Dirigentes sociales y políticos de organizaciones, integradas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), anunciaron un plan de acción nacional —que incluirá encuentros con gobernadores e intendentes— frente a la decisión del Gobierno de poner fin a los dos programas sociales en los que derivó el Potenciar Trabajo: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Ambos programas fueron creados por el Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La misma norma estableció una fecha de caducidad: mayo de 2026, salvo que el Gobierno disponga una prórroga o dicte una nueva regulación.

La ministra ya anticipó que esos programas serán reemplazados por un sistema de “vouchers de capacitación laboral”, una propuesta que las organizaciones sociales rechazan. Según denunció el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, esa medida “significa avanzar con el fin del Salario Social Complementario (SSC), lo que podría dejar sin ingresos a más de un millón de trabajadores de la economía popular”.

Como contrapunto, Pettovello defendió el nuevo esquema. En declaraciones al portal Econoblog, el 4 de febrero pasado, sostuvo: “Como dice el presidente Javier Milei, el objetivo no es darle el pescado a la gente sino enseñarles a pescar”.

La funcionaria explicó que los cursos y capacitaciones forman parte “de la transformación de los planes sociales hacia esquemas de formación laboral vinculados con empresas, como parte del proceso de reconversión” de programas como Volver al Trabajo.

Mientras tanto, desde la UTEP aseguran que ya comenzaron a delinear una respuesta política y territorial. En diálogo con este medio, fuentes de la organización adelantaron que en las próximas semanas impulsarán jornadas de difusión, ollas populares y acciones callejeras que podrían incluir cortes en distintos puntos neurálgicos del país.

Las medidas, sin embargo, no serán anunciadas con anticipación. El objetivo es evitar operativos preventivos de la Policía y de las fuerzas federales, como ocurrió en protestas anteriores.

En paralelo, las organizaciones que integran la UTEP —entre ellas el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie— iniciarán una ronda de conversaciones con gobernadores y bloques parlamentarios para advertir sobre el impacto social y económico que, según sostienen, tendrá el cierre del esquema de ingresos que hoy perciben trabajadores informales de la economía popular.

La estrategia apunta a que los mandatarios provinciales y sus representantes legislativos “tomen dimensión del impacto que tendría la medida en las economías regionales”.

En esa misma línea, los dirigentes buscan coordinar posiciones con municipios y gobiernos provinciales, como el de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, que actualmente interactúan con los programas sociales en sus territorios.

“Venimos conversando con el conjunto de organizaciones y actores afectados por esta decisión, que no solo involucra a movimientos sociales sino también a gobiernos locales y provinciales”, señalaron fuentes cercanas a la conducción de la UTEP.

Según advierten, el fin del Salario Social Complementario implicaría “una nueva tanda de desocupados”, dentro de un universo de trabajadores que ya se desempeñan en condiciones de alta precariedad.

Uno de los primeros dirigentes en alertar sobre la desaparición de ese ingreso fue el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro. El dirigente sostuvo que el Salario Social Complementario “fue una conquista de las organizaciones sociales, lograda durante años de lucha”, y que el actual gobierno de La Libertad Avanza “pulverizó”.

En octubre pasado, sin ocultar su frustración, el fundador del Frente Patriótico reflexionó sobre el alcance conceptual de esa política. “El salario social complementario es, conceptualmente, muy bueno. Todos los que no tienen trabajo asalariado, todos los que no están registrados como asalariados, merecen un salario social complementario porque trabajan, pero no tienen derechos laborales”, sostuvo.

Para Castro, ese principio fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo. “Ese concepto se fue dilapidando y hoy estamos, o por lo menos un grupo de nosotros está de vuelta planteando: hay que volver al salario social complementario”.

El dirigente también reconoce que la transformación posterior del programa Potenciar Trabajo “y la desaparición de la lógica salarial desdibujaron sus efectos estructurales”.

Desde su perspectiva, esa transformación abrió una nueva etapa en la relación entre el Estado y los sectores populares. Para el referente del Movimiento Misioneros de Francisco, “esa dilución abrió la puerta para el avance de un Estado que ya no reconoce a los sectores populares ni como sujetos de derecho ni como interlocutores”.

El debate sobre el futuro de estas políticas será uno de los ejes centrales del Segundo Congreso Nacional de la UTEP, que se realizará el 21 de abril y reunirá a delegados de todo el país.

La fecha coincide con el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, figura que los movimientos populares consideran una referencia política y social.

Durante ese encuentro, se definirá el plan de acción federal para los próximos meses. El debate estará centrado en el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la economía popular y en el futuro de las políticas de asistencia.

El conflicto se inscribe, además, en el marco de la reestructuración del sistema de programas sociales impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Consultada sobre este tema, la ministra Pettovello fue categórica: “No existen los planes sociales”. Según explicó, lo que existen son prestaciones de la seguridad social y programas sociales con reglas y objetivos distintos.

En ese sentido, mencionó el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que —según señaló— “es una prestación automática y no un plan discrecional”.

El nuevo esquema que impulsa el Ministerio de Capital Humano busca modificar el enfoque de la asistencia directa y orientarlo hacia políticas de capacitación laboral y de inserción en el mercado formal. Al mismo tiempo, apunta a eliminar la intermediación de organizaciones sociales en la administración de los programas.

“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, explicó la ministra en un video difundido en redes sociales.

Desde la UTEP advierten que el carácter transitorio de los dos programas en los que se transformó el Potenciar Trabajo —y cuya vigencia caduca en dos meses— “abrirá un nuevo frente de conflicto social y político que comenzará a expresarse en las próximas semanas tanto en las calles como en el ámbito institucional”.