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POLITICA

Por qué las cárceles y el sistema penitenciario actual deben transformarse

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La discusión en torno al sistema penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y el traspaso de competencias penales volvió a ocupar el centro de la agenda luego de que la Legislatura porteña aprobara la creación del nuevo Servicio Penitenciario de CABA. Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, fue contundente en su diagnóstico: “El fracaso del sistema penitenciario obliga a repensar la reinserción de los presos”. Además, enfatizó que las cárceles, tal como están planteadas actualmente, “generan inseguridad” y que es indispensable que el sistema esté diseñado para que los condenados no reincidan.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Federico Mayol. En ese contexto, el funcionario abordó el reciente cambio jurídico que atraviesa la Ciudad, cuya autonomía hace necesaria la transferencia de competencias penales por parte de la Nación. Halperin explicó que “la Ciudad tiene que ser como una provincia y poder juzgar homicidio, robo, violaciones y tener sus propias cárceles”, pero advirtió que hasta ahora “el Congreso no le transfirió muchas competencias, por lo que los delitos más graves siguen siendo nacionales”.

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El camino hacia la autonomía penal y el debate sobre las cárceles

Halperin expuso que ya existen alrededor de quinientos presos procesados por delitos bajo la órbita de la justicia de la Ciudad, lo que justifica la creación urgente de un sistema penitenciario propio: “Por un lado está que la Ciudad tiene que tener su propio sistema penitenciario porque tiene presos, y por otro lado, la Ciudad reclama al Estado nacional que cumpla con la Constitución y le transfiera las competencias”, sentenció el subsecretario. Para él, “una cosa no evita la otra”: es necesario avanzar en ambas líneas de acción, aun mientras el Congreso dilata el traslado de competencias plenas.

El funcionario resaltó el carácter inédito del acuerdo por la reciente sanción de la ley de ejecución de la pena en la Legislatura porteña: “Fue aprobada por consenso, algo inédito”, calificó, y subrayó que la nueva norma regirá tanto para los presos ya condenados por la justicia local como para quienes ingresen una vez firmado un convenio con la Nación.

El desafío de la infraestructura carcelaria: ¿Dónde construir y cómo pensar los nuevos penales?

Consultado sobre la infraestructura necesaria, Halperin fue tajante: “Hay que construir una cárcel para la Ciudad”. Sin embargo, aclaró que la ubicación aún está en discusión: “Una posibilidad es que esté en la Ciudad, en un complejo, en dos complejos, en tres complejos. Hoy tenemos quinientos presos a disposición de la Ciudad”, detalló. Actualmente, estos detenidos están en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, pero el objetivo es que el nuevo sistema los albergue bajo jurisdicción porteña.

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“La Ciudad aprobó el presupuesto para la construcción de una Alcaidía General con capacidad para quinientos presos. El presupuesto para el establecimiento ya está, y estamos formando personal para la custodia de los detenidos”, explicó. La planificación incluye tanto complejos penitenciarios alejados de los centros urbanos para penas largas como alcaidías o unidades penitenciarias próximas a la ciudad para penas más cortas y procesos de reinserción. Este esquema híbrido, señaló, responde a que “las nuevas legislaciones procesales generan condenas cortas, y la reintegración debe ser más inmediata”, lo que exige una presencia carcelaria cerca de los barrios.

Respecto a la colaboración con la Nación y la provincia, Halperin aclaró: “No es imprescindible que la cárcel esté en la Ciudad; puede estar cerca, en predios existentes en Marcos Paz o Ezeiza”. Remarcó que muchas provincias tienen cárceles federales fuera de sus territorios, y que la principal discusión pasa por la integración y reintegración de los internos.

Las transferencias, los recursos y el futuro del sistema penal

La autonomía judicial exige, para Halperin, que la Nación transfiera no solo la competencia penal sino también la infraestructura y los recursos humanos asociados: “Serían alrededor de diez mil presos que tendría la Ciudad si recibe todas las competencias penales, y tendrían que venir los edificios. Así como cuando hubo traspaso de la policía la Nación transfirió veinte mil agentes, aquí esperamos que se repita algo similar”, argumentó.

