El presidente Javier Milei ordenó a la mesa política -integrada por los funcionarios clave de su gobierno- que se instale en el Senado para monitorear el debate, cerrar las últimas negociaciones y evitar sorpresas de último momento, con el objetivo de lograr su principal objetivo político en las sesiones extraordinarias: tener la ley de modernización laboral.

El primer mandatario decidió que tanto su hermana, la influyente secretaria General, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de Diputados, Martín Menem, estén presentes en la Cámara alta. El asesor Santiago Caputo, mientras tanto, estará activo desde la Casa Rosada.

Según pudo saber Infobae, los funcionarios se reunirán primero en el despacho del presidente de la Cámara baja.

Javier Milei espera que los últimos cambios al proyecto original sean plasmados en el texto definitivo que se tratará, desde las 11, en la Cámara alta. Fueron al menos 28 los retoques que tuvo el dictamen aprobado en diciembre pasado, que fueron aceptados para blindar su aprobación.

La modernización laboral es clave, tanto por su impacto en la economía, como en el escenario político. Es que el Gobierno resalta que será la primera vez, desde el regreso de democracia, que el Congreso trate y apruebe una profunda actualización de la normativa que rige las relaciones laborales.

La Casa Rosada llega a la sesión con un amplio consenso sobre la necesidad de modernizar la legislación vigente. Desde el año pasado, cuando en diciembre aprobó un dictamen provisorio, las principales espadas del Ejecutivo negociaron con todos los bloques parlamentarios, recibieron más de 1.500 consultas de sectores empresarios pequeños, medianos y grandes, y de referentes gremiales, para avanzar con el proyecto.

La presidente del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue la encargada de timonear las negociaciones parlamentarias, con el denominado “grupo de los 44″, que integran los senadores no kirchneristas dispuestos a acompañar la iniciativa. También hubo contactos con algunos de los 28 legisladores del bloque K, y no se descartaba, incluso, contar con algún voto de ese sector.

Lo cierto es que la propia Bullrich anunció ayer a la tarde 28 modificaciones al dictamen aprobado en diciembre, que serán tratados en la sesión de hoy. El Gobierno aceptó esos retoques, para evitar sorpresas que comprometan el objetivo principal de alcanzar la media sanción. Por eso, la Casa Rosada avaló la postergación de los cambios en Ganancias que pidieron los gobernadores dialoguistas; la diferenciación de los aportes para el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que planteó el radicalismo; como así también establecer un plazo de dos años para hacer voluntario los aportes a sindicatos y cámaras empresarias, entre otros puntos.

En las negociaciones con los gobernadores, el ministro Santilli tuvo un rol crucial, con viajes al interior del país, reuniones en Casa Rosada y gestiones reservadas con la oposición. Es que los mandatarios tienen una influencia decisiva en el voto de los senadores, que son la representación en el Congreso de las provincias. En todos esos encuentros, el titular de la cartera política recibió el pedido de no afectar las cuentas fiscales con una merma en la coparticipación del impuesto a las Ganancias, un reclamo que terminó siendo admitidos.

Cada uno de los cambios fueron analizados y discutidos las últimas semanas en la mesa política, por eso, el presidente Milei ordenó que los principales funcionarios se instalen en el Senado hasta la votación final.

Mesa Política

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Después de haber quitado el artículo de Ganancias de la reforma laboral, el Gobierno empezó a evaluar la posibilidad de impulsar un pacto fiscal con las provincias para avanzar con la reforma tributaria. Sería a partir de las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de marzo. En el Ejecutivo admiten que no hay margen político ni fiscal para impulsar un rediseño impositivo de fondo durante 2026 sin un acuerdo con los gobernadores.

En la Casa Rosada se inclinan por un acuerdo amplio con los mandatarios provinciales, que incluya una coordinación de la baja de Ganancias con la mira en el impacto fiscal. “No podemos mover una baja relevante de impuestos nacionales si las provincias y los municipios no acompañan con los suyos”, expresan en Nación.

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En Balcarce 50 quieren evitar tensiones con las provincias en el tratamiento legislativo de los proyectos tributarios y ponen como ejemplo los cambios introducidos en la reforma laboral, donde el oficialismo aceptó retirar la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades. El articulado fue eliminado tras la presión de los mandatarios provinciales, que advirtieron sobre el impacto en la coparticipación.

Las alternativas que analiza la mesa chica del jefe de Estado son limitadas. El círculo presidencial reconoce que no existe todavía un plan progresivo cerrado para promover cambios tributarios en 2026 y advierten que algunas de las opciones -una baja del IVA o su división para que las provincias cobren una parte- hoy no son viables por el impacto en la caja. “Hay ideas que nos gustan, pero no son ejecutables con este margen fiscal”, agregan.

El esquema que gana terreno en el Gobierno es avanzar por partes, con proyectos separados y de bajo costo fiscal, y dejar los cambios estructurales atados a un eventual pacto fiscal. Ese enfoque coincide con los lineamientos del Consejo de Mayo, que planteó una reducción impositiva, pero condicionándolo al equilibrio fiscal y a un acuerdo federal que incluya impuestos provinciales como Ingresos Brutos.

En el equipo económico -que encabeza el ministro Luis Caputo- insisten en que cualquier baja de impuestos deberá estar respaldada por crecimiento económico y mayor formalización. La prioridad inmediata sigue siendo sostener el superávit y cerrar la agenda legislativa de extraordinarias, con la reforma laboral como eje central.

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En la Casa Rosada no descartan que la discusión tributaria se extienda durante todo 2026 e incluso que los cambios de mayor alcance se posterguen para 2027. En Balcarce 50 ya hablan de una convocatoria a gobernadores para continuar el trabajo técnico que realizó el Consejo de Mayo.

En la mesa chica de Nación hubo diferencias sobre la forma de abarcar las negociaciones con los mandatarios provinciales por los cambios tributarios dentro de la reforma laboral. En algunos despachos oficiales advierten que dejaron al oficialismo en una posición de desventaja y que se trató de una “imposición más que una negociación”.

Gobierno, Reforma Tributaria, pacto fiscal