había sido impulsada meses atrás por el propio líder sindical, Hugo Moyano, tras detectar inconsistencias en las cuentas.

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Los imputados son Claudio Balazic y Paulo Villegas, quienes hasta el estallido del escándalo ocupaban cargos clave dentro de la estructura del sindicato como secretario Administrativo y tesorero, respectivamente. Ambos fueron notificados recientemente de la formación de la causa, en una decisión judicial que busca evitar eventuales planteos de nulidad.

Hotel 15 de Diciembre (Mar del Plata).

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La medida coincidió con el inicio de la pericia contable, un paso considerado central para determinar si efectivamente existió un perjuicio económico y cuál fue su magnitud. El estudio estará a cargo de un perito oficial, acompañado por especialistas designados tanto por el gremio como por las defensas.

Según fuentes judiciales, el análisis no tiene un plazo definido y podría derivar en informes conjuntos o separados. Recién una vez finalizado ese trabajo, la Fiscalía estará en condiciones de avanzar con eventuales llamados a indagatoria.

La causa se originó a partir de sospechas de sobreprecios en servicios y gastos operativos dentro del hotel sindical ubicado en Mar del Plata. De acuerdo a la presentación inicial, se habrían detectado irregularidades en contrataciones y en el manejo de fondos destinados a su funcionamiento.

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El avance judicial tuvo impacto inmediato en la interna de Camioneros. Tras la imputación, crecieron las versiones sobre un endurecimiento de las decisiones dentro del gremio y posibles nuevas medidas contra los involucrados. Balazic y Villegas ya habían sido apartados de sus cargos, pero ahora la situación judicial agrega un nuevo nivel de tensión.

Claudio Balazic, exdirigente del Sindicato de Camioneros.

Claudio Balazic, exdirigente del Sindicato de Camioneros.

En paralelo, dentro del sindicato surgieron especulaciones sobre la información que podrían manejar los exdirigentes, especialmente por el rol que ocupaban en la administración de los recursos. Su eventual declaración en la causa es vista como un punto clave para determinar el alcance de las responsabilidades.

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Otro aspecto que generó expectativa es la ampliación de la pericia contable. Por decisión judicial, el análisis no se limitará al hotel, sino que también abarcará cuentas del propio sindicato. Esta medida podría abrir nuevas líneas de investigación en función de los resultados que arroje el informe técnico.

La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata, que interviene por tratarse de hechos ocurridos en esa jurisdicción. No obstante, si surgieran irregularidades que excedan ese ámbito, podría evaluarse la competencia de otros tribunales.

Mientras tanto, el expediente sigue su curso con el foco puesto en la pericia contable, que será determinante para establecer si hubo fraude y quiénes fueron los responsables. En ese contexto, la situación mantiene en alerta a la conducción del gremio y alimenta la incertidumbre sobre su impacto político y sindical.

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El Gobierno oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud

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A un año de que el presidente Javier Milei anunciara la salida de la República Argentina, esta madrugada se oficializó el fin de la participación del país en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según explicaron las autoridades, la medida se tomó con la intención de poder definir políticas sanitarias propias sin la intervención del ente internacional.

Por medio de una publicación en el Boletín Oficial, el director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, asentó los detalles de la renuncia por parte del Gobierno nacional. Así, registró que la fecha de denuncia de este instrumento multilateral fue el 17 de marzo de 2025, mientras que estableció que la relación con la organización terminó por disolverse este martes.

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De la misma manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto recordó que la Nación había adherido a la OMS el 22 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos. No obstante, este tratado no entró en vigencia para el país hasta el 22 de octubre de 1948, día en que se aprobó la Ley N° 13.211.

La decisión de retirarse de la OMS fue anunciada el 5 de febrero de 2025, cuando el jefe de Estado instruyó al ex canciller Gerardo Werthein para tramitar la salida. El motivo de base se debió a las diferencias que el Gobierno nacional profesó respecto a las medidas sanitarias adoptadas por el organismo durante la pandemia por el COVID-19.

