POLITICA
Por primera vez, la Comisión Bicameral rechazó el Plan de Inteligencia Nacional

Por primera vez desde el retorno de la democracia, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso aprobó un dictamen con críticas y observaciones al Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en vigencia. Cuestionó que el documento secreto que redactó el Gobierno entreabre la puerta a tareas de inteligencia ilegal contra políticos, economistas, movimientos sociales y periodistas, entre otros actores, confirmaron dos fuentes oficiales consultadas por separado por .
“El dictamen incluye cuestionamientos de todo tipo y color al PIN, sí. Ese documento debe leerse como el marco general que explica lo que pasó luego, por ejemplo, con la denuncia que metió Bullrich [por, Patricia, ministra de Seguridad] por la difusión de los audios de Karina Milei, pidiéndole a la Justicia que allane a periodistas”, indicó una de las voces consultadas. “Bullrich no hizo más que explicitar que los periodistas son objetivos de inteligencia”.
Aprobado este martes por el pleno de la comisión, el dictamen se remitió al presidente Javier Milei y al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, quien responde al asesor Santiago Caputo y afronta ya una investigación penal por el PIN, tras una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien delegó la instrucción en el fiscal federal Guillermo Marijuán.
El dictamen fue redactado por el equipo de asesores de la comisión y aprobado este martes por el pleno del cuerpo, que preside el senador Martín Lousteau (UCR) e integran otros trece legisladores: el diputado Leopoldo Moreau (vicepresidente), el senador Oscar Parrilli (secretario), y los senadores Enrique Göerling Lara, Edith Terenzi, Eduardo De Pedro, María Florencia López y Beatriz Ávila como vocales, junto a los diputados Facundo Correa Llano, Mariela Coletta, Cristian Ritondo, César Treffinger, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.
De carácter secreto y no vinculante, el Gobierno puede desatender el dictamen completo, pero conlleva otro traspié para Milei y sus colaboradores, tanto en el plano político, como judicial, donde los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py podrían requerir una copia al Congreso para analizar los cuestionamientos.
Tal como reveló el 25 de mayo pasado, el PIN es un documento secreto de 170 páginas que fija los lineamientos del Gobierno en materia de inteligencia para los próximos años. Desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, trazar las eventuales acciones particulares a desarrollar para cumplirlas.
Así, el PIN determinó que quedarán bajo la lupa de la SIDE todos aquellos “actores” que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si alude de ese modo a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que pudieran cuestionar, por ejemplo, los operativos de la ministra Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados.
La SIDE también fijó como foco de interés a aquellos “actores” que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin precisar quiénes quedarían bajo la lupa. Podría abarcar a los economistas y analistas que han planteado discrepancias con las medidas adoptadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, o a los expertos que el presidente Milei denosta como “econochantas”.
El documento secreto también define como sujeto de interés de la SIDE a aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar “desinformación”. Otra vez, sin precisar si apunta a tareas de inteligencia externa, como las que Rusia desarrolló para influir en los resultados electorales en Estados Unidos, Francia y Rumania, entre otros países. O si engloba a periodistas y analistas políticos a los que la Casa Rosada endilga de manera recurrente que propalan “fake news”.
¿Qué dice la Ley de Inteligencia Nacional? Determina que la SIDE está a cargo de elaborar el PIN tras completar un análisis combinado de los problemas más acuciantes y estratégicos del país vinculados a la defensa nacional y la seguridad interior, para fijar sus prioridades y orientar los recursos durante los siguientes años. Pero prohíbe de manera taxativa desarrollar tareas de espionaje interno; es decir, reunir información sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, opiniones políticas, afiliación partidaria o actividad privada lícita, en tanto que las investigaciones por la posible comisión de delitos son competencia de las fuerzas de seguridad y la Justicia, aunque ese límite tiene matices. ¿Por qué? Porque la legislación vigente faculta a la SIDE a abordar problemas de seguridad interior si son cuestiones estratégicas o delitos federales complejos.
