POLITICA
Preocupación en la CGT por fallos de la justicia laboral que provocan quiebras y pérdida de empleo

Mientras el Ejecutivo avanza en la sanción de una ley que busca desinflar la industria del juicio laboral en la Provincia, un drama histórico que se profundizó con las políticas de ajuste de la era Milei y las prácticas abusivas de los tribunales bonaerenses, se conocieron estadísticas de la eficacia administrativa que evitan llegar al ámbito laboral, sobre el que llueven críticas por fallos abusivos de dudoso rigor jurídico.
La idea, tal como ya informó este portal, es crear la instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (Iclop) en el ámbito de la Provincia. Una réplica del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) que funciona con eficacia probada en el ámbito de la Capital Federal.
En ese contexto, un informe elaborado por la CGT preocupada por el cierre de empresas que atenta contra el mantenimiento de las fuentes laborales, detectó que las intervenciones que realiza el Ministerio de Trabajo bonaerense, logran cerrar la mayor parte de los diferendos en sede administrativa, con acuerdos homologados que ponen fin al vínculo laboral entre las partes, respetando el derecho del trabajador y la razonabilidad del planteo que proteja a las pymes.
La resolución pre-judicial de litigios
Un corte estadístico en la materia, refleja la eficacia de un sistema que vela por custodiar el derecho constitucional de un trabajador a una indemnización cuando se interrumpe la relación laboral, pero atiende, además, la situación compleja financiera por la que atraviesan las empresas en contexto de crisis como el actual, sobre todo las pymes en cualquier rubro. En muchos casos, incluso, las empresas ejecutan despidos en el marco de procedimientos preventivos de crisis o directamente por cierres, lo cuál incrementa la litigiosidad.

Un corte estadístico de las intervenciones administrativas del Ministerio de Trabajo bonaerense elaborado por la CGT refleja que de cada 100 reclamos que se presentan, la abrumadora mayoría –superior al 90% de los casos- termina por firmar acuerdos que contemplan el pago de una liquidación que, como regla, se ubica sin excepción por encima del 70/80% del monto reclamado por el trabajador. La intervención oficial contempla, además, otro punto crítico del abuso habitual de los tribunales laborales de la provincia: la actualización, de la cifra sobre la base de la tasa pasiva y/o incorpora, como variable de ajuste, la cuota salarial actualizada para el sector.
Apoyo al proyecto de mediación previa obligatoria
“Todos los acuerdos se dan en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, evaluando los montos involucrados en la disputa, y un promedio de liquidación que oscila entre el 70 y el 80% reclamado por el trabajador, ajustado por Ley de Contrato de Trabajo”, le explicó a este portal una fuente del sector con participación en este tipo de trámites administrativos previos a la instancia judicial. El dato no es marginal, comparado con el abuso de los ajustes que disponen los tribunales bonaerenses alejados de lo que la ley impone (un promedio de un salario por año trabajado) para firmar resoluciones abusivas sospechadas de incrementar los costos de la transacción sin respetar siquiera la jurisprudencia de Corte vigente en la materia, con el fin de liquidar honorarios artificialmente inflados y sin sustento legal alguno.
“En los casos en que es necesario realizar un ajuste, la lógica que aplica la sede administrativa es la variación salarial del sector, sin utilizar los índices caprichosamente estrambóticos, y mayormente dispares, que aplican los tribuales de trabajo en la Provincia”, explican.
El abuso de los jueces: $350 millones por 5 años de trabajo
El descalabro bochornoso de la justicia provincial suele arrojar situaciones ciertamente insólitas en el ámbito de los tribunales de trabajo. Se replican escenas de las denominadas ‘vistas de causas’ en las que las partes intentan abordar una solución consensuada con acuerdos entre los litigantes que, de todas formas, deben aguardar “si el tribunal quiere aceptar el monto” por el que se negoció conciliar. Hay una secuencia que se repite: acuerdos aceptados por las partes en vistas de causas, que, sin embargo, cuentan con algún voto en disidencia por no ajustarse a derecho, una cifra que otros integrantes del tribunal avalaban.
Un fallo del tribunal de trabajo Nº 2 de La Plata (firmado por Juan Ignacio Orsini; Carlos Mariano Nuñez y Mauricio Javier Bordino), expone el abuso habitual al que recurre la justicia en el ámbito provincial: con 5 años de antigüedad, los letrados establecieron una indemnización de $350 millones. Una sentencia de quiebre. Es el caso de una fábrica de baterías de la región que no pueden afrontar el costo y cerrará sus puertas.
Para evitar esos abusos que alimentan la industria del juicio, contra la lógica habitual que busca desalentar una práctica para sostener las fuentes de trabajo, máximo en épocas de fuerte crisis como la actual, el Ejecutivo busca sancionar una norma para dirimir los reclamos laborales individuales y pluriindividuales, con carácter previo y obligatorio al inicio de la demanda judicial en los tribunales. Un sistema parecido al que funciona en el ámbito porteño. Y más eficaz que el actual.
*Con información publicada en el portal Infocielo
POLITICA
Milei dio su postura sobre la eutanasia, tras el caso de la joven española Noelia Castillo

