POLITICA
Polémica y tensión: se descongelan las dietas y los senadores pasarán a cobrar más de $ 9 millones
Tras vencer el decreto firmado en enero por Victoria Villarruel que mantuvo congeladas las dietas comenzó a regir la actualización salarial de los senadores que pasarán a cobrar este mes más de $ 9 millones. La vicepresidenta presionó hasta último momento para prorrogar la medida y evitar otro hecho que tensiona su interna con la Casa Rosada, que la responsabiliza por lo que ocurre en el Senado.
Villarruel se atajó desde un principio anticipando que no podrá interceder en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido a principios de este año, porque al estar dentro del período de sesiones ordinarias, la decisión quedará en mano de los legisladores. Eso es real aunque podría trabar la actualización hasta la próxima sesión ordinaria en la que los senadores sí deberán decidir si se aumentan o no los sueldos.
Tal como ocurrió en la época de Cristina Kirchner, los senadores quieren que la vicepresidenta habilite la actualización para que el costo político lo pague, en este caso, Villarruel. Pero ella está esperando un gesto de los legisladores mientras crece el malestar y la tensión en la Cámara alta.
Villarruel protesta porque los senadores no entienden la baja en la credibilidad institucional que arrastra el Congreso y, en rigor, ella dice sentirse «atada de pies y manos» en esta situación. Está claro que un nuevo escándalo por el aumento de los senadores será aprovechado por sus detractores dentro de la interna oficialista.
Hasta el momento, ninguno de los bloques de la oposición ni los denominados dialoguistas ni los espacios que están dentro del peronismo enviaron una señal a favor de mantener congelados los sueldos. Ni el jefe de La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche la acompaña en esta gestión.
Por eso, la atención está puesta en lo que pueda ocurrir el jueves cuando se reunirá el Senado para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados por Javier Milei para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, hay que aclarar que se trata de una sesión especial convocada sólo para tratar los pliegos de los jueces de la Corte y, en consecuencia, puede ser que no se hable de la actualización salarial y en el mejor de los casos se pida una sesión ordinaria para tratar el tema.
Pero en el Senado no hay clima de que se vaya a prorrogar la actualización de las dietas y son varios los senadores que justifican el aumento de los sueldos. Tal como informó Clarín, sólo dos senadores presentaron una nota pidiendo que no se aplique el aumento: el cordobés José Luis Juez (PRO) y el santacruceño José Carambia. Pero desde lo administrativo es imposible aplicar esa medida y los senadores sólo pueden pedir que se donen sus sueldos.
Hasta marzo, los senadores recibieron en mano reciben $ 5,431.297, ya que la dieta está en $ 4.916.982, pero con los descuentos queda en $ 3.661.184 mientras que la suma por gastos de representación es de $1.770.113.
Pero, la polémica por los sueldos de los senadores estalló cuando en abril del año pasado la fijaron en 2.500 módulos, que es el sistema utilizado para definir la paritaria de los empleados del Congreso, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo. Al actualizarse el salario de los legislativos aumenta automáticamente las dietas de los senadores.
Si bien no recibirán aumentos retroactivos, cuando en mayo cobrarán el sueldo de abril, los legisladores tendrán un sueldo de más de $ 9 millones brutos. Es que recibirán el aumento de 6,6% otorgado en julio y agosto, que no se aplicó al congelarse las dietas hasta el 31 de diciembre.
A ese porcentaje hay que agregarle el 6,13% correspondiente al último acuerdo paritario del primer trimestre de 2024. A todo esto se suma que este año los senadores recibieron en enero el sueldo 13, una suerte de salario anual complementario, que asciende a $2,5 millones.
POLITICA
Quirno se reúne con Marco Rubio para fortalecer la relación y analizar la situación en América Latina
(Desde Washington, Estados Unidos) Pablo Quirno y Marco Rubio se encuentran para fortalecer la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos y analizar la compleja situación en América Latina, atravesada por la crisis política en Venezuela y la permanente ofensiva comercial de China.