El recorrido que llevó a la aprobación del dictamen crítico del PIN comenzó a gestarse hace meses. Tras completar la primera revisión, los integrantes de la comisión citaron a Nieffert para escuchar sus explicaciones. El funcionario se presentó a mediados de junio y defendió el PIN tal como fue redactado a lo largo de dos horas. Sostuvo que lo expuesto por –confirmado luego por otros medios- era “falaz” y negó que la SIDE desarrolle tareas de espionaje sobre economistas, movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil.
“Para esta Administración los medios de comunicación y los periodistas no son considerados, en ningún caso, objetivos de inteligencia, por cuanto se encuentran protegidos por las garantías constitucionales que rigen la libertad de expresión, el derecho a la información y la actividad periodística”, remarcó Neiffert por escrito. “No voy a permitir que el sistema de inteligencia bajo mi coordinación empeñe sus capacidades para realizar vigilancia sobre políticos ni sobre medios o periodistas por su actividad profesional”.
Neiffert ahondó así en la posición oficial que ya había delineado el Presidente. A través de su cuenta en la red social X, Milei había sostenido que había incurrido en una “fake news” al abordar el contenido de ese documento secreto de 170 páginas. Y la ministra Bullrich argumentó que este diario había incurrido en una “interpretación sesgada” del PIN.
Sin embargo, pese a la defensa del PIN y de su propia actuación al frente de la SIDE que planteó Neiffert, los legisladores opositores que integran la comisión resolvieron este martes dejar planteadas sus críticas y recomendaciones en un dictamen que remitieron a la Casa Rosada. “Nosotros no podemos modificar el PIN, aunque sí realizar objeciones y formular sugerencias. Veremos qué respuesta recibimos de la SIDE”, indicó uno de los miembros de la comisión, según publicó Laura Serra, el mismo martes, en .
Para redactar esos cuestionamientos, los miembros de la comisión se apoyaron en al menos dos análisis que alertaron sobre riesgos y ambigüedades en el PIN que elaboró el Gobierno. Estimaron que habilitaría a los agentes de la SIDE a desarrollar “actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país”, según consta en las copias del memo y los reportes que reveló a principios de julio.
Ambos análisis objetaron varias aristas del documento secreto de 170 páginas. El primero alertó que habilitaría a espiar a los movimientos sociales y grupos vulnerables, y a desarrollar tareas de “vigilancia de la opinión pública y críticos del Gobierno”. El segundo, marcó el “desacierto” de crear una División de Fuerzas Provinciales dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, bajo la órbita de la SIDE. ¿Por qué? Porque “entre las acciones que se le asignan se destaca su participación en ‘el establecimiento y desarrollo de relaciones de coordinación operativa con el área de inteligencia de fuerzas de seguridad provinciales y locales’”.
El primer reporte también alertó sobre lo que definió como “un aspecto particularmente sensible del Plan de Inteligencia Nacional”. ¿Cuál? “La inclusión de actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país, incluyendo eventualmente a ciudadanos argentinos, actores políticos, periodistas u otras personas”.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Entre internas por las listas y las tensiones con el Gobierno, Provincias Unidas intenta mostrar unidad

Las listas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad mantienen en cortocircuito a Provincias Unidas. Aunque parecía que las diferencias se habían disipado tras el cierre de listas, la foto de Ignacio “Nacho” Torres con Ricardo López Murphy reavivó las tensiones con la propuesta de Martín Lousteau, candidato a diputado para el 26 de octubre. El dirigente radical insiste en que su nómina es la referencia porteña de los gobernadores, pero la jugada del mandatario chubutense despertó dudas. Sin embargo, todos los actores buscan bajarle el tono o directamente evitar pronunciarse. Con ese trasfondo, el próximo martes habrá un encuentro en la Patagonia para mostrar unidad.
