POLITICA
Plomo en Río Negro: La Corte le da la espalda a Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por la Secretaría de Minería y despejó el camino para que el expediente por la contaminación con plomo en San Antonio Oeste avance finalmente hacia una sentencia definitiva. El fallo del máximo tribunal representa un fuerte revés para el Estado Nacional y revalida la competencia federal en una causa que se ha convertido en emblema de la lucha socioambiental en la Patagonia.
Con esta decisión, la causa volverá al Juzgado Federal de Viedma, que deberá expedirse sobre el reclamo central de los vecinos: la remediación total de los suelos contaminados con plomo y metales pesados en las zonas de “La Estanciera” y “El Autódromo”, entre otras.
La demanda fue impulsada por la Multisectorial por la Problemática del Plomo en marzo de 2018, mediante una acción de amparo contra el Estado Nacional, para exigir el reinicio y finalización de las obras de limpieza que habían sido paralizadas. Si bien en un primer momento se otorgaron medidas cautelares, las tareas comenzaron recién en 2022 y de manera parcial.
El expediente vivió numerosos vaivenes judiciales. En 2022, el juez subrogante Hugo Greca rechazó el amparo alegando que la cuestión ya había sido tratada por la justicia provincial. Sin embargo, la Cámara Federal de General Roca revocó esa decisión y reafirmó la responsabilidad del Estado Nacional en el proceso, hecho que fue ratificado ahora por la Corte Suprema al rechazar los intentos de Nación por archivar la causa.
Desde la Multisectorial celebraron el fallo y advirtieron que la contaminación continúa representando un riesgo severo para la salud pública, especialmente para niños y niñas. A través de un comunicado, recordaron que durante los últimos años debieron resistir intentos de urbanización en terrenos contaminados, así como la explotación ilegal de una cantera dentro de la zona crítica.
“La limpieza total no es una promesa, es una urgencia sanitaria. Lo mínimo que exigimos es que se garantice el derecho a vivir en un ambiente sano”, señalaron. También remarcaron el respaldo del Ministerio Público Fiscal y de la Asesora de Menores e Incapaces, quienes han acompañado el reclamo vecinal.
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POLITICA
La encrucijada del PRO en el 2026: resolver el conflicto con LLA o apuntar a ser una alternativa electoral en 2027
El 2025 del PRO estuvo marcado por su sociedad con La Libertad Avanza, aunque no siempre fue una relación fluida. Pese a apoyar desde el primer momento al Gobierno de Javier Milei, la convivencia con los dirigentes libertarios no fue nada fácil.
Y esas diferencias se potenciaron en las últimas semanas de diciembre, con desplantes públicos luego de una polémica sesión en Diputados, donde el PRO denunció un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo por cargos en la Auditoría General de la Nación. Este último capítulo llevó al límite al vínculo: “Dejamos de ser aliados”, sentenciaron en el bloque que conduce Cristian Ritondo a este medio.
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Ya pasados unos días, el foco comienza a estar más en lo que viene que en lo que pasó. La encrucijada es retomar el dañado vínculo con los libertarios o profundizar su independencia política.
“Fue muy duro lo que pasó en el Congreso, fue un claro retroceso en la relación”, indicó a este medio un referente del PRO bonaerense. Aunque aclaró: “No es tan fácil cortar lazos, tenemos al Colo (Diego Santilli), nuestro candidato, como ministro”.
El caso es que en la provincia de Buenos Aires hay un escenario más claro que a nivel nacional: si no es juntos, no se puede. Ya lo experimentaron en las últimas elecciones legislativas nacionales y apuntan a repetir la fórmula en el 2027. Allí, el PRO busca que Santilli sea el candidato a Gobernador en la alianza con LLA.
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Sucede también que la receta bonaerense no aplica necesariamente al resto del país. “Hoy estamos medio en un limbo”, afirmó un histórico del PRO, con buena relación con los distintos sectores internos. A nivel nacional, hay distintas miradas. “Todavía hay malestar con los libertarios, pero nadie va a pegar el portazo. La relación se rompió con lo de AGN, pero nosotros vamos a defender el cambio del país, por encima de todo”, remarcó. De momento, no hubo reuniones internas.
