POLITICA
Pragmático, Milei apostó a un tetris de alianzas cambiantes para conseguir su ley laboral
A fuerza de pactos y negociaciones, el Gobierno tendrá su reforma laboral cuando el próximo viernes el Senado termine el trámite exprés que ideó la Casas Rosada para imponerse sin sobresaltos. Es la primera gran batalla de Javier Milei en su nueva construcción política, consolidada a base de acuerdos a medida para garantizarse sus objetivos, sin distinción de castas.
El sindicalismo y los gobernadores terminaron siendo los actores centrales que habilitaron el paso seguro de la reforma laboral por el Congreso. El pacto sindical libertario incluyó nulos reclamos provinciales. No hubo una sola marcha que hiciera siquiera dudar a alguno de los mandatarios de origen peronista de la inconveniencia de colaborar con Milei. “Si apostaron al acuerdo, iban a tener esta ley”, reprocha un dirigente de peso en el peronismo sobre el accionar de la CGT. Ni un bloqueo, ni una marcha a una casa de gobierno provincial.
En la Tucumán de Osvaldo Jaldo se acumulan los reclamos de las empresas textiles que cierran. El caso emblemático es Hilado SA, que en enero dejó de producir e implicó la suspensión de 190 empleados de su planta en Los Gutiérrez. “Nadie fue a pararle la provincia”, se quejan en el peronismo. “Arreglaron ellos”, mastican bronca en el bloque. En pleno debate parlamentario, en la Catamarca de Raúl Jalil la empresa de electrodomésticos Neba arrancaba un proceso de despidos en su planta del parque industrial El Pantanillo. Tampoco hubo movilizaciones que lo hicieron pensar en abstenerse de colaborar.
El cierre de Fate cayó como una bomba en el Gobierno, en el día previo al debate en Diputados. Poco afecto a intervenir en los conflictos, esta vez la Casa Rosada intentó una jugada para ganar tiempo y evitar que la conflictividad se expandiera hasta el Congreso. Dictó casi en minutos la conciliación obligatoria que frena por 15 días hábiles los despidos. La medida solo posterga el final anunciado, pero para entonces Milei ya tendrá su nueva ley laboral. Con la sanción definitiva el viernes, la Casa Rosada apurará su promulgación. En el mientras tanto, desde el Gobierno intentaron desviar el foco de la discusión y centrarse en la responsabilidad del dueño del holding, Javier Madanes Quintanilla. “¿Conspiranoico yo?”, dejó un posteo el Presidente, para que los tuiteros salieran a descargar su malestar hacia el empresario. La Unión Industrial Argentina (UIA), que demoró en defender a Paolo Rocca al menos dos días después del “don Chatarrin” presidencial, esta vez activó más rápido un comunicado para quejarse de que la situación de Fate no era un hecho aislado. Los empresarios intentan reacomodarse al esquema de poder que se abrió desde la llegada de Milei al Gobierno. Los actores cambiaron. Rocca ya no ocupa el rol central con ascendencia en Balcarce 50. Ese lugar hoy es de la familia Bulgheroni.
En ese contexto de alta conflictividad, el oficialismo se vio obligado a ordenarse. En 48 horas dio una doble marcha atrás con el artículo del descuento salarial por enfermedad y despejó el camino en Diputados. Primero anunció que lo retocaba, en una redacción de imposible cumplimiento que calificaba a las enfermedades entre severas, incurables y degenerativas. El rechazo social fue tal que con el correr de las horas aceptó directamente su eliminación. Ya hay pases de factura con los aliados del PRO. En el bloque libertario dicen que Cristian Ritondo salió a marcarle la cancha al Gobierno en redes sociales cuando la decisión ya estaba tomada.