La cita diplomática es a las 1530 (hora de Washington) en el Departamento de Estado, y el canciller concurrirá junto al embajador argentino Alec Oxenford. Será la última actividad oficial de Quirno antes de regresar a Buenos Aires.
El canciller arribó a DC en la mañana de ayer y completó una intensa actividad que incluyó una reunión con Jamieson Greer -titular de la Representación Comercial de Estados Unidos, USTR- e importantes inversores con fuertes intereses en Argentina.
El cónclave con Greer era importante para conocer el estado de situación del acuerdo comercial con Estados Unidos, que en términos prácticos ya tiene su framework consensuado.
El canciller llegó al USTR acompañado por Oxenford, Luis María Kreckler, -secretario de Relaciones Económicas Internacionales-, y Pablo Lavigne -secretario de Coordinación de Producción-, que estuvieron muy activos al momento de redactar el framework del acuerdo bilateral.
Fue la única actividad que se mantuvo en reserva: ni siquiera una foto oficial.
Ello significa que Argentina deberá esperar a los tiempos políticos de Trump para anunciar un acuerdo que ratifica la sintonía personal y geopolítica entre Javier Milei y Donald Trump.
Como Estados Unidos todavía no cerró los acuerdos sobre aranceles con un número importante de países, el líder republicano no quiere que Argentina funcione como un caso testigo en favor de naciones que no son aliadas estratégica de la Casa Blanca.
En este contexto, Trump anunciará el acuerdo con Argentina cuando no implique un costo político doméstico y un reclamo generalizado de innumerables países que pretendan un marco legal similar al obtenido por la Casa Rosada.
Antes del encuentro protocolar con Greer, el ministro de Relaciones Exteriores participó de una mesa ronda junto al embajador Oxford, que organizó el Meridian International Center.
Frente al canciller y el embajador escucharon con atención los siguientes representantes de las compañías de Estados Unidos que invierten en la Argentina: Chevron; 3M; American Global Strategies; Andeavor; Beacon Global Strategies; Clearch; Charles Camp Law; Corporate Council on Africa; Covington & Burling; Emerson; Ferring Pharmaceuticals Inc.; Genentech; General Mills; Hess; Kimberly-Clark y Merck.
El canciller Quirno ratificó que están en marcha las reformas laboral e impositiva, explicó que la administración Milei apuesta a la suma de la minería y la energía para terminar con las recurrentes crisis económicas del país y enfatizó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para fomentar las inversiones.
A su turno, el embajador Oxford aseguró que Milei “es un rockstar internacional”, y describió un escenario doméstico e internacional que contribuiría a sostener y profundizar el programa de ajuste del Gobierno.
En este sentido, Oxford argumentó que la sintonía personal e ideológica entre Milei y Donald Trump, el resultado electoral del 26 de octubre, la reducción del déficit fiscal y el apoyo explícito de Estados Unidos favorecen la gestión presidencial.
Tras una sucesión de encuentros en la Embajada de Argentina, Quirno y Oxenford recibieron al Council of America y un grupo selecto de inversores vinculados a la energía, la inteligencia artificial y los laboratorios.
Antes de ingresar a la residencia diplomática, Susan Segal -CEO del Council- dialogó brevemente con Infobae.
-¿Expectativas?-, le preguntó este corresponsal.
–Muchas. Tengo muchas expectativas por lo que está pasando en Argentina”, contestó Segal con su habitual sonrisa.
Fue una cena distendida, adonde Quirno ratificó la decisión política de Milei de abrir la economía, aprobar la reforma tributaria y laboral y multiplicar el comercio exterior vinculado a los recursos energéticos y la minería.
La agenda que desplegó Quirno en Washington -al margen de la cita con Greer- tuvo como principal objetivo mantener reuniones con empresarios, banqueros e inversores con intereses en la Argentina.
En este sentido, como última actividad de política comercial antes del cónclave con Rubio, el canciller protagonizó un almuerzo en la US Chamber, que nuclea a la mayoría de las compañías de Estados Unidos.
