POLITICA
Por primera vez, la Comisión Bicameral rechazó el Plan de Inteligencia Nacional
Por primera vez desde el retorno de la democracia, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso aprobó un dictamen con críticas y observaciones al Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en vigencia. Cuestionó que el documento secreto que redactó el Gobierno entreabre la puerta a tareas de inteligencia ilegal contra políticos, economistas, movimientos sociales y periodistas, entre otros actores, confirmaron dos fuentes oficiales consultadas por separado por .
“El dictamen incluye cuestionamientos de todo tipo y color al PIN, sí. Ese documento debe leerse como el marco general que explica lo que pasó luego, por ejemplo, con la denuncia que metió Bullrich [por, Patricia, ministra de Seguridad] por la difusión de los audios de Karina Milei, pidiéndole a la Justicia que allane a periodistas”, indicó una de las voces consultadas. “Bullrich no hizo más que explicitar que los periodistas son objetivos de inteligencia”.
Aprobado este martes por el pleno de la comisión, el dictamen se remitió al presidente Javier Milei y al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, quien responde al asesor Santiago Caputo y afronta ya una investigación penal por el PIN, tras una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien delegó la instrucción en el fiscal federal Guillermo Marijuán.
El dictamen fue redactado por el equipo de asesores de la comisión y aprobado este martes por el pleno del cuerpo, que preside el senador Martín Lousteau (UCR) e integran otros trece legisladores: el diputado Leopoldo Moreau (vicepresidente), el senador Oscar Parrilli (secretario), y los senadores Enrique Göerling Lara, Edith Terenzi, Eduardo De Pedro, María Florencia López y Beatriz Ávila como vocales, junto a los diputados Facundo Correa Llano, Mariela Coletta, Cristian Ritondo, César Treffinger, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.
De carácter secreto y no vinculante, el Gobierno puede desatender el dictamen completo, pero conlleva otro traspié para Milei y sus colaboradores, tanto en el plano político, como judicial, donde los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py podrían requerir una copia al Congreso para analizar los cuestionamientos.
Tal como reveló el 25 de mayo pasado, el PIN es un documento secreto de 170 páginas que fija los lineamientos del Gobierno en materia de inteligencia para los próximos años. Desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, trazar las eventuales acciones particulares a desarrollar para cumplirlas.
Así, el PIN determinó que quedarán bajo la lupa de la SIDE todos aquellos “actores” que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si alude de ese modo a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que pudieran cuestionar, por ejemplo, los operativos de la ministra Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados.
La SIDE también fijó como foco de interés a aquellos “actores” que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin precisar quiénes quedarían bajo la lupa. Podría abarcar a los economistas y analistas que han planteado discrepancias con las medidas adoptadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, o a los expertos que el presidente Milei denosta como “econochantas”.
El documento secreto también define como sujeto de interés de la SIDE a aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar “desinformación”. Otra vez, sin precisar si apunta a tareas de inteligencia externa, como las que Rusia desarrolló para influir en los resultados electorales en Estados Unidos, Francia y Rumania, entre otros países. O si engloba a periodistas y analistas políticos a los que la Casa Rosada endilga de manera recurrente que propalan “fake news”.
¿Qué dice la Ley de Inteligencia Nacional? Determina que la SIDE está a cargo de elaborar el PIN tras completar un análisis combinado de los problemas más acuciantes y estratégicos del país vinculados a la defensa nacional y la seguridad interior, para fijar sus prioridades y orientar los recursos durante los siguientes años. Pero prohíbe de manera taxativa desarrollar tareas de espionaje interno; es decir, reunir información sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, opiniones políticas, afiliación partidaria o actividad privada lícita, en tanto que las investigaciones por la posible comisión de delitos son competencia de las fuerzas de seguridad y la Justicia, aunque ese límite tiene matices. ¿Por qué? Porque la legislación vigente faculta a la SIDE a abordar problemas de seguridad interior si son cuestiones estratégicas o delitos federales complejos.
El recorrido que llevó a la aprobación del dictamen crítico del PIN comenzó a gestarse hace meses. Tras completar la primera revisión, los integrantes de la comisión citaron a Nieffert para escuchar sus explicaciones. El funcionario se presentó a mediados de junio y defendió el PIN tal como fue redactado a lo largo de dos horas. Sostuvo que lo expuesto por –confirmado luego por otros medios- era “falaz” y negó que la SIDE desarrolle tareas de espionaje sobre economistas, movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil.
“Para esta Administración los medios de comunicación y los periodistas no son considerados, en ningún caso, objetivos de inteligencia, por cuanto se encuentran protegidos por las garantías constitucionales que rigen la libertad de expresión, el derecho a la información y la actividad periodística”, remarcó Neiffert por escrito. “No voy a permitir que el sistema de inteligencia bajo mi coordinación empeñe sus capacidades para realizar vigilancia sobre políticos ni sobre medios o periodistas por su actividad profesional”.