Con bastante más oficio, Martín Menem entendió que debía diversificar los apoyos para ampliar la base de sustentación. Su habilidad es su desconfianza. No depender de un sólo sector sino tener a varias tribus dispuestas a apoyar. Germán Martínez, el jefe de UxP, lo llamó los “packs”, pero lo cierto es que los libertarios armaron un menú de opciones a medida de las necesidades propias y ajenas. Los acuerdos terminaron siendo un tetris. El tucumano Javier Noguera dio quórum pero se ausentó en la votación. Ya estaba acordado. Lo sabía el bloque kirchnerista y lo sabían los libertarios. Está presionado por Jaldo. El acuerdo inicial que llevó a la unidad al peronismo provincial en las últimas elecciones legislativas implicaba que el diputado se quedaría en el bloque de UxP. Dirigentes provinciales dicen que Jaldo los traicionó a costa de presionar a Noguera con el ahogo financiero al municipio de Tafí Viejo, que gobierna Alejandra Rodrìguez, su mujer, y del que él fue intendente.
En el caso de los diputados por Catamarca, aportaron al quórum pero votaron en contra de la ley. No eran necesarios. El Gobierno tenía el apoyo de los legisladores de Santa Fe y Córdoba. Salta y Misiones no se despegaron de los mandatos oficiales. Permitieron el inicio de la sesión y votaron a favor, en un combo completo.
El Gobierno tenía asegurado el resultado a su favor sobre todo por el rol que jugó el bloque de Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia. En crisis de identidad, ese espacio no encuentra cohesión interna. Completamente divididos, decidieron mostrar algo de unidad anunciando que no darían quórum. Se desmarcó el rionegrino Sergio Capozzi, ex diputado de PRO. Ya estaba hablado que la mitad de ese conglomerado variopinto votaría a favor.
Las razones de la colaboración: fondos y algo más
El peronismo emprendió automáticamente la caza de traidores. En rigor, los gobernadores que apoyaron a Milei son dirigentes que ya están afuera del esquema en el que sigue gravitando Cristina Kirchner. No hubo fisuras en el bloque, que ya es bastante. Buena parte de la colaboración se explicará en fondos para obras que comenzarán a verse en los balances oficiales en los próximos días. Son ya razones sistémicas. Como los gobernadores peronistas que apoyaron a Mauricio Macri, incluso mayor en número que ahora. Provincias ahogadas que necesitan fondos nacionales y también un derrotero de derrotas electorales. El triunfo de Milei en las últimas elecciones se explica también por la pérdida de votos del peronismo en las provincias del Norte.
“Las encuestas me dicen que la gente quiere diálogo”, le dijo Raúl Jalil a un integrante del bloque de UxP cuando intentaba convencerlo de que no colabore con Milei. Con miedo, llegó a confesarle que si la votación era una semana después, perdía. Son gobernadores, además, electoralmente amenazados por La Libertad Avanza. Jaldo ganó gracias a la unidad, pero con un electorado conservador, difícil que pueda bloquear en 2027 el avance de la ola violenta. Deberá volver a pactar con el sector de Juan Manzur, si es que todavía tiene margen. Gustavo Sáenz perdió en Salta capital y tendrá problemas para reelegir ante el crecimiento de Emilia Orozco en su territorio. Dicen en las filas libertarias que apuesta a ser el vice de Milei. El Frente Renovador de Misiones también vio colapsar sus chances electorales cuando en octubre quedó en segundo lugar, detrás de La Libertad Avanza. Son mandatarios que no tienen, además, jefes nacionales que los ordenen. Ellos son sus propios jefes.
La sustentabilidad de los acuerdos es todavía una materia pendiente para el nuevo manual de conducción de los libertarios. Por ahora son pactos débiles, coyunturales y poco duraderos. En el Gobierno saben que el año próximo, con las elecciones en puerta, los pactos se disolverán. “¿Cuánto aguantan algunos diputados?”, se preguntan en los bloques opositores, como el caso de la periodista neuquina Karina Maureira que se quebró en llanto en plena sesión y pedía rever algunos artículos, como la derogación del estatuto del periodista, y terminó votando por su eliminación.
