POLITICA
Presa y condenada: cómo fue el derrotero judicial por narcotráfico de la senadora electa Lorena Villaverde en EE.UU.
La senadora electa por Río Negro, María Lorena Villaverde, fue detenida y condenada por narcotráfico en Estados Unidos, fue enviada a una prisión federal, logró que se anulara su condena y se fijara un nuevo juicio oral en su contra, y también consiguió que la excarcelaran, momento en que se marchó a la Argentina, donde permanece desde entonces, según surge de las probanzas judiciales oficiales que cotejó .
La acusación contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. La Fiscalía Federal con asiento en el estado de Florida se presentó ante la jueza Mary Scriven y retiró formalmente los cargos en su contra, atento el tiempo transcurrido sin haber logrado avanzar contra la actual diputada nacional, según consta en el 8:02-cr-00280, identificado como “USA v. Restrepo, et al”.
Villaverde, que es diputada nacional desde 2023, no pudo jurar aún como senadora por La Libertad Avanza (LLA) por la presión opositora para bloquear su asunción debido a los antecedentes penales en Estados Unidos, que ella nunca explicó con precisión.
En ese sentido, contactó a su vocero ayer y le transmitió diez preguntas puntuales dirigidas a la legisladora, que hoy contactó a este diario, planteó que atraviesa “un momento bastante complejo” e indicó que se contactaría, “inmediatamente”, al salir de una reunión. Al cierre de esta edición, eso no había ocurrido. A su lado, en tanto, remarcaron que Villaverde “no tuvo ningún tipo de estupefacientes en su poder” y que “no tiene vínculos con el narcotráfico”. Se trata, indicaron, de “una historia desgraciada que le tocó vivir hace 24 años”, pero que “más allá de cuestiones de interés político, no hay ningún impedimento legal para que pueda asumir su banca en el Senado”.
Los problemas de Villaverde con la Justicia de Estados Unidos comenzaron el 15 de julio de 2002, cuando fue detenida en Sarasota. La acusaron de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo (por entonces de 43 años) y el cubano Jesús Ferrer (de 33 años en aquel momento), de acuerdo a documentación del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado de Florida (FDLE).
Al momento de ser detenida, Villaverde tenía 28 años y vivía en en el condado de Miami desde 1999. Trabajaba en una “boutique” llamada “Blueberry Fashion” en Miami Beach, había gestionado un número de la Seguridad Social –terminado en 9346- y se movía con una licencia de conducir emitida en el estado de Florida.
Detenida, la acusación en su contra se formalizó dos días después, el 17 de julio. Ella, Restrepo y Ferrer afrontaron dos cargos federales cada uno. ¿Cuáles? Venta, distribución o expendio de drogas ilícitas, y conspiración de 2 o más personas para distribuir narcóticos. ¿Pena máxima? 20 años de prisión.
En los tribunales, Villaverde compareció ante la jueza Mary S. Scriven, quien fijó una fianza de US$50.000 para excarcelarla y ella se declaró no culpable –al igual que Restrepo y Ferrer-, motivo por el que la jueza fijó el eventual juicio oral contra los tres para el 3 de septiembre de ese mismo año ante otro juez: Richard A. Lazzara.
Días después, Carl Lida se presentó como el primer abogado defensor de Villaverde y solicitó acceder a una copia del material que los investigadores habían acumulado en su contra, con videovigilancia incluida, a lo cual accedió el juez Lazzara, que al mismo tiempo le prohibió divulgar documentos sensibles que estaban bajo secreto de sumario, al igual que identidades de testigos y material delicado.
El 27 de septiembre llegó el primer gran golpe procesal. El colombiano Restrepo, sospechado de trabajar para el Cartel de Cali, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable, a cambio de una reducción de su condena. Y el 10 de octubre lo siguió el cubano Ferrer.
En ese contexto, Villaverde cambió de letrado. Se desprendió de Lida y convocó a Gennaro Cariglio Jr en la antesala del juicio oral, que comenzó a desarrollarse con la selección de los miembros del jurado, el 15 de octubre de 2002, ante un tercer juez, William S. Castagna, quien la autorizó a pasar ciertas grabaciones durante la audiencia oral.