Cerca de Torres aclararon a Infobae que la foto con López Murphy respondió más al pragmatismo que a una actitud confrontativa. Creen que después del 28 de octubre “hay que sumar a todos” y en esa lista mencionan tanto al Bulldog como al presidente de la UCR, Facundo Manes, y a Graciela Ocaña, con el objetivo de construir una alternativa para 2027. El radicalismo porteño no comparte esa visión, sobre todo por la conformación de un posible bloque en el Congreso y su funcionamiento.
Uno de los principales objetivos de los gobernadores al crear Provincias Unidas fue la conformación de un bloque “compacto” en el Parlamento: legisladores que voten en función de las necesidades del interior y, sobre todo, que no haya rebeldes que lo hagan por fuera. En ese punto aparecen las contradicciones entre Lousteau y López Murphy. “Siempre votó todo con el Gobierno y Martín no. Queda fuera del esquema”, ejemplifican en Evolución.
Los radicales recuerdan que el referente del liberalismo se fue del bloque de Encuentro Federal y se abstuvo en la votación de las leyes de Financiamiento Universitario. En cambio, resaltan el rol opositor de Lousteau en el Senado, que incluso le generó varios dolores de cabeza dentro de su propio partido. Más allá de los planteos de Ciudadanos Unidos, algunos gobernadores señalan —en tono de reproche— que cada “uno está haciendo lo que quiere” por fuera de las provincias que gobiernan. “Había libertad de acción”, dicen.
Esas declaraciones apuntan a Juan Schiaretti, el candidato de Martín Llaryora en Córdoba. El ex gobernador fue el principal impulsor de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires y de Lousteau en la Ciudad. Coincide con los analistas electorales en que esos territorios son indispensables para instalar una fuerza nacional. Pero sus aliados en Provincias Unidas vaticinan una derrota en octubre, similar o incluso peor que la que sufrió Somos Buenos Aires en septiembre.
“Estamos en un proceso de construcción”, afirman cerca de Schiaretti, para bajarle el tono a las diferencias, y hasta aprueban la idea de sumar esos actores al espacio después de los comicios. Para fortalecer la idea de unidad y encolumnarse en un discurso frente a Javier Milei, el 30 de septiembre se mostrarán juntos en Chubut. Repetirán el 9 de octubre en Jujuy y el 15 en CABA, en la previa de las elecciones, ¿con Lousteau? Según pudo saber este medio, Guga prepara —sin fecha confirmada— otro acto en territorio porteño con todos los referentes del espacio de centro, excepto los mandatarios patagónicos.
El evento de Chubut se dará en medio de la tensión con el gobierno nacional, que recibió respaldo del Tesoro de Estados Unidos condicionado a recuperar el control político en el Congreso y acercar posiciones con los gobernadores. Ninguno de los integrantes de Provincias Unidas está dispuesto a reunirse con la Casa Rosada antes de las elecciones. Creen que sería “regalarle” una foto en clave electoral.
Además, Milei decidió polarizar la campaña en Córdoba con Schiaretti, acusándolo de subir impuestos y exigir medidas que implican desequilibrio fiscal. En La Libertad Avanza creen que el anuncio de la eliminación de retenciones al campo lo dejó sin fundamentos, aunque la polémica por el beneficio, limitado a las principales cerealeras, abrió expectativas sobre el pronunciamiento de Provincias Unidas. Hasta ahora, solo pidieron que la medida sea permanente y no atada a tiempos proselitistas.
Los gobernadores de Provincias Unidas no son los únicos que arrastran malestar con la Casa Rosada. Como reconstruyó este medio, durante el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías un grupo de mandatarios intensificó sus reclamos por el incumplimiento de obras, la falta de envío de fondos, la ausencia de diálogo y la exclusión del Presupuesto 2026. Dejaron en claro que la promoción de Lisandro Catalán al rango de ministro del Interior no resolvió el problema de fondo: la necesidad de terminar con el centralismo y abrir un verdadero canal de diálogo.
La mayoría de los mandatarios, más allá de sus alianzas, esperan al 26 de octubre para tener un diagnóstico certero de hasta qué punto los argentinos están disconformes con las políticas libertarias. Los resultados en sus propios territorios pueden ser la llave para presionar por cambios de estrategia y medidas concretas. Será un desafío, porque muchos apuestan a espacios de centro o frentes locales que los colocan en desventaja frente a la polarización.
