Durante los primeros dos años de la administración de Javier Milei llegaron al Congreso varios proyectos para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Uno fue impulsado por diputados de la Coalición Cívica, otro por la mayoría del bloque radical y un tercero por el misionero Emmanuel Bianchetti (Pro). El resultado fue el mismo para todos: no tuvieron movimiento alguno. Ni fueron tratados en comisión ni integraron los temarios de las sesiones.

La parálisis contrasta con el impulso que muestra ahora el Gobierno para enviar su propia reforma del Código Penal, que incluiría entre sus ejes justamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Según reveló , ese texto fue elaborado por un equipo mixto de juristas, magistrados y funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Presentados en 2024, los tres proyectos que pretendían avanzar en la línea que ahora explora el Gobierno perdieron estado parlamentario el 30 de noviembre, tras dos años sin tratamiento. Habían sido girados a Asuntos Constitucionales −presidida por el libertario Nicolás Mayoraz− y a Legislación Penal, a cargo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado, hoy dentro del bloque oficialista.

Pese al reciente interés del Gobierno, bajo su conducción ninguna de estas comisiones sometieron a debate las iniciativas sobre el tema.

Actualmente, los delitos de corrupción sí prescriben en la Argentina, y los plazos −ligados a la pena prevista para cada figura penal− oscilan entre dos y veinte años. La prescripción responde al principio de juzgamiento dentro de un “plazo razonable”.

Las iniciativas frenadas coincidían en un objetivo: que las conductas más graves vinculadas a corrupción estatal puedan perseguirse y sancionarse sin límite temporal. Todas proponían sumar un nuevo artículo −en general, el 62 bis− para declarar imprescriptibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.

En sus fundamentos, los proyectos coincidían en el argumento de fondo: planteaban que la corrupción no es un mero delito patrimonial sino un “flagelo” que erosiona la legitimidad del Estado. Tanto la CC, como la UCR y Pro equiparaban su impacto al de graves violaciones a los derechos humanos, en tanto desvían recursos públicos esenciales y afectan el desarrollo social.

En particular, la UCR y Bianchetti apelaban a la interpretación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara el enriquecimiento doloso en el ejercicio de la función pública con un atentado contra el sistema democrático.

Además de la imprescriptibilidad, hubo iniciativas que apuntaron a impedir que, aun con sentencia firme, los delitos de corrupción puedan ser alcanzados por amnistías, indultos o conmutaciones. Un proyecto de Silvana Giudici −entonces aún dentro de Pro− propone declarar la nulidad absoluta e insanable de cualquier acto que otorgue estos beneficios a condenados por corrupción. La Coalición Cívica presentó una propuesta muy similar.

Ambos textos se apoyan también en el artículo 36 de la Constitución, que establece el máximo reproche penal para los delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento y, según esa lectura, cercenan la posibilidad de indulto o conmutación, del mismo modo que sucede con los actos de fuerza contra el orden institucional.

Ninguna de estas iniciativas avanzó. La de la CC, presentada en 2024, ya perdió estado parlamentario. La de Giudici y otros diputados de Pro −la mayoría ya parte de la tropa de Milei en Diputados− aún conserva un año de vida legislativa, pero tampoco fue tratada. Todas fueron giradas a Asuntos Constitucionales, bajo control del oficialismo.

Pese a que la corrupción ocupó un lugar central en la agenda pública durante los primeros dos años del gobierno de Milei −con la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y denuncias graves contra funcionarios actuales−, todos estos proyectos quedaron fuera de la discusión parlamentaria. Paradójicamente, prescribieron.

Patricia Bullrich publicó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad y la difundió en su cuenta de X. En un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, la funcionaria explicó que la dimisión se hará efectiva a partir del 1° de diciembre. El 10, asumirá en su banca de senadora nacional.

Su sucesora será Alejandra Monteoliva, actualmente la segunda al mando en la cartera. Bullrich será la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. El viernes, cuando juró como legisladora, tuvo su primer cortocircuito con Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado.

Este domingo, la ministra mostró el texto que le envió a Milei. “Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo”, escribió.

Respecto a su futura tarea en el Congreso, Bullrich sostuvo: “Continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad».

Bullrich elogió a Monteoliva: “Si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella”. Y agregó que “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz”.

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