POLITICA
Polémica y denuncias por el contrato de tobilleras electrónicas que se encamina a ganar Montoto, por un precio más alto de lo esperado

Empresas internacionales están dispuestas a acudir a la Justicia por el contrato que está por ganar una firma del empresario Mario Montoto por el servicio de tobilleras electrónicas para presos con prisión domiciliaria, ofensores y víctimas de violencia de género. El contrato abastecería tanto al ministerio de Seguridad como al de Justicia.
En el primer caso, todavía no está disponible para el público la oferta económica que hizo Surely SA, la única confirmada en competencia. En el segundo, la licitación ya se encuentra disponible para adjudicar, por un monto superior a lo que fuentes oficiales transmitieron que se paga actualmente y que se iba a cerrar.
Mientras que las fuentes consultadas reconocieron a un presupuesto estimado de US$15 por día y por tobillera, la propuesta de Surely SA fue por US$20,25, lo que hace ascender al monto a US$110.970.000.
El valor es llamativo frente a los precios internacionales, que fueron consultados con múltiples fuentes del sector. Varios coincidieron en que Colombia o Portugal, por caso, piden servicios similares o incluso más que la Argentina, pero tienen menor precio, cerca de US$5 en el primer caso y €7 en el segundo.
Los cuestionamientos también apuntan a la tecnología de Surely, que es similar a la que ofertaban hace 20 años. Por ejemplo, la tobillera no tiene incorporado un GPS, sino que la tobillera le transmite por radiofrecuencia a un dispositivo símil teléfono, que es el que transmite, a su vez, a la plataforma de monitoreo.
Mientras que avanzan los contratos, por lo menos una empresa de las que hizo consultas para participar, de origen brasileño, planea hacer una denuncia penal y presentó un reclamo en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Se trata de Synergye, que elaboró un documento en el que asegura que existe una “grave situación de irregularidad”.
“Los pliegos de estas dos licitaciones están dirigidos a la empresa que actualmente presta el servicio en el país, Surelly S.A., que pertenece a Mario Montoto, lo que impide la competencia, lo que podemos demostrar”, afirmaron desde la compañía brasileña.
“El precio que el Gobierno paga actualmente a Surelly es el más alto del mundo; ni siquiera en Estados Unidos o Europa se paga tanto por este servicio. Actualmente, el precio promedio en el mercado es de 4 dólares por día de monitoreo, pero en Argentina este precio alcanza los 17,5 dólares. Esto sucede porque en todo el país existe una única empresa que presta este servicio desde el año 2002″, dijeron desde Synergye.
En comunicación con , Daniela Silva, representante de la compañía, cruzó la justificación del Gobierno, transmitida a este medio, sobre que las empresas competidoras hicieron consultas pero no confirmaron sus ofertas por falta de vocación para invertir. En la denuncia en Defensa a la Competencia, añadieron: “Las empresas del sector tampoco pudieron impugnar los pliegos, ya que se impusieron garantías de alto valor para cuestionar las irregularidades. Los pliegos del Ministerio de Justicia establecieron una garantía de US$3.501.720 (tres millones quinientos un mil setecientos veinte dólares estadounidenses) y el Ministerio de Seguridad una garantía correspondiente al 3% del valor de la propuesta adjudicada”. La empresa brasileña presta servicios en Chile, Uruguay, Portugal y Paraguay, entre otros.
Por otro lado, Monica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, presentó un reclamo. Detalló las licitaciones que ganó Montoto en distintas provincias desde 2015, incluidas las de Buenos Aires, CABA, Río Negro y Mendoza. “Se advierte que la empresa Surely S.A. ha resultado recurrentemente adjudicataria en numerosas licitaciones para la provisión de dispositivos de vigilancia electrónica (tobilleras con GPS, botones antipánico, entre otros), presentándose como único oferente. Esta situación genera sospechas fundadas sobre la posible existencia de barreras de entrada, restricciones a la competencia o prácticas exclusorias, que podrían configurar una conducta anticompetitiva», denunció.