El Gobierno argentino criticó la gestión sanitaria de la OMS durante la pandemia (Foto: Franco Fafasuli)

A través de un comunicado, el Gobierno argentino había cuestionado el desempeño de la Organización Mundial de la Salud al acusarla de haber impulsado “cuarentenas eternas sin sustento científico”. Por este motivo, el Poder Ejecutivo consideró que el organismo “falló en su mayor prueba de fuego” al gestionar la crisis sanitaria.

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“La evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia”, apuntaron. De la misma forma, señalaron que el ente internacional presentaría una “inflexibilidad para cambiar su enfoque”, evitaría reconocer errores, “continúa asumiendo competencias que no le corresponden” y afectaría la soberanía de los países.

En línea con esto, propusieron “repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembros”.

Tras cumplirse un año de la ratificación de la salida del país del tratado, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que la misión sería “priorizar la salud de los argentinos y la capacidad del país de definir sus propias políticas sanitarias”.

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En una publicación realizada en la red social X, el titular de la cartera sanitaria retomó los cuestionamientos hacia la OMS al asegurar que durante años “avanzó con una agenda marcada por sesgos ideológicos, alejándose de la evidencia y promoviendo políticas que tuvieron consecuencias profundas”. Así, apuntó que “las cuarentenas eternas son el ejemplo más claro de un enfoque que priorizó la política por sobre la ciencia”.

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Ante los cuestionamientos por esta medida, el ministro de Salud afirmó que “la Argentina no recibe financiamiento de la OMS y esta medida no afecta la calidad del sistema sanitario”. Y subrayó que esta nueva vía adoptada “permite implementar políticas propias y administrar los recursos con criterios acordes a la realidad del país”.

Finalmente, Lugones concluyó: “Seguimos cooperando en salud con países y organizaciones que respetan nuestra soberanía y se basan en evidencia científica. Las decisiones en la Argentina las tomamos los argentinos”.

En línea con esto, la Argentina reforzó los lazos de colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que contemplaría la participación activa en la compra conjunta de medicamentos de alto costo y consolida el acceso a vacunas para millones de habitantes de América Latina.

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Mario Lugones anunció la formalización de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, una decisión soberana encomendada por el Presidente Javier Milei. (X)

Hasta el momento, el Fondo Rotatorio de la OPS, herramienta central de cooperación regional, ha operado durante más de cuarenta años, garantizando vacunas a precios competitivos y asegurando la distribución para más de 170 millones de personas en América Latina y el Caribe.

La reciente extensión de estos mecanismos incluyó productos farmacéuticos de alto costo como tratamientos oncológicos y medicamentos para enfermedades crónicas. Esta ampliación fue producto de la última reunión entre el director de la OPS, Jarbas Barbosa, Lugones y demás autoridades argentinas, entre ellos, ministros, entes reguladores y representantes de más de cuarenta laboratorios nacionales e internacionales. Allí, se pactaron nuevos cupos de exportación, ampliando la tradicional cartera de compras conjuntas de vacunas a segmentos estratégicos de medicamentos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció una medida que simplifica de manera sustancial los trámites regulatorios dentro del bloque. De esta manera, las autorizaciones serán automáticamente válidas para compras en conjunto dentro de la región.

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Según Barbosa, la consecuencia directa de estas reformas y acuerdos será un incremento significativo del volumen de exportación del país. “Si sumamos la producción de la vacuna PCV 20 y la de influenza —fruto de un acuerdo entre Sinergium y Seqirus—, Argentina va a exportar más de USD 250 millones por año. De ser un país que exportaba muy poco al mercado regional, ahora recibirá divisas que generarán empleos de alta calidad y fortalecerán el desarrollo productivo”, señaló el director de la OPS durante un diálogo con Infobae.

En este sentido, la integración con la OPS, junto a la facilitación regulatoria y el aumento previsto de exportaciones, configuró un escenario en el que la Argentina apuntaría a consolidar su papel como proveedor regional de insumos sanitarios y a fortalecer el entramado científico y tecnológico nacional.