Entre los gobernadores de corte puramente opositor el más complicado económicamente es el riojano Ricardo Quintela. Llamó la atención en el bloque peronista la ausencia del diputado de su provincia Sergio Casas.
En plata, la reforma laboral mermará aún más las cuentas provinciales. A pesar de que lograron quitar del capítulo impositivo la baja del impuesto a las Ganancias para las sociedades, hay varias rebajas a impuestos que se coparticipan. Según cálculos de la oposición, totalizan 2285 millones de dólares, entre ellos, el impuesto a los bienes de lujo que se copartica en un 80,6%. Son los artículos que van del 191 al 196 de la ley.
Disciplina libertaria
La guardiana del número esta vez fue Silvana Giudici. Y no sólo del número. También se encargó de ordenar la sesión. Nadie podía hablar. Ni moverse. Ni pelearse. En medio del debate tuvo que ir a separar al diputado libertario Manuel Quintar, que casi la duplica en altura, que ya estaba cara a cara con el peronista Aldo Leiva. Cualquier descontrol en la sala podía provocar el levantamiento de la sesión. Por eso ahora avanzó en una sanción a Florencia Carignano por desconectar los cables de los taquígrafos. La orden era clara: sólo podían hablar 3 personas: el miembro informante, Lisandro Almirón, que pidió permiso para leer su discurso; el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni; y la propia Giudici. Se cumplió. El bullrichismo terminó copando los bloques tanto en el Senado, con la propia Patricia al frente, como en diputados después del pase masivo de dirigentes del PRO a LLA. “Quedamos todos ordenados, incluso los macristas que se sacaron de encima a Vidal y Lospennato y ahora ya no tenen debate interno, están alineados con nosotros, ya no tienen doble identidad”, sostiene una de las principales espadas legislativas del Gobierno.
El oficialismo pasó el mayor momento de tensión sin sobresaltos. Fue apenas minutos después de las 21.30 cuando el peronismo se dio cuenta que no había quórum y propuso una moción de orden para terminar la sesión. Sonaron las alarmas. En ese momento presidía Luis Petri la sesión, que llamó rápidamente a Menem, tomó el control, y avanzó con Giudici en estirar los minutos para conseguir que los libertarios con hambre a esa hora volvieran a sentarse. La diputada contraatacó. Se vengó y pidió adelantar el cierre del debate. Finalmente hubo acuerdo.
El quórum lo consiguieron incluso holgados. “Teníamos 132, pero como lo conseguimos 10 minutos antes decidimos abrir la sesión”, aclaran los libertarios. Rocío Bonacci había pinchado un neumático en el camino e hizo rever los números. Ahí se mezcló otra desconfianza: la demora en sentarse de Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri. A su lado explicaron que “no hay ningún mensaje subliminal”, pero las desconfianzas son hoy el mayor activo de los libertarios. El otro gobernador que aportó fue Claudio Vidal, ex dirigente sindical. “(José) Garrido es más anti K que Milei”, lo describen en el peronismo. En el Senado, los dos representantes de Santa Cruz votaron en contra, pero se desmarcaron en el FAL. Temeroso, el Gobierno había trabajado para que José María Carambia, que es abogado laboral, cambiara su voto en uno de los artículos más complicados, aunque no fue siquiera necesario.
El apoyo a la reforma laboral fue casi idéntico que en el debate del año 2000. Germán Martínez había revisado los números en la previa. Entonces salió 137 a 93. El jueves fue 135 a 115, una mejora del rechazo. Premio consuelo. El triunfo de los libertarios se magnifica aún más si se tiene en cuenta que la oposición no logró dar de baja ninguno de los títulos más polémicos. Llamó sobre todo la atención el paso sin tensión del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que estaba contenido en un único título y que podría haber caído con un acuerdo opositor. Pero sólo perdió 5 diputados. Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Jorge Rizzotti y Capozzi. La radical Karina Banfi se abstuvo. Es el Fondo que Luis Caputo admitió que usaría para financiar al Tesoro. “Nosotros buscamos recomponer el mercado de capitales. Como parte de la reforma laboral, con el FAL, se va a alimentar un nuevo mercado de capitales. Son USD 4000 millones por año que va a alimentar el mercado de capitales”, dijo el ministro en diciembre pasado cuando la contribución prevista era del 3% de cada salario y ahora es del 2,5% para las Pymes y 1% para las empresas grandes.