POLITICA
Sergio Escalante, sucesor de Rodolfo Daer, ganó por amplio margen en las elecciones del Sindicato de Alimentación

El contundente respaldo obtenido por la Lista Verde en las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) marcó el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo de Sergio Escalante, quien fue elegido como secretario general con 2.611 votos frente a los 720 sufragios alcanzados por la opositora Lista Unidad, piloteada por la izquierda.
Este resultado, que refuerza el poder del oficialismo que Daer encabezó durante 40 años, se produce en medio de un duro conflicto salarial. El líder saliente, sin embargo, seguirá en el STIA a cargo de la Secretaría Tesorería y representante ante la CGT.
A su vez, quedan debilitadas dos tradicionales fracciones del sindicato que lideraron la oposición: los maoístas del PCR, de donde proviene Jorge Penayo, el candidato de la nómina Unidad, y los trotskistas del PTS, que aportaron a su secretario adjunto, Javier “Poke” Hermosilla.
Escalante, de 58 años, que integra el triunvirato que conduce la Regional San Martín de la CGT, trabajó en Panificadora Balcarce y es delegado desde 1999. Se incorporó a la conducción de STIA en 2008. Proviene de una familia que no se interesaba por la política y suele decir que “encontró al peronismo” en la fábrica.
En sus primeras declaraciones tras la victoria, el secretario general electo subrayó la continuidad de la lucha gremial por aumentos salariales y mejores condiciones laborales: “Trabajaremos arduamente en el plano gremial para conseguir mejores condiciones laborales y defender cada puesto de trabajo y en el campo político porque necesitamos un país con industria y trabajo en lugar de timba financiera y la deuda”.
El proceso electoral fue valorado positivamente por Escalante, quien destacó la importancia de la participación del afiliado en la votación. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la democracia sindical -dijo-, estamos contentos con el proceso eleccionario y el resultado, pero seguimos en conflicto salarial y seguiremos trabajando para lograr un aumento que dé respuesta a las acuciantes necesidades de nuestros trabajadores, redoblando las medidas todo lo que sea necesario hasta alcanzarlo”.
En relación a la negociación salarial, el dirigente instó a los empresarios a alcanzar un acuerdo que contemple las demandas del gremio. “Quiero instar a nuestros empleadores a aprovechar la conciliación obligatoria para llegar un acuerdo salarial justo, en lugar del 3 por ciento de hambre ofrecido, para que podamos seguir trabajando en esta industria indispensable para la Argentina en vez de profundizar un conflicto que no nos interesa y que no les conviene”, señaló el sucesor de Daer.
Además, dirigió un mensaje a la Casa Rosada: “Al Gobierno le recuerdo que la Argentina tiene enormes problemas que requieren su atención; deberían ocuparse de solucionarlos en lugar de trabar acuerdos libres entre privados si tanto pregonan la libertad y la no injerencia estatal”.
Además de agradecer a los afiliados y a los militantes de la Lista Verde, Escalante también hizo extensivo su gratitud a su “compañero y maestro Rodolfo Daer por la confianza y el trabajo que viene realizando hace años y por su visión del trasvasamiento generacional, consciente de que la organización vence al tiempo”.
Finalmente, el nuevo secretario general reconoció la importancia de la pluralidad y la competencia interna, al saludar a las listas opositoras que participaron en la elección. “Saludo y celebro la participación de los compañeros y compañeras de la Celeste y Blanca, la Bordo, Transparente y Blanca y Negra, que presentaron su lista opositora, ya que la diversidad de propuestas y la elección democrática muestran el dinamismo del STIA -destacó-. Pasado ya el fragor de los comicios debemos trabajar unidos en pos de los derechos e intereses de nuestros representados y de todos los trabajadores del país en este duro momento que nos toca atravesar”.