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El subsecretario afirmó que, aunque la Ciudad aprobó los fondos iniciales, aún resta definir cuestiones cruciales vinculadas a coparticipación y recursos federales: “Falta una ley de coparticipación que integre a la Ciudad en los términos que la Constitución establece”. La definición de estos aspectos será clave para sostener la inclusión, la seguridad y el tratamiento penitenciario.

El contenido y las deficiencias del sistema actual: reincidencia y oportunidad de cambio

“En la cárcel se cometen delitos y muchas veces impactan fuera. El resultado que hoy devuelve la cárcel no es el que las leyes le piden al Estado: la gente sale peor de lo que entra”, declaró Halperin, y señaló que, a pesar de los mandatos legales de resocialización fijados tras la reforma constitucional de 1994, la ejecución sigue en manos de fuerzas de seguridad enfocadas solo en la custodia. “Una fuerza de seguridad no puede resocializar”, sentenció el funcionario, y propuso que el flamante sistema local separe los cuerpos orientados exclusivamente a seguridad de quienes se enfocarán en la reintegración.

Sobre la reincidencia y los delitos más frecuentes, ofreció un mapa delictivo: en la nación, los ilícitos contra la propiedad continúan encabezando el listado, seguidos por delitos vinculados a drogas y, en tercer lugar, a violencia de género, que “ha crecido muchísimo”. Además, señaló que la duración promedio de una condena se sitúa en los seis años, aunque “está aumentando”.

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Reinserción, educación y trabajo: las claves de las cárceles exitosas

“La ley de ejecución de la pena de la Ciudad establece que un preso que trabaja debe pagar primero a la víctima”, destacó, y agregó que, a diferencia del modelo anterior, la nueva legislación incluye por primera vez al damnificado como parte central del proceso de ejecución penal. “Pena segura, resocialización e inclusión de la víctima conforman el nuevo vector”, describió.

Halperin criticó la falta de acceso laboral y educativo en las cárceles: “Hay más presos que quieren trabajar que empleos disponibles. Lo mismo pasa con la educación”. Consideró que esta carencia “es parte de las causas del fracaso penitenciario”, y que sin oferta suficiente de talleres y estudios el sistema produce reincidencia, mayor gasto social y marginación.

“Si queremos que salgan mejores, debemos invertir en educación y capacitación para el empleo”, sostuvo en diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, subrayando además la importancia de medir el impacto de los proyectos de resocialización: “El desafío es decidir democráticamente con racionalidad cómo queremos que salgan quienes purgan una condena”.

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El debate por la privatización y los modelos híbridos

Preguntado acerca de las cárceles privadas, Halperin cerró la puerta a la delegación del control y del tratamiento penitenciario, que consideró indelegable para el Estado: “La seguridad y el tratamiento son indelegables. Lo demás –construcción, comida, talleres productivos– puede privatizarse”. En este sentido, confirmó que en la ciudad “el modelo analizado es híbrido: la construcción será licitada y los servicios como la alimentación pueden quedar en manos privadas, pero la administración y el control seguirán bajo esfera estatal”.

Sobre el costo de mantener cada preso, el funcionario calculó: “Se acerca a ochocientos mil pesos por mes, aunque varía según el establecimiento”. Asimismo, argumentó que el trabajo intramuros no solo mejora la reintegración social, sino que puede ayudar al Estado a financiar los gastos: “El preso trabajador paga a la víctima y, además, un porcentaje queda para el Estado por los gastos de la prisión”.

Teléfonos celulares y debate sobre la corrupción

Sobre la polémica por el uso de teléfonos celulares intramuros, Halperin reconoció que en la cárcel federal “está prohibido el uso de celulares”, aunque admitió que “la corrupción facilita su ingreso y uso”. Defendió un modelo equilibrado y contextual: “No creo que sea todo o nada. Habrá que analizar según el caso, el perfil, el tipo de salida transitoria”. Reconoció además que “si el Estado decide, puede evitar que haya celulares instalando inhibidores, pero si fallan, se facilitan delitos y crea más corrupción”.

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Interrogado sobre la responsabilidad respecto de la seguridad al interior, Halperin asumió: “Si se cometen delitos dentro de la cárcel, es que el Estado, por lo menos, no los evitó. La responsabilidad es nuestra, de quienes somos agentes estatales”, enfatizó.