Contraataque judicial
El viernes mismo, a horas de la aprobación en el Diputados, los abogados de la CGT hicieron un Zoom para fijar la estrategia judicial. Es el camino más seguro, pos pacto, que el sindicalismo siempre puso como objetivo para frenar la reforma laboral. Participaron desde Huguito Moyano a Marta Pujadas, mano derecha de Gerardo Martínez, para delinear las presentaciones. Ya no habrá más paros. El mayor temor ahora es la reglamentación, donde puede meter mano Federico Sturzenegger y que queden sin efecto los cambios acordados. El sindicalismo consiguió mantener las contribuciones a las obras sociales en un 6%, el financiamiento gremial vía cuota solidaria y cuota sindical con límite del 2% y la ultraactividad de los convenios hasta que las partes se pongan de acuerdo en la suspensión.
La apuesta es aprovechar la ventana de 180 días que establece la norma para la disolución del fuero laboral y presentar ahí medidas cautelares. Cuentan a su favor con la posición de rechazo de la Asociación de Magistrados y del presidente de la asociación latinoamericana de jueces del trabajo, Roberto Pompa, que expuso en el plenario de comisiones. “Ninguno quiere ser empleado municipal”, dice un dirigente sobre el rechazo judicial al pase al ámbito de la justicia porteña. Ya hablan de $89.000 millones en indemnizaciones para todo el fuero que desaparece.
Ganar la votación, perder la discusión
Más allá del contundente triunfo parlamentario, el Gobierno no logró imponerse en términos discursivos. El artículo de las licencias por enfermedad pareció despertar a la sociedad. Nadie habló de modernización y hasta los propios diputados guardaron sus discursos en el bolsillo ante la orden de que la prioridad era aprobar la ley.
Sin dudas, el Gobierno perdió el debate digital, zona en la que suele sentirse a gusto. Durante todo el mes “se sostuvo una tendencia negativa en el sentimiento de las audiencias digitales hacia Milei, tras cuatro meses de balance positivo”, es el análisis de la consultora Ad Hoc sobre la conversación en redes, el campo de batalla libertario. Según este informe, “el debate sobre la reforma laboral le traccionó un 48,5% de negatividad” al Presidente. Tuvo un pico el 12 de febrero, con más de 225 mil menciones al tema laboral después del debate en el Senado y el escándalo del artículo 44. En volúmen, es comparable con la reacción generada por el cierre de Fate, que se llevó un 60% de negatividad.
La mayoría de las encuestas coinciden en que la imagen del Presidente se estancó, sin lograr superar el 45%, que para la magnitud y duración del ajuste igual sigue siendo alta. El índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Di Tella dio en febrero una caída del 4,7%. QSocial, que elabora un monitor de percepción de inflación, estableció que 7 de cada 10 argentinos se vieron obligados a recortar gastos esenciales para poder llegar a fin de mes. Para la consultora Pulso Reserch “la aprobación de gestión se ha estabilizado en torno al 44% por tercer mes consecutivo y el rechazo registra una tendencia a la baja hace 5 meses, desde las elecciones legislativas de octubre pasado”. El principal activo de Milei sigue siendo el pasado: “La responsabilidad sobre la situación económica se mantiene como uno de los principales elementos que inviste de indulgencia al gobierno: el 48% culpa al gobierno anterior y el 38% le recrimina la situación al gobierno actual”.
En el pasado se explica buena parte del éxito político del Presidente que decidió aprovechar a fondo la ventaja que le dejan sus hipotéticos oponentes.
