POLITICA
Preocupación en el Gobierno por las derrotas en el Congreso y la apuesta a octubre como punto de inflexión

Los recientes reveses en el Congreso dejaron expuesta por enésima vez la fragilidad legislativa del oficialismo. Y si bien no hay mea culpa en público, crece la preocupación en el Gobierno por los pésimos resultados obtenidos en todas las sesiones recientes, tanto en Diputados, donde supuestamente debían estar más cómodos, como en el Senado, donde arrancaban con malas perspectivas. Al punto de que hablan de octubre como la meca que le permitirá mostrar confianza.
Hay pedidos internos para replantear la estrategia política, que por ahora son desoídos en la cúpula mileista. “Viendo todos los nombres de los que no votaron con nosotros hay muchos que podríamos convencer, es cuestión de ponerse un poco las pilas”, dijo un importante referente libertario. Pero, por ahora, no hay planes de recalcular en la relación con los gobernadores, ni convocar a los aliados que se alejaron -aún más- del oficialismo después del cierre de listas que comandó Karina Milei.
En rigor, el Gobierno ya había hecho un intento, hace pocas semanas, de coordinar mejor la faceta política de la administración. Con la incorporación de Guillermo Francos al “triángulo de hierro”, con la decisión de los Menem y Santiago Caputo de limar asperezas en las formas y empezar a interactuar de manera virtuosa. Y con la revitalización de las mesas políticas semanales, que habían quedado diezmadas por las internas.
Si bien es cierto que después de los fuertes roces entre ambos sectores se redujeron las críticas cruzadas, la dinámica renovada no sirvió para aceitar la relación con las provincias, ni con los diputados de la UCR que habían ayudado a Milei con los vetos del año pasado y le cortaron el rostro a LLA en la Cámara baja.
Así, el Gobierno apenas tuvo resultados positivos en las últimas votaciones en el Congreso, donde se debatieron y perdieron vetos, anteayer, y los decretos de Federico Sturzenegger, ayer. Excepto por la reiterancia del veto contra la suba de jubilaciones que, dicen, hubiera puesto contra las cuerdas a Caputo y su plan económico, todas las discusiones se transformaron en derrotas. Francos salió a festejar el único triunfo, de todas formas, al destacar que se había tratado de un “empate”.
El impacto en los mercados pone nervioso al Gobierno. En público, Luis Caputo minimizó el efecto político, ayer, en el Hotel Alvear, durante el Consejo de las Américas. Y no hubo ninguna autocrítica de Milei en el discurso donde responsabilizó exclusivamente al kirchnerismo por tener de “rehén” al Congreso. Sin embargo, por lo bajo, en varios despachos libertarios, tanto del Gobierno como del Congreso, aparecían pedidos para revisar nuevamente la estrategia política.
Con todo, poco después de que el Congreso transformara en ley el nuevo financiamiento Universitario (que seguramente Milei vetará dentro de diez días), en la Casa Rosada insistían en que cualquier negociación es inútil. Y atribuían nuevamente al año electoral la voracidad opositora. Excepto que esta vez, hacia el final de una semana oscura que derivó en la caída de los bonos argentinos, en lugar de hablar del recambio legislativo de diciembre como el final del arcoíris, se referían a octubre, cuando se celebran las elecciones nacionales.
“El escenario de incertidumbre que mete la oposición se va a reducir notablemente después del resultado electoral. Con ello va a haber menos volatilidad, con mucho menos riesgo Kuka”, dijeron cerca del Presidente. El Gobierno necesita proyectar fortaleza y abriga esperanza de que los resultados electorales logren disipar la volatilidad política y estabilizar la agenda. Pero el foco de la administración nacional ya no señala el recambio parlamentario, sino que concentra expectativas en lo que suceda el día posterior a los comicios.
Así, sin planes de reformular los contactos con la oposición, todas las fichas del oficialismo estarán puestas en lograr una buena performance en las locales en PBA en septiembre, y dos meses después, en las más relevantes elecciones nacionales en todas las provincias.
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“Lule” Menem desmintió el contenido de los audios del escándalo de las coimas y responsabilizó al kirchnerismo

Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y funcionario de confianza de Karina Milei, salió a desmentir el contenido de los audios por el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”, afirmó a través de la red social X.
Además, negó cualquier participación en las contrataciones y denunció “una burda operación política del kirchnerismo” con fines electorales. El comunicado fue compartido minutos más tarde por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y luego por el propio presidente Javier Milei.
Leé también: Escándalo de las coimas: qué se sabe hasta ahora y cómo seguirán los peritajes en la Justicia
En su descargo, “Lule” Menem afirmó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado”.
También precisó: “Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis.”
Y respaldó la gestión: “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados.”
Denuncia de una “operación política a días de las elecciones”
El funcionario puso el acento en el contexto electoral en que surgen las denuncias: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral“.
Leé también: Desde el bloque de diputados que rompió con LLA apuntaron contra Karina Milei por el escándalo de los audios: “De ella para abajo están todas las responsabilidades”
Y concluyó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante.”
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Escándalo en la ANDIS: el Gobierno ordenó una auditoría tras los audios de Diego Spagnuolo

