El oficialismo abrió la Cámara de Diputados, donde espera sancionar definitivamente la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que busca acotar las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría convertirse en ley esta noche.

Los libertarios reunieron el quorum reglamentario junto con sus aliados de Pro y la UCR, además de los referentes de provincias mineras, como San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca, impulsores de los cambios ambientales.

Hubo, además, presencias claves: los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, aliados al gobernador Martín Llaryora; y los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos a Maximiliano Pullaro. Desde el PJ, se sentaron los tres tucumanos de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo y el puntano Jorge Fernández, aliado al exgobernador Alberto Rodríguez Saá.

La sesión inició con el repudio de la Izquierda y el kirchnerismo a las últimas restricciones que impuso el Gobierno a la prensa en la Casa Rosada y el Congreso. Objetaron el retiro de acreditaciones a algunos medios de prensa tras las revelaciones periodísticas sobre su participación en una operación rusa contra el oficialismo. Pero sus pedidos para sumar proyectos al temario no reunieron los apoyos necesarios. Sumaron entre 125 y 122 avales, lejos de los tres cuartos que exige el reglamento para incorporar expedientes al orden del día.

Tampoco prosperó la solicitud de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, para incorporar al debate tres expedientes sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA. Pidió citar a Karina Milei, secretaria General, y a Manuel Adorni, jefe de Gabinete. También un pedido de informes sobre el rol de Javier Milei antes, durante y después del lanzamiento del activo investigado por la Justicia como una presunta estafa. Su moción reunió 125 apoyos, 116 rechazos y 15 ausencias. Un resultado que quedó lejos de los 181 avales que requería para prosperar.

Este primer bloque estuvo contaminado, además, por las dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni desde que asumió como funcionario de Milei. El jefe de Gabinete está bajo la lupa judicial, que investiga si incurrió en enriquecimiento ilícito. Por caso, hoy testificó frente al fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, la escribana que intervino en la compra de propiedades por parte del matrimonio Adorni: Adriana Nevechenko. Tras su declaración, dijo que “no hubo un préstamo” al jefe de Gabinete para comprar el departamento en Caballito, sobre la calle Miró.

En ese contexto, la diputada Paula Penacca (Unión por la Patria) intentó incorporar al temario una interpelación seguida de una moción de censura contra Adorni, que finalmente fue rechazada.

“Adorni se tiene que esconder como vocero y ahora todos los funcionarios salen a hacer de voceros para intentar explicar lo inexplicable”, lanzó. Y agregó: “No hay manera de justificarlo: esto es corrupción. Una moción de censura es lo mínimo que merece alguien de esta naturaleza”.

No hubo réplicas libertarias. Ningún referente del oficialismo defendió al Presidente y sus funcionarios. En el bloque de La Libertad Avanza (LLA) se acordó ayer que no responderán las críticas de la oposición y se limitarán a gestionar la sesión con un único objetivo: salir del recinto con una nueva ley de glaciares.

El debate de glaciares durará alrededor de 11 horas. Durante la reunión de labor parlamentaria donde participaron los jefes de los diferentes bloques políticos de la Cámara baja, se acordó que la discusión tendrá 50 oradores individuales con cinco minutos para exponer. Los homenajes y las cuestiones de privilegio serán acotadas y estarán repartidas a lo largo de la tarde. Para que haya acuerdo sobre la hoja de ruta de la sesión, el oficialismo cedió oradores a la oposición. “Ellos se llevan los discursos, nosotros la ley”, resumieron a .

De acuerdo con un sondeo informal realizado por este medio, el oficialismo reuniría más de 130 votos para sancionar la reforma que permitiría reducir áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras.

La disputa, no obstante, continuará fuera del Congreso. Organizaciones socioambientales anticipan que recurrirán a la Justicia para impugnar los cambios por considerarlos inconstitucionales. Sostienen que la reforma implica un retroceso en materia ambiental y que vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución Nacional para la protección del ambiente.

La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la manera en que llevó adelante la investigación del atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, por el que finalmente fueron condenados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a 10 y 8 años de cárcel, respectivamente.

El kirchnerismo cuestionó a Capuchetti por la manera en que se resguardó el teléfono de Sabag Montiel, cuyos datos no pudieron recuperarse luego de que fue manipulado por la Policía Federal.

Tras una pulseada con el kirchnerismo y en una votación intensa y dividida, la denuncia disciplinaria contra Capuchetti fue desestimada. Y ahora el asunto deberá ser ratificado en el plenario del Consejo de la Magistratura.

Asimismo, el cuerpo llamó a declarar por el artículo 20 del reglamento del cuerpo (una suerte de declaración indagatoria) al juez en lo comercial Hernán Diego Papa, denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El gremio lo acusó de maltrato laboral.

Además, la Comisión de Disciplina envió a la comisión de Acusación -que decide si corresponde o no iniciar juicio político al magistrado- un nuevo expediente contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cohecho, por haber mentido en su curriculum vitae.

Fue la primera reunión del año de la comisión que preside el abogado kirchnerista César Grau. Allí estuvieron los consejeros jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones y Agustina Díaz Cordero; los consejeros senadores Eduardo Vischi, Luis Juez, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; y el consejero académico Hugo Galderisi.