Tras dos días más de audiencias, el jurado llegó a un veredicto. El 18 de octubre de 2002, halló culpable a Villaverde de ambos cargos, por lo que el juez Castagna fijó la fecha de la sentencia para el 22 y ella fue puesta bajo custodia del US Marshals Service de inmediato; es decir, que quedó detenida después del veredicto y ya no fue dejada en libertad mientras esperaba la sentencia.
Seis días después, Villaverde reaccionó. Pidió ser sometida a un nuevo juicio y recuperar su libertad. Y el 31 de octubre, el juez Castagna le dio la razón, en parte. ¿Por qué? Porque accedió a su pedido para afrontar un nuevo juicio, pero rechazó su pedido de recuperar la libertad bajo fianza previa al juicio, por lo que continuó tras las rejas.
A continuación, el juez Castagna fijó fecha para el nuevo juicio: 5 de noviembre de 2002, en tanto que el fiscal federal Bryant Camareno solicitó el decomiso de US$17.000, pedido que recibió el visto bueno, de manera preliminar, el 10 de enero de 2003.
Trece días después, la defensa de Villaverde presentó un pedido al juez para que le impusiera una pena por debajo del rango recomendado por las “Guías de Sentencia Federal”. Ese pedido de clemencia, cabe aclarar, sólo es posible ante circunstancias atenuantes especiales, como la cooperación sustancial con el gobierno, haber tenido un rol menor en la operatoria criminal, una situación familiar extraordinaria, problemas médicos inusuales u otros factores no contemplados adecuadamente por esas “Guías”.
En este caso, además, la defensa de Villaverde pidió –y logró– algo más. ¿Qué? Que la Justicia mantuviera bajo secreto el contenido de su pedido, según verificó en los registros oficiales del expediente disponibles, lo que suele ocurrir cuando el acusado o acusada cooperó con el gobierno o teme represalias.
En el intervalo, Villaverde logró su excarcelación, aunque no surge cuándo ocurrió en los registros oficiales que cotejó . Sí aparece con claridad, por el contrario, que incumplió con las condiciones de su libertad bajo vigilancia. Por ese motivo, el 14 de marzo de 2003, la autoridad supervisora pidió que se emitiera una nueva orden de arresto en su contra, que el juez concedió. Desde ese momento, ella quedó sujeta a arresto inmediato por los US Marshals.
El 11 de abril, mientras tanto, el juez Lazzara condenó a Restrepo a 2 años de prisión –pena que luego se redujo a año y medio, gracias al apoyo de la Fiscalía, que en un escrito reconoció su “ayuda sustancial”-, más otros 3 años de libertad vigilada; catorce días después, condenó a Ferrer a 3 años y 11 meses de prisión, más 5 años de libertad vigilada.
¿Qué pasó con ellos? Restrepo (hoy de 66 años) permaneció alojado en una cárcel federal estadounidense hasta el 8 de julio de 2004; Ferrer (hoy de 56 años) pasó más tiempo tras las rejas: salió el 30 de noviembre de 2005, según consta en los registros oficiales de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que compulsó .
Villaverde, tras incumplir con las condiciones que fijó la Justicia para su excarcelación, retornó a la Argentina en una fecha imprecisa. Sí consta que se instaló en el partido bonaerense de Tigre, donde contrajo matrimonio y luego se divorció entre acusaciones cruzadas sobre amenazas y defraudación, para luego mudarse a su provincia natal, Río Negro. Allí forjó vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos, semanas atrás, acusado de narcotráfico y estafa.
Desde el momento en que Villaverde resultó inhallable para la Justicia de Estados Unidos, en tanto, el expediente criminal en su contra quedó paralizado en Florida, a la espera de su detención. Hasta que catorce años y medio después, el 24 de agosto de 2017, se presentó la Fiscalía para retirar formalmente los cargos criminales contra Villaverde, a lo que accedió la jueza Scriven, un día después.