Neiffert ahondó así en la posición oficial que ya había delineado el Presidente. A través de su cuenta en la red social X, Milei había sostenido que había incurrido en una “fake news” al abordar el contenido de ese documento secreto de 170 páginas. Y la ministra Bullrich argumentó que este diario había incurrido en una “interpretación sesgada” del PIN.
Sin embargo, pese a la defensa del PIN y de su propia actuación al frente de la SIDE que planteó Neiffert, los legisladores opositores que integran la comisión resolvieron este martes dejar planteadas sus críticas y recomendaciones en un dictamen que remitieron a la Casa Rosada. “Nosotros no podemos modificar el PIN, aunque sí realizar objeciones y formular sugerencias. Veremos qué respuesta recibimos de la SIDE”, indicó uno de los miembros de la comisión, según publicó Laura Serra, el mismo martes, en .
Para redactar esos cuestionamientos, los miembros de la comisión se apoyaron en al menos dos análisis que alertaron sobre riesgos y ambigüedades en el PIN que elaboró el Gobierno. Estimaron que habilitaría a los agentes de la SIDE a desarrollar “actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país”, según consta en las copias del memo y los reportes que reveló a principios de julio.
Ambos análisis objetaron varias aristas del documento secreto de 170 páginas. El primero alertó que habilitaría a espiar a los movimientos sociales y grupos vulnerables, y a desarrollar tareas de “vigilancia de la opinión pública y críticos del Gobierno”. El segundo, marcó el “desacierto” de crear una División de Fuerzas Provinciales dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, bajo la órbita de la SIDE. ¿Por qué? Porque “entre las acciones que se le asignan se destaca su participación en ‘el establecimiento y desarrollo de relaciones de coordinación operativa con el área de inteligencia de fuerzas de seguridad provinciales y locales’”.
El primer reporte también alertó sobre lo que definió como “un aspecto particularmente sensible del Plan de Inteligencia Nacional”. ¿Cuál? “La inclusión de actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país, incluyendo eventualmente a ciudadanos argentinos, actores políticos, periodistas u otras personas”.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Tras la caída de Maduro, el Gobierno seguirá manteniendo al Cartel de los Soles como organización terrorista
Tres funcionarios de diferentes estamentos del Gobierno afirmaron a Infobae que por ahora no está en evaluación una medida para alterar el estatus del Cartel de los Soles, a quien la Casa Rosada coloca al exdictador Nicolás Maduro como su principal líder, dentro del de Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Esta aclaración se hizo luego de que esta mañana se replicara en diversos portales y redes sociales un artículo de The New York Times publicado este martes y que se titula El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el “Cártel de los Soles” de Venezuela es un grupo real.
La nota se sustenta en la acusación formal de la fiscalía estadounidense que acusó a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero mermando las afirmaciones acerca del funcionamiento del Cártel de los Soles.
El Departamento de Estado que preside Marco Rubio la había catalogado como una organización terrorista a mediados del año pasado y tuvo el acompañamiento formal de países como Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana.
El sábado por la mañana, la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, comunicó la acusación formal de Washington sobre la figura de Maduro, su esposa Cilia Flores y otras cuatro personas más. Allí se refiere a un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” impulsada por el dinero del narcotráfico.
La antigua acusación realizada por la administración estadounidense alude unas 32 veces al Cártel de los Soles y describe a Maduro como su líder. Pero la nueva lo menciona dos veces y afirma que, al igual que su predecesor, Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió este sistema de clientelismo.
Un funcionario del Gobierno interpretó ante Infobae que esto no implica que el Cartel de los Soles no figure como organismo terrorista para los Estados Unidos. Marca que, en todo caso, “es un cambio en la estrategia judicial de Washington” en línea con sus objetivos para negociar la transición política y las condiciones políticas por estas semanas venideras.
Una de las pocas figuras del ecosistema libertario en referirse al tema fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “Esto es 100% falso. Estados Unidos le está ofreciendo a Maduro que entregue a todos los miembros del Cartel de los Soles a cambio de salvarse él”, publicó este martes por la tarde en sus redes sociales, luego de que el artículo del Times fuera ampliamente difundido por diferentes sectores.
“En los registros de EEUU siguen siendo considerados organizaciones terroristas extrajeras”, aseguraron a este medio importantes fuentes oficiales vinculadas al ámbito de la Seguridad Nacional. “El Cartel de los Soles sigue activo tanto en las dos listas de referencia: la Foreing Terrorist Organizations (FTO) y la Specially Designated Global Terrorist (SDGT)”, indicó una fuente inobjetable.
