La discusión en torno al sistema penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y el traspaso de competencias penales volvió a ocupar el centro de la agenda luego de que la Legislatura porteña aprobara la creación del nuevo Servicio Penitenciario de CABA. Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, fue contundente en su diagnóstico: “El fracaso del sistema penitenciario obliga a repensar la reinserción de los presos”. Además, enfatizó que las cárceles, tal como están planteadas actualmente, “generan inseguridad” y que es indispensable que el sistema esté diseñado para que los condenados no reincidan.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Federico Mayol. En ese contexto, el funcionario abordó el reciente cambio jurídico que atraviesa la Ciudad, cuya autonomía hace necesaria la transferencia de competencias penales por parte de la Nación. Halperin explicó que “la Ciudad tiene que ser como una provincia y poder juzgar homicidio, robo, violaciones y tener sus propias cárceles”, pero advirtió que hasta ahora “el Congreso no le transfirió muchas competencias, por lo que los delitos más graves siguen siendo nacionales”.

El camino hacia la autonomía penal y el debate sobre las cárceles

Halperin expuso que ya existen alrededor de quinientos presos procesados por delitos bajo la órbita de la justicia de la Ciudad, lo que justifica la creación urgente de un sistema penitenciario propio: “Por un lado está que la Ciudad tiene que tener su propio sistema penitenciario porque tiene presos, y por otro lado, la Ciudad reclama al Estado nacional que cumpla con la Constitución y le transfiera las competencias”, sentenció el subsecretario. Para él, “una cosa no evita la otra”: es necesario avanzar en ambas líneas de acción, aun mientras el Congreso dilata el traslado de competencias plenas.

El funcionario resaltó el carácter inédito del acuerdo por la reciente sanción de la ley de ejecución de la pena en la Legislatura porteña: “Fue aprobada por consenso, algo inédito”, calificó, y subrayó que la nueva norma regirá tanto para los presos ya condenados por la justicia local como para quienes ingresen una vez firmado un convenio con la Nación.

El desafío de la infraestructura carcelaria: ¿Dónde construir y cómo pensar los nuevos penales?

Consultado sobre la infraestructura necesaria, Halperin fue tajante: “Hay que construir una cárcel para la Ciudad”. Sin embargo, aclaró que la ubicación aún está en discusión: “Una posibilidad es que esté en la Ciudad, en un complejo, en dos complejos, en tres complejos. Hoy tenemos quinientos presos a disposición de la Ciudad”, detalló. Actualmente, estos detenidos están en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, pero el objetivo es que el nuevo sistema los albergue bajo jurisdicción porteña.

“La Ciudad aprobó el presupuesto para la construcción de una Alcaidía General con capacidad para quinientos presos. El presupuesto para el establecimiento ya está, y estamos formando personal para la custodia de los detenidos”, explicó. La planificación incluye tanto complejos penitenciarios alejados de los centros urbanos para penas largas como alcaidías o unidades penitenciarias próximas a la ciudad para penas más cortas y procesos de reinserción. Este esquema híbrido, señaló, responde a que “las nuevas legislaciones procesales generan condenas cortas, y la reintegración debe ser más inmediata”, lo que exige una presencia carcelaria cerca de los barrios.

Respecto a la colaboración con la Nación y la provincia, Halperin aclaró: “No es imprescindible que la cárcel esté en la Ciudad; puede estar cerca, en predios existentes en Marcos Paz o Ezeiza”. Remarcó que muchas provincias tienen cárceles federales fuera de sus territorios, y que la principal discusión pasa por la integración y reintegración de los internos.

Las transferencias, los recursos y el futuro del sistema penal

La autonomía judicial exige, para Halperin, que la Nación transfiera no solo la competencia penal sino también la infraestructura y los recursos humanos asociados: “Serían alrededor de diez mil presos que tendría la Ciudad si recibe todas las competencias penales, y tendrían que venir los edificios. Así como cuando hubo traspaso de la policía la Nación transfirió veinte mil agentes, aquí esperamos que se repita algo similar”, argumentó.

El subsecretario afirmó que, aunque la Ciudad aprobó los fondos iniciales, aún resta definir cuestiones cruciales vinculadas a coparticipación y recursos federales: “Falta una ley de coparticipación que integre a la Ciudad en los términos que la Constitución establece”. La definición de estos aspectos será clave para sostener la inclusión, la seguridad y el tratamiento penitenciario.

