El Consejo de la Magistratura hizo saber hoy que no aprobará a libro cerrado el proyecto de la Corte Suprema para reformar del sistema de selección de jueces, pese a que los autores de esa iniciativa -los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- esperaban que fuera tratada con celeridad y aprobada sin cambios sustanciales.

La decisión se expresó en una reunión conjunta que celebraron este jueves las comisiones de Selección y Reglamentación del Consejo. “Yo no voy a firmar nada a libro cerrado”, dijo el juez Alberto Lugones, presidente de Reglamentación, que abrió la reunión. Cinco minutos después apareció sorpresivamente Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo, que no estaba previsto que participara del encuentro.

Rosatti ratificó que lo enviado por la Corte será “enriquecido” por otros proyectos, nuevos debates y las opiniones de especialistas de distintas ONG que pidieron ser escuchadas. Dijo que había que buscar “consensos”.

Rosatti no firmó el proyecto, elaborado por los otros dos ministros de la Corte, si bien participó del acto de presentación de la iniciativa, la semana pasada. Según dijeron en su entorno, no lo firmó porque integra también el Consejo.

Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron saber que esperaban que su proyecto se aprobara con celeridad. En las últimas semanas, este tema tensionó la relación entre ellos dos y Rosatti, que preside el Consejo por haber sido elegido presidente de la Corte. A punto tal que en una de las vocalías del máximo tribunal dijeron que si Rosatti frenaba el proyecto estaría “deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”.

El proyecto introduce modificaciones en distintas instancias del proceso de selección de jueces con el objetivo declarado de reducir la “discrecionalidad” en la evaluación de los candidatos a magistrados. Aspira a que, por ejemplo, no pueda utilizarse la entrevista personal que los consejeros les toman a los postulantes para beneficiar a algunos y perjudicar a otros sin límites ni criterios objetivos, según dijeron Rosenkrantz y Lorenzetti.

Este jueves, las comisiones de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, y de Reglamentación, presidida por Lugones, se reunieron durante tres horas al cabo de las cuales decidieron no votar el proyecto de reforma y escuchar -probablemente la próxima semana- a organizaciones de la sociedad civil ligadas al derecho para que opinen sobre la iniciativa.

Durante la reunión hubo consejeros que defendieron el sistema de selección vigente y criticaron los cuestionamientos de la Corte. Santiago Viola, viceministro de Justicia, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y hombre cercano a Karina Milei, dijo: “Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente”.

“No hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo”, afirmó. “Siempre es bueno recibir sugerencias de otras partes del derecho, de personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero creo que es algo a trabajar. Veo una ansiedad desmedida con el tratamiento urgente que no se condice con las necesidades específicas del Consejo», afirmó. “El Consejo viene trabajando bien, no veo la urgencia y tampoco veo un problema. Hay gran cantidad de jueces idóneos”, dijo Viola.

Los consejeros que representan a los abogados Jimena de la Torre, cercana al Pro, y César Grau, vinculado al kirchnerismo, plantearon votar la iniciativa tal como vino de la Corte. De la Torre instó incluso a sus colegas para votarlo de inmediato, pero Lugones le dijo que este jueves no se iba a votar nada, sino que se empezaría a analizar. “Una vez aprobado pueden venir las reformas de segunda generación. Dejo sentada mi postura para votarlo hoy mismo”, dijo De la Torre, pero no convenció.

El juez y consejero Diego Barroetaveña salió en defensa del sistema de concursos y remarcó que “todos los jueces y juezas son idóneos y legítimos, y tienen la calidad suficiente”. Sostuvo que “el reglamento vigente no es un enlatado que se compró en cualquier feria”, aunque admitió que es perfectible.

Su colega Lugones sostuvo que “hay varias administraciones del Consejo que eligieron las ternas de candidatos que ahora envió el Poder Ejecutivo al Senado”. Y sostuvo: “No pueden equivocarse todos”. Lugones criticó a quienes dicen que los consejeros “pusieron primero” a un candidato sobre otro tras la entrevista personal. “Por favor, no me vengan con cosas como si no supieran cómo es el juego en todas las instituciones del país”.

La semana pasada, el mismo día que la Corte Suprema presentó su proyecto de reforma del sistema de selección, el Presidente incluyó entre los jueces a los que nombró a Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, que había ascendido al primer lugar de la terna del Consejo que integró gracias a la evaluación que hicieron los consejeros de su entrevista personal, uno de los capítulos del proceso de selección que la Corte dice que hay que reformar para evitar la excesiva “discrecionalidad”.

El diputado nacional Álvaro Gonzalez, consejero por el Pro, se mostró fastidiado y dijo que “porque hubo una iniciativa por parte de la Corte para hacer una sugerencia en el proceso de selección de jueces, no significa que no se haya hecho nada o que está viciado de nulidad”. Y se quejó: “No se puede decir que todo eso es viciado y esto es la cueva del acomodo. No estoy de acuerdo con eso”.

