La postal de unidad que exhibieron ayer los 24 mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) provocó escozor en el oficialismo. “Si los gobernadores pasan de la amenaza a la acción y avanzan en el Congreso con una ley para coparticipar más recursos a las provincias, no habrá veto posible que lo impida”, admiten en la cúpula libertaria de la Cámara de Diputados. No obstante, enseguida relativizan el peligro. “Ver para creer”, deslizan.

No es la primera vez que desde las provincias suenan los reclamos para que el Gobierno abra la billetera y sea más generoso en el reparto de los recursos que son coparticipables pero que retiene la Nación. Un grupo de gobernadores aliados de Pro y la UCR metieron presión el año pasado cuando se discutió el presupuesto 2025, a lo que el oficialismo respondió con el cierre intempestivo del debate en el Congreso. Acto seguido prorrogó por segunda vez consecutiva el presupuesto 2023 y calló las protestas de los gobernadores amigos con promesas de fondos discrecionales para sus provincias para el nuevo año.

Ya pasaron seis meses y el reparto desde la Nación estuvo lejos de cumplir las expectativas. Con el agravante de que las transferencias automáticas por coparticipación se derrumbaron: según datos del Ministerio de Economía, las provincias debieron afrontar durante mayo una caída real del 23,8% en promedio con respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de los estados de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y la ciudad de Buenos Aires, entre otros, la merma trepó a más del 25%.

Ante esta situación de escasez, los 24 mandatarios provinciales decidieron estrechar filas y, en una inédita demostración de fuerza (es la primera vez que “halcones” y “palomas” se muestran juntos en el CFI) le enviaron un aviso al Gobierno con un borrador de proyecto de ley que, de aprobarse, pegaría en la línea de flotación del superávit fiscal que ostenta el Ministerio de Economía.

La iniciativa en cuestión tiene dos ejes. Por un lado, se propone eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para que esos recursos, que están destinados a planes de infraestructura para el transporte y obras hídricas en el interior del país, sean administrados directamente por las provincias “según las prioridades que cada una defina”.

El otro eje tiene que ver con el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que fue creado por la ley de coparticipación para asistir a las provincias en situaciones de emergencia. Dicho fondo se nutre con un porcentaje de la recaudación de impuestos nacionales, como el impuesto a las ganancias y bienes personales, y es administrado por el Ministerio del Interior. El problema es que los sucesivos gobiernos nacionales –incluso el actual- han repartido poco y nada ese fondo millonario entre las provincias y acapara para sí buena parte de lo recaudado.

Los gobernadores pretenden que, de ahora en más, los ATN se distribuyan entre la Nación y las provincias de acuerdo a la coparticipación primaria y secundaria. Advirtieron que el gobierno de Javier Milei solo distribuyó el 8% de esos recursos que, en definitiva, son coparticipables.

Estos planteos no son nuevos para la Casa Rosada. Son los mismos que escucharon el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, cuando se intentó llegar a un acuerdo para aprobar el presupuesto 2025, a fines del año pasado. Las negociaciones se frustraron, la ley no prosperó y los gobernadores, hoy más necesitados de fondos, decidieron volver a la carga.

Como en aquella oportunidad, la respuesta de Guberman y Catalán –que acudieron a la cumbre de los gobernadores- tampoco fue satisfactoria.

“El gobierno nacional trajo una propuesta que consiste, a grandes rasgos, en repartir un poquito lo recaudado del impuesto a los combustibles y que las provincias nos hagamos cargo de todas las rutas nacionales. Respecto de los ATN su oferta fue muy mezquina: solo ofrece repartir $140.000 millones, cuando sabemos que el fondo que recauda lo duplica”, contó a uno de los mandatarios presentes.

Finalizada la reunión con los funcionarios, los gobernadores resolvieron redoblar la presión. “Si el Gobierno no ofrece una propuesta superadora, en un par de semanas vamos a presentar formalmente nuestro proyecto de ley en el Senado”, indicó la fuente.

La réplica de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, no tardó en llegar. “Los gobernadores siempre quieren más plata; tratamos de encontrar algún camino para responderles y que no tenga impacto en las cuentas. Pero no hay ninguna posibilidad de que el presidente (Javier) Milei y el ministro (Luis) Caputo cedan un ápice en el superávit fiscal. Podrán venir los 24 gobernadores a plantearnos…Y cualquier ley que quiera alterar eso será vetada”, avisó.

Habrá que ver si la sangre llega al río. Por de pronto, en el oficialismo parlamentario se encendieron las señales de alarma. “Si no hay acuerdo y avanza la ley, será muy difícil resistir el veto: ni siquiera nuestros aliados más incondicionales nos van a respaldar”, dramatizan en la cúpula libertaria.

El interrogante es si en esta oportunidad, a diferencia de lo que sucedió con el frustrado debate del presupuesto 2025, los mandatarios provinciales se atreverán a mover sus alfiles en el Congreso para asestarle un golpe al gobierno de Milei. Máxime cuando el presidente lidera en imagen positiva en buena parte de sus territorios y no pocos gobernadores aliados buscan un acuerdo electoral con los libertarios.

“Es verdad que hasta ahora Milei ha tenido a los gobernadores en un puño, pero la situación fiscal en muchas provincias está al borde del ahogo. Los gobernadores dialoguistas están cansados de tantas promesas incumplidas. Esta vez la presión se va a hacer sentir si el gobierno nacional se mantiene intransigente”, señalan desde el CFI.