Solicitó que, con carácter urgente, se ordene “el cese o la abstención de la conducta restrictiva de la competencia por parte de la empresa Surely S.A., con el fin de evitar que se produzca un daño, o bien para disminuir su magnitud, continuación o agravamiento y se requiera al juez competente la adopción de las medidas cautelares que estime pertinentes, en los términos del artículo 30 inciso f), las cuales deberán ser resueltas en el plazo de un (1) día”.
A su vez, la representación de Geostatis, de origen suizo, que presta servicios en 14 países (entre ellos Arabia Saudita) le dijo a este medio: “Nunca sacaron los requisitos que estaban orientados a ellos, ni siquiera que no se corte con tijera la tobillera. La de Montoto era la única empresa que cumplía con los requisitos que se estaban pidiendo. Uno de los puntos determinantes en la elección era el monitoreo en la Argentina. La única que lo tiene, en los últimos 20 años, es Surely. Aunque le ganes en todo el resto, los puntos que sumabas por la experiencia ya te sacaban de competencia”.
POLITICA
Tucumán: el diputado agredido por un empleado público con un cabezazo pidió investigar el accionar de la policía

La brutal agresión que se registró en Tucumán con el cabezazo que el diputado libertario Federico Pelli recibió por parte de Marcelo “Pichón” Segura continúa sumando capítulos y ahora apuntaron contra el accionar de la Policía de la provincia. La querella presentó un escrito en el que pidieron investigar a los miembros de la fuerza involucrados y sostuvieron que “incumplieron sus deberes”.
En diálogo con La Gaceta, el propio Pelli sostuvo que el caso tomó repercusión producto de su cargo dentro de la Cámara Baja en el bloque de La Libertad Avanza. “Lo triste es que cuando le sucede a la gente a pie queda en la total impunidad. Lo más grave también, que yo vi en el video posterior, porque cuando recibo el ancazo ya pierdo noción de lo que estaba pasando, fue el accionar de la policía”, señaló.
“Realmente eso me pareció insólito. La desidia con la que actuaron me parece un mensaje muy peligroso el que dieron esos agentes de policía. Frente a los poderosos o a gente vinculada al poder hay impunidad y te damos palmaditas para que te retires. Y con el ciudadano de a pie común actuamos con toda la rigurosidad y con toda la brutalidad del mundo o con la mayor severidad”, apuntó.
En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede observar cómo todo comenzó con un breve cruce de palabras, en donde el diputado dijo: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, tras la intención del agresor de no dejar pasar al diputado hacia la mencionada localidad, le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando. Todo esto ante la vista de un grupo de agentes que estaban en la zona.
De acuerdo a lo que señalaron los médicos que atendieron al diputado, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal. Le realizaron una tomografía y detectaron que tiene una fractura del hueso nasal, por lo que quedará en observación, ya que no hay lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Regional de Concepción en diálogo con medios locales.
Según la presentación ante la Justicia, la querella sostuvo que “el personal policial presente no solo no observaron ni ejecutaron las leyes cuyo cumplimiento y observancia debieron cumplir, sino que además, de manera dolosa, no solo omitieron, sino que incumplieron sus deberes”.
“El mismo imputado declaró que pidió ayuda y colaboración al personal policial, quienes en vez de proceder a la inmediata aprehensión del encartado, protegían y acompañaban a Segura en vez de solicitar ayuda o personal médico para que atiendan a la víctima de autos”, agregaron.
En ese sentido, desde el lado de Pelli señalaron que, una vez que se produjo la agresión, el personal policial acompañó y protegió al imputado. Es por eso que piden que se incluya a los agentes y se los impute por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública.
Mientras tanto, el fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía” y le ordenó una prisión preventiva de cuatro meses y su traslado al penal de Benjamín Paz.
Además, la decisión se fundamentó en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.
“Pichón” Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacio. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra, en el año 97′.
A través de sus redes sociales, Segura aseguró que estará ausente durante cuatro meses. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva ‘volveré y seré millones’. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras”, escribió en su publicación.
En la misma cuenta oficial del empleado público se identifica como “tucumano y peronista”. Durante las últimas horas, mientras esperaba que se realizara la audiencia, realizó varias publicaciones asegurando que estaba “más fuerte y más entero que nunca”, y agradeció el apoyo de sus seguidores.
