POLITICA
Por primera vez, la Comisión Bicameral rechazó el Plan de Inteligencia Nacional

Por primera vez desde el retorno de la democracia, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso aprobó un dictamen con críticas y observaciones al Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en vigencia. Cuestionó que el documento secreto que redactó el Gobierno entreabre la puerta a tareas de inteligencia ilegal contra políticos, economistas, movimientos sociales y periodistas, entre otros actores, confirmaron dos fuentes oficiales consultadas por separado por .
“El dictamen incluye cuestionamientos de todo tipo y color al PIN, sí. Ese documento debe leerse como el marco general que explica lo que pasó luego, por ejemplo, con la denuncia que metió Bullrich [por, Patricia, ministra de Seguridad] por la difusión de los audios de Karina Milei, pidiéndole a la Justicia que allane a periodistas”, indicó una de las voces consultadas. “Bullrich no hizo más que explicitar que los periodistas son objetivos de inteligencia”.
Aprobado este martes por el pleno de la comisión, el dictamen se remitió al presidente Javier Milei y al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, quien responde al asesor Santiago Caputo y afronta ya una investigación penal por el PIN, tras una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien delegó la instrucción en el fiscal federal Guillermo Marijuán.
El dictamen fue redactado por el equipo de asesores de la comisión y aprobado este martes por el pleno del cuerpo, que preside el senador Martín Lousteau (UCR) e integran otros trece legisladores: el diputado Leopoldo Moreau (vicepresidente), el senador Oscar Parrilli (secretario), y los senadores Enrique Göerling Lara, Edith Terenzi, Eduardo De Pedro, María Florencia López y Beatriz Ávila como vocales, junto a los diputados Facundo Correa Llano, Mariela Coletta, Cristian Ritondo, César Treffinger, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.
De carácter secreto y no vinculante, el Gobierno puede desatender el dictamen completo, pero conlleva otro traspié para Milei y sus colaboradores, tanto en el plano político, como judicial, donde los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py podrían requerir una copia al Congreso para analizar los cuestionamientos.
Tal como reveló el 25 de mayo pasado, el PIN es un documento secreto de 170 páginas que fija los lineamientos del Gobierno en materia de inteligencia para los próximos años. Desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, trazar las eventuales acciones particulares a desarrollar para cumplirlas.
Así, el PIN determinó que quedarán bajo la lupa de la SIDE todos aquellos “actores” que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si alude de ese modo a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que pudieran cuestionar, por ejemplo, los operativos de la ministra Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados.
La SIDE también fijó como foco de interés a aquellos “actores” que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin precisar quiénes quedarían bajo la lupa. Podría abarcar a los economistas y analistas que han planteado discrepancias con las medidas adoptadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, o a los expertos que el presidente Milei denosta como “econochantas”.
El documento secreto también define como sujeto de interés de la SIDE a aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar “desinformación”. Otra vez, sin precisar si apunta a tareas de inteligencia externa, como las que Rusia desarrolló para influir en los resultados electorales en Estados Unidos, Francia y Rumania, entre otros países. O si engloba a periodistas y analistas políticos a los que la Casa Rosada endilga de manera recurrente que propalan “fake news”.
¿Qué dice la Ley de Inteligencia Nacional? Determina que la SIDE está a cargo de elaborar el PIN tras completar un análisis combinado de los problemas más acuciantes y estratégicos del país vinculados a la defensa nacional y la seguridad interior, para fijar sus prioridades y orientar los recursos durante los siguientes años. Pero prohíbe de manera taxativa desarrollar tareas de espionaje interno; es decir, reunir información sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, opiniones políticas, afiliación partidaria o actividad privada lícita, en tanto que las investigaciones por la posible comisión de delitos son competencia de las fuerzas de seguridad y la Justicia, aunque ese límite tiene matices. ¿Por qué? Porque la legislación vigente faculta a la SIDE a abordar problemas de seguridad interior si son cuestiones estratégicas o delitos federales complejos.
El recorrido que llevó a la aprobación del dictamen crítico del PIN comenzó a gestarse hace meses. Tras completar la primera revisión, los integrantes de la comisión citaron a Nieffert para escuchar sus explicaciones. El funcionario se presentó a mediados de junio y defendió el PIN tal como fue redactado a lo largo de dos horas. Sostuvo que lo expuesto por –confirmado luego por otros medios- era “falaz” y negó que la SIDE desarrolle tareas de espionaje sobre economistas, movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil.
“Para esta Administración los medios de comunicación y los periodistas no son considerados, en ningún caso, objetivos de inteligencia, por cuanto se encuentran protegidos por las garantías constitucionales que rigen la libertad de expresión, el derecho a la información y la actividad periodística”, remarcó Neiffert por escrito. “No voy a permitir que el sistema de inteligencia bajo mi coordinación empeñe sus capacidades para realizar vigilancia sobre políticos ni sobre medios o periodistas por su actividad profesional”.
Neiffert ahondó así en la posición oficial que ya había delineado el Presidente. A través de su cuenta en la red social X, Milei había sostenido que había incurrido en una “fake news” al abordar el contenido de ese documento secreto de 170 páginas. Y la ministra Bullrich argumentó que este diario había incurrido en una “interpretación sesgada” del PIN.
Sin embargo, pese a la defensa del PIN y de su propia actuación al frente de la SIDE que planteó Neiffert, los legisladores opositores que integran la comisión resolvieron este martes dejar planteadas sus críticas y recomendaciones en un dictamen que remitieron a la Casa Rosada. “Nosotros no podemos modificar el PIN, aunque sí realizar objeciones y formular sugerencias. Veremos qué respuesta recibimos de la SIDE”, indicó uno de los miembros de la comisión, según publicó Laura Serra, el mismo martes, en .
Para redactar esos cuestionamientos, los miembros de la comisión se apoyaron en al menos dos análisis que alertaron sobre riesgos y ambigüedades en el PIN que elaboró el Gobierno. Estimaron que habilitaría a los agentes de la SIDE a desarrollar “actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país”, según consta en las copias del memo y los reportes que reveló a principios de julio.
Ambos análisis objetaron varias aristas del documento secreto de 170 páginas. El primero alertó que habilitaría a espiar a los movimientos sociales y grupos vulnerables, y a desarrollar tareas de “vigilancia de la opinión pública y críticos del Gobierno”. El segundo, marcó el “desacierto” de crear una División de Fuerzas Provinciales dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, bajo la órbita de la SIDE. ¿Por qué? Porque “entre las acciones que se le asignan se destaca su participación en ‘el establecimiento y desarrollo de relaciones de coordinación operativa con el área de inteligencia de fuerzas de seguridad provinciales y locales’”.
El primer reporte también alertó sobre lo que definió como “un aspecto particularmente sensible del Plan de Inteligencia Nacional”. ¿Cuál? “La inclusión de actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país, incluyendo eventualmente a ciudadanos argentinos, actores políticos, periodistas u otras personas”.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
LLA hizo valer su número y se quedó con las presidencias en las comisiones constituidas de Diputados