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POLITICA
Maniobra en la causa que más preocupa a Tapia: los acusados quisieron apartar al empresario que reveló la ruta del dinero de la AFA
La causa que más inquieta a Claudio “Chiqui” Tapia incorporó una maniobra que expone el foco actual del expediente. La defensa de los propietarios de TourProdEnter LLC, empresa radicada en Estados Unidos, solicitó apartar como querellante a Guillermo Tofoni, el empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El planteo busca restringir la intervención del denunciante que accedió a la ruta financiera de los fondos y cuya participación podría aportar información clave para comprometer a los acusados en la investigación por presunta administración fraudulenta.
Infobae accedió a información sobre este incidente procesal, producido en el expediente que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, que analiza el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años, desde que TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de los contratos en el exterior.
El 13 de febrero de 2026, la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette presentó un escrito solicitando que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”, según documentación a la que accedió Infobae. El argumento central es que el empresario no cumple la condición de “particular ofendido” exigida por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación. Según la presentación, el propio Tofoni habría admitido que el supuesto perjuicio no lo afecta de manera directa y singular, sino que se extendería “junto con todos los clubes del fútbol argentino”, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.
La defensa argumentó que el denunciante busca que el sistema de administración de justicia le sirva como una agencia de investigación privada sin costo, con el fin de reunir datos para mejorar su posición negocial en sus pretensiones contractuales o comerciales.
Además, planteó que el caso debería ser analizado como un eventual incumplimiento contractual y no bajo la órbita penal, invocando el principio de “ultima ratio” del derecho penal y señalando que la controversia debería resolverse en el ámbito comercial.
La exclusión de Tofoni como querellante tendría consecuencias concretas: perdería la capacidad de impulsar medidas de prueba, acceder plenamente al expediente y recurrir decisiones con el peso procesal de una parte.
Guillermo Tofoni es un empresario de extensa trayectoria, agente oficial de la FIFA y fundador de World Eleven, empresa especializada en gestión de partidos internacionales y eventos internacionales. Su relevancia en el mercado explica el impacto de su intervención en el expediente: no es un denunciante sin antecedentes, sino un operador histórico del negocio global del fútbol que llevó la disputa al ámbito judicial.
En su respuesta ante el juzgado, Tofoni negó las acusaciones de la defensa y aseguró que él aportó la prueba más relevante en el proceso. “La paradoja es que justamente fue quien suscribe quien nutrió y aportó abundante prueba en esta causa en virtud del discovery iniciado en Estados Unidos. Es decir, se da la circunstancia al revés de lo que postulan los imputados”.
Detalló que “la totalidad de la información financiera incorporada a esta causa fue obtenida mediante un procedimiento formal de discovery tramitado ante tribunales de los Estados Unidos, mecanismo que —por su propia naturaleza— exige como presupuesto ineludible la acreditación de un interés legítimo, concreto y actual por parte del requirente”. En el mismo escrito, al que accedió Infobae, indicó que las autoridades judiciales estadounidenses analizaron el reclamo presentado y concluyeron que su pedido resultaba jurídicamente atendible, habilitando el acceso a información bancaria altamente sensible de las personas aquí denunciadas.
Subrayó que esto implica “necesariamente, un reconocimiento previo de legitimación y de la existencia de una posible afectación patrimonial directa, pues de otro modo dicho acceso jamás hubiera sido autorizado”. Según Tofoni, esa circunstancia “descarta cualquier hipótesis de actuación meramente especulativa o exploratoria, como pretende sostener la defensa”.
La investigación judicial se centra en el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Selección argentina en el último cuatrienio. TourProdEnter LLC fue designada como agente de cobro exclusivo de la AFA en el exterior, con facultades para gestionar y percibir ingresos por partidos amistosos, eventos, concesiones y contratos de sponsoreo.
De acuerdo con la denuncia, las maniobras que integrarían la administración infiel habrían sido ejecutadas por Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, en complicidad con Faroni y Gillette, responsables de la sociedad radicada en Estados Unidos, según la documentación judicial. Tofoni planteó ante el juzgado que la constitución de esa firma y su figuración como mandataria de la AFA representó “un capítulo más de la administración fraudulenta”.