El contenido y las deficiencias del sistema actual: reincidencia y oportunidad de cambio

“En la cárcel se cometen delitos y muchas veces impactan fuera. El resultado que hoy devuelve la cárcel no es el que las leyes le piden al Estado: la gente sale peor de lo que entra”, declaró Halperin, y señaló que, a pesar de los mandatos legales de resocialización fijados tras la reforma constitucional de 1994, la ejecución sigue en manos de fuerzas de seguridad enfocadas solo en la custodia. “Una fuerza de seguridad no puede resocializar”, sentenció el funcionario, y propuso que el flamante sistema local separe los cuerpos orientados exclusivamente a seguridad de quienes se enfocarán en la reintegración.

Sobre la reincidencia y los delitos más frecuentes, ofreció un mapa delictivo: en la nación, los ilícitos contra la propiedad continúan encabezando el listado, seguidos por delitos vinculados a drogas y, en tercer lugar, a violencia de género, que “ha crecido muchísimo”. Además, señaló que la duración promedio de una condena se sitúa en los seis años, aunque “está aumentando”.

Reinserción, educación y trabajo: las claves de las cárceles exitosas

“La ley de ejecución de la pena de la Ciudad establece que un preso que trabaja debe pagar primero a la víctima”, destacó, y agregó que, a diferencia del modelo anterior, la nueva legislación incluye por primera vez al damnificado como parte central del proceso de ejecución penal. “Pena segura, resocialización e inclusión de la víctima conforman el nuevo vector”, describió.

Halperin criticó la falta de acceso laboral y educativo en las cárceles: “Hay más presos que quieren trabajar que empleos disponibles. Lo mismo pasa con la educación”. Consideró que esta carencia “es parte de las causas del fracaso penitenciario”, y que sin oferta suficiente de talleres y estudios el sistema produce reincidencia, mayor gasto social y marginación.

“Si queremos que salgan mejores, debemos invertir en educación y capacitación para el empleo”, sostuvo en diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, subrayando además la importancia de medir el impacto de los proyectos de resocialización: “El desafío es decidir democráticamente con racionalidad cómo queremos que salgan quienes purgan una condena”.

El debate por la privatización y los modelos híbridos

Preguntado acerca de las cárceles privadas, Halperin cerró la puerta a la delegación del control y del tratamiento penitenciario, que consideró indelegable para el Estado: “La seguridad y el tratamiento son indelegables. Lo demás –construcción, comida, talleres productivos– puede privatizarse”. En este sentido, confirmó que en la ciudad “el modelo analizado es híbrido: la construcción será licitada y los servicios como la alimentación pueden quedar en manos privadas, pero la administración y el control seguirán bajo esfera estatal”.

Sobre el costo de mantener cada preso, el funcionario calculó: “Se acerca a ochocientos mil pesos por mes, aunque varía según el establecimiento”. Asimismo, argumentó que el trabajo intramuros no solo mejora la reintegración social, sino que puede ayudar al Estado a financiar los gastos: “El preso trabajador paga a la víctima y, además, un porcentaje queda para el Estado por los gastos de la prisión”.

Teléfonos celulares y debate sobre la corrupción

Sobre la polémica por el uso de teléfonos celulares intramuros, Halperin reconoció que en la cárcel federal “está prohibido el uso de celulares”, aunque admitió que “la corrupción facilita su ingreso y uso”. Defendió un modelo equilibrado y contextual: “No creo que sea todo o nada. Habrá que analizar según el caso, el perfil, el tipo de salida transitoria”. Reconoció además que “si el Estado decide, puede evitar que haya celulares instalando inhibidores, pero si fallan, se facilitan delitos y crea más corrupción”.

Interrogado sobre la responsabilidad respecto de la seguridad al interior, Halperin asumió: “Si se cometen delitos dentro de la cárcel, es que el Estado, por lo menos, no los evitó. La responsabilidad es nuestra, de quienes somos agentes estatales”, enfatizó.

Cambio de paradigma y acuerdo político amplio

Halperin subrayó el cambio de paradigma en la gestión penitenciaria alcanzado en la Ciudad gracias a “un proceso profundo de debate, donde nadie consideró tener la verdad absoluta y se logró un acuerdo transversal”. Destacó que el nuevo modelo se propone como una política estatal de largo plazo, no atada a partidos ni a coyunturas: “La única manera de salir de esto es que el tema penitenciario no sea solo una cuestión de partido o de gobierno, debe haber previsibilidad y continuar lo que funciona entre gestiones”.

Cerró rescatando experiencias positivas como la de Los Espartanos y el programa UBA22 en la cárcel de Villa Devoto, que demuestran que “el fracaso no tiene que ser regla”. “Si acertamos, profundizamos. Si nos equivocamos, revisamos. La oportunidad, ahora, está en la Ciudad, con un sistema que apuesta a la reintegración y la eficiencia”, concluyó.

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