Las condiciones que le impone el FMI al Gobierno, para el acuerdo que se conoció el viernes, aportan un ingrediente novedoso a la campaña electoral. Las reformas fiscales y previsionales que figuran en la nómina de condicionalidades (Proposed Structural Benchmarks) caen después de la renovación legislativa de diciembre: reforma fiscal, diciembre 2025; reforma previsional, diciembre 2026; reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal, también diciembre de 2026.

El Gobierno se hizo la rata cuando se dictó la autorización para acordar mediante un DNU, cuando la ley Guzmán de 2021 (Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda) pedía la sanción de la dos Cámaras. Para cumplir las condicionalidades para los desembolsos, el FMI le pone al Gobierno un cronograma generoso a la espera de que el oficialismo mejore la cantidad de apoyos legislativos.

La autorización para firmar está atada con alambre. El DNU 179/25 obtuvo 129 votos afirmativos -es el límite mínimo para que haya quórum-, 108 negativos y 6 abstenciones. Estas condiciones convierten a las elecciones nacionales del 26 de octubre en un plebiscito sobre el acuerdo con el Fondo.

Es claro que estas condicionalidades son una presión para que el Gobierno abandone su deriva autoritaria. Le reclama, por ejemplo, que en septiembre próximo presente el proyecto de presupuesto 2026. El sueño del mandón autoritario es gobernar sin que nadie lo controle. La idea de que el Gobierno de Milei administre sin una Corte fuerte, que limite sus extravagancias jurídicas, y una AGN unipersonal es una fantasía autoritaria que tienta a cualquier libertario.

Va en línea con el proyecto que comparte el oficialismo con sus númenes del populismo de derechas, no de administrar el Estado sino de desarmar la estructura burocrática y los sistemas de financiamiento, salud, justicia, educativos, científicos, las agencias ambientales, la meteorología, el aparato diplomático. «La destrucción es parte del ciclo», imagina Steve Bannon, que tiene el manual del trumpista perfecto que quiere emular el mileísmo.

Estas travesuras conservadoras prosperan en gobiernos de minorías que acceden al poder por disfuncionalidad de las democracias imperfectas. En América Latina, heredera del imperio español, el despotismo ilustrado ha sido el mecanismo de construcción institucional.

Son países nacidos a la independencia por decisiones del poder, mediante una organización de una élite que heredó el compromiso de los más ilustrados de construir los países según formatos elaborados en gabinetes. Esa corriente civilizadora desde arriba sobre la barbarie de abajo generó los gobiernos de minorías hábiles para la captura del poder, pero sin capacidad de encontrar las herramientas para, después, gobernar con eficacia.

Rodrigo Valdés, director del FMI para el hemisferio occidental, se lamentó hace unos días esa condición. «Somos una región -dijo en la conferencia del BID- con sistemas presidenciales muy diferentes a los de otras partes, con presidentes que llegan al poder con un mandato que no cumplen debido a que tienen una minoría en el Congreso».

Sin mencionar a la Argentina ni a Milei, el funcionario del Fondo describió una debilidad parlamentaria coherente con lo que sucede en el país. La respuesta a ese enigma es sencilla, aunque odiosa para los déspotas ilustrados: un gobierno sin mayoría de votos ni respaldo legislativo ni territorial no debe gobernar en una democracia. Los gobiernos de minoría en la Argentina del siglo XXI han estado condenados al fracaso, como antes, en el siglo XX, los gobiernos nacidos de golpes militares.

El Gobierno llegó hasta acá con el apoyo de los bloques de la oposición amigable, que le permitieron superar las discapacidades de origen. La oposición del peronismo seguramente alzará la consigna del No al FMI para descalificar ese plebiscito informal sobre el acuerdo que intentará levantar el oficialismo.

Tanto el Gobierno como la oposición peronista confían en que mejorará la cantidad de apoyos legislativos. Pero el nuevo capítulo es un desafío al oficialismo porque lo fuerza a desarrollar alguna forma de pactismo, imprescindible para avanzar en las reformas que pide el Fondo. Para esto no tiene ni doctrina ni legado.

La gestión Milei se montó sobre la consigna de los populismos de la derecha radical: buscar la contradicción con el adversario. Tampoco tiene doctrina el peronismo, que gobernó desde 2003 dos décadas -con la excepción del ciclo Macri- con los mismos lemas del populismo radical de izquierda que sintetizaron Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, para mencionar una referencia libresca.

Ninguno de los dos polos aceptó las ofertas de negociación de la otra parte. En 2009 Cristina de Kirchner, golpeada por una derrota electoral, llamó a una mesa que duró menos que un pelado en la nieve. Esa convocatoria insincera fracasó pese a que los perdedores fueron a la reunión en la que los recibió el entonces ministro del Interior Florencio Randazzo.

En 2020, gobernando la Argentina con Alberto Fernández, llamó a otro acuerdo para afrontar esa obsesión que ronda en su discurso sobre la economía bimonetaria. Su gobierno no hizo nada y recrudeció la confrontación con la oposición.

En febrero de 2024, asumido ya Javier Milei, Cristina propuso un pliego de acuerdos que el nuevo gobierno también descartó. Lo bautizó el día de San Valentín (14 de febrero de 2024) y llamó por primera vez a acordar reformas fiscales, de salud, previsionales y laborales (documento “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”).

El veneno criollo de la intransigencia es un estimulante tóxico para ganar en el corto plazo, pero impide las alianzas que son la médula de la tarea política.