Afirmó que, además de los fondos que la empresa habría cobrado y habría hecho desaparecer tras un entramado de entes de paja, omitiendo su rendición a las cuentas de la AFA, TourProdEnter tenía acordada una comisión del 30 %, que “no tendría justificación alguna y también consistía en una vía más de consumar el fraude”.
El período investigado coincide con el ciclo más rentable de la historia reciente de la Selección, coronado con la obtención del Mundial de Qatar 2022. Ese título multiplicó el valor comercial de los amistosos internacionales y de los acuerdos de patrocinio.
El expediente ya atravesó una discusión sobre competencia. Un intento de derivación al fuero federal fue rechazado. El camarista Ignacio Rodríguez Varela determinó que no existían elementos que permitieran considerar que la afectación patrimonial comprometiera bienes o intereses federales ni el ejercicio del empleo público nacional. También sostuvo que los fraudes “no dejan de ser comunes” por el solo hecho de involucrar sumas elevadas o trascender varias jurisdicciones.
Tofoni consideró que esa resolución refuerza que los hechos denunciados encuadran “razonablemente en el delito de administración fraudulenta en perjuicio tanto de quien suscribe como de la Asociación del Fútbol Argentino, destacando además la existencia de documentación concreta que individualiza transferencias, montos y maniobras de desvío de fondos”. La defensa, por su parte, insiste en que se trata de una reedición de una denuncia archivada y que el conflicto es de naturaleza comercial.
El debate de fondo gira en torno al control del flujo de información sensible en la causa. El empresario no solo denunció, sino que obtuvo documentación bancaria extranjera e incorporó esos datos al expediente, generando una asimetría informativa ahora en discusión. Si la jueza lo reconoce como querellante, podrá seguir impulsando medidas, ampliar la hipótesis investigativa y aportar nueva documentación del sistema financiero estadounidense. Si lo excluye, su margen de intervención quedará reducido y el avance de la causa dependerá exclusivamente de la iniciativa fiscal y judicial.
En una investigación centrada en el manejo de más de USD 300 millones y el circuito internacional de fondos de la Selección campeona del mundo, la disputa por la querella se transformó en un punto neurálgico.
POLITICA
Familia judicial, roce político y controversias: Carlos Mahiques, uno de los jueces que debe definir el destino de la causa por la quinta vinculada a la AFA
Roce político, dos hijos en la Justicia y algunas polémicas que empañan un recorrido de más de medio siglo en los tribunales. Son algunas de las notas que marcan la figura de Carlos Mahiques, uno de los tres jueces en situación de definir el rumbo de la causa que investiga a la suntuosa quinta en Pilar, atribuida a las autoridades de la AFA.
Desde 2017, es miembro de la Cámara Federal de Casación, un órgano clave en el organigrama judicial, adonde trepan los expedientes más sensibles para la política. La Sala que ahora integra, de hecho, debe pronunciarse acerca de una disputa enredada y decidir si trata un pedido para que el expediente sobre la quinta regrese al fuero Penal Económico desde la Justicia de Campana, adonde las personas investigadas prefieren que tramite.
A principio de mes, el presidente Javier Milei solicitó al Senado la renovación del acuerdo de Mahiques para que este pueda seguir ejerciendo como magistrado de la Casación después de los 75 años, edad que cumple en noviembre y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento.
Mahiques llegó allí en 2017, como parte de los traslados de jueces que promovió Mauricio Macri durante su Gobierno. Pasó de tratar delitos comunes en la Casación porteña, al máximo tribunal penal del país, aunque no sin resistencias.
Su traslado fue aprobado con voto dividido en el Consejo de la Magistratura, con el kirchnerismo votando en su contra y subrayando su condición de juez nacional, no federal.