Cambio de paradigma y acuerdo político amplio

Halperin subrayó el cambio de paradigma en la gestión penitenciaria alcanzado en la Ciudad gracias a “un proceso profundo de debate, donde nadie consideró tener la verdad absoluta y se logró un acuerdo transversal”. Destacó que el nuevo modelo se propone como una política estatal de largo plazo, no atada a partidos ni a coyunturas: “La única manera de salir de esto es que el tema penitenciario no sea solo una cuestión de partido o de gobierno, debe haber previsibilidad y continuar lo que funciona entre gestiones”.

Cerró rescatando experiencias positivas como la de Los Espartanos y el programa UBA22 en la cárcel de Villa Devoto, que demuestran que “el fracaso no tiene que ser regla”. “Si acertamos, profundizamos. Si nos equivocamos, revisamos. La oportunidad, ahora, está en la Ciudad, con un sistema que apuesta a la reintegración y la eficiencia”, concluyó.

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POLITICA

Reforma laboral: avanza el acuerdo entre el Gobierno y los aliados, pero se demora la versión final del texto

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Como se suponía en la previa, la cumbre que mantuvo este lunes la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a sus pares dialoguistas para pulir la versión final de la reforma laboral no dejó un resultado contundente, más allá del ya reconocido acuerdo general para acompañar la iniciativa, situación que no corre riesgo. Lo que importará de verdad es la definición en particular del texto, con un puñado de artículos en puja y la eventual caída de la cuestión Ganancias, que ya empieza a ser mirada con cariño por todos los sectores.

Ante varios puntos que restan cerrar, ambos bandos continuarán con el ida y vuelta esta mañana y, desde las 14, irán a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria del miércoles. Anoche, un legislador cristinista deslizó a Infobae que se analizaba no asistir a dicho encuentro. Es que, allí, oficialismo y dialoguistas intentarán consensuar los tiempos de exposición en el recinto, algo trascendental para no desacomodar el tratamiento de un tema delicado que, por ahora, parece ser la única receta en manos del kirchnerismo. No obstante, toda La Libertad Avanza sigue con guardia alta.

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Quienes se mostraron durante el convite de anoche, que terminó cerca de las 22 -más de tres horas de duración- fueron Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); los titulares de la UCR, el PRO y Provincias Unidas, Eduardo Vischi (Corrientes), Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente; y terminales de gobernadores como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones).

También aparecieron Edith Terenzi y Beatriz Ávila, alineadas con los mandatarios locales Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). No se vio a la neuquina Julieta Corroza y quien volvió a ausentarse fue la santacruceña Natalia Gadano. Hay quienes miran con atención a ella y a su colega José María Carambia, por el sugestivo silencio de los últimos días.

Fuimos modificando cuestiones, en muchos casos, que son menores. Lo importante es que el objetivo de la ley está bien, está tal cual lo que se plantea desde el Gobierno y buscando los consensos para llegar a este miércoles”, sentenció Vischi al término de la velada.

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La senadora salteña Flavia Royón, terminal del gobernador Gustavo Sáenz, participó del encuentro de anoche entre oficialismo y dialoguistas (Jaime Olivos)

Menos específica fue Bullrich, que reiteró: “Nosotros hemos decidido llegar al miércoles y dar a conocer cuáles son los cambios. Estamos todavía terminando el debate“. Lo cierto es que en las próximas horas ocurrirá lo más jugoso: la presidenta libertaria en el Senado le mostrará hasta dónde estarán los votos en cada capítulo y artículo al Ejecutivo. Es decir, qué podrá y no salir.

A partir de aquí, la decisión de ceder o no pasa a Balcarce 50, que días atrás viró de una postura dura a una flexible. ¿Qué hará ahora? Horas atrás llegó un guiño desde allí sobre Ganancias. Anoche, Bullrich no confirmó la defensa a ultranza ni prometió la caída del artículo.

Entre lo que llegó de allá y lo de acá, parece bastante claro a esta altura”, confiaron desde un despacho al tanto del embrollo. Vale recordar que, como contó Infobae desde hace semanas atrás, quien más perdería ante una baja de la coparticipación sería la Nación -rebaja en Ganancias a grandes empresas, por ejemplo-, que busca cumplir los lineamientos del FMI y con su mandamiento de oro de déficit cero. Entonces, ¿a quién beneficiaría?

