POLITICA
Por la emergencia ferroviaria, hay 62 estaciones sin servicio y 27 millones de usuarios menos

La red ferroviaria empezó a perder servicios de pasajeros. Los trenes llegan a menos ciudades, localidades y parajes, por el cierre de estaciones y ramales. Las decisiones oficiales afectan a la demanda: en solo el primer semestre de 2025, en comparación con igual período de 2023, hubo 27.336.097 pasajeros transportados pagos menos.
En un pedido de acceso a la información pública, Trenes Argentinos compartió el estado de las estaciones a diciembre de 2023, al final del gobierno de Alberto Fernández. Las que estaban con el servicio suspendido eran 20, de un total de 457. Después de un año y medio de gestión, al mes de junio, la “motosierra” libertaria se multiplicó por tres: unas 62 estaciones, de 463, permanecían sin operar. El 10% de la infraestructura vial.
La interrupción de los servicios ferroviarios explica parte de la caída de la demanda. Entre 2023 y 2025, hasta los últimos datos comparables de junio, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasó de 154.833.304, a 127.595.799 usuarios (-17,6%). En poco menos de dos años, en CABA y el conurbano una importante menor cantidad de viajes se registraron en la red: sea por el motivo que sea, casi 2 de cada 10 pasajes ya no se realizan o dejaron de pagarse. En términos relativos, en los servicios de larga distancia, la retracción fue mayor: se desplomó de 1.023.683 a 606.960 pasajeros transportados pagos (-40%). Los que crecieron en uso fueron los servicios regionales, que aumentaron de 839.891 a 1.158.022 (+37%).
Infobae elaboró un mapa con todos los puntos donde las vías férreas bajo el control del Estado nacional están en desuso, y donde las formaciones ya no llegan. Los ramales de competencia provincial no están incluidos. Entre la herencia recibida de las administraciones y las nuevas desconexiones, el dibujo expone una foto de mayor desmembramiento del ferrocarril.

El péndulo ferroviario
El último ramal en ser cerrado fue el servicio que empalma en General Guido, rumbo a la estación de Divisadero de Pinamar. Quien escribe este artículo utilizó el servicio en la temporada de verano. El tren por entonces funcionaba con alguna incomodidad en los días de mucho calor. En comparación al servicio de Mar del Plata, que empalma en General Guido, las formaciones requerían, a simple vista, algún tipo de puesta en valor. Transportó 56.968 pasajeros durante 2024 y 96.140 en 2023, según los datos oficiales.
En abril de este año, el servicio cerró por “cuestiones de seguridad operacional”. Según la explicación oficial, la medida respondía al estado de la infraestructura vial, que provoca movimientos irregulares en la formación durante la marcha y al deterioro de los puentes ubicados a lo largo de la traza.

Lo que se inauguró ayer, mañana podrá no estar. El péndulo político oscila, también, en la administración de las vías. En el período del Frente de Todos, hubo 118 estaciones de tren que fueron mejoradas y renovadas, a través del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario. Algunas arrastraban viejas deudas, como los techos de la estación de La Plata, que venía postergada desde hace 100 años. También se construyeron e inauguraron 9 estaciones en Neuquén, Córdoba y Entre Ríos.
El tren con destino a Pinamar es uno de los tantos proyectos ferroviarios que se reinauguraron en el último gobierno peronista, y se discontinuaron con el desembarco libertario. Varias de las terminales y apeaderos renovados en aquel período se interrumpieron. Ocurrió con el tren santiagueño regional La Banda – Fernández, inaugurado en 2022 con dos frecuencias diarias por sentido, dejó de funcionar el 1 de noviembre por el “bajo factor de ocupación, que no superaba el 38% en promedio”. Hasta el último día que operó en 2024, trasladó a 44.144 personas que pagaron boleto.