El presidente Javier Milei fijó su postura sobre la eutanasia, a raíz del caso Noelia Castillo, la joven española de 25 años que decidió poner fin a su vida tras una serie de padecimientos físicos y mentales y una larga batalla legal.
Luego de su participación en Madrid Economic Forum y del encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox, el mandatario manifestó su rechazo personal a la práctica, al definir la vida como “un regalo” que debe ser honrado diariamente, en declaraciones ofrecidas al diario español El Debate.
“En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que además debemos honrarlo. Es un motivo de alegría que cada día nos levantemos y podamos vivir. No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta, por decirlo de alguna manera. Si usted me pregunta a mí, yo estoy en contra de la eutanasia. Digamos, esa es mi posición”, argumentó.
Sin embargo, Milei, si bien aseguró que intentaría disuadir a quien tomara esa determinación, subrayó que no se inmiscuiría en las resoluciones privadas de los individuos.
“Si yo quisiera a alguien que se quiere suicidar o llámalo como quieras, mi recomendación es que no lo haga. Yo no lo haría. Yo le recomendaría que no lo haga. Y si usted lo quiere hacer, yo estaría dispuesto a hablar con usted para tratar de convencerle de que no lo haga. Pero la decisión final es suya. Es decir, yo no me meto en las decisiones de la gente”.
Noticia en desarrollo
Noelia Castillo,Javier Milei,Eutanasia,Conforme a,,$78.000 mensuales. Piqueteros anuncian cortes en la Ciudad y en puntos de todo el país para pedir que no anulen un plan,,Espionaje ruso. El Gobierno prohibió el acceso a periodistas acreditados de los medios que publicaron notas de la campaña contra Milei,,Créditos hipotecarios del Nación. Los diputados libertarios cierran filas y acuerdan no alimentar la polémica en redes,Javier Milei,,Espionaje ruso. El Gobierno prohibió el acceso a periodistas acreditados de los medios que publicaron notas de la campaña contra Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: encuentro bilateral con su par chileno Kast y reunión de Gabinete en Casa Rosada,,Casa Rosada. Milei encabezó la reunión de Gabinete y dio otra señal de apoyo a Adorni
POLITICA
La Casa Rosada les negó el acceso a los periodistas de los medios involucrados en la campaña rusa contra Milei

La Casa Rosada les prohibió este lunes el acceso a varios periodistas de los medios que fueron señalados como parte de una operación de inteligencia rusa para desacreditar al Gobierno. Bajo esa directiva, Martín Menem también denegó el acceso a otros acreditados en la Cámara de Diputados.
Personal de Casa Militar fue colocado en la entrada de Balcarce 50 para preguntar a todos los ingresantes a qué área pertenecían. Ante la respuesta de “prensa”, el personal comunicaba a los distintos acreditados si estaban o no habilitados para pasar.
Así, a un grupo de periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape se les impidió entrar a la Casa de Gobierno. Se trata de los medios acusados de presuntamente publicar notas destinadas a menoscavar al Gobierno y que habrían recibido dinero de la inteligencia rusa para hacerlo.
Noticia que está siendo actualizada
Javier Milei, Casa Rosada, periodistas
POLITICA
Créditos hipotecarios del Nación: los diputados libertarios cierran filas y acuerdan no alimentar la polémica en redes

