Fabián Rossi está alojado en el penal de Marcos Paz, pero solicitó el beneficio del arresto domiciliario. Una extensa lista de enfermedades busca sostener el planteo de la defensa junto a la calificación de “adulto mayor, por tener 60 años”: un tratamiento por la rotura del tendón de Aquiles, trastornos psicológicos y psiquiátricos. El 10 de junio inician los estudios a cargo del Cuerpo Médico Forense, luego de los cuales responderá el TOF 2.

Este jueves, el magistrado Néstor Costabel -presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que realizó el juicio de la Ruta del Dinero K- ordenó el traslado al Penal de Marcos Paz de los cinco detenidos en el caso.

El juez tiene a su cargo la ejecución de la pena que confirmó la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una condena por lavado de dinero agravado que contó con la participación -con diversos grados de responsabilidad-, de 22 personas. A la cabeza de la organización criminal se encuentra Lázaro Báez, sobre quien pesan diez años de prisión.

En el marco de esa sentencia el lunes se detuvo a Fabián Rossi, Juan De Rasis, Gustavo Fernández, Eduardo Castro, y Carlos Molinari, todos condenados como partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado.

Se encontraban en la sede de la Policía Federal en la calle Madariaga, pero el jueves se informó al juez Costabel que ese era lugar de tránsito y como todavía el Cuerpo Médico Forense no había dado fechas de exámenes médicos, la estadía en esa alcaidía no podía extenderse.

Los estudios de salud comenzarán el martes 10 de junio, ya que varios de los acusados solicitaron que se les conceda el arresto domiciliario, entre ellos Fabián Rossi.

Su planteo se encuentra bajo estudio, pero hasta que haya una resolución el abogado defensor, Mariano Enrique Asís Odeón, solicitó que pueda permanecer en una propiedad ubicada en el partido de Tigre, “donde tiene el sostén de su entorno familiar”, adujo.

A la hora de argumentar su requerimiento el abogado de Rossi se explayó respecto a diversas afecciones de salud.

“Como consecuencia de los hechos que dieron origen a esta causa, y el derrotero mediático que acosó a mi defendido, el cuadro de salud mental de mi defendido se ha ido agravando”, explica el escrito.

Desde 2013 -expresó el abogado- Fabián Rossi “se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico regular, sufriendo un diagnóstico amplio de 1) trastorno de ansiedad generalizada, 2) trastorno de ansiedad social (fobia social), 3) trastorno de pánico y 4) trastorno depresivo no especificado en grado moderado-severo”.

En resumen, “las patologías enumeradas requieren una atención especial y tratamiento regular y continuo que sería imposible de llevar a cabo en caso de tener que cumplir la condena en un establecimiento penitenciario”, indica el escrito.

También planteó que Rossi -a quien se lo veía en las imágenes de la financiera “La Rosadita” junto a Martín Báez contando cinco millones de dólares– necesita realizarse “estudios regulares, inspecciones por lesiones de la piel, colonoscopías/endoscopía, que requieren solicitar turnos con anticipación en establecimientos de salud específicos”.

Como si no tuviera una condena penal en su contra, entiende el abogado que Rossi, como cualquier persona, “debe adecuarse a los horarios y establecimientos de atención que tiene a su alcance”.

Entre otras dificultades que afronta Rossi, se expuso que se encuentra actualmente recuperándose de una “rotura de tendón de Aquiles, que insume al menos 6 meses de rehabilitación post operatoria. Realiza kinesiología y magnetoterapia tres veces a la semana en su domicilio, algo que únicamente podría continuar si se concede la prisión domiciliaria”.

En caso de encontrarse detenido, “se requeriría coordinar la inflexibilidad del sistema sanitario y los turnos de estudios, con la inflexibilidad y rigurosidad de los traslados y permisos carcelarios. El solo hecho de llegar fuera de horario, le hará perder la atención”, argumentó el abogado.

Dado su historial médico, desde 2015 aproximadamente, se volcó en el escrito que “Rossi se somete a estudios de colonoscopía cada seis meses por su situación de riesgo de cáncer de colon, enfermedad que causó el fallecimiento de su madre”.

Estos estudios, amplió sobre este aspecto la defensa, “solamente los puede realizar en ciertos centros de salud y requieren una preparación específica previo a su realización. Además de ayuno, se deben limpiar los intestinos con una solución química”.

Como consecuencia de una gastropatía erosiva, “Rossi debe seguir un régimen alimentario específico y medicación conjunta”, entre otras afecciones como diabetes tipo II, con casos de hiperglucemia alterada. “Como consecuencia de esto, realiza análisis de sangre reiterados (al menos cada 3 meses), el cual trata con medicación de metamorfina 500mg”.

Finalmente, respecto a su estado de salud mental, “Rossi realiza terapia en forma regular. Sin embargo, en caso de encontrarse detenido, no podría continuar este tratamiento con su profesional de confianza que lo atiende desde hace más de diez años. Todo lo cual, agravaría los múltiples trastornos descriptos”.

Por todo ello, ”la medida de prisión domiciliaria solicitada, es la más idónea, y la que protege los derechos constitucionales, habilitando el cumplimiento de la condena impuesta, sin generar riesgos y daños innecesarios que vulneren la salud de mi defendido”.

En caso de ser denegada, concluyó el abogado “ello implicaría un doble castigo para mi defendido; se vería privado de su libertad y a la vez privado de las condiciones básicas para garantizar la protección de su estado de salud”.

En otro argumento curioso, la defensa también señaló la edad de Rossi como justificación para pedir la prisión domiciliaria, aunque tiene diez años menos que los requeridos por la ley. “Mi defendido tiene 60 años (cumplirá 61 el próximo 14 de junio), por lo que encuadra como adulto mayor’.

Para sustentar este argumento, siendo que el Código Procesal Penal contempla el arresto domiciliario para mayores de 70 años, el abogado dijo: “se establece la obligatoriedad de respetar los servicios de cuidado a largo plazo, instando a “Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar la condición existente.”

Junto a todos los argumentos señalados, la defensa se refirió la “buena conducta que ha mantenido el señor Rossi desde el inicio de este proceso judicial. Se he presentado ante la justicia en cada oportunidad que fue citado, concurriendo regularmente para cumplir con su obligación de comparecer, durante la instrucción, debate oral y durante el período recursivo post sentencia condenatoria”.

En la Ruta del Dinero K, se corroboró la existencia de una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Lázaro Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de 54.872.866,69 dólares.