El ramal que unía Buenos Aires con Mendoza (Palmira) y San Luis fue reinaugurado en junio de 2023 después de 30 años sin continuidad, con festejos, corte de cinta y un acto que contó con la presencia del gobernador Rodolfo Suárez (UCR) y funcionarios nacionales. Después de aquella reapertura, se levantó el año pasado ante la falta de “garantías operativas” del tendido de vías. Quienes lo usaban y conocían advertían, además, que el tramo entre Justo Daract-Palmira se recorría a una velocidad entre 20 y 30 kilómetros por hora, con demoras para cumplir el recorrido que podía superar las 13 horas. Eran pasajes baratos, pero poco atractivos en tiempo.
El tren de pasajeros entre Buenos Aires y Pehuajó, rehabilitado en 2022, cesó sus operaciones en noviembre. Nuevamente, Trenes Argentinos atribuyó la decisión al “tiempo prolongado de viaje y demoras”, la baja demanda y cuestiones de “seguridad operacional” en el tramo entre Bragado y Pehuajó. Otro servicio suspendido fue el Expreso Buenos Aires – Rosario, relanzado a fines de 2022 y que operaba los fines de semana con un atractivo tiempo de viaje inferior a cinco horas. Fue suprimido en mayo de 2024. Reinaugurada en 2015, el recorrido hasta la ciudad rosarina sigue activo, con su frecuencia habitual de 6 horas y media.

En general, los ramales ferroviarios dejan de funcionar y se suspenden por tiempo indefinido cuando ocurre un accidente. El más simbólico y de mayor repercusión fue en ese mismo servicio del FC San Martín, en el tramo entre Retiro y Justo Daract. Parece haber quedado lejano el momento que dejó de operar el aquel fatídico 10 de mayo de 2024, cuando una formación se accidentó a la altura del barrio Palermo, provocando más de noventa heridos. El gobierno anterior había refaccionado y reinaugurado varios puntos del recorrido, precisamente, en las estaciones de Justo Daract y Beasley (San Luis), Palmira, Libertador San Martín (Mendoza), y Alem, Vedia y Iriarte (PBA), ya cerradas. Duró menos de un año en funcionamiento.
Otro más. El servicio turístico Mercedes – Tomás Jofré, inaugurado en 2023 en la línea Belgrano Sur. Las formaciones dejaron de circular en mayo de 2024, tras el derrumbe de un puente provocado por el choque de un camión.
Y otro. El servicio entre Rosario y Cañada de Gómez, que está suspendido desde el 20 de noviembre de 2024, tras un accidente que dejó fuera de servicio la única formación disponible. Llevó en sus formaciones a 77.355 pasajeros pagos en el último año de vigencia.
En la zona metropolitana, el 14 de abril se cortaron los servicios del ramal Cañuelas-Lobos, del FC Roca, como consecuencia de los trabajos de renovación integral de vías del sector Las Heras-Lobos del ramal Merlo-Lobos del FC Sarmiento. Tampoco tiene fecha de regreso. En el pequeño pueblo de Uribelarrea, que creció con fuerza en los últimos años como destino turístico -con el aliento, incluso, de influencers-, hubo una mateada en mayo en forma de protesta para que regrese el servicio interrumpido.