POLITICA
Debilidades en la Aduana: un informe reservado revela graves fallas en el sistema de cámaras para evitar delitos

Una auditoría interna de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) encendió una alarma sobre el funcionamiento del sistema de cámaras de la Aduana. El informe, que no está disponible de forma pública, evaluó el desempeño de la División Control Operacional del Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA) y concluyó que la vigilancia tiene fuertes debilidades.
En el informe, al que accedió , se destacaron 291 cuestiones problemáticas y se encontraron más de 190 cámaras sin funcionar, que apuntan para cualquier lado, tapadas o con el circuito cortado, entre otras situaciones.
El relevamiento despertó preocupación dentro del Poder Ejecutivo por el lugar en el que deja a la Argentina y la porosidad de sus fronteras.
También evidencia el terreno fértil para discrecionalidades por parte del personal aduanero, despachantes y funcionarios, entre otros. En ese contexto, la Sigen le pidió a ARCA, el organismo recaudador del que depende la Aduana, que intensifique la adopción de medidas “relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.
El trabajo, que revisó los años 2023 y 2024, pero se hizo con inspecciones entre noviembre y diciembre pasados, enumeró una serie de fallas de “impacto alto”. Fuentes al tanto del informe comentaron que se trata de problemas sin relevar hace tiempo.
Entre las fallas, se señaló que existen “deficiencias en el control efectuado por la Aduana a través del circuito cerrado de televisión (CCTV)”, una “inadecuada distribución de cámaras de monitoreo entre las Aduanas” y la “existencia de puntos operativos con incorrecta e imprecisa visualización en cámaras de las Aduanas”.
También se advirtió la falta de un proveedor de mantenimiento para las cámaras y problemas en el tiempo en el que se guardan las imágenes que captan.
Este informe es uno de los primeros realizados por la Sigen sobre la gestión libertaria. El estudio comprende todo el año pasado. De acuerdo con información de múltiples fuentes, 10 días después de comunicadas las falencias encontradas, ARCA solicitó la designación de una nueva persona al frente de la Unidad de Auditoría Interna.
Específicamente, se detectaron:
“De la evaluación realizada, se puede concluir que las tareas llevadas a cabo en la División Control Operacional del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero (C.U.M.A) dependiente de la Dirección General de Aduanas, referidas al objeto de auditoría, se llevan a cabo en un marco que presenta debilidades”, destacaron.
La auditoría fue formalmente comunicada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 14 de febrero de 2025 mediante la nota. El organismo pidió una prórroga el 26 de ese mes para dar respuesta a las deficiencias detectadas, la que le fue concedida, y recién el 14 de marzo su director ejecutivo respondió con observaciones y descargos.
Para la Sigen, las debilidades detectadas requerían que las autoridades “intensifiquen la adopción de medidas necesarias a efectos de optimizar las tareas relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.
El titular de la Aduana es José Andrés Velis. Trabajó durante 44 años en el organismo y conoce como pocos los engranajes internos. Su ascenso implicó el desplazamiento de Eduardo Mallea, quien había asumido tras la salida de Rosana Lodovico, apartada cuando se reveló que había tomado un préstamo de una empresa vinculada al contrabando. Velis, como Andrés Vázquez en lo que solía ser la Dirección General Impositiva, forman parte del armado que quedó bajo control de Santiago Caputo, con influencia y nombres arrimados por Leonardo Scatturice.
Continúa bajo investigación en la Justicia la llegada al país a fines de febrero en un avión privado procedente de Miami que transportaba a Laura Arrieta, empleada de Scatturice. Luego de que trascendiera que las diez valijas que transportaba no fueron revisadas, se vieron cámaras que constataron que hubo un llamado a alguien de la Aduana que aparentemente autorizó el paso, sin el control correspondiente.
“En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que las situaciones verificadas requieren intensificar la adopción de las medidas necesarias por parte de las autoridades responsables en orden a superar las debilidades apuntadas a efectos de optimizar las tareas llevadas a cabo por el organismo, relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera”, dice el informe.
Camila Dolabjian,Conforme a
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