La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a legisladores oficialistas repercutió en el bloque libertario de la Cámara de Diputados, que en las últimas horas decidió cerrar filas y alinearse con la respuesta del Poder Ejecutivo. La consigna: “No levantar el tema en redes”.
La directiva surgió después de que algunos de los implicados salieran públicamente a explicar su situación ante los señalamientos por haber accedido a préstamos millonarios de la entidad estatal. En el bloque oficialista son varios los diputados que figuran en el sitio web “¿Cuánto deben?“, elaborado por Andrés Snitcofsky con datos del Banco Central.
Dos de ellos −el exradical Mariano Campero y el exmacrista Alejandro Bongiovanni− optaron por dar explicaciones en redes sociales. Otros, como Lorena Villaverde y Santiago Santurio, eligieron el silencio.
“No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia”, aseguró Campero. Bongiovanni, por su parte, sostuvo que es “falso” que haya obtenido condiciones preferenciales. Ambos subrayaron que los trámites con el banco se iniciaron meses antes de sus cambios de alineamiento político: Campero accedió al crédito en mayo, tras separarse del bloque radical, y Bongiovanni en enero, cuando se sumó a La Libertad Avanza.
Hasta diciembre, la dieta de los diputados rondaba los 5 millones de pesos netos, cifra que tras los últimos aumentos se ubica cerca de los 6 millones de pesos, con variaciones según antigüedad, título universitario y zona de residencia. En algunos casos, los créditos superan los 300 millones de pesos. Desde el bloque oficialista aseguraron a que “todo está en regla” y que muchos de los legisladores presentaron otros ingresos o codeudores para mejorar su calificación crediticia. Los mismos argumentos ofreció anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista con LN+.
A diferencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de las empresas del Estado, los legisladores no están alcanzados por la línea diferencial para empleados estatales, denominada “+Hogares sector público”, que financia hasta el 90% del valor del inmueble. Los diputados deben recurrir a la línea general, que cubre hasta el 75%.
La controversia ya derivó en tres denuncias judiciales: una presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y otra por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, que fueron sorteados en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti. Luego se conoció que, minutos antes, otra denuncia había ingresado en el juzgado de Ariel Lijo, por lo que Rafecas le envío su expediente. También existe un pedido de informes del legislador socialista Esteban Paulón.
Ante ese escenario, el oficialismo decidió cerrar filas. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, retuiteó un mensaje del presidente Javier Milei, que celebró la entrevista televisiva de su ministro Caputo. “Masterclass de Toto. Maga”, escribió Milei en su cuenta de X.
En esa entrevista, en LN+, Caputo defendió a los funcionarios y legisladores que tomaron los créditos. “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, afirmó en diálogo con el periodista Luis Majul. Incluso aseguró que él mismo alentó a aprovechar la línea hipotecaria: “Le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.
Menem también publicó en redes una foto junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien saludó por su cumpleaños. La imagen incluyó a su primo Eduardo “Lule” Menem. El gesto no pasó desapercibido: Pettovello había quedado en el centro de la controversia después de despedir a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que figuraba como deudor de uno de los créditos otorgados por el Banco Nación.
La decisión abrió un ruido interno en el oficialismo, mientras otros funcionarios defendían públicamente la legalidad de los préstamos. El propio Javier Milei intervino para despejar dudas y negó que la salida del funcionario estuviera vinculada con los créditos. Pettovello no lo contradijo, aunque luego publicó en redes una frase de tono elíptico sobre la pérdida de confianza.
Desde el Gobierno confían ahora en que la polémica pierda fuerza. Esperan que el Banco Nación remita a la Justicia la documentación de los préstamos para despejar cualquier duda y cerrar el frente judicial.
créditos hipotecarios,April 2, 2026,tres denuncias judiciales,pic.twitter.com/dstkAhKUMq,April 1, 2026,@SPettovelloOK,pic.twitter.com/n8dKVmqpG8,April 6, 2026,pic.twitter.com/PtqF7PhrbQ,April 5, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Maximiliano Ferraro. “La reforma a la ley de glaciares es regresiva e innecesaria; se va a judicializar”,,Fernanda Ávila. “La reforma de la ley de Glaciares dará seguridad jurídica para las empresas y las provincias”,,A 44 años de la guerra. Diputados proponen una “reparación histórica” económica para los veteranos de Malvinas
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