Hay casos curiosos. En la red de Chaco, existían algunas estaciones o apeaderos – un pequeño puesto ferroviario- donde la infraestructura era añosa y en estado muy precario. En 2022, hubo dos llamados a licitación por $417 millones para mejorar apeaderos y puntos del servicio regional, entre ellos, las estaciones Apeadero Km 501, Desvío Km 443, Desvío Km 535 y La Vicuña, por señalar algunas.
Según explicaron desde Trenes Argentinos, los servicios no se detienen en algunas de estas paradas intermedias por tratarse de puntos de “ubicación rural de muy baja demanda, del orden de 5 pasajeros por mes por estación, marginal respecto de las paradas aledañas (operativas) con un volumen del orden de 1.000 pasajeros por mes-estación”. “Con la finalidad de optimizar y priorizar los recursos disponibles, y considerando el bajo volumen de movimiento en dichas estaciones, se ha decidido desafectarlas del itinerario”, señalaron.
La emergencia ferroviaria en el AMBA
Luego del choque de trenes en Palermo en el Ferrocarril San Martín, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria, con un plan de renovación del material rodante y de la infraestructura vial con el fin de ejecutar 226 obras. La decisión implicaba disponer de fondos para afrontar contingencias como las que sufrieron algunas líneas en los últimos meses, por ejemplo, el robo de cables o el deterioro y daños en la infraestructura.
Lo cierto es que las empresas ferroviarias públicas había tenido un recorte de 60% en los fondos durante los primeros cuatro meses de 2024, según reportó entonces la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Para responder a la urgencia, reaparecieron los recursos.
El plan de emergencia tiene como objetivo la renovación de vías y puentes, hasta la compra de locomotoras y repuestos para más de 500 coches eléctricos. La medida, a poco más de un año de su vigencia (se extiende por dos años), responde a un diagnóstico inocultable, y una continuidad: la infraestructura ferroviaria del país presenta signos de degradación estructural, con sistemas de señalamiento que superan los 30 años de antigüedad y una alarmante falta de mantenimiento.
Según el relevamiento inicial realizado por las autoridades, de los 1.691 coches que posee Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), a cargo de las cinco líneas del AMBA, solo el 77% se encontraba en condiciones de circular (1308 coches), y para 2025, apenas el 10% podrá operar bajo parámetros normales de mantenimiento. SOFSE también reportó una deuda de aproximadamente 100 millones de dólares.
Entre 2019 y 2022, los costos reales aumentaron un 36% en términos de trenes recorridos y un 66% en pasajeros transportados, mientras que los servicios solo crecieron un 8% y los pasajeros un 25%, según datos de la ex Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La evasión en el cobro de pasajes alcanzó el 31,7% en 2023, el nivel más alto de los últimos años, en un contexto en el que el subsidio cubre el 90% del costo del pasaje. El relevamiento oficial detectó, además, una gestión deficiente en las empresas estatales como Ferrovías y Metrovías, con superposición de funciones, falta de coordinación y ejecución de obras redundantes.