Además, participaron los diputados del kirchnerismo y consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y la académica Fernanda Vázquez.

Con un temario de más de una veintena de expedientes, la comisión de Disciplina decidió en primer lugar aprobar por unanimidad la citación al juez Papa, denunciado por presunto abuso de autoridad, amenazas, agresión física y maltrato laboral cotidiano por el gremio judicial.

El artículo 20 implica la notificación y citación al magistrado denunciado para que haga su descargo frente a las pruebas reunidas. Y luego, con la abstención de Recalde, se aprobó remitir a la comisión de Acusación el expediente que investiga a Salmain por no haber declarado que había sido cesanteado del Poder Judicial por un sumario donde se lo acusó de haber ofrecido una coima a una empleada de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que una denuncia fuera remitida al juzgado donde trabajaba como empleado.

Se trata de la denuncia que impulsó en julio de 2025 Horacio Rosatti, doble presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia.

Salmain ya está siendo investigado por la Comisión de Acusación y fue procesado con prisión preventiva por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato. Está sospechado de haber llevado adelante una maniobra judicial para beneficiar a un grupo financiero mediante el dictado de medidas cautelares irregulares para la compra de dólares. Un empresario arrepentido denunció que le pidió a cambio, junto a un escribano que actuó de intermediario, 200 mil dólares de coima.

Pero al debate que más se abocó la comisión, durante unas dos horas, fue al pedido del juez consejero Barroetaveña para cerrar la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que impulsaron diputados kirchneristas.

La acusaron de haber sido deficiente en la conservación del teléfono de Sabag Montiel, momentos después de haber sido detenido por intentar matar a Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

El planteo se generó cuando la comisión ya había impulsado medidas de prueba y luego de que tanto la defensa de Capuchetti como los diputados del Frente de Todos pidieran, coincidentemente, incorporar al sumario un informe técnico de la Gendarmería Nacional sobre la supuesta activación del celular luego del arresto de Sabag Montiel.

Ese estudio señalaba que el aparato estaba en el shopping Abasto cuando debía estar secuestrado en poder de la Policía. Barroetaveña aseguró que esas medidas no eran necesarias porque no había motivos para mantener abierto el expediente.

“Señores consejeros y consejeras, estas prácticas de ampliar denuncias derivan de hechos supuestamente nuevos pero que en realidad no son nuevos. Más que un efecto procesal lo que se busca es un efecto político fuera del ámbito que es un expediente disciplinario. Se repiten varias cosas en esta denuncia, pero estos supuestos hechos nuevos son parte de los hechos denunciados e investigados. Están disconformes con el contenido de esta resolución y dicen que ahora son nuevos hechos, pero se trata de los mismos hechos”, dijo Barroetaveña, cerrando filas con su colega.

Abundó: “Este expediente ya está sumamente demorado, varias veces nos reunimos acá y siempre apareció alguna excusa. O no hubo quórum, o no se trató o se pidió una ampliación como ahora. Seguir el curso de esta ampliación de denuncia, señores y señoras, es prestarse a la maniobra de dilación. Es evidente lo que se busca: hacer un tema de sanción permanente a la jueza Capuchetti que se vale de declaración de dudosa procedencia y nulo valor epistémico cuya recepción se pretende convertir en una regla procesal”.

Lo cruzó el kirchnerista Tailhade y aseguró que era la propia jueza la que estaba pidiendo incorporar al expediente el nuevo peritaje, pero Barroetaveña lo intimó: “Pato o gallareta, se vota hoy”. Y agregó que cuando se postuló para ser consejero, llegó con la idea de que no haya “jueces corruptos”, pero tampoco “jueces perseguidos injustamente” en el tiempo.

“Hay que tener carita, hay que tener exceso de calcio en la carita, para decir que estamos persiguiendo una jueza. ¿Con dos votos piojosos que tenemos vamos a perseguir a una jueza? Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impune… Por eso están acá tirando la desestimación como si se tratara de que le negaron la excarcelación a alguien cuando estamos hablando del intento de asesinato de la máxime dirigente política de este país. Si estamos averiguando qué pasó con el teléfono, hay que aprobar lo que pide la defensa y pedir una actualización de la causa sobre qué pasó con ese peritaje”, insistió Tahilade.

Los jueces Provítola y Lugones, junto a Díaz Cordero, insistieron en que la investigación tenía que cerrarse. Y los kirchneristas Siley, Fernández Sagasti y Recalde insistieron en cuestionar a la jueza y en subrayar la gravedad del atentado sufrido contra Cristina Kirchner.

El senador Luis Juez se sumó a rechazar la desestimación tras subrayar que detestaba las actitudes corporativas y asegurar que debería ser la propia Capuchetti la que debería estar queriendo completar la investigación para limpiar su buen nombre y honor.

Con el voto de los consejeros jueces, el senador radical Eduardo Vischi y el académico Galderisi, se aprobó finalmente rechazar la postergación del tema y la desestimación de la denuncia. Tanto este como el resto de los temas resueltos serán elevados al plenario del cuerpo para ser analizados y votados allí.