La sensación puertas adentro del PRO es que “está todo roto”. “Les va a costar un montón volver de esto”, señalan respecto de sus eventuales socios libertarios.
No es la primera vez que hay cortocircuitos entre el Gobierno y uno de sus socios más cercanos, pero la repetición y el destrato público molestó por demás al PRO. “Ahora vamos a acompañar las cosas que coincidimos y las que no, nos vamos a poner firmes para hacer escuchar nuestra postura”, aseguraron. “Y vamos a dejar de darles quorum”, advirtieron.
“Es una constante: terminan descartando a quienes estamos dispuestos a acompañar y construir, para priorizar acuerdos con el peronismo, al que consideran el verdadero actor del poder”, reclamaron en las filas del partido fundado por Mauricio Macri.
Y se acentúan las sospechas de pactos subterráneos -y no tanto- con el kirchnerismo. “En el fondo, es la lógica de la política que admiran y a la que aspiran pertenecer: una política dura, cerrada, donde el pragmatismo extremo pasa por encima de cualquier compromiso previo o vocación de cambio”, chicanearon.
El balance público de los referentes
“Desde el primer día acompañamos a este gobierno en todo aquello en lo que creímos correcto. Nunca en la historia política argentina un partido apoyó tanto a un presidente de otro signo político como lo hizo todo el PRO y el presidente Macri. El PRO nació para cambiar la Argentina. Y ese compromiso sigue intacto”, manifestó Cristian Ritondo a través de su cuenta de X.
En la misma línea, explicó: “El cambio que defendemos no es cualquier cambio. Es un cambio inteligente, sustentable, de fondo, cuidando las instituciones, con reglas claras y con respeto por la Constitución. Por eso, cerramos el año defendiendo esos valores, incluso cuando eso implica marcar límites, como lo hicimos a la hora de denunciar la inconstitucionalidad del nombramiento de los miembros de la AGN”.
Y en el final, Ritondo dejó un mensaje para propios y ajenos: “El 2026 me va a encontrar trabajando por un PRO presente en todo el país, firme y coherente con los valores que defendemos hace tantos años. Espero que ese camino lo transitemos juntos. Porque el cambio es una batalla infinita».
Por su parte, María Eugenia Vidal afirmó: “Decidí no ser parte del acuerdo del PRO con LLA en la Ciudad porque estoy convencida de que no hace falta pintarse de violeta para apoyar los cambios positivos que haga el Presidente”, aseguró María Eugenia Vidal en un descargo publicado en sus redes sociales. En sus redes sociales, agregó: “Es mucho más necesario construir una alternativa nacional al Gobierno para que el kirchnerismo no vuelva a gobernar, vuelvan las inversiones, se genere empleo y la próxima elección no sea tan dramática”.
Y también cerró con un mensaje para el PRO pero también para los libertarios: “Estoy convencida de que Argentina solo puede ser un país viable si tenemos más de una fuerza competitiva para hacerle frente al populismo. Cuando dos opciones modernas, en sintonía con el resto de los países del mundo, lleguen a una segunda vuelta presidencial, es cuando vamos a ser un país serio de una vez por todas. Ese es el rol que yo veo para el PRO y por el que voy a seguir trabajando”.
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POLITICA
Allanamientos en la AFA: hallaron un contrato de exclusividad con una empresa vinculada a Javier Faroni
La Justicia federal secuestró este martes un contrato clave entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral Javier Faroni, durante allanamientos en la sede de la calle Viamonte y el predio de Ezeiza.
El documento otorgaba a dicha firma la exclusividad para gestionar cobros y pagos de la entidad en el exterior a cambio de una comisión del 30%. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC, en el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares y lavado de activos.
La documentación indica que TourProdEnter LLC funcionaba como agente exclusivo para canalizar los ingresos y egresos de la AFA fuera del país, un esquema que los investigadores analizan para reconstruir la “ruta del dinero”.