Desde la declaración de la Emergencia Ferroviaria, el Gobierno lleva invertidos más de 340 mil millones de pesos en obras y acciones de caracter urgente, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en las que se presta el servicio ferroviario, según fuentes oficiales. Hasta el momento, se iniciaron más de 50 obras que ya se encuentran en ejecución: la renovación integral de vías en el ramal Tigre de la línea Mitre; el cambio de señalamiento para el ingreso de trenes a Retiro en la LM; la puesta en marcha del sistema de frenado automático ATS en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín; la modernización del ramal M de la línea Belgrano Sur; renovación de vías en la línea Roca; y el señalamiento en la línea Sarmiento, entre otras.
En curso, hay en marcha un acuerdo para la compra de repuestos que permitirá realizar el mantenimiento atrasado de más de 500 coches eléctricos. En esa misma línea se realizó el primer giro de 2 millones de dólares para la adquisición de 3 locomotoras de la línea San Martín y se está avanzando en la compra de 50 triplas (150 coches de pasajeros) destinadas a reemplazar la flota de trenes diésel de las cinco líneas urbanas. En paralelo, se está gestionando la contratación de la reparación de 24 locomotoras para el mismo ramal.
Durante este mes, algunas de las reformas en curso ocasionaron algunos dolores de cabeza a los usuarios. En el ramal Tigre de la línea Mitre, el servicio se suspendió durante 9 días, entre el 9 y el 17 de agosto, para avanzar con obras para mejorar la seguridad operacional de la línea. Hasta el domingo 31, los trenes del ramal La Plata circulan con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Tolosa, y de igual manera ocurre con entre Constitución – Bosques vía Quilmes y vía Temperley, hasta Berazategui en este segundo caso.
Otros servicios circulan por obras de renovación de vías con cronograma especial, como los ramales Merlo- Las Heras, Moreno-Mercedes, Retiro – José León Suárez / Bartolomé Mitre. Los servicios diésel de las líneas Mitre y Sarmiento, y los trabajos en el ramal Marinos del Belgrano Sur provocaron también en estos meses “una disminución de oferta de trenes en los sectores afectados”, indicaron fuentes oficiales.
“Trenes Argentinos se encuentra ejecutando un proceso de reconstrucción que contempla la llegada de repuestos e insumos indispensables para la recuperación de formaciones y que permitirá atender las eventualidades y contingencias que se presentan a diario para restablecer la oferta”, señalaron desde el área de Transporte del Ministerio de Economía.
Hay otros servicios que contaron con un uso masivo de pasajeros en gobiernos anteriores y que, en medio de la emergencia ferroviaria, que no presentan perspectivas de reapertura. En el ramal Buenos Aires-Bahía Blanca, que llegó a trasladar 147.587 pasajeros pagos en 2022, “no tiene previsto en el corto plazo el restablecimiento de este sector”, afirmaron desde SOFSE, y señalaron que se está realizando “la reestructuración de todos los servicios ferroviarios de pasajeros”. “Sin perjuicio de ello, se analizará oportunamente la viabilidad de su restablecimiento en el largo plazo”, confirmaron. Además, está en curso una investigación judicial por los descarrilamientos ocurridos en marzo de 2022 y marzo de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Para el tramo Puente Alsina-Aldo Bonzi, de la línea Belgrano Sur, tampoco hay plazos próximos para la reanudación de estos servicios. Incluso, existen rieles y zonas de la infraestructura ferroviaria que fue ocupada por vecinos, desde que dejó de funcionar en 2018. La única vez que volvió a operar fue la estación apeadero Km. 12, entre febrero de 2018 y diciembre de 2020. Ahora, parecería estar prácticamente perdida casi la totalidad del recorrido de la traza.
“La falta de seguridad operacional producto del mal estado de la infraestructura de vía y andenes, el faltante de protección activa -barreras- en pasos a nivel, la escasa velocidad que pueden desarrollar las formaciones por el estado de las vías y la falta de seguridad física para los pasajeros”, explica la suspensión por tiempo indefinido.
Y agregaron: “Revertir su suspensión implicaría avanzar con todas las obras de infraestructura, de manera conjunta, para garantizar las condiciones de seguridad operacional e iniciar también tratativas con la finalidad de desalojar intrusiones y recuperar espacios de la traza”.

Parte de las reformas e interrupciones de servicio explican los 27 millones de pasajeros menos que viajaron en el AMBA entre el primer semestre de 2023 y el de 2025. “La falta de material rodante disponible producida por los procesos inconclusos de mantenimiento realizados durante la gestión anterior, repercute en cambios de diagramas con reducción de servicio”, subrayaron desde Trenes Argentinos.
Ahora bien, existen motivos de largo plazo. Otra explicación oficial apunta que la merma de usuarios del servicio ferroviario en el AMBA se viene detectando desde la pandemia de COVID-19, con “valores nunca llegaron a los niveles previos al aislamiento y la reducción en el AMBA se ubica en torno al 18%”. Antes, el volumen de pasajeros superaba los 430 millones anuales; en 2024, la red transportó 326.225.433 millones. La incorporación del trabajo remoto “como modalidad laboral”, la migración de los trámites que se realizaban siempre de manera presencial a la virtualidad y otras variables”, señalan desde la entidad a cargo de la infraestructura vial, “han hecho que el tránsito de personas baje”.
Algunas de las estaciones y vías mencionadas en esta nota no están completamente inutilizables. El Gobierno le busca y le encuentra, a veces, otros usos. El tren a San Luis ya no llega a Retiro, pero el Ministerio de Capital Humano pasó por ahí este mes. Al menos por unos días. Una formación se trasladó por las vías del paisaje serrano para ofrecer atención médica gratuita en odontología, pediatría, fonoaudiología, nutrición, diagnóstico por imágenes, y vacunas a la población, además de la posibilidad de hacer trámites de ANSES, y Renaper. También se entregaron anteojos en el acto, a niños de 6 a 12 años, como parte del programa «Ver Para Ser Libres“.
Los pueblos puntanos Villa Mercedes, Justo Daract, Beazley y Alto Pelado celebraron el regreso del tren.
Una por una, las estaciones sin servicio a la fecha