POLITICA
Los detalles de la declaración del piloto del vuelo privado de Adorni a Punta del Este

Este jueves declaró ante la Justicia el piloto del vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este, Agustín Issin. Aseguró que tanto la ida como la vuelta la pagó Marcelo Grandio. Además, contó que tenía una empresa de brokers de vuelos, donde compró un paquete de 10 vuelos por US$42.000, de los cuales le vendió un par a Grandio.
El vuelo a Punta del Este fue facturado a Grandio, a Imhouse S.A., la productora del periodista, a través de la empresa Alpha Centauri. Pagó US$3000 dólares. Adorni deberá demostrar que pagó esos vuelos a Grandio y que no se trató de una dádiva.
Según la declaración, la contratación de los vuelos no apareció como una operación aislada, sino dentro de una relación comercial previa.
El testigo explicó que trabajaba habitualmente con la firma aérea Alpha Centauri S.A., con la que ya tenía acuerdos anteriores para la compra de paquetes de vuelos a Punta del Este. También dijo que Grandio ya había contratado en otras oportunidades sus servicios, aunque aclaró que no era de sus clientes más importantes sino una persona que lo contactaba con cierta frecuencia.
Leé también: El piloto del vuelo de Punta del Este de Adorni aseguró que el viaje lo pagó un periodista de la TV Pública
El broker se refirió a la factura de US$3000 emitida por el tramo de vuelta. Issin sostuvo que ese importe no representaba el valor total original del vuelo, sino el saldo final luego de una reducción acordada. Según explicó, el precio base del regreso era de US$ 4800, pero Grandio pidió que se utilizaran plazas vacías del avión —la llamada “pata vacía” o empty leg— para bajar el costo.
De acuerdo con esa versión, sobre esos US$4.800 se aplicó una quita total de US$1.800: US$1.200 por dos plazas vacías vinculadas al vuelo del 12 de febrero y US$600 por otra plaza vacía correspondiente al tramo del 17 de febrero.
En cuanto a la forma de pago, el testigo diferenció claramente la ida de la vuelta. Respecto del vuelo de ida, declaró que fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante, y que se pagó mediante transferencia bancaria. Sin embargo, no dejó asentado en ese acto el monto exacto efectivamente abonado por ese tramo y dijo que debía verificarlo.
Sobre el vuelo de vuelta, en cambio, fue más preciso: afirmó que los USD3.000 se pagaron en efectivo, a través de un tercero, y que esa entrega fue coordinada por WhatsApp y audios, respecto de los cuales dijo contar con respaldo.
El dato clave es que la factura de la vuelta fue emitida varias semanas después del vuelo. Frente a eso, Issin explicó que no obedeció a una nueva contratación ni a una modificación posterior del servicio, sino a que se encontraba de viaje y recién cuando regresó confeccionó la factura.
También aclaró que la constancia del cobro no habría sido un recibo formal, sino un mensaje enviado informando que el dinero había sido recibido por Whatsapp. Por último, cuando se le preguntó si le constaba que Adorni hubiera viajado con su empresa en alguna otra oportunidad anterior, respondió que no.
Manuel Adorni, Vuelos, Gobierno
POLITICA
Milei se sumó al enfrentamiento por el caso de la argentina detenida en Rio y apuntó contra Alberto Fernández

El gobierno nacional autorizó formalmente a la empresa Latam Airlines a operar la ruta entre San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina, como transporte aéreo de pasajeros y cargas o de forma combinada, por medio de la línea de bandera brasileña TAM. La medida fue oficializada mediante la Disposición 2/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
“Autorizar a la empresa de bandera brasileña, TAM, sucursal argentina, nombre de fantasía Latam Airlines Brasil para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en la ruta San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina y viceversa.
POLITICA1 día ago¡VERGÜENZA NACIONAL! Humillan a la Policía Federal mandándolos a un merendero antes de darles un aumento de sueldo digno
POLITICA2 días ago24 DE MARZO: La historia completa que el relato omitió sobre el golpe de 1976 y el Juicio a las Juntas
POLITICA1 día agoEl Presidente y Karina Milei volvieron a respaldar a Manuel Adorni tras la polémica por sus vuelos