Por ese entonces, Juan Mahiques, uno de sus hijos, ocupaba el cargo de subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación y, como representante del Ejecutivo en el Consejo, oficiaba de enlace entre el Ministerio de Justicia de Germán Garavano y los tribunales.
El “clan” Mahiques se completa con Ignacio, el otro hijo de Carlos: fue designado fiscal porteño en 2015 y se desempeñó como adjunto del fiscal Gerardo Pollicita en la causa “Vialidad”, por la que Cristina Kirchner acabó condenada a 6 años de prisión.
La vocalía en la Casación de Carlos Mahiques entró en pausa en 2015, cuando se convirtió en el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La aventura política duraría apenas 5 meses. Al filo del vencimiento de su licencia en los tribunales, Mahiques optó por regresar a lo que había hecho “por más de 40 años”, según dejó plasmado en su carta de renuncia.
Polémicas
Su biografía judicial encierra algunas controversias. La más sonora tomó lugar en 2022, cuando formó parte de la comitiva de funcionarios, magistrados y personas ligadas al grupo Clarín que viajó en octubre de aquel año a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido.
De por sí, el viaje expuso un presunto entramado de influencias informales, pero el ruido en torno al viaje creció cuando se conocieron filtraciones de chats -de origen desconocido- en los que los protagonistas hablaban de cómo afrontar el tema con la prensa y de cómo “justificar” el viaje.
Algunos de sus fallos también lo pusieron bajo observación. Con uno de ellos le entreabrió una puerta de salida del juicio por los Cuadernos de las Coimas al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
En sintonía con dos colegas suyos, entendió que los pagos de los empresarios no eran coimas sino aportes de campaña no registrados y que el caso debía tramitar en la Justicia electoral. El fallo generó tal controversia, que fue luego revertido, aunque por mayoría, puesto que Mahiques, en soledad, mantuvo su postura inicial.
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Los artículos de la reforma laboral de Javier Milei que provocarán cambios en el sindicalismo
Si el Senado convierte en ley la reforma laboral que impulsa Javier Milei, como se prevé que suceda el viernes próximo, no sólo se producirán cambios para los trabajadores sino también modificaciones profundas que impactarán de lleno en el poder sindical.
En el proyecto, que la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes, se eliminó el polémico artículo 44, que reducía al 50% o al 75% el pago de los sueldos durante las licencias por accidentes y enfermedades inculpables, pero quedaron intactos los vinculados con las indemnizaciones, la creación de un mecanismo de banco de horas y las vacaciones, entre otros cambios que afectan los derechos individuales.
Para el poder sindical, el enorme alivio que negoció con el Gobierno fue dejar a salvo el financiamiento de los gremios al mantener las cuotas solidarias (aunque con un tope del 2% de descuento salarial) y, además, eliminar el artículo que reducía de 6% a 5% las contribuciones patronales para las obras sociales, lo que garantiza el actual flujo de fondos para el sistema sindical de salud.
Sin embargo, los dirigentes de la CGT no pudieron atenuar ni quitar de la reforma laboral al menos unos 10 artículos que, tal como están redactados, confirmarán lo que dijo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al defender el proyecto: “Cambia de cuajo el modelo sindical argentino”.
El modelo al cual alude la senadora oficialista, ideado por Juan Domingo Perón, tiene al Estado entre sus pilares constitutivos: los sindicatos no son autónomos del Poder Ejecutivo y requieren de su aval para determinar qué organización es la más representativa por rama de actividad y será la que recibirá la personería gremial, una figura que le otorga el “poder de lapicera” para firmar los convenios colectivos y administrar sus propias obras sociales, entre otros derechos exclusivos.
La reforma laboral de Milei debilitará el “unicato” sindical que retiene hoy el poder de manera centralizada, quitándole atribuciones en materia de negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo, derecho de huelga, fueros sindicales y asambleas, por ejemplo.
El primer punto del proyecto que será demoledor para el poder sindical es el artículo 98, que reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.
La novedad es que, por un lado, se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y, por otro, se incluyó que las fuerzas de seguridad en ningún caso podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.