El bloque de La Libertad Avanza consolidó su dominio en la Cámara de Diputados durante la configuración de las comisiones para las sesiones extraordinarias, asegurándose la presidencia de todas las nuevas formaciones y profundizando el perfil de gobierno parlamentario que impulsa el oficialismo. Esta maniobra refuerza el control libertario en momentos en que, según las críticas de la oposición, se limita el pluralismo y la representación proporcional en el órgano legislativo.
Al cierre de la maratónica jornada, la bancada libertaria retuvo la totalidad de las presidencias de las siete comisiones constituidas ese día, a las que se suman las de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch, y Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, ambas creadas en diciembre. La diputada oficialista Silvana Giudici justificó la medida al señalar: “De las 46 comisiones permanentes estamos constituyendo 9 y a este bloque, por la proporcionalidad, le corresponden 19, por lo que no nos arrogamos mayor representatividad de la que tenemos”.
La sesión comenzó a las 10:00 en la Sala 2, cuando se conformó la comisión de Familias, Niñez y Juventudes, liderada por la diputada salteña María Gabriela Flores. Más tarde, Álvaro Martínez de LLA (Mendoza) asumió la presidencia de la comisión de Justicia y, al mediodía, Lisandro Almirón de Corrientes quedó a cargo de Legislación del Trabajo. El oficialismo, con 95 diputados que lo posicionan como la primera minoría, contó con el respaldo de bloques satélites como el PRO y la UCR, lo que facilitó su estrategia para copar las presidencias.
Este avance fue inmediatamente cuestionado por Unión por la Patria, cuyo bloque decidió reservarse la postulación de sus representantes como gesto de protesta. La diputada Paula Penacca advirtió: “Queremos dejar sentado que se están constituyendo comisiones que varias fuerzas políticas estaban al frente ejerciendo la presidencia y ha sido la decisión del oficialismo asumir la presidencia de todas. No hay necesidad de esto, debe haber una representación genuina de todos los bloques y vamos a insistir con esto”. Penacca también criticó el apresuramiento del oficialismo, afirmando: “Ingresaron un proyecto de reforma de la ley penal juvenil a la mañana y a la tarde lo retiraron. Es absurdo que nos quieran llevar a patadas en el culo”.