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Goerling fue otro de los que opinó al cierre del día. “Acá, el foco está en la ley laboral. Eso es lo importante, lo que estamos debatiendo y lo que la Argentina hace muchos años, décadas, quiere sacar y nunca se puede. Creo que estamos muy cerca de lograr ese acuerdo y que va a ser histórico. El tema de Ganancias es otra cuestión que está dentro de la ley, que todavía se está discutiendo”.

No sorprendió, a horas de la sesión, la asistencia del respetado secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Lo curioso fue que trascendió un supuesto enojo de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, por no participar de la “rosca”. Difícil de resolver para Bullrich y dialoguistas: la presidenta del Senado es la única autoridad que no registra el presente en la “Casa”, como sí lo hace el resto en el famoso tablero digital. Es un vicio que permitió su anterior vocero y que aún avala su renovada y súper profesional mesa chica. Al resto de los empleados les corre la huella para cumplir con las horas obligatorias.

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La Iglesia volvió a cuestionar el régimen penal juvenil: “Bajar la edad no reduce el delito”

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La Iglesia Católica, a través de un comunicado firmado por Cáritas Nacional y las Comisiones Episcopales de Pastoral Carcelaria y Social, volvió a cuestionar el Régimen Penal Juvenil de cara a su tratamiento en el Congreso. “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, indicaron.

En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, afrimaron: “La reducción de la edad de imputabilidad constituye un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional”. A su vez, advierten que esta reforma habilita la intervención penal y la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes que no han alcanzado la edad legal, “tratándolos como punibles, sin garantizar un debido proceso adecuado, bajo supuestos criterios educativos o curativos, e incluso permitiendo internaciones de carácter indefinido”.

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“Introduce un alto grado de arbitrariedad al combinar criterios de salud mental con pronósticos criminológicos que no cuentan con sustento científico”, contunió la Iglesia con sus cuestionamientos respecto del proyecto impulsado desde el Gobierno.

En ese sentido, plantearon que tampoco garantiza que haya un descenso en la cifra de criminalidad en menores, puesto que solo “habilita la aplicación de reglas del derecho penal adulto” y “permite el alojamiento en cárceles o dependencias de fuerzas de seguridad”, pero “no asegura defensa técnica especializada”.

La iniciativa fue incluida en el temario de las sesiones extraordinarias

La carta denuncia que la iniciativa prevé “penas desproporcionadas para adolescentes, sin una diferenciación razonable respecto de los adultos ni entre delitos leves y graves, ni entre adolescentes de distintas edades”, lo que contradice los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y progresividad. Apuntaron que la propuesta no se corresponde con un aumento de los delitos juveniles: “Los datos disponibles muestran que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42 %. Además, la mayoría de los delitos cometidos por este grupo etario —alrededor del 80 %— son contra la propiedad, principalmente robos, mientras que los delitos graves, como los homicidios, resultan excepcionales”.

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En el plano ético y social, la Iglesia sostuvo: “En un mundo atravesado por el avance de la cultura del descarte, sostenemos que los adolescentes y jóvenes no son una amenaza, sino presente y esperanza; protagonistas indispensables de una transformación profunda”. Por esto mismo, expresaron su dolor por la “creciente tendencia a perseguir y hostigar a quienes son más frágiles y vulnerables” y afirmaron que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal “instala en el imaginario colectivo la idea de que niños y adolescentes son peligrosos”. Mientras tanto, plantearon que los verdaderos peligros para las zonas más vulnerables, como el avance del narcotráfico y la criminalidad “continúan funcionando con altos niveles de impunidad”.

De esta manera, evocaron al Papa Francisco al decir: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a políticas de inclusión como a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los demás”.

De igual forma, aclararon que, como la mayoría de los argentinos, están “convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil” y reconocieron que “existe un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes”.

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Sin embargo, aclararon que “la baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”. «La realidad nos coloca ante una disyuntiva decisiva: o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare”, dijeron en su mensaje.