Corporate Events,Europe,Health / Medicine

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De “en tu gestión aumentaban los pobres” a “este modelo no funciona”: el cruce entre Gianni y Zabaleta

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El exintendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, y la concejal de La Matanza por La Libertad Avanza Leila Gianni protagonizaron un duro cruce por la situación económica, durante el debate en A Dos Voces, por TN.

Los dirigentes discutieron sobre el aumento de la pobreza, el cierre de empresas y el rol del Estado en la asistencia social, en medio de críticas al gobierno actual y a la gestión anterior.

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Durante el intercambio, Zabaleta reconoció errores del gobierno anterior y apuntó contra la actual política económica. “Nosotros fracasamos”, afirmó, al referirse a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y agregó que dejaron “111% de inflación”.

Sin embargo, centró sus críticas en la actualidad: “Este modelo económico no funciona”, sostuvo. Según detalló, hay “20.000 empresas que han cerrado y más de 270.000 puestos de trabajo perdidos”.

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También cuestionó la falta de protección del mercado interno: “Un modelo económico concentrado que golpea mucho”, describió, y mencionó señales sociales visibles como más personas en situación de calle y mayor informalidad.

“Estamos viendo un problema económico importante, gente que se queda sin laburo. Y, como decía Horacio Rodríguez Larreta (estuvo antes en una entrevista en el piso), los de Fate no encuentran laburo en la minera todavía, porque no hay desarrollo de trabajo en ese sentido”, dijo.

En relación a su paso por el Ministerio de Desarrollo Social, defendió su gestión y aseguró: “Fui el ministro con más acampes porque me enfrenté a todas esas bandas que venían a porotear planes sociales”, en alusión a las organizaciones sociales.

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Además, criticó las políticas actuales de asistencia: “Cierran un plan social y hablan de un voucher para capacitar para trabajar no sé dónde”, ironizó, y puso como ejemplo la falta de inserción laboral formal.

La respuesta libertaria: críticas a los planes sociales y a los municipios por las tasas

Por su parte, Gianni respondió con dureza y apuntó tanto contra la gestión nacional anterior como contra los gobiernos municipales. En ese sentido, denunció que “en la provincia de Buenos Aires han aumentado en más de un 40% las tasas municipales”, lo que, según dijo, asfixia a comerciantes y pymes.

“Te llenan de tasas, ahogan a los vecinos y también a los empresarios”, afirmó, y sostuvo que eso provoca el cierre de negocios o su traslado a otros distritos.

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En relación a la gestión de Zabaleta, fue aún más directa: “En tu gestión los pobres aumentaban de una forma muy alta”, lanzó, y cuestionó el programa Potenciar Trabajo. Según la concejal, “no pudieron llevar a los argentinos al trabajo formal”.

También denunció irregularidades: “Un gran porcentaje no cumplía con los requisitos, compraban autos 0 kilómetros, dólares o viajaban al exterior”, afirmó. Y le reclamó explicaciones: “Si supiste, contales a los argentinos por qué no denunciaste”.

También participaron del debate Manuel Quintar, Waldo Wolf y el economista Federico Poli.

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El sorpresivo momento durante el debate en el que Juanchi Zabaleta sacó una factura de su bolsillo y apuntó al viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. (Foto: TN).

El sorpresivo intercambio por la “factura” que encendió el final del debate en A Dos Voces

Al final del debate, Zabaleta sacó de su bolsillo una factura. “Esta es la factura que hace Doña María en Hurlingham. Siete lucas la docena. A vos que te gusta ser vocera”, sorprendió el exjefe comunal.

“Me encanta cuando me traen regalitos”, ironizó Gianni.

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Y Zabaleta continuó: “Esta es la factura de Adorni, del viaje que hizo a Punta del Este. Acá yo traje la factura de Doña María, que no vende nada. Me hubiese gustado que trajeras la factura de Adorni».

Juanchi Zabaleta, concejal, La Libertad Avanza, A dos voces

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