El artículo sobre las cuotas solidarias, que establece que no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores (hoy no tienen tope alguno y existen sindicatos como SMATA que reciben un 4%), también dejó a salvo los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto firmados en los convenios en beneficio de entidades empresariales, aunque con un 0,5% de tope.
En su versión anterior, la reforma laboral jaqueaba a las cuotas solidarias al eliminar la obligación de los empleadores de ser agentes de retención de esos aportes y, además, establecer que sólo podía ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.
La reforma laboral también afecta el poder concentrado de los sindicatos a través del artículo 126, que restringe la ultraactividad, principio vigente hasta ahora que otorga continuidad a los convenios colectivos de trabajo tras su fecha de vencimiento hasta tanto no se firme un nuevo acuerdo. En el proyecto, de todas formas, se amplía qué subsiste al vencer el convenio: se añaden “las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador”, no sólo las condiciones de trabajo como figuraba antes.
Las cuotas solidarias, a la vez, quedan protegidas porque el proyecto afirma que “las cláusulas obligacionales mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes”.
Una modificación clave de la reforma laboral es la que establece la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación actual, un convenio de actividad prevalece sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos sean más favorables para el trabajador.
En la práctica, el proyecto les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que le quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería, y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.
Otro artículo que afecta el poder centralizado de los sindicatos es el que facilita el otorgamiento de la personería los sindicatos por empresa. Según la ley vigente, “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión».
En la reforma laboral, el artículo 136 dice que “podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando su cantidad de afiliados cotizantes fuere, durante un período mínimo y continuado de 6 meses anteriores a su presentación, superior a la cantidad de afiliados cotizantes en el ámbito de la misma empresa a la asociación con personería preexistente, cualquiera sea el grado o el ámbito material, territorial y personal de actuación de esta última”.
Por otra parte, el artículo 134 hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: al sustituir el artículo 20 ter de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales, considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento». El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.
Los conflictos de encuadramiento sindical, que son muy comunes y puso de moda Camioneros por sus reclamos para sacarles afiliados a otros gremios, incorporan dos novedades contempladas en el artículo 144: por un lado, reduce el plazo de resolución de estos diferendos de 60 días a 20 días hábiles, y, por el otro, introduce una dimensión disciplinaria que antes no existía en este artículo: permite a la Secretaría de Trabajo sancionar toda conducta gremial que afecte a terceros. Es decir, si no quiere ser penalizado, Hugo Moyano tendrá que evitar los bloqueos contra empresas en las que tenga reclamos de encuadramiento de los trabajadores.
Para el gremialismo también es inaceptable el artículo que limita las asambleas sindicales adentro o afuera de los lugares de trabajo al exigir que deba pedirse autorización previa al empleador, tanto del horario como el tiempo de su duración, y establecer que “el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la asamblea». Este punto del proyecto libertario busca impedir que las asambleas se conviertan en medidas de fuerza encubiertas.
La reforma laboral les quita atribuciones a los delegados sindicales. La ley vigente dice que la cantidad de horas retribuidas que puede utilizar un delegado para su actividad gremial se define por convenio colectivo, mientras que el proyecto actual propone que se limiten a 10 horas mensuales, lo que “significa una intervención directa en la negociación colectiva y en la voluntad de las partes con el objetivo de impedir la acción gremial”, según un análisis del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo CETyD (EIDAES-UNSAM).
En el artículo 139, por otra parte, se introducen cambios en relación con quienes están amparados por la tutela sindical: se elimina la protección a suplentes y congresales, “lo que dificulta la conformación de listas sindicales o de delegados y obstaculiza la generación de nuevos cuadros sindicales en los distintos ámbitos”, según un informe sobre la reforma laboral que hizo el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.
El artículo 130 del proyecto oficial, por otra parte, se refiere a la Articulación de los Convenios Colectivos y contempla la posibilidad de que la autoridad administrativa del trabajo pueda “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población».
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