La carta lleva la firma de Cáritas Argentina y las Conferencias Episcopales Carcelaria y Social

Como alternativa, la Iglesia y las organizaciones que la acompañan proponen un enfoque preventivo. Así, propuesieron: “La intervención penal debe ser la última respuesta para promover la protección integral de la niñez”. Para los menores de dieciséis años, sugirieron un “abordaje en manos de los Juzgados de Familia y de todo el Sistema de Protección y Promoción de Derechos y no del sistema penal” y recomendaron políticas públicas direccionadas a tratar cuestiones de salud mental y adicciones, al tiempo de reforzar el acompañamiento familiar y comunitario. Mientras tanto, para los adolescentes mayores de dieciséis años que cometan delitos graves, la aplicación de justicia restaurativa, que “ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0 %”.

Las palabras de la Iglesia se dan luego de que el Gobierno haya incluido los cambios en el Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias. De hecho, hace tan solo una semana, la Conferencia Espiscopal Argentina expresó sus dudas respecto al proyecto.

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El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, cita interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia, entre ellos: “¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad?” y “¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?” Asimismo, se pregunta por las condiciones y los dispositivos disponibles en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen, así como por la efectividad de las instituciones penitenciarias para abordar el problema.

La Conferencia Episcopal reafirmó la convicción de que es “imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.

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El descargo de la presentadora de la Fiesta Nacional del Mate que leyó un insulto contra Javier Milei

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Una vez más la política volvió a colarse en un tradicional festival, esta vez en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, Entre Ríos. Durante el evento la conductora, Sonia Fernández, leyó carteles de los asistentes a la festividad y entre ellos, uno con insultos al presidente Javier Milei.

Inicialmente la conductora dijo: “Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo”. Luego les dijo a los asistentes: “¿Lo leo o no lo leo? ¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables”.

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Leé también: Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser Presidente”

Su colega le dijo: “Sos comunicadora, Sonia”. Luego Fernández leyó el polémico mensaje del cartel: “Milei, la c… de tu m…”. Luego la conductora dijo: “Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir”.

El descargo de la conductora de la Fiesta Nacional del Mate que leyó un insulto contra Javier Milei: “No debí hacerlo”

Frente a la fuerte polémica por haber leído un insulto contra el Presidente en la Fiesta Nacional del Mate, Fernández publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram, titulado “Aclaración y disculpas” por su accionar: “Ante lo ocurrido anoche en la Fiesta Nacional del Mate, quiero expresar una postura y un sentimiento”.

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La periodista mencionó: “Durante una verdadera y multitudinaria Fiesta popular, leí un cartel que estaba entre el público, en contra del Presidente. El cartel expresaba un insulto a Javier Milei. No debí leerlo. Más allá de que cientos de personas me pedían hacerlo. No estuvo bien. Me considero una persona muy respetuosa. Y una profesional con fuertes convicciones que las he dejado claras durante 40 años de profesión».

Fernández reiteró su pedido de disculpas: “Por lo expresado y reflexionado durante el día, pido públicas disculpas a la Investidura Presidencial (independientemente si se lo merece o no) y a los organizadores de la Fiesta Nacional del Mate, que me dieron junto a una colega, la responsabilidad de conducir un Festival oficial”.

La conductora dijo: “Gracias a las miles de personas que me han apoyado. (Estoy en todas las redes sociales y en los principales medios nacionales por algo tan poco feliz). No me gusta esa exposición. Gracias también a aquellas que, conociendo mi conciencia crítica, también me expresaron su postura”.

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Fernández aclaró: “No es retroceder en mi pensamiento. Está claro que ese pensamiento está y estará siempre en apoyo de lo nacional y popular y en defensa de la cultura. Sin embargo, me hubiera gustado hacerme viral por otras ideas y convicciones fuertes que expresé durante el Festival y no por la lectura de un cartel que insultaba al primer mandatario”.

La periodista dijo: “Aclaro: No es temor. No es autocensura. Es coherencia con mis ideas. Así como soy profundamente crítica a los insultos del Presidente Milei a muchos argentinos, yo asumo que hice lo mismo y eso no va conmigo. Dicho esto, doy por terminado el tema y sus efectos. Gracias por todo, nuevamente”.

Javier Milei, insulto, Entre Ríos

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