La hipótesis fiscal sostiene que fondos institucionales legítimos, como los derivados de derechos de televisación, eran desviados hacia cuentas en Estados Unidos y luego dispersados en sociedades radicadas en Florida. En este entramado, la justicia investiga si se utilizaron prestanombres con “perfiles económicos incompatibles” con los montos administrados para ocultar a los beneficiarios finales.
En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de las sociedades vinculadas. Esta medida permite el acceso a registros bancarios tanto en Argentina como en el exterior para determinar el alcance del circuito financiero asociado a la financiera Sur Finanzas.
Según el dictamen, esta estructura habría concentrado funciones de patrocinio y administración de pagos de diversos clubes, generando una red de difícil trazabilidad donde la AFA cumplía un rol funcional como deudor cedido.
La causa sumó tensión en las últimas horas cuando Javier Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery mientras intentaba abordar un vuelo hacia Uruguay. El empresario no pudo salir del país debido a una restricción vigente dispuesta por el juez Armella.
Durante los operativos, que también incluyeron el domicilio de Faroni en Nordelta, se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación contable para profundizar el análisis de la operatoria comercial entre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y la firma investigada.
Ante el avance judicial, la AFA emitió un comunicado defendiendo la legalidad del vínculo con TourProdEnter LLC, asegurando que el acuerdo “fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones”.
Sin embargo, la Justicia continúa con el peritaje de los contratos y la información bancaria internacional para establecer si el esquema de comisiones y transferencias al exterior constituyó un delito de lavado de activos. El expediente se mantiene abierto y no se descartan nuevas derivaciones de alcance internacional dada la naturaleza de las cuentas involucradas.
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POLITICA
Santa Cruz: cobrarán el 50% del sueldo los jueces nombrados por Vidal y resistidos por el kirchnerismo
EL CALAFATE.- La crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz no tiene fin: los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia nombrados en septiembre pasado a propuesta del gobernador Claudio Vidal nunca cobraron su sueldo por decisión de los jueces afines al kirchnerismo que se oponen a la ampliación de la Corte. Ante este conflicto sin solución, la Cámara de Diputados dispuso que se les abone el 50% de sus salarios hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad sobre la reforma de la ley.
El texto del proyecto aprobado remarca que, al no existir aún cosa juzgada sobre la situación de la ley, corresponde garantizar el pago parcial de los haberes, teniendo en cuenta el carácter alimentario del salario. La norma también prevé dos escenarios futuros: en caso de que la ley sea declarada constitucional -con sentencia firme-, el gasto generado por estos pagos será imputado de manera definitiva al Presupuesto 2026 del Poder Judicial. En caso contrario, si se declara su inconstitucionalidad, el pago se suspenderá automáticamente y el Estado provincial quedará habilitado a recuperar los fondos abonados.
“La verdad que la justicia de la provincia de Santa Cruz no deja de ser un sector más de la política opositora”, afirmó ayer el gobernador Vidal ante la resistencia del Poder Judicial de pagar el sueldo de los vocales nombrados por su gobierno en el tribunal.
En declaraciones a la prensa, Vidal se refirió al reciente pronunciamiento de la Corte Suprema que, ante un planteo de dos de los vocales que no estaban cobrando sus sueldos, declaró nulo lo actuado por la presidenta del cuerpo, Reneé Fernández. “La Corte Suprema de Justicia ya le pegó un tirón de oreja y le respondió rápidamente, ¿no? Creo que todos se dieron cuenta de que hay una decisión firme de que en la provincia de Santa Cruz la Justicia no siga haciendo lo que quiere», afirmó Vidal.
Desde agosto pasado, el Poder Judicial se encuentra en medio de un terremoto político, envuelto en internas palaciegas. Se debe a la resistencia interna a la reforma de la ley -impulsada por el oficialismo provincial- que llevó de cinco a nueve los miembros del TSJ, reforma que fue aprobada por mayoría en la Legislatura con la negativa de los diputados opositores, quienes promovieron, junto al gremio judicial, medidas cautelares que desembocaron en un complejo laberinto jurídico.