El descabezamiento de las fuerzas y partidos, que tienen liderazgos y jefaturas débiles y enfrentadas, agrega un ingrediente tóxico por la balcanización de intereses. Sin jefes, las tribus no pueden construir estrategias que identifiquen métodos y objetivos comunes. En este debate el PRO, la Libertad Avanza, la UCR y los demás bloques son una suma de intereses y objetivos particulares. Ninguno de los jefes formales, fueran Milei, Macri o Lousteau expresan al conjunto que formalmente les toca conducir. Las decisiones colectivas terminan marcando derroteros difíciles de controlar.

Una ley no escrita dice que en tiempos electorales nunca les conviene a los oficialismos que el Congreso esté abierto. Lo prueba la sucesión de derrotas del mileísmo en las dos cámaras (Suprema Corte, pesquisas CriptoGate, etc.). Los licuación de los liderazgos, un signo de los tiempos y no sólo en la Argentina, afecta a las autoridades del Congreso.

Martín Menem y Victoria Villarruel ejercen la presidencia de las Cámaras en representación de minorías y por el favor institucional de los bloques que las integran. Los dos son responsables de haber convocado a las sesiones que demolieron las chances de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla, y que encendieron los faroles sobre la responsabilidad de la cúpula del Ejecutivo en la promoción de un negocio con monedas virtuales.

Disparada la pelea electoral, que todo lo resetea, más le convenía dormir las sesiones en donde los bloques que de onda le dieron al mileísmo el control de las Cámaras, encuentran razones para revisar los acuerdos que ungieron a Villarruel y a Menem.

A esa revisión de los pactos respondió la actitud del peronismo del Senado, cuando Bartolo Abdala amagó con impedir la sesión por la Corte a último momento. José Mayans le advirtió que, si firmaba ese decreto, lo destituían del cargo como al fugitivo Kueider.

Al mismo rango de sinceridad obedecen las ocho derrotas del oficialismo en Diputados: le clavaron el quórum para sesionar por el CriptoGate y lo derrotaron en siete votaciones para indagar sobre la cripto. Perdió 128 a 93 en la creación de la Comisión Investigadora; 131 a 96 en la interpelación a funcionarios; 135 a 84 en pedidos de informe al Ejecutivo; 105 a 80 para juzgar al peronismo por su tratamiento en la peste Covid (intento del bullrichista Fernando Iglesias); 141 a 64 en pedido de informes sobre obras públicas; 126 a 70 en el emplazamiento para proyectos de discapacidad; 125 a 77 sobre reforma de jubilaciones. Una derrota más y ya no entraban.

Con este ánimo el Gobierno enfrenta el miércoles la visita del jefe de Gabinete para el informe bimensual. Se expone a un debate ante pocos legisladores, por la semana corta y porque algunos bloques han avisado que no irán. Los que vayan van a montar un juicio en presencia por el acuerdo con el FMI, que al Gobierno no le conviene.

Para evitar tumultos en el recinto le han recomendado a Martín Menem que suspenda la cita a Francos. Puede dar por cumplido el informe por escrito y dejar que Francos junto a los demás funcionarios comparezcan ante el Congreso el próximo 22 de abril.

Un reguero de pólvora atrae la atención ante la noticia de que el Banco Central vendió USD 400 millones el viernes, antes de anunciar por sorpresa el acuerdo con el FMI. Se preguntan algunos por qué ese día no se dispuso un feriado cambiario para impedir que algún avisado hiciera un negocio antes de este round devaluatorio.

Donald Trump al menos tuvo la gentileza de tuitear, antes de suspender el arancelazo cósmico, el aviso a inversores: «Es un gran momento para comprar». Algo parecido a lo que Milei tuiteó sobre el lanzamiento de Libra. Un vocero de Trump explicó: «Es responsabilidad del presidente de Estados Unidos tranquilizar a los mercados y a los estadounidenses sobre su seguridad económica frente al incesante alarmismo de los medios».

Un grupo de legisladores del partido Demócrata de los EE.UU. anunció una querella por presunto uso de información privilegiada. La senadora Elizabeth Warren y el diputado Chuck Schumer pidieron ya que la SEC (Securities and Exchange Commission) decida si hubo delito o no.

Al día siguiente de la interpelación a los funcionarios del Gobierno debe comenzar a trabajar la Comisión Investigadora; este martes 16 quedará formalizadas su trajinada integración. El oficialismo promovió una movilización de los amigos para controlar su funcionamiento, siguiendo un instinto natural de defensa ante un caso ya incontrolable.

El argumento es que Libra es un asunto que no le interesa a la opinión pública. Con ese argumento pampa, la cúpula de la cámara apeló al recurso cristinista de 2022 de dividir los bloques en el Senado para aumentar la representación en el Consejo de la Magistratura. Esta vez la multiplicación de los panes y los peces dividió representaciones en bloques, tanto en el oficialismo en Diputados, como en la UCR, el PRO, el MID y aun en Unión por Todos y la izquierda.

La Suprema Corte ya descalificó esas maniobras cuando Luis Juez apeló el ardid de 2022 de Cristina en el Senado, que dejaba afuera de la Magistratura a Luis Juez, del PRO. «La realización de acciones -dictaminó el tribunal- que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático». Le dio la razón a Juez.

La intención del Gobierno es apartar al peronismo del control de la comisión, cuanto más que quede empatada y que su tarea de 120 días no empañe la campaña electoral. El 23 de agosto debe presentarse el informe final. El 27 de ese mismo mes comenzará formalmente la campaña electoral para el 26 de octubre.

Aunque el oficialismo y sus amigos del PRO y la UCR le pongan cámara lenta a la tarea, esa comisión producirá información todos los días desde el 23 de abril. La comisión enviará oficio a las partes involucradas, a la Justicia argentina y de otros países. Esos oficios, y las respectivas respuestas, construirán la narrativa del caso. Se sabe cómo arrancan estas pesquisas, pero nadie puede prever cómo terminan.