¿Lo último que hay en el expediente “USA v. Restrepo, et al”? Un secretario del tribunal informó que las evidencias vinculadas a Villaverde –o aportadas por ella- fueron destruidas, el 13 de marzo de 2019, porque nadie había ido a retirarlas.
María Lorena Villaverde,Hugo Alconada Mon,La Libertad Avanza,Lorena Villaverde,Conforme a,La Libertad Avanza,,»Nunca fui de La Cámpora». Quién es Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei y qué dijo sobre el plan de LLA de “eternizarse” en el poder,,“No olvido, pero no guardo rencores”. Guillermo Francos contó cómo fue su renuncia y admitió una campaña de desgaste,,Carrera al 2027. En qué hotel de Mar del Plata se harán los talleres de la Libertad Avanza
La causa por presunto lavado de dinero que involucra al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y que está vinculada con Claudio “Chiqui” Tapia, sumó en las últimas horas un dato clave. Según pudo saber TN, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en compañías asociadas al empresario y el resultado llamó la atención: se encontraron firmas con movimientos multimillonarios, pero sin un solo empleado registrado.
La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Vallejo habría creado un grupo de empresas ficticias destinadas a lavar dinero a través de su propia financiera.
Leé también: Una pericia de la Policía Federal complica al dueño de Sur Finanzas por maniobras con el dólar durante el cepo
En este sentido, los investigadores tienen la hipótesis de que Vallejo construyó una estructura en donde las sociedades se “compran” entre sí, por lo cual hay facturación cruzada y un flujo constante de dinero difícil de rastrear. Todo dentro de un mismo conglomerado.
Ahora, la Justicia espera los informes de la DGI tras los allanamientos para analizar y determinar la magnitud del circuito.
Un auto de lujo y una caja fuerte vacía
En medio del operativo, también se encontró el auto de lujo que pertenecería a Ariel Vallejo: se trata de la Ferrari California de color negro, valuada en más de 100 mil euros. El vehículo estaba estacionado en el garaje del edificio en donde vive el hijo de Vallejo, como si estuviera “escondido”.
Otro de los allanamientos se produjo este lunes en la sede central de Sur Finanzas, del cual participaron agentes de la Policía Federal Argentina (PFA). En un video al cual pudo acceder TN, se puede ver el recorrido que se hace desde el ingreso del lugar hasta la zona de la bóveda.
En cuanto los efectivos lograron abrir la caja fuerte, la encontraron casi vacía. En su interior, solo había algunos fajos de billetes. Este hallazgo causó sospechas, ya que se trata de una empresa que se dedica a las finanzas.
Las causas de Sur Finanzas
- Causa PROCELAC – penal Económico (lavado): investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones relacionadas con el fútbol argentino.
- Denuncia de la DGI – fiscalía federal de Quilmes: se centra en presunta evasión y lavado. Allí se analizan movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilización de empresas apócrifas, que la DGI identificó como parte de un circuito marginal para reducir cargas tributarias. Según el organismo, esas firmas movieron $72.000 millones y un grupo de monotributistas sin capacidad económica realizó operaciones incompatibles con su categoría fiscal.
- Causa de Capuchetti (2021): apunta a mecanismos para eludir el cepo cambiario y obtener dólares mediante operatorias financieras no declaradas. El levantamiento del secreto fiscal y bancario busca profundizar esa línea.
- Causa en el juzgado de María Servini (2024): también investiga movimientos financieros bajo sospecha. Su contenido aún no trascendió en detalle.
Leé también: La Justicia investiga movimientos millonarios que hicieron al menos 10 monotributistas en Sur Finanzas
Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS, donde por ahora figura vinculada a un hecho puntual: el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de los fondos presuntamente obtenidos de coimas. Ese episodio derivó en el allanamiento de la financiera días atrás.
Chiqui Tapia, financiera, Lavado de dinero
POLITICA
Victoria Villarruel reunió en el Senado a enemigos de los hermanos Milei en un acto anticuarentena
Con el Salón Azul del Congreso como escenario, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó esta tarde un acto en el que se cuestionó en duros términos la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de Covid, hace cinco años.