Ante cualquier cuestión, en Casa Rosada vuelven a mencionar que no se moverán “un centímetro de la estrategia general de Trump”. Es por eso que, tal y como informó en exclusiva Infobae, la alianza estratégica llegó al punto de no convalidar nombres para la transición política en Venezuela (incluyendo a figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado) sin tener la venia de Washington, todo esto con el objetivo de no entorpecer las negociaciones políticas que Trump tiene con el régimen.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Maduro y otros líderes del régimen de cuatro cargos:
- conspiración de narcoterrorismo,
- conspiración de importación de cocaína,
- posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
- y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Al comienzo del texto se indica que esa cúpula abusó “de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos” por más de 25 años.
La acusación marca que se ofreció “protección policial y apoyo logístico” a grupos narcotraficantes como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. En el documento se indica que Maduro está acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer ganancias del narcotráfico.
En el artículo del Times se menciona que el término Cartel de los Soles se empleaba de manera coloquial desde hace más de dos décadas para referirse en términos más generales a la presunta complicidad de funcionarios y militares corruptos de Venezuela. Es decir, no como una organización que se rigiera bajo esa denominación exacta, pero que sí mantenía y avalaba procedimientos que daban lugar a hechos delictivos.
Es por esa razón que la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que detalla las principales organizaciones de narcotráfico, nunca ha mencionado al Cártel de los Soles. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La administración nacional de Javier Milei comunicó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista el pasado 26 de agosto. En esa medida participaron funcionarios de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Cancillería. La medida finalmente se aplicó a través de la publicación de la Resolución Conjunta 4/2025.
“Este grupo criminal transnacional es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según un informe el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicado en marzo del 2020, donde se detallan sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, informaron en ese entonces.
A partir de ese momento, esa grupo fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Este listado habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales.
Semanas antes, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, había mantenido un encuentro con el Subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de EE.UU, Roosevelt Ditlevson; el Subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sr. Joseph M. Humire y el asesor especial del Presidente Trump sobre Asuntos del hemisferio Occidental en el National Security Council, Michael Jensen.
Allí se hablaron sobre medidas “para afrontar el grave daño que produce el denominado Cártel de los Soles en Venezuela, así como la actuación de otros grupos vinculados a este, como el Tren de Aragua”.
Al momento de la extracción y detención de Maduro, la Oficina del Presidente (OPRA) publicó un escrito en el que lo catalogó como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”.
“Entre sus operaciones ha realizado interferencias electorales en Argentina, México, Colombia y Bolivia; ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva; ha desarrollado alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo; ha fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá; ha dado apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla en Colombia; y todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles”, afirma.
Diplomacy / Foreign Policy,North America,NEW YORK CITY
POLITICA
Juan Sebastián Verón se mostró con el intendente kicillofista Mario Secco y lo elogió por su gestión
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, le dedicó una serie de elogios al intendente de Ensenada, Mario Secco, en una actividad por el Día de los Reyes Magos que compartieron en el Club Barrio Progreso, de esa localidad. “La Brujita”, principal opositor al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se mostró con el jefe comunal, que es uno de los impulsores fundamentales del gobernador Axel Kicillof.
A su vez, el mandatario bonaerense es un aliado de Tapia, lo nombró al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y rubricó un acuerdo con él para que la AFA haga uso del Estadio Único de La Plata.
El encuentro entre Verón y Secco fue el domingo, en el Club Barrio Progreso, en una jornada que, indicaron fuentes municipales, fue motorizada por agrupaciones ensenadenses del club Estudiantes y contó con apoyo municipal. “Encontrar a alguien que le de tanto a la comunidad es difícil. Encontrar un dirigente que piense en la gente es muy difícil. Mario, se ve a cada paso de Ensenada lo que hacés. Sobre todo, darle tanto espacio al deporte”, afirmó Verón desde un escenario que compartió con Secco.
Según pudo saber , Secco y Verón se conocen desde hace tiempo y mantienen un buen vínculo. El intendente de Ensenada es hincha de Estudiantes. Desde el municipio aclararon que, también, tiene buena relación con uno de los principales referentes de Gimnasia y Esgrima La Plata, Pedro Troglio.
La jornada se desarrolló en un club en el que Secco inauguró infraestructura junto con Kicillof, el año pasado.
En 2005 el intendente de Ensenada, que gobierna sin interrupciones el distrito desde 2003, llegó a ofrecerle a Estudiantes la posibilidad de construir su nuevo estadio en el distrito, cuando el club enfrentaba problemas para poder levantar su nueva cancha en la esquina de 1 y 57, en la capital provincial, lo que finalmente pudo concretar.