Junto a Quirno se alinearon el embajador Oxford y Juan Cortelleti, jefe de la misión de la Embajada de Argentina.
El almuerzo se extendió por 90 minutos, y todos salieron sonrientes del histórico edificio de la US Chamber, que está justo enfrente de la Casa Blanca.
“Muy buena charla, excelente”, comentó a Infobae un inversor que desde hace años opera en la Argentina.
corresponsal:Corresponsal en Washington Estados Unidos
POLITICA
El juicio de los Cuadernos se hará ahora dos veces por semana y los jueces pidieron la sala donde se condenó a las Juntas Militares
Luego de las quejas por la falta de celeridad y presencialidad del debate, el Tribunal Oral Federal N°7, que lleva adelante el juicio por los Cuadernos de las Coimas, decidió sumar una segunda audiencia semanal desde el 25 de noviembre y pedir la sala especial donde se hizo el Juicio a las Juntas para hacer sesiones “híbridas”, esto es, semipresenciales.
No obstante, los magistrados destacaron en una extensa resolución de 14 carillas que se leyó al comienzo del juicio esta mañana, que ellos vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo excepciones en cuanto a la provisión de nuevos empleados. Apuntaron así a los tres cuerpos que, en los últimos días, hicieron saber su preocupación y críticas por la falta de celeridad del proceso.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli salieron así a responder a sus superiores de la Cámara Federal de Casación Penal, que los citaron para la semana que viene con la intención de pedirles que el juicio se realice con mayor frecuencia que una vez a la semana y que sea presencial −no por Zoom−. Algunos magistrados incluso sugirieron que se corten las vacaciones de verano para este proceso.
Los camaristas defendieron la modalidad virtual, pero al mismo tiempo dijeron que van a imprimir mayor celeridad y presencialidad.
Con todo, hicieron público un extenso listado de carencias y reclamos insatisfechos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, que datan desde 2019.
Los jueces habían previsto inicialmente audiencias los jueves y desde marzo agregar los martes. Pero ahora, ante el tiempo que va a llevar a los abogados plantear nulidades, objeciones previas al debate y todo tipo de cuestionamientos antes de las indagatorias, decidieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre.
En cuanto a la modalidad, aunque las audiencias iniciales se realizan por Zoom, los jueces dispusieron que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados se lleven a cabo de manera híbrida.
Eso implica que en la sala estén presentes físicamente tanto los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, junto a sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público.
Para concretar esta mayor presencialidad, el tribunal dijo que le pedirá a la Corte Suprema, a través de la Cámara Federal de Casación Penal, que autorice la utilización de la Sala de Derechos Humanos, ubicada en la planta baja del Palacio de los Tribunales.
Se trata, en rigor, de una gran sala de juicios que hoy no se usa: es el lugar donde se realizó el juicio a las Juntas Militares, como así también el juicio por la tragedia del boliche Cromagnon y donde se tomaron indagatorias por el fraude en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.
Es una gran sala, revestida con boiserie oscura, con un estrado imponente, con vitraux detrás de los sillones de los jueces, escritorios para la fiscalía, las defensas, un lugar para que los acusados pasen al frente a declarar y bancos largos, tipo Iglesia en la planta baja y en dos bandejas superiores, que ofician como palcos.
El TOF 7 es el único que no tiene oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Allí se encuentran todo el material de la causa. Por eso pidieron no moverse de ahí para seguir el juicio y contar con una oficina en la planta baja.
Los jueces Méndez Signori y Canero dijeron que ya usaron esta modalidad híbrida en varios juicios y que no fue cuestionada hasta ahora.
Castelli adhirió a estas posturas y añadió una fuerte defensa de la seguridad jurídica y la independencia judicial. Sostuvo que, con el debate ya iniciado, un cambio repentino de las reglas de juego “sin un fundamento novedoso”, impulsado por el “reclamo de un sector de la opinión pública”, aparecería como caprichoso.