POLITICA
El juez que le prohibió a Claudio Tapia salir del país lo autorizó a viajar esta semana a Colombia y Brasil

El juez en lo penal económico Diego Amarante, que el jueves pasado le prohibió al titular de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, salir del país, le habilitó hoy una excepción y lo autorizó a viajar a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, entre hoy y el sábado próximo.
A cambio, le fijó una “caución real” de $5.000.000.
Es una buena noticia para Tapia. No solo porque podrá salir del país esta semana sino por los compromisos internaciones que le esperan este año, en el que se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo próximo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima.
El juez relató en su fallo que Tapia había pedido que lo habilitaran a viajar “con el fin de participar de actividades oficiales en su carácter de presidente de la AFA y de vicepresidente de la Conmebol”.
Detalló que “acompañó copias de la invitación oficial cursada por la Federación Colombiana de Fútbol para participar de un acto oficial en la ciudad de Barranquilla, del itinerario de vuelos elaborado por la firma Baires Fly S.A. y del acta del orden del día de la Reunión del Consejo de la Conmebol”. Informó que también precisó en qué hoteles planeaba alojarse, tanto en Colombia como en Brasil.
Los argumentos que citó el juez cuando le prohibió a Tapia salir del país, la semana pasada, incluyeron “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponderles a los acusados (la medida incluye a otros dirigentes), “y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan”; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si después de esas declaraciones levantará la prohibición o si Tapia deberá pedir permiso para cada viaje.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron citados a declarar en indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. En ese mismo fallo, se les prohibió la salida del país.
A Tapia y a Toviggino se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
la Finalissima,haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos,Conforme a
POLITICA
Masivo cierre de expedientes por evasión a raíz de la sanción de la ley de inocencia fiscal