El escándalo político que terminó de desmoronarse esta semana en el Gobierno se originó con la filtración de audios grabados por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que aluden a un sistema de recaudación ilícita en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.
Tras la difusión de las grabaciones —que habrían sido grabadas hace más de un año y fueron editadas con precisión—, el Ejecutivo actuó con rapidez: removió preventivamente a Spagnuolo de su cargo, intervino la agencia bajo la órbita del Ministerio de Salud y ordenó una auditoría integral de todos los contratos vinculados al organismo
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar explicaciones en su aparición pública. Defendió el accionar oficial y sostuvo que confía en que la auditoría arrojará claridad sobre el verdadero alcance de los hechos, y advirtió que, si se confirma la existencia de coimas, “lo vamos a hacer mierda”.
Coimas en Discapacidad: el Gobierno denuncia que hay utilización política y hace control de daños
El contenido de los audios resulta explosivo: Spagnuolo acusa directamente a Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, señalando que recibirían un porcentaje del 8% que cobraban los proveedores a cambio de contratos, de los cuales un 3% iría al entorno presidencial
Paralelamente, la causa judicial ya abrió la fase pericial: el juez Sebastián Casanello ordenó 14 allanamientos, incautaciones y secuestros de teléfonos, sobres con dinero, documentación y objetos clave en la investigación. El empresario Emmanuel Kovalivker, vinculado a la droguería Suizo Argentina —sospechada de canalizar las coimas—, fue sorprendido con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en un operativo en Pilar.
En tanto, fuentes legales y políticas consultadas señalaron que, si bien no hay pruebas contundentes aún, el peso de los audios y la presión mediática podrían derivar en consecuencias graves para la cúpula del Gobierno, en pleno año electoral
Desde el Congreso, la oposición ya exige que se informe de manera pública sobre los contratos revisados. El abogado Gregorio Dalbón ya presentó ante la Justicia una denuncia por presuntas maniobras de cohecho, administración fraudulenta y negligencia, que involucra a Milei, a su hermana Karina, al subsecretario Menem y a Kovalivker como posibles responsables.
La auditoría sumaria, prevista como prioridad por el Gobierno para contener el escándalo, busca determinar si los contratos fueron sustentables y transparentes o si existió un circuito sistemático de pagos ilegales. Fuentes oficiales aseguran que la investigación “no tapará nada” y será clave para determinar responsabilidades.
Guillermo Francos vinculó a Diego Spagnuolo con Victoria Villarruel y defendió a Karina Milei
¿Qué está en juego?
- Credibilidad política: Al estallar en plena campaña legislativa, el caso erosiona la narrativa de “mano firme contra la corrupción” del Ejecutivo.
- Fuerza institucional: La rapidez de la intervención y auditoría busca demostrar que el Estado responde con mecanismos de control ante irregularidades graves.
- Dimensión judicial: Con el despliegue de allanamientos y denuncias, la causa podría derivar en procesos penales contra figuras de alto perfil.
- Impacto simbólico: A nivel discursivo, los audios y sus relatos incrementan la percepción de que en Casa Rosada se consolidó un estilo de poder cerrado y opaco, opuesto al espíritu de renovación que pregonó Milesi.
Mientras los auditores repasan los contratos y la Justicia analiza los componentes incautados, el Gobierno se encuentra en una encrucijada para sostener su versión en medio del ruido político. El expediente de Spagnuolo pasó de ser un secreto oscuro a una mecha que prendió el tablero político nacional.
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Con su publicación en Boletín Oficial, se formalizó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

Tras haber pasado por ambos recintos del Congreso, se formalizó el rechazo de ambas cámaras a un DNU y cuatro decretos delegados, emitidos por el Ejecutivo antes de que finalicen la vigencia de los poderes que le habían sido entregados por tiempo limitado.
A través de una serie de resoluciones que llevan, por un lado, la firma del presidente de la cámara Baja, Martín Menem, y por el otro, el de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel. Los decretos se desactivaron luego de que la oposición alcanzara los acuerdos necesarios primero en Diputados y luego del rechazo en el Senado. De esta manera, dejaron de tener validez tras su publicación en el Boletín Oficial.
Dentro del listado de normativas, figuran la Resolución 39/2025 que menciona al DNU 340/2025 en el que el Ejecutivo nacional aprobaba un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, declarando como servicio esencial a la navegación de agua marítima, limitando el derecho a huelga de los trabajadores.
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En paralelo, revocó mediante la resolución 43/2025 el poder utilizado para reorganizar y optimizar la estructura de la Administración Pública Nacional. Mediante el decreto 345/2025 se estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y al mismo tiempo la transformación del Instituto Nacional del Teatro, el cual pasó a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
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Al mismo tiempo, mediante la Resolución 94/2025, se hizo efectivo el rechazo decreto 461/2025 que establecía el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. Corrieron la misma suerte las normativa, en la que se materializaron las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
En ese mismo texto, desestimado ahora por el Congreso, también el Gobierno había disuelto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), poniendo de manifiesto un informe elaborado por un Interventor, el cual indicaba que “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.
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Por otro lado, se oficializó el rechazo parlamentario a la reestructuración del el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Bajo la nueva configuración, el organismo pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo, perdió validez legal. El rechazo se conoció a través de la resolución 44/2025.
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Cada una de estas notificaciones oficiales que hicieron formaron parte del paquete de discusiones que tuvieron lugar durante el mes de agosto. El tratamiento para derogar los decretos delegados de Milei comenzó el pasado 6 de agosto en la cámara Baja. El miércoles pasado la discusión continuó en el Senado, pero donde solo se acordó tratar en el recinto cuatro de los decretos de facultades delegadas, entre ellos los cambios en el derecho a huelga y la designación de ciertos servicios como esenciales, la transformación del BNDG, la disolución de Vialidad Nacional, la supresión de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y ajustes profundos en el INTI y el INTA.
Tal como lo había adelantado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estas herramientas con las que contaba el Gobierno no fueron renovadas. “Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, indicó en diálogo con la prensa.
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