El magistrado enfatizó que tal acción iría en desmedro del principio de independencia y perjudicaría la seguridad jurídica.
“Los jueces no estamos llamados a ser populares, sino a cumplir con la ley máxima”, dijo Castelli y solicitó públicamente que, dada la posibilidad de que la convocatoria de la Superintendencia de Casación para “coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación” implique eventuales cambios en el modo del juicio, se incluya a los abogados y a la fiscalía en ese encuentro. Pero esto no ocurrirá, ya que solo se les sugerirán medidas para aligerar la carga del tribunal.
Los magistrados, en su lamento sobre la falta de colaboración, dijeron que desde el sorteo del expediente, en septiembre de 2019, hicieron múltiples reclamos de recursos que solo fueron satisfechos de manera parcial.
Las necesidades solicitadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Pena no fueron concedidas o fueron insatisfactorias, dijeron.
Por ejemplo, señalaron que a pesar de no contar con una sala de audiencias disponible para iniciar el juicio de manera mixta o presencial la semana pasada, decidieron arrancar por Zoom.
Señalaron que en 2022 y en 2024 pidieron al Consejo de la Magistratura contratos y que fueron insuficientes. Las peticiones se reiteraron al menos seis veces entre 2019 y 2021, remarcaron.
Agregaron que, en 2022, le pidieron a la Corte más espacio físico y que no tuvieron respuesta. Dijeron que le pidieron a la Casación que no le manden más causas, pero que esta solicitud les fue denegada y que hoy tienen 122 expedientes en trámite y 39 en condiciones de fijar fecha de juicio (tres de ellas con detenidos).
Indicaron que el 15 de julio de 2025 le pidieron a la Corte Suprema −a través de la Dirección de Relaciones Institucionales− una sala de audiencias en el Palacio de Justicia, que los mandaron a hablar con la Casación y que la petición fue archivada.
Reconocieron que el presidente de la Casación, Daniel Petrone, les ofreció utilizar la sala de audiencias de Comodoro Py donde se hizo el juicio a la AMIA, que cuenta con capacidad para 200 personas y nueva tecnología.
Pero indicaron que la sala tiene “dos problemas insolubles”: aún no terminaron las por remodelaciones y que los jueces no tienen oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia.
Hernán Cappiello,Los cuadernos de las coimas,Justicia Federal,Cristina Kirchner,Conforme a,Los cuadernos de las coimas,,Con retraso y reclamos. Cuadernos de las Coimas: segunda audiencia del juicio contra Cristina Kirchner y empresarios, este jueves 13,,Cuadernos. Cristina denunció que los empresarios y funcionarios arrepentidos fueron «torturados»,,Caso Cuadernos. La Corte rechazó planteos para apartar a la UIF como querellante
Un nuevo informe del Centro de Información Judicial (CIJ) sumó evidencias que podría vincular a más dirigentes de La Cámpora con el ataque al edificio de TN y eltrece, ocurrido el 10 de junio, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El análisis de las comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos detectó vínculos entre los seis sospechosos ya identificados y otros militantes pertenecientes a la agrupación kirchneristas, quienes estuvieron en las inmediaciones del canal durante el episodio.
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El CIJ cruzó los llamados realizados por los seis imputados entre las 19.50 y las 23.54 de ese día —el rango horario en que se produjo el ataque— y determinó la existencia de posibles nuevas conexiones telefónicas.
Nuevas pruebas vinculan a más dirigentes de La Cámpora con el ataque a TN y eltrece
Aunque el informe aclara que no hay pruebas de que estas personas efectivamente hayan ingresado al edificio, sí pudo constatarse que sus celulares impactaron en celdas cercanas al canal y que mantuvieron comunicaciones con quienes protagonizaron los destrozos.
Las personas que TN mencionará en este informe no están imputada ni aún está probado que hayan ingreso al canal para provocar los destrozos pero sí expone que se comunicaron con el grupo de seis que sí ingresaron a las instalaciones.
