Roberto Fernández tiene 82 años y es desde 2008 el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso sindicato de los colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. El 5 de noviembre pasado, cuando la CGT renovó sus autoridades, decidió abrirse de la central obrera en rechazo a la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando, a quien acusó de haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano.

Tres meses después de haberse ido molesto de la CGT, Fernández se siente algo reivindicado. Entre ayer y hoy, en su teléfono se apilan mensajes de dirigentes de la CGT que le piden su adhesión al paro general que se concretaría este jueves en rechazo a la reforma laboral de Milei. Uno de los llamados que recibió fue el de Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. También hubo gestiones del ferroviario Omar Maturano y hasta del gastronómico Luis Barrionuevo, muy activo en la búsqueda de adherentes para fortalecer la protesta gremial. “Nos confirmó que va a parar”, dijo a uno de los interlocutores de Fernández.

Él, sin embargo, mantiene la cautela y no estaría decidido a confrontar con el Gobierno. El conflicto lo incomoda. Una de sus razones para no adherir a la huelga es que de Milei depende en gran parte su paritaria, teniendo en cuenta el peso que aún conservan los subsidios estatales en el transporte público de pasajeros. El salario básico de un colectivero es hoy de $1.407.239, más $16.000 diarios en concepto de viáticos. “No quiero que le descuenten el día por el paro”, enumeró como otro argumento para no sumarse a la cruzada cegetista, según pudo reconstruir de fuentes confiables.

El conflicto salarial de la UTA no es uno más del rompecabezas de paritarias porque esconde una pelea que involucra de manera directa al Estado. La balanza de los subsidios estatales para garantizar el servicio se fue desequilibrando con el paso del tiempo. El costo real del boleto sin subsidio en el AMBA es de $1952,6, mientras que la tarifa técnica (compensación del Estado + boletos vendidos) es de $1405,68 por viaje, según el informe de enero de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Detrás de estas cifras surge otro indicador alarmante: bajó un 10% la cantidad de pasajeros en las líneas del AMBA, por donde circulan 18.000 colectivos habilitados.

“Nosotros no queremos irnos a ningún lado, pero no estamos de acuerdo con esta situación. Estoy de acuerdo con la unidad, no con tres secretarios generales. Esta era la oportunidad para poder hacerlo, pero lamentablemente mi idea y la de otros compañeros no resultó. Hace dos mandatos que lo de lo del triunvirato no da resultados”, dijo Fernández el 5 de noviembre al retirarse ofuscado del estadio de Obras Sanitarias, donde se desarrolló el Congreso de la CGT que eligió al nuevo triunvirato, integrado por Jerónimo, Sola y el camionero Octavio Argüello.

La relación de la CGT con la UTA está guiada por las tensiones. Se agudizaron las diferencias cuando en abril del año pasado, en lo que fue el tercer paro general contra Milei, los colectiveros decidieron a último momento no plegarse a la huelga general con el argumento de que estaba en curso una conciliación obligatoria por un conflicto sectorial. Algunos sindicalistas tomaron esa actitud de la UTA como una traición.

Con un estatuto interno blindado para opositores, Fernández no da señales claras de dejarle el sillón a un sucesor. Logró neutralizar a Miguel Bustinduy, que no pudo penetrar en el gremio por ningún medio y decidió crear un sindicato propio: la Unión de Conductores de la República Argentina (URCA), que reúne a unos 5000 choferes que prestan tareas para el grupo empresario DOTA. El teléfono de Bustinduy también recibió llamados de dirigentes de la CGT, quienes buscan garantizar el impacto de la protesta en rechazo a la reforma laboral que impulsa Milei.

En las frenéticas negociaciones que encara el oficialismo en la Cámara de Diputados para destrabar la sanción del proyecto de modernización laboral, sus principales aliados, los bloques de Pro y UCR, reclamaron que directamente se dé de baja el polémico artículo 44 de la iniciativa, incorporada por el Senado, que propone reducir drásticamente el esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente de un trabajador.

“La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, escribió en sus redes sociales el presidente del bloque amarillo, Cristian Ritondo.

En el mismo sentido se expresaron desde la bancada de la UCR. “Por la precisión jurídica que se necesita y evitar alguna mala interpretación, entre los interbloques acordamos eliminarlo para que salga la ley lo más clara posible”, indicaron a .

Sin el apoyo de Pro y, eventualmente, de sus socios en el interbloque –UCR, MID, Avanza Buenos Aires-, al oficialismo se le hará imposible convocar a sesión y reunir el quorum correspondiente este jueves, como es su intención.

Según pudo saber , esta última condición de Pro –que ayer había propuesto modificar el artículo- está siendo negociada con las máximas autoridades libertarias.

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