Más allá de los duros conceptos contra las medidas de aislamiento adoptadas por la administración kirchnerista, el acto dejó algunos gestos políticos de cara a la feroz interna que el Gobierno sostiene con la vicepresidenta.
Es el caso de las presencias, uno como orador y el otro en primera fila de invitados, de Emanuel Danann y de Eduardo Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, dos comunicadores de la derecha que supieron militar por Javier Milei y desde hace meses sostienen sendos y feroces enfrentamientos con el Presidente y su hermana, Karina Milei.
Tampoco faltaron algunas escenas de tensión, como la protagonizada por uno de los invitados que, al final del acto y cuando la vicepresidenta saludaba a los presentes, encaró a los gritos e insultos a Villarruel reclamando la derogación de la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación.
La actividad, denominada “A cinco años de la pandemia: algunas reflexiones que nos debemos”, provocó cierto escozor entre algunos de los presentes, que no podían evitar asociarlo con la polémica exposición antivacunas encabezada la semana pasada por la diputada de Pro Marilú Quiroz. El incidente del final pareció darles la razón.
Villarruel fue la última oradora y se despachó con un fuerte discurso en contra de la cuarentena, a la que calificó de “fanática e insensible” y por la que responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero que, dijo, también tuvo como cómplices a la oposición, “infectólogos”, periodistas, laboratorios y obras sociales.
“La versión fanática e insensible de la cuarentena aplicada en nuestro país tuvo ejecutores, pero también tuvo responsables”, afirmó la vicepresidenta, tras lo cual apuntó su dedo contra los que consideró responsables que colaboraron a permitir el sostenimiento de las duras medidas de aislamiento.
“Difícilmente [la cuarentena] podía haberse sostenido sin las anuencias de las fuerzas políticas votadas para ser oposición a ese Gobierno, sin la complicidad del periodismo y sin la presión y el lobby tanto de empresas farmacéuticas como de obras sociales privadas, como de infectólogos y otros demagogos televisivos que se arrogaron el derecho de decidir cómo debíamos vivir y cómo debíamos morir”, sentenció Villarruel, en el pasaje más aplaudido de su discurso.
Antes de la vicepresidenta habían hablado Danann y Pablo Dávoli, un abogado nombrado secretario de la Comisión de Defensa del Senado por la gestión de Villarruel que fue presentado como “especialista y referente en Covid”.
“La democracia fue brutalmente interrumpida por un decreto del gobierno kirchnerista; como reconoció el ministro [de Economía, Martín] Guzmán, por conveniencia política”, sentenció Danann, pese a que el exministro se refirió a la prolongación en el tiempo de la cuarenta, no al decreto ni a su inicio.
Con su estilo filoso y agudo, el comunicador libertario que se ha convertido en un declarado enemigo de Karina Milei, a la que acusa de corrupta de manera frontal, calificó como delitos de lesa humanidad las privaciones a las que se sometió a la población durante el aislamiento.
Gustavo Ybarra,Victoria Villarruel,Conforme a,Victoria Villarruel,,De Tierra del Fuego. Quién es Cándida López, la senadora que se presentó con un cerrajero para tomar un despacho,,Análisis. Milei vs. Tapia, Villarruel y los K,,El despacho de Kueider. Quejas de un pastor evangélico por “un oratorio que discrimina” en el Senado
La visita de Diego Santilli a Corrientes le dio al gobierno nacional los frutos que fue a recoger, ya que el gobernador Gustavo Valdés le adelantó al ministro del Interior que sus legisladores acompañarán el paquete de reformas que la administración de Javier Milei presentará en el Congreso de la Nación.
“Con el arribo de Diego Santilli al Ministerio del Interior, Corrientes sumó un aliado abierto al diálogo y dispuesto a tender puentes de entendimiento con el Gobierno Nacional, compartiendo la senda del equilibrio fiscal y presupuestario. ¡Sigamos por este camino!”, publicó la cuenta oficial en X del gobierno provincial tras el encuentro entre el funcionario y Valdés.
