POLITICA
Por qué Guillermo Moreno ya no podrá ser funcionario público

La Corte Suprema de Justicia confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno. La decisión del máximo tribunal activa la inhabilitación del exsecretario de Comercio Interior para ejercer cargos públicos. Los fallos ratificados corresponden a las causas por la compra de cotillón contra el Grupo Clarín y por amenazas durante una asamblea de la empresa Papel Prensa. Un tribunal ahora deberá unificar las penas y notificar formalmente al exfuncionario.
La Corte Suprema confirmó una condena que incluye una inhabilitación absoluta y perpetua para Guillermo Moreno. Esta sanción es parte de la sentencia por el caso conocido como “cotillón anti-Clarín”, que también le impuso dos años y seis meses de prisión en suspenso.
Ricardo Pristupluk
El máximo tribunal también ratificó una segunda condena por el delito de amenazas coactivas en la causa Papel Prensa. Por estos hechos, la pena fue de dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de queja que presentó la defensa del exsecretario. Con este fallo, ambas sentencias quedaron firmes y deben ejecutarse.
La causa que resultó en la inhabilitación perpetua investigó el uso de fondos públicos para financiar mercadería con consignas contra el Grupo Clarín. Moreno fue acusado por el delito de peculado. La acusación sostuvo que el exfuncionario pagó con dinero estatal gigantografías, stickers, banderas y globos para utilizar en actos políticos. Estos materiales se exhibieron en distintos eventos entre el 1 de enero de 2011 y el 2 de diciembre de 2013.
Archivo
Las leyendas de los productos incluían frases como “Clarín Miente” o “Clarín. Cadena Nacional del desánimo, ocultamiento, desinformación, miedo”. En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal 7 lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso. En ese mismo fallo dispuso su inhabilitación perpetua. También recibieron condenas de dos años de prisión el expresidente del Mercado Central, Fabián Dragone, y los dirigentes Carlos Martínez y Guillermo Cosentino.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal convalidó la condena en 2019. La defensa apeló, pero la Corte desestimó el planteo. “Pueden inhabilitarme, pero yo hago parto de proyectos colectivos, no de proyectos individuales”, ironizó Moreno cuando escuchó su sentencia original.
El otro expediente que llegó a la Corte Suprema se originó por un hecho ocurrido el 12 de agosto de 2010. Moreno se presentó en una reunión de accionistas de Papel Prensa como representante de los derechos societarios del Estado Nacional. Durante una discusión por la elección de miembros de la comisión fiscalizadora, el exfuncionario exhibió unos guantes de boxeo y un casco de sparring. Colocó los objetos sobre la mesa de las autoridades.
Según las pruebas, dijo a los presentes que eligieran entre unos u otros. “Acá no se vota nada. Las mujeres para atrás y demos la pelea que hay que dar”, expresó en otro momento. Un video registró parte de la secuencia. El extitular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, fue el encargado de tapar la cámara. Moreno también advirtió a los accionistas privados que la asamblea terminaría mal.

En 2022, los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer lo condenaron a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas. La jueza Gabriela López Iñiguez votó por su absolución. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación de su defensa. El juez Daniel Petrone, con la adhesión de Diego Barroetaveña, afirmó que no existió una violación al derecho de defensa. El máximo tribunal ahora desestimó el último recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
El dirigente y diputado electo Juan Grabois defendió a Moreno tras la decisión judicial. Calificó el fallo como “un nuevo acto de proscripción política”. Definió la decisión como “la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas”.
Grabois expresó su postura en sus redes sociales. Acusó a la Corte Suprema de bailar “al ritmo del poder”. Sostuvo que en la Argentina “no hay estado de derecho” y que al kirchnerismo le queda por delante una “intensa resistencia”.
Moreno enfrenta otra condena por la manipulación de datos del INDEC entre 2006 y 2007. En esa causa, el exfuncionario recibió una pena a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación por los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. Este caso también espera una decisión final del Máximo Tribunal.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nicolás Pizzi.
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POLITICA
La ley de Glaciares y penal juvenil: las reformas que impulsa el Gobierno a la par de la discusión laboral