El “Pincharrata” suele colaborar con el Club Defensores de Cambaceres, el principal cuadro de fútbol de Ensenada.
principal opositor,Juan Sebastián Verón,Ensenada,Conforme a,,Servicios de inteligencia. El Gobierno se prepara para dar la pelea judicial por el DNU de la SIDE,,Criticó el «silencio» de la OEA. La Argentina apoyó la captura de Maduro y pidió a la CIDH que verifique el estado de los presos políticos,,Prada, Gucci y Louis Vuitton. Las tarjetas corporativas de Faroni y su esposa reflejan viajes y lujos con fondos de la AFA,Juan Sebastián Verón,,Una corrupción peor que la de la AFA,,¿Marcha atrás de la AFA? La amnistía que dejaría sin suspensión a los futbolistas de Estudiantes por el “espaldazo”,,Domínguez sigue. Estudiantes anunció la continuidad del DT: todos los desafíos que tendrá por delante en 2026
POLITICA
Por qué el gobierno quiere mantener preso a Jones Huala y la dificultad de la Justicia para incriminar a la RAM en atentados
El gobierno nacional quiere que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, siga detenido en una cárcel de máxima seguridad. La Justicia Federal, con dificultad, busca elementos para incriminar a la RAM en atentados e incendios.
La existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) parece debatirse entre la construcción discursiva de Facundo Jones Huala y su verdadera dimensión en los hechos.
El mapuche está preso desde junio pasado, denunciado por su relato durante la presentación de un libro que escribió desde la cárcel. El gobierno nacional y luego el de Río Negro lo denunciaron por incitar a la violencia colectiva y presunta asociación ilícita.
Cuando socializó el escrito, al que bautizó “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, brigadistas y combatientes luchaban contra las llamas en distintos puntos de la Patagonia. Jones Huala justificó los atentados incendiarios y celebró la lucha anticapitalista a través de “cualquier método”. Incluso incendios.
El video que grabó su mamá Isabel Huala y subió a las redes, lo llevó a prisión hasta la actualidad. Está alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Trelew, a pesar de la insistencia de sus abogados de que quede libre o, en el peor de los casos, que sea alojado en una cárcel de seguridad media, en Esquel.
Jones Huala sostiene la existencia de la RAM pero sus abogados lo contradicen y sostienen que no es real. El convicto es el único que admite su pertenencia a esa organización e incluso es el único detenido en el marco de la investigación que impulsa la Justicia Federal.
El gobierno nacional rechazó el pedido judicial de trasladarlo a la unidad penitenciaria de Esquel, a pesar de la decisión del magistrado Gustavo Zapata de gestionar un cupo en esa dependencia.
Adujo razones de seguridad aunque en los últimos informes oficiales sobre su estadía en esa cárcel, obtuvo calificaciones positivas por su buena conducta.
“Es una clara demostración de que el Gobierno lo quiere preso, en una cárcel de máxima seguridad y donde no se cumplen en absoluto sus derechos ancestrales. No hay elementos para que siga detenido e incluso contradice lo que ordena la Justicia” aseguran desde su entorno.
La causa por la que permanece detenido fue configurada como investigación compleja, por lo que podría permanecer detenido hasta mediados de 2027.
La Fiscalía Federal, a cargo de Angela Pagano Mata, admitió en las últimas audiencias que trabaja a ritmo lento en la recopilación de pruebas y aseguró que “el objetivo es incriminar a la RAM en distintos atentados y hechos vandálicos”.
La principal dificultad investigativa es que Jones Huala no fue detenido durante la comisión de esos hechos, sino que en algunos atentados incendiarios aparecieron leyendas en las que la RAM se adjudicó esos episodios.
Para la defensa del mapuche, esos escritos “son insuficientes” para incriminar a Jones Huala e insistieron en que la existencia de la RAM “es ficticia”.
Durante su reclusión en Rawson, el activista hizo declaraciones aunque – a diferencia de otras apariciones públicas en prisión– no hizo alusiones violentas ni llamamientos a cometer delitos.
“Nosotros defendemos nuestra tierra mapuche. Por eso hoy nos ayudamos, nos respaldamos. Soñamos con trabajar en defender nuestra tierra, nuestro trabajo mapuche, nuestro conocimiento, buscamos un camino correcto y una palabra correcta. No escuchen a los mentirosos y malvados. Tengan fuerza, hay fuerza en nuestros territorios, a esa fuerza pídanle” dijo desde prisión.
La preventiva del “lonko” se extenderá hasta marzo, luego de prorrogarse a mediados de diciembre por 90 días. En la audiencia prevista para los primeros días de ese mes, los abogados insistirán en la libertad de su defendido y la Fiscalía, se cree, volverá a pedir la prórroga por otros tres meses más.
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