Tras la aprobación de la ley, el gobierno de Vidal avanzó con las ternas y la Legislatura aprobó los pliegos de los cuatro nuevos vocales del TSJ. Entre septiembre y octubre juraron en los cargos el exgobernador Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Juan Lucio Ramón De la Vega. Desde un primer momento quedó expuesto el conflicto: cuatro de los cinco vocales se ausentaron a la jura de los nuevos magistrados y el acto solo fue presidido por el entonces Presidente del cuerpo, Daniel Mariani.
Después, esos cuatro vocales removieron a Mariani de la presidencia, ordenaron desconocer todo lo que había hecho él y nombraron en su lugar a Reneé Fernández. Desde entonces, conviven dos tribunales paralelos porque los nuevos miembros no fueron reconocidos como tales y un amparo presentado por el gremio de los empleados judiciales pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley que amplió la Corte.
En este contexto, el TSJ dispuso no pagar los sueldos a los nuevos jueces y los vocales Acevedo y González Nora plantearon un recurso extraordinario federal que fue rechazado con la firma de un solo miembro del cuerpo, la jueza Reneé Fernández. Los afectados se presentaron entonces en queja ante la Corte Suprema de Justicia, quien declaró la nulidad de lo actuado por la jueza Fernández, presidenta del cuerpo.
El mismo día que la Corte declaró inexistente el fallo por haber sido dictado por una sola jueza, el TSJ, con la firma de los vocales afines al kirchnerismo, declaró la inconstitucionalidad de la ley que elevó de cinco a nueve el número de los miembros que componen el máximo tribunal, fallo que fue apelado por la Fiscalía de Estado, el mismo día.
El fallo firmado por Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, Fernández, y la subrogante Romina Saúl, argumenta -entre otros puntos- que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos. La decisión incluye la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluidas la designación y jura de los nuevos vocales, impulsados por el actual gobierno, quienes ya están en funciones desde septiembre.
En este laberinto de fallos y presentaciones judiciales, la Legislatura aprobó por mayoría, en la sesión extraordinaria realizada el pasado 24 de diciembre, un proyecto que habilita el pago del 50 por ciento de los haberes a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia designados. La iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Nieto y autoriza al Ministerio de Economía a liquidar y abonar de manera inmediata la mitad del salario de los cuatro vocales, quienes hasta hoy no percibieron ningún tipo de remuneración.
Ayer, Vidal volvió a cuestionar la calidad al Poder Judicial. “Tiene que otorgar un servicio de justicia como corresponde y realmente ajustándose a lo que marca la Constitución Provincial. Acá, durante años hicieron lo que quisieron. Hoy tienen miedo, tienen terror de perder al último bastión”, afirmó.
Se refirió además al Poder Judicial como “ese bastión que sigue protegiendo al sector político”. Y afirmó: “Convengamos que hubo mucho robo en la provincia de Santa Cruz y que la justicia fue cómplice”.
La diputada Adriana Nieto, uno de los alfiles judiciales del gobierno provincial en la Legislatura, autora del proyecto aprobado por mayoría, calificó a la situación de una “grave anomalía institucional, sin precedente”. Dijo: “Un vocal suspendió y privó de su sueldo a otro vocal. A eso se le sumó que ninguno de los cuatro vocales fueron citados a juicio ni notificados de estas medidas judiciales que los afectaba de manera directa”.
Durante su exposición en el recinto, la diputada Nieto advirtió que se produjo una clara vulneración de derechos. Indicó que se trata de personas que renunciaron a sus trabajos anteriores para asumir en el Tribunal Superior de Justicia y que, desde entonces, se encuentran sin ingresos. Los cargos a los que renunciaron los cuatro vocales para asumir al máximo tribunal fueron: una banca de diputado nacional, un juzgado de primera instancia, una secretaría en el juzgado federal y una banca en la fiscalía de Estado.
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