Con el inicio formal de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo empieza a mover fichas para avanzar con dos reformas sensibles: la modificación de la Ley de Glaciares y el régimen penal juvenil. Son proyectos que quedaron relegados por la discusión laboral -la principal batalla legislativa del Gobierno-, pero que integran el temario de extraordinarias y forman parte de la hoja de ruta oficial. Por ahora, los avances son puntuales y el margen de maniobra, acotado.
La reforma ambiental, que redefine las áreas periglaciares y reduce el alcance de las zonas protegidas, ingresó por el Senado y ya cuenta con dictamen de comisión. El texto está en condiciones de discutirse en el recinto, por lo que ahora el foco se traslada a Diputados. Este martes a las 18, el bloque libertario celebrará su primera reunión del año con un invitado clave: técnicos de la Secretaría de Minería, que conduce Luis Lucero, expondrán los detalles del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
En paralelo, en el Senado, los libertarios se reunirán con la mira puesta en la reforma laboral, aunque no descartan incluir la cuestión ambiental en la agenda. Bajo la conducción de la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, se buscará ordenar la discusión y fijar los lineamientos para avanzar con las iniciativas oficiales. “No hablamos del tema porque los votos están”, confió un referente libertario a al ser consultado por los cambios propuestos en materia ambiental.
El contexto, sin embargo, obliga a la cautela. Con los incendios en el sur como principal preocupación de las provincias cordilleranas, el oficialismo evitó exponer el debate. Tras la declaración de la emergencia ígnea, no obstante, la discusión podría reactivarse. En ese marco, juristas y organizaciones civiles enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la que cuestionan la constitucionalidad del proyecto y advierten que “pone en jaque el derecho constitucional ambiental”. Aun si prospera en el Congreso, anticipan, la reforma podría terminar judicializada.
La baja de la edad de imputabilidad, en tanto, todavía no tiene fecha cierta de tratamiento. La referencia sigue siendo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2024, que proponía fijar en 13 años la edad mínima para juzgar penalmente a un menor y habilitaba condenas de hasta 20 años de prisión.
Ese texto recorrió durante nueve meses un complejo entramado legislativo que involucró a tres comisiones -Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto- y fue objeto de modificaciones sustanciales. En el dictamen que logró avanzar, el piso se elevó a 14 años y el tope de las penas privativas de la libertad se redujo a 15. Esa alternativa fue acompañada por aliados del oficialismo y por legisladores de Unión por la Patria vinculados al Frente Renovador.
La opción de bajar la edad a 13 no reunió respaldo suficiente, ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR, que anticipan que no modificarán su postura en un eventual nuevo debate. El despacho también incorporó criterios más restrictivos para la prisión efectiva, que solo se habilitaría para delitos con escalas penales de diez años o más, y reforzó las sanciones alternativas para el resto de los casos, con excepciones para homicidios y hechos de violencia grave. Además, reafirmó garantías procesales y estableció estándares estrictos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos y el acceso garantizado a educación y salud.
Para que la discusión se reactive, sin embargo, las comisiones deben estar formalmente constituidas. Por ahora, solo Presupuesto -a cargo de Alberto Benegas Lynch– y Legislación Penal -presidida por Laura Rodríguez Machado– cuentan con autoridades. Falta definir Justicia, que el oficialismo evalúa retener bajo la conducción del bonaerense Sebastián Pareja, y Familia, Niñez y Juventudes, que podría quedar en manos de bloques del centro como Provincias Unidas, donde suena el nombre de la radical Mariela Coletta.
Los tiempos apremian. El oficialismo tiene hasta el jueves para definir las autoridades de las comisiones pendientes y destrabar el inicio del debate. No se descarta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, convoque a una reunión de jefes de bloque para ordenar la discusión.
Con el feriado de carnaval en el medio, el margen para emitir dictamen y llevar los proyectos al recinto es mínimo. Si Diputados no acelera en los próximos días, la reforma quedará fuera del calendario de extraordinarias.
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POLITICA
La Justicia realizó un nuevo operativo en el aeropuerto de San Fernando por los vuelos de los helicópteros a la mansión de Pilar

Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando en busca de información por los vuelos a la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino.
Concretamente, los agentes se presentaron en el hangar de la empresa Flyzar para obtener documentación clave: órdenes de vuelo y listados de pasajeros, que podrían esclarecer quiénes viajaron a la lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa.
Leé también: Cómo es por dentro la mansión de Pilar vinculada a presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia
En el lugar, los miembros de la PSA fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, el titular de la empresa, quién entregó la documentación solicitada.
Este operativo es el segundo realizado en el mismo lugar. El pasado 30 de enero, el juez ordenó buscar en las oficinas de Flyzar los registros de vuelos, seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y la lista de pilotos que operaron hacia la mansión de Pilar.
El foco de la investigación está en esclarecer la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los papeles, compraron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, pero la tasación oficial es de 17 millones de dólares.
La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían ser prestanombres de Toviggino o de terceros, ya que su perfil patrimonial no se condice con semejante inversión.
La Justicia también busca reconstruir quiénes fueron los pasajeros frecuentes de los helicópteros y qué tipo de carga se transportó a la mansión. El foco está puesto en determinar si hubo vuelos con dirigentes de la AFA y si se movieron bienes o dinero de manera irregular.
La causa, que investiga el patrimonio y los movimientos de la cúpula del fútbol argentino, había iniciado -por impulso de la Coalición Cívica- en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Y ahora, tras una movida polémica, el expediente recaló en Campana.
Leé también: La empresa que compró la supuesta mansión de Tapia también posee otra mansión en Pilar y 59 autos de lujo
Aguinsky ya les había tomado declaración a dos pilotos que hicieron viajes rumbo a la mansión de Pilar. Uno de ellos intentó justificar su presencia en la quinta diciendo que hacía “vuelos de entrenamiento”, pero ambos negaron haber transportado bultos o paquetes. Sin embargo, los investigadores detectaron que entre los dos sumaron más de 60 viajes a la propiedad de Pilar.
El juez también les mostró fotos para ver si reconocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Toviggino como pasajeros. Los pilotos aseguraron que no podían identificarlos, lo que generó escepticismo, sobre todo porque no existen listas de pasajeros ni registros formales de carga que respalden sus dichos.
AFA, San Fernando, Justicia
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Congreso: con la reforma laboral en el centro del debate, comienzan las sesiones extraordinarias

Este lunes, el Congreso de la Nación da comienzo al período formal de sesiones extraordinarias, convocado por el Poder Ejecutivo y previsto hasta el 27 de febrero, previo al inicio de las reuniones ordinarias. El temario legislativo concentra iniciativas de alto impacto institucional, con la reforma laboral en el centro de la atención.
La agenda legislativa incluye, entre otros, proyectos vinculados a la ley penal juvenil, la protección ambiental de glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Principales proyectos de la agenda
- El eje central del debate será la reforma laboral. Desde el Ejecutivo se proponen modificaciones en materia de despidos, indemnizaciones y contrataciones, por ejemplo. Los legisladores también deberán discutir cambios en el sistema de cargas y aportes.
- Respecto de la reforma del régimen penal juvenil, se busca reemplazar el sistema vigente desde 1980. El proyecto propone, sobre todo, la reducción de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años, a 13 o 14, según las versiones en debate.
- Otro de los proyectos que debatirán diputados y senadores es la modificación de la Ley de Glaciares y del régimen de protección del ambiente periglacial. La propuesta apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas, limitando la protección estricta a aquellas zonas que cumplan una función hídrica comprobada.
- El temario se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya ratificación legislativa resulta necesaria para su eventual entrada en vigor.
- Las sesiones extraordinarias podrían incluir la consideración de designaciones diplomáticas y otras iniciativas puntuales, cuya incorporación dependerá de los consensos que se logren durante el desarrollo del período.
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