Los efectos judiciales de la denominada “ley de inocencia fiscal” se sienten con fuerza en el fuero penal económico, donde todas las fuentes consultadas por coinciden en señalar la existencia de un cierre masivo de expedientes tras la sanción de la norma y en tan solo 13 días de vigencia.
La ley fue aprobada junto al presupuesto 2026, a fines del año pasado, e incrementó en al menos un 3000% los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos tributarios, por lo que la enorme mayoría de las causas activas que tramitan en el fuero, afirman las fuentes, quedaron fuera del ámbito penal y comenzaron a caerse a un ritmo de entre 15 y 20 por día, o incluso más en algunos casos.
Con la nueva ley, la evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que representa en ambos casos un aumento del 6567%. Todavía más lejos fue el delito de evasión a través de terceros, que creció un 9900%, al pasar de $2.000.000 a $200.000.000.
“Son muy pocas las [causas] que pasan los montos”, explica un funcionario judicial en cuyo despacho quedaron apenas cuatro de las más de 300 causas que tenía, todas relativas al delito de facturación apócrifa.
El vaciamiento del fuero es un fenómeno todavía en curso porque si bien la nueva ley comenzó a regir el 2 de enero, su impacto en los tribunales empezó a sentirse recién en febrero, con el regreso de la actividad tras la feria judicial, por lo que solo estuvo operativa durante 13 días hábiles.
Así, un extendido universo de casos abandona los estrados judiciales para pasar a ser atendido en el ámbito administrativo, relativizando el problema de las vacantes que azota a la Cámara del fuero, con solo dos jueces en las seis vocalías.
Los fiscales y ARCA, alineados
Son al menos dos las vías por las que este grupo de causas comenzó a morir: o los abogados defensores presentan un escrito pidiendo quedar al amparo de la nueva ley o son los propios jueces, basados en el principio constitucional de la ley penal más benigna, quienes actúan de oficio y cierran los expedientes.
Los fiscales, en tanto, con el mismo criterio, o no apelan la decisión de los magistrados u optan directamente por hacer caer la acusación.
La tendencia de la mayoría de los representantes del Ministerio Público Fiscal durante los últimos años fue oponerse a la aplicación de ley penal más benigna cuando los montos punibles cambiaban o se “actualizaban” con el objetivo de no quedar tapados por la inflación. Fue la posicion que fijó el exprocurador Esteban Righi en 2012 o el actual, Eduardo Casal, en 2018.
La postura, sin embargo, se fue flexibilizando en los hechos porque las apelaciones de los fiscales se estrellaban contra el muro que la Corte Suprema fue construyendo con una serie de sentencias y que terminó de consolidar en 2021 con el fallo “Vidal”, que dejó asentado de manera definitiva que las nuevas leyes no eran “actualizaciones” de los montos sino normas sustantivas cuya aplicación debía ser retroactiva.
Ahora, además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio instrucciones precisas sobre el tema a sus funcionarios y equipos jurídicos. Tras la sanción de la ley, en su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos mínimos en la causas ya iniciadas.
“A diferencia de otras épocas, los fiscales y ARCA hoy están alineados”, señala el juez Marcelo Aguinsky, que tiene a su cargo dos de los once juzgados del fuero Penal Económico. En línea con el espíritu de la nueva normativa, el magistrado considera que también debería actualizarse el monto que divide la frontera entre una infracción aduanera del delito de contrabando, hoy fijado en 500.000 pesos.
Alivio para un empresario
La semana pasada, la Casación puso en movimiento la nueva ley, al revertir una condena contra G.G.M S.A, una empresa de calzado que era agente de retención y había quebrado, y su presidente, Guillermo Andrés Gotelli, condenado a dos años y seis meses de prisión.
En abril de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº2 los encontró culpables del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social en 29 períodos entre los años 2012 y 2015.
Sin embargo, el jueves pasado la Justicia dio vuelta la sentencia. La Sala III de la Casación sostuvo que los montos mensuales retenidos por la empresa en cada uno de esos periodos eran inferiores al nuevo umbral de $3.500.000, por lo que, en virtud de la nueva ley y el principio constitucional de la ley penal más benigna, no había delito.
Los camaristas Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani resolvieron “remitir la presente causa al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de esta ciudad a los fines de que resuelva acerca de la atipicidad de la conducta enrostrada a los nombrados”.
Los “peces gordos”
Los detractores de la ley sostienen que los nuevos montos son demasiado elevados y que se trata prácticamente de una “amnistía fiscal”, mientras que sus partidarios, como los jueces Aguinsky y Borinsky, argumentan que, con ella, el Estado concentra sus esfuerzos y recursos en perseguir penalmente solo a los “grandes evasores” y que el resto de los casos no quedan impunes, sino que se abordan desde una perspectiva administrativa, con sanciones o multas.
“La medida apunta a dotar de mayor coherencia al sistema y a delinear una política criminal verdaderamente focalizada en los grandes evasores”, marcó el juez Borinsky en una columna sobre el tema de reciente publicación.
“Al mismo tiempo, al desplazar los casos de menor entidad al ámbito administrativo, se favorece una resolución más ágil y eficiente orientada al cobro efectivo de las deudas, lo que incluso puede traducirse en una mejora de la recaudación fiscal”, escribió en Infobae.
Un caso contra “grandes evasores” es la denuncia que ARCA impulsó en diciembre contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que abrió la causa en la que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, entre otros dirigentes, fueron llamados a indagatoria por el juez Diego Amarante.
El monto total denunciado por ARCA asciende a más de 19.000 millones de pesos, que abarcan un total de 35 períodos mensuales reclamados, 18 son por retención tributaria y 17 por retención de aportes previsionales.
“ley de inocencia fiscal”,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
“Nos hacemos cargo”: Patricia Bullrich admitió un error del Gobierno en la inclusión del artículo de las licencias médicas