Los seis ya identificados por la Justicia son Alberto Alejandro Grasso Rivaldi (detenido el día del hecho), Pablo Daniel Giles, Matías Sebastián Federici, José Lepere, Rubén Ezequiel Pavón y Facundo Nazareno Lococo. Todos ellos enfrentan imputaciones por haber actuado de forma coordinada para ingresar al predio de Artear, donde funcionan TN y eltrece, pese a las advertencias del personal de seguridad.
A partir del análisis del CIJ se sumaron ahora nuevos nombres. Entre ellos, Juan Agustín Debandi, concejal de Tres de Febrero, integrante de La Cámpora y exvicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Su teléfono fue localizado en Lima 1149 (a una cuadra del canal), y mantuvo llamadas con Lococo y con Santiago Ezequiel Gambarte, otro militante camporista de 26 años que estudia en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
TN se comunicó con Debandi pero este no contestó.
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Gambarte estuvo en distintos puntos próximos al canal —Lima 1149, Humberto Primo 1425, Avenida Independencia 1458 y Cochabamba 985— y habló, además de con Debandi y Lococo, con Andrea Paula Benítez, empleada de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense. TN se comunicó con Gambarte pero este no contestó.
Otro señalado es Ángel Gabriel Pereira, alias “Pachu”, también de 26 años, exempleado del Renaper, excandidato del peronismo y estudiante de la misma universidad. Su teléfono fue ubicado en Lima 1149 y Humberto Primo 1425, y mantuvo comunicaciones con Lococo, Gambarte y Melisa Nahir Escandar, empleada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. TN se comunicó con Pereira pero esta no contestó
La lista de presuntos implicados incluye además a Roxana Alejandra López, exdiputada provincial y actual empleada del Ministerio de Salud bonaerense, quien en sus redes sociales aparece en fotos junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Su celular fue rastreado en Humberto Primo al 1400, y registró llamadas con Lococo.
También figuran Rodolfo Enrique Muñoz, empleado de la UBA, de 60 años, cuyo teléfono fue detectado en Lima 1149, Humberto Primo 1400 y avenida San Juan 1502; Norberto Jorge Peracho, integrante de Fuerza Patria Ituzaingó y exempleado municipal, ubicado en Estados Unidos 1577; y Bruno Moro, empleado de la Cámara de Senadores bonaerense, presente en Lima 1149. Todos mantuvieron comunicaciones con Lococo durante las horas del ataque.
El informe además menciona a Hugo Marcelo Escobar, empleado de la Cámara de Diputados bonaerense, y María Gabriela Montenegro, trabajadora de la Unión Obrera Metalúrgica, quienes también habrían hablado con Lococo en el mismo período.
Si bien estas nuevas pruebas no demuestran que los señalados hayan ingresado al canal, los investigadores consideran que las comunicaciones y ubicaciones apuntan a una posible coordinación y colaboración con el ataque y los destrozos: la hipótesis es que el ataque no fue espontáneo, sino parte de una acción organizada que contó con apoyo logístico desde las inmediaciones.
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El hecho ocurrió la noche del 10 de junio, cuando un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en las instalaciones del canal tras vulnerar al personal de seguridad en la entrada de la calle Lima.
Destrozaron autos, rompieron vidrios y televisores, y dañaron el mobiliario interno. Al menos diez vehículos del estacionamiento resultaron afectados y se registraron robos de bicicletas.
El ataque ocurrió mientras militantes kirchneristas se concentraban en las inmediaciones de la casa de la expresidenta, en San José y Humberto Primo, a pocas cuadras del canal, en rechazo al fallo de la Corte. Por la noche, la movilización creció y derivó en los incidentes.
En julio, la Justicia imputó a tres dirigentes de La Cámpora —Giles, Lepere y Federici— y les impuso restricciones: presentarse cada 15 días en la fiscalía y no acercarse a menos de 300 metros del edificio de Artear.
La Cámpora, Artear , TN, eltrece
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