Desde la bancada libertaria, Giudici replicó: “No hay intención de llevar a nadie a patadas en el culo, puedo dar fe que así era en años anteriores”, y defendió el procedimiento bajo la premisa de la proporcionalidad parlamentaria.
La nómina de comisiones conformadas incluyó Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con José Peluc (LLA, San Juan) como titular; Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de la diputada Juliana Santillán (LLA, Buenos Aires); y la comisión del Instituto del Mercosur, cuya presidencia hasta ahora estaba en manos del peronismo, siendo designado en su lugar el ex diputado del PRO, actual libertario, Damián Arabia, designación que fue eje de una disputa durante la jornada.
La estrategia libertaria encontró escasa resistencia efectiva por parte de los bloques opositores, que optaron por retirarse de las reuniones en señal de disconformidad. “Se quedaron con todo, es un muy mal inicio”, comentó un diputado de la oposición que se mantuvo en silencio durante los procesos de conformación de las comisiones.
En este esquema, La Libertad Avanza se queda con la potestad de convocar o no y de manejar el temario de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación, no solo para los temas que se debatirán entre mañana y el 27 de febrero, sino que también quedarán de esa manera por los próximos dos años, hasta que nuevamente se renueve la mitad de los diputados que integran la Cámara de Diputados de la Nación.
POLITICA
La CGT logró cambios clave en la reforma laboral que dejan a salvo el financiamiento de los sindicatos

En la CGT respiran aliviados. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los 28 cambios acordados en la reforma laboral que se debatirá este miércoles en el Senado y allí se incluyen dos modificaciones que exigía la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2 por ciento de los salarios, y se elimina el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.
Otro punto importante es que el proyecto dejará que los empleadores sigan siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, y se deberá tener una autorización de la Secretaría de Trabajo.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Cuáles son los cambios clave que negoció el Gobierno para aprobar la reforma laboral mañana en el Senado

El oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado arribaron esta tarde a un acuerdo por la ley de reforma laboral que, si no hubiese sorpresas de último momento, será aprobada mañana en la sesión extraordinaria a iniciarse desde las 11. Los cambios al dictamen de mayoría que sacó a las apuradas en diciembre la jefa libertaria, Patricia Bullrich, son trascendentales e involucran Ganancias – más plata para gobernadores y Nación-, guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales en aportes compulsivos, el sostenimiento de porcentaje destinado a obras sociales, y la amortiguación de la idea original sobre el fondo de indemnizaciones.
Con las concesiones que aceptó el Gobierno libertario, el oficialismo y dialoguistas se disponen a ir mañana al recinto de la Cámara alta, desde las 11, para aprobar el proyecto y girarlo cuanto antes a Diputados. Previo a la casi repentina conferencia que comandó Bullrich -se sabía desde el mediodía-, donde dio un panorama general del texto -poca referencia a las modificaciones-, los jefes de las distintas bancadas realizaron la reunión de Labor Parlamentaria y blindaron un consenso para que en la sesión extraordinaria de este miércoles, en la votación en particular, se discuta lo menos posible el texto. Es decir, ir directo por títulos y, quienes tengan alguna objeción, la aclaren antes sobre los artículos que no deseen acompañar. De esta manera, se agilizaría un engorroso y delicado trámite.
Llaves para la luz verde
*Se elimina el artículo 190 del dictamen, que hablaba de una baja en Ganancias a grandes empresas de 30% a 27%.
*Queda la “contribución a cargo del empleador equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia” en la ley de obras sociales. Se quería bajar al 5%. Sí se aclara que la “Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará facultada para auditar el destino de las contribuciones”.
*Se elimina el artículo 137, que imponía que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes».
*Aportes compulsivos. Ahora, el acuerdo habla de que “a partir de la sanción de la presente Ley, los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones de los trabajadores“.

En tanto, “los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”. Se excluyen “las cláusulas que acuerden otros beneficios en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.
Sobre el final del artículo, se resalta: “A partir del 1 de enero de 2028 los aportes o contribuciones patronales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Tampoco resultarán obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos“.
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