Patricia Bullrich reconoció el error en la inclusión del artículo sobre licencias por enfermedad en la reforma laboral que debate el Congreso, decisión que generó tensiones internas dentro del bloque oficialista y sumó un capítulo inesperado en la discusión de la ley impulsada por el Gobierno de Javier Milei: “Nosotros nos hacemos cargo”.
“Esta ley se trabajó entre el equipo nuestro del Senado y Legal y Técnica, fue como veinte llamadas por día. Puede ser que Legal y Técnica y el equipo, que estaba muy concentrado en todas las reformas que se estaban haciendo, aunque le dijeron que no se metieran ahí, el equipo siguió», argumentó Bullrich en A24.
Aunque el polémico artículo 44, que habilitaba la reducción del salario de hasta el 50% por licencias, finalmente fue eliminado, la controversia evidenció discrepancias en la metodología legislativa adoptada para la reforma.
La reforma laboral, una de las apuestas de la actual administración, todavía aguarda por la sanción definitiva. Su tratamiento legislativo estuvo marcado por maniobras de último momento, presiones y falta de acuerdos sobre los puntos más sensibles para los trabajadores. El debate escaló especialmente por la aparición del artículo 44 en la versión final del proyecto.
Al referirse a la controversia, Bullrich reveló que el artículo sobre licencias por enfermedad estuvo presente desde la segunda versión del proyecto, fechada el 28 de enero. “Nosotros fuimos numerando las distintas versiones (de la ley). Los senadores que trabajaron con nosotros lo conocían. Incluso algunos lo discutieron, votaron en contra”, señaló la senadora. La dirigente insistió en que el objetivo era combatir las licencias que consideró fraudulentas, así como el “alto ausentismo” y “la industria de los certificados truchos”, considerados una fuente de ineficiencia en la administración pública y el sector privado.

Billeteras virtuales y pagos de salarios
Otro aspecto que generó debate fue la propuesta original de permitir el pago de salarios a través de billeteras virtuales. La cláusula se eliminó en la etapa final, tras evaluar su viabilidad y los riesgos asociados al sistema. Bullrich aclaró las razones técnicas y regulatorias detrás de la decisión: “No hay una sola billetera virtual. Hay 213 billeteras. Todas las cuentas de criptomonedas son billeteras virtuales. Para poder pagar un sueldo, vos lo tenés que cobrar del 1 al 5. Si te lo pagan el 6 quizás tenés problemas con alguna deuda. Por eso los bancos adelantan (el pago), porque tienen un descubierto con las empresas, y pagan en tiempo y forma”.
En torno a la solidez financiera de las plataformas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado subrayó la necesidad de garantizar condiciones similares a las de los bancos para proteger a los trabajadores: “(Las billeteras virtuales) Van a tener que tener las mismas condiciones de solvencia que tienen los bancos (…) Si un banco tiene algún problema, el Banco Central sale al rescate. Si una billetera tiene un problema, se cae. Y con ella se caen todos los empleados que tienen el sueldo ahí”.
A pesar de la remoción de dichos apartados, desde el gobierno creen que la normativa finalmente se convertirá en ley. En este sentido, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la iniciativa será aprobada el próximo viernes “con seguridad”. Y aseguró que el proyecto representa un giro necesario para la generación de empleo formal en una Argentina marcada por la persistente informalidad y el estancamiento en la creación de empleo durante más de una década. Además, sostuvo que el cambio legislativo apunta a revertir décadas de retroceso.
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