Por su parte, el gobernador resaltó: “Coincidimos en que el Congreso de la Nación debe aprobar la Ley de Presupuesto: en 2026, la macroeconomía argentina necesita previsibilidad y ratificar sus políticas públicas con equilibrio fiscal. También, en que las reformas son necesarias para modernizar los regímenes tanto impositivo como laboral”.
El gobierno nacional mira con atención a los senadores que responden a Valdés. Se trata de Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela. Sus votos serán claves cuando el programa de reformas llegue a la Cámara alta. En la mira de la Casa Rosada también está Mauricio “Camau” Espínola. El ex deportista estuvo cerca de La Libertad Avanza, pero la imposibilidad de un acuerdo electoral en la provincia lo alejó, así que se alió a Valdés. Ahora, vuelve a estar en su radio de influencia.
“Tenemos que bajar el riesgo. Eso impacta en la tasa de interés. Si hay crédito, hay posibilidades”, razonó Valdés. De lo contrario “no hay nadie que invierta en la Argentina. Hay que trabajar para bajar el riesgo país con reformas estructurales”, agregó. Una de ellas es la normativa laboral.
“Esa será la tarea que tendremos con nuestros legisladores”, anticipó.
Y resumió: “Si nos convertimos en un país serio, vamos a tener oportunidades para la Argentina. Creemos que cambiaremos con exportación, producción e industrialización”.
“Se viene un verano movido”
En la charla entre el gobernador y el ministro hubo un intercambio de necesidades. “Tuvimos una larga tarea de trabajo sobre la agenda de Corrientes. Y, obvio, yo expresé los objetivos de la del presidente Javier Milei y las reformas que vienen”, describió Santilli durante la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la provincia.
Entre estos puntos claves para la segunda etapa de la administración nacional, citó el Presupuesto y las leyes de reforma e inocencia fiscal. También la modernización laboral, algo que permitirá “sacar a la gente de la informalidad y pasar a la formalidad”, sostuvo. Al respecto, adelantó que incluirá una rebaja de las cargas fiscales que soportan las empresas para contratar personal.
“¿Cuáles son los problemas de la Argentina?”, se preguntó Santilli. Y se autorrespondió: “La presión más alta de la región de Sudamérica, una contingencia laboral que destroza las pymes, la industria del juicio, y la cargas que el empleador termina pagando por cada trabajador”.
Luego, consignó: “En los próximos días se conocerán (los detalles) y entraremos en discusión con diputados y senadores”.
“Se viene un verano movido”, adelantó el ministro. El esquema que comenzará a discutirse con la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre “no son solo reformas que plantea el gobierno nacional, son también las que plantean los gobernadores para integrar un país que crezca”, sentenció.
Santilli, describió: “La batería de medidas que plantea el Presidente en las sesiones extraordinarias del Congreso es para bajar el riesgo país y que aumente el flujo de créditos a una tasa razonable. Todo esto nos permitirá recuperar la economía”.
Más adelante, Valdés reiteró el acompañamiento a las pautas nacionales. “Vamos a colaborar con el ministro Santilli porque tenemos la misma visión. Es sano sostener una conversación institucional con el gobierno nacional. (Esto) tiene que ser el puntapié inicial”, apuntó.
Planteos
Dentro de los puntos que planteó el gobernador estuvo la inversión en obra pública. En particular, en la ruta nacional 12. Además, el mandatario reclamó los giros de dinero para atender el déficit de la caja de jubilación provincial que no fue transferida a Nación en los ‘90.
Por otro lado, a Corrientes le interesa que se rediscuta la coparticipación federal. En los ‘80, la provincia perdió un punto que implica el 20% del presupuesto provincial, advirtió Valdés.
El titular del Ejecutivo correntino reconoció que es “difícil” cambiar la normativa, ya que la Constitución de 1994 exige unanimidad de las provincias.
Santilli ya habló con todos los gobernadores del Litoral. Abrió las charlas con Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Luego, fue a Posadas y se entrevistó con Hugo Passalacqua. Y ahora concretó el encuentro con Valdés.
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