La jueza Alejandra Provítola hizo un raconto de las reformas realizadas y de los proyectos presentados para debatir, y la magistrada Agustina Díaz Cordero defendió el sistema actual. Dijo incluso que fue reconocido por la OCDE en su última reunión, aunque anunció: “Escuchamos las mejoras. Somos los primeros que queremos mejorar”.

Junto con Barroetaveña plantearon limitar la incidencia de las entrevistas personales. “Estamos en la misma sintonía, estamos dispuestos a mejorar el sistema”, dijo.

El académico Guillermo Tamarit sostuvo que hay disposición para mejorar, pero advirtió que “no puede pasar que el Consejo de la Magistratura pierda sus competencias”. Y afirmó: “Es un límite preservar esta institución de la Constitución Nacional y que no pierda sus capacidades legales mediante la reglamentación”.

Alberto Maques, consejero abogado, sin eufemismos y más futbolero, dijo que la propuesta de la Corte no es un disparador para el debate porque decir eso supondría que decir que hasta ahora los consejeros -él incluido- estuvieron “durmiendo la siesta”.

“No me quiero convertir en cómplice de nada que no sea correcto”, señaló, pero sostuvo que hay que desagraviar a los consejeros de la Comisión de Selección y de Reglamento por su trabajo anterior.

“No creo que la preocupación de la gente sea cómo se seleccionan los jueces”, sostuvo y criticó la presentación de este proyecto que se hizo en la Corte. “No me compro una buena iniciativa a libro cerrado”, sostuvo. “No tengo apuro [en aprobarlo].”

En cuanto a los tiempos, Rosenkrantz había dicho, el día de la presentación: “Consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla [la iniciativa de reforma], si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales”.

Rosatti, que solo estuvo unos minutos en la reunión del Consejo de este jueves, dijo que se había presentado para agradecerles a los consejeros el tratamiento que le estaban dando al proyecto y recordó que se trata de “un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras”.

“Quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”, dijo el presidente de la Corte y el Consejo, que aclaró entonces que van a “trabajar también con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y con la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”.

Los otros dos miembros de la Corte no hicieron comentarios ayer sobre lo sucedido en el Consejo.

Apenas unas horas después de la sanción de los cambios en el régimen de protección de glaciares, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó la primera ofensiva judicial contra la nueva ley. Se trata de una acción de amparo colectivo por el que solicita declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reforma, junto con una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país.

La demanda fue presentada ante la Justicia Federal de Santa Rosa y fue firmada de manera conjunta por el gobierno pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú (Fuchad).

Los demandantes sostienen que la ley aprobada esta madrugada por la Cámara de Diputados introduce cambios regresivos en la protección ambiental y vulnera derechos constitucionales.

En el escrito judicial se solicita que se declare la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley Nº 27.804”, al considerar que la reforma “introduce reformas regresivas al régimen de presupuestos mínimos contenido en la ley de glaciares” y lesiona derechos colectivos de raigambre constitucional, como el derecho al ambiente sano y al acceso al agua.

Además, reclaman la suspensión inmediata de la norma hasta que haya una sentencia definitiva. Argumentan que permitir su aplicación mientras se discute su validez podría generar “daños ambientales graves e irreversibles”. Según plantean, la nueva legislación habilita actividades “susceptibles de alterar ecosistemas” y aseguran que eso introduce un riesgo concreto para el ambiente “cuya recomposición podría resultar extremadamente compleja, cuando no directamente imposible”.

Hasta esta madrugada, la ley de glaciares sancionada en 2010 confería una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas. El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) ya inventarió casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.

La nueva ley, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hasta ahora prohibidos.

El eje del planteo judicial es que los cambios vulneran el principio de presupuestos mínimos ambientales previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Para los demandantes, el nuevo esquema rompe el estándar uniforme de protección que debe fijar la Nación.

La demanda sostiene que el estado nacional tiene la obligación de garantizar “un piso uniforme de tutela que de ninguna manera puede quedar librado a determinaciones variables o fragmentarias de cada jurisdicción”, especialmente cuando se trata de bienes ambientales interjurisdiccionales como los sistemas glaciares y las cuencas hídricas.

“La Pampa no posee glaciares en su territorio, pero depende de manera directa de los procesos hidrológicos que se originan en regiones cordilleranas que alimentan, entre otros, la cuenca del río Colorado y otros sistemas históricamente conflictivos para la provincia”, explican los demandantes en el texto.

En ese sentido, el escrito afirma que la reforma configura una regresión normativa, ya que -señala- reduce el nivel de protección establecido por la ley vigente sin una justificación constitucional suficiente.

Otro de los puntos centrales del amparo es la crítica al proceso legislativo que derivó en la sanción de la reforma. Los demandantes sostienen que se violaron los estándares de participación pública previstos en el Acuerdo de Escazú.

Según la presentación, las audiencias públicas convocadas en el Congreso “se configuraron como instancias meramente formales, carentes de toda eficacia real y sustantiva”, pese a que cientos de miles de ciudadanos se inscribieron para participar.