POLITICA
Presupuesto 2026: no habrá refuerzos en jubilaciones, crece la presión tributaria y subirían las tarifas de luz y gas
El proyecto de presupuesto 2026 que presentó Javier Milei al Congreso revela que la motosierra del ajuste se mantendrá firme, aunque modera su rigor con una leve suba del gasto −del orden del 5,9% real− respecto de este año. Este alivio, sin embargo, no compensa el ajuste draconiano del primer año y medio de gestión libertaria ni llega a todos los rubros.
Por caso, no se prevén refuerzos para las jubilaciones, persistirían los recortes en algunos programas sociales y subirían las tarifas eléctricas y de gas, aunque se aflojaría el torniquete sobre los fondos a las provincias y las obras públicas, sobre todo las de vialidad.
La iniciativa comenzará a discutirse este miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El gran interrogante es qué vocación de diálogo exhibirá en esta oportunidad el oficialismo luego de que el año pasado clausurara intempestivamente el debate y prorrogara por segunda vez consecutiva el presupuesto 2023. La oposición y los gobernadores, envalentonados por sus últimos triunfos en el Congreso, ya advirtieron que no tolerarán una tercera prórroga y se aprestan a reclamar varias modificaciones al texto.
El presupuesto 2026 presenta varias novedades. En primer lugar, el Gobierno no tiene previsto reforzar las jubilaciones, que constituye el gasto más voluminoso del presupuesto. En efecto, el texto mantiene sin cambios la actualización de los haberes por la fórmula de movilidad jubilatoria y no se prevén aumentos en el bono de $70.000 que perciben los jubilados del haber mínimo. Este monto se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que licúa el poder de compra de casi 3 millones de jubilados.
Las cifras del proyecto así lo revelan: para el año próximo se contempla un aumento del 5,4% real para el pago de todas las jubilaciones –producto de la fórmula de movilidad−, pero también una caída en la partida destinada al pago de los bonos: los $3 billones actuales caerán a $2,9 billones, lo que implica un derrumbe del 13,5% real según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Por otra parte, la iniciativa propone derogar la movilidad de las asignaciones familiares. Se trata de las asignaciones que otorga la Anses por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar anual, por nacimiento, adopción, matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral que perciben trabajadores registrados y no registrados. Hoy estos ingresos se actualizan de manera automática por inflación; si este proyecto es ley, los eventuales aumentos quedarán a discreción del Poder Ejecutivo.
Tarifas
Otro dato revelador del proyecto es que el año próximo podrían subir fuertemente las tarifas de energía porque se profundizarían los recortes a los subsidios al sector. Para el año próximo se asignaron casi $4 billones por este concepto, lo que implica una caída del 12,4% real respecto de este año y del 68,5% respecto 2023, estimó ASAP.
Mientras se prevé recortar los subsidios a las tarifas eléctricas que pagan los usuarios, el Gobierno propone, en paralelo, beneficiar con un esquema de compensación a las empresas distribuidoras del sector −entre ellas Edenor y Edesur, además de las provinciales y municipales− por los ingresos que no percibieron por los congelamientos tarifarios y las leyes de emergencia del kirchnerismo. Se trataría de una cifra millonaria que las empresas, según el artículo 74, podrán utilizar para cancelar sus deudas con Cammesa.
Las noticias tampoco son buenas para los tres millones de hogares que se benefician con una reducción en sus tarifas de gas por vivir en zonas frías de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El proyecto del Gobierno propone, en su artículo 72, eliminar la ampliación del régimen de zonas frías que se aprobó en 2021 y que se vuelva al régimen original de 2002, que restringía el subsidio a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza.
El sector del Transporte, por contraste, esquivaría el ajuste. Los subsidios destinados al transporte automotor −claves para el funcionamiento de los colectivos en el AMBA y en el interior del país− tendrán un aumento del 0,5% real luego de los recortes drásticos que se aplicaron en 2024 y 2025. Lo mismo ocurriría con los trenes: se prevé una suba en subsidios del 2% real, señala ASAP.
Impuestos
En materia impositiva, el dato saliente es que el proyecto no arroja novedades ni anticipo alguno acerca de una reforma tributaria. Es más, el proyecto establece que se prevé un alza de la presión tributaria de 21,30 a 21,77 puntos del PBI. “Este cambio responde principalmente a la evolución de algunas variables en el contexto macroeconómico, que contribuyen al alza de los recursos estimados”, fundamentó el Gobierno.
El único impuesto que, se estima, generará menores ingresos el año próximo en comparación con el actual es el de Bienes Personales; la recaudación caería un 24% en términos reales respecto de este año ($-90.749 millones), según ASAP. Esto responde a una política del Gobierno, plasmada en la ley 27.743, de reducir paulatinamente las alícuotas de este tributo que grava a los patrimonios.
Por contraste, se prevé una fuerte recaudación en el impuesto a los combustibles, que alcanzaría casi $3 billones (+50,6% real) −lo que impactaría en el precio de estos insumos− y del impuesto a las ganancias, que pasaría a recaudar $16,5 billones (+9% real). También se prevén subas en la recaudación de los derechos de exportación (que incluye las retenciones agropecuarias) y de importación.
En tanto, el presupuesto 2026 mantiene prácticamente incólume los gastos tributarios, por lo que se perderá de recaudar $35,2 billones (3,42% del PBI) por beneficios fiscales y exenciones tributarias varias. Esto incluye desde la exención del pago de ganancias al Poder Judicial y el régimen de promoción de Tierra del Fuego, hasta exenciones del IVA a prestaciones médicas y servicios educativos. Ningún gobierno hasta ahora se dedicó a revisar este capítulo del presupuesto, siempre polémico en cada debate.
Provincias y obras públicas
Después de casi dos años de aplicar un ajuste feroz sobre las transferencias a las provincias, el Gobierno −forzado por la presión de los gobernadores− decidió aminorar el rigor de la motosierra.
Las transferencias automáticas (esto es, los giros por coparticipación) presentarían un alza real del 6,5% real respecto a este año, señala la consultora Politikon Chaco. En cambio, las transferencias no automáticas –que han sido las más afectadas por los recortes libertarios− si bien crecerían un porcentaje similar, presentarían un comportamiento desigual: las corrientes (que se destinan a salud, educación, entre otros rubros) se incrementarían en 9,2% pero las de capital (obras públicas) caerían en 34,7%.
En todos los casos, advierte la consultora, los giros a las provincias, aunque se recuperaron este año, están muy por debajo del nivel de 2023.
Dentro de las transferencias no automáticas vale resaltar la suba de la partida de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los focos de conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores: para 2026 se prevé un crédito de $569.426 millones (+147% real respecto al crédito vigente). Pero no todas son buenas noticias: el presupuesto prevé un recorte drástico en los giros a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias (-57,9% respecto del crédito vigente).
En materia de obras públicas, uno de los rubros más castigados por el ajuste libertario, el presupuesto prevé que para 2026 ascienda a $3,29 billones, lo que implica un aumento del 32% real respecto de la ejecución proyectada para este año; empero, el nivel sigue siendo muy por debajo de 2023 (-74,7%), advierte ASAP.
En este rubro se destaca una fuerte suba para la Dirección Nacional de Vialidad –lo que evidencia un giro del Gobierno a partir de las críticas por el estado crítico de las rutas tras dos años de desinversión−, pero seguirá fuerte el ajuste en las partidas para vivienda y urbanismo (-6,9% real respecto de este año) y Agua Potable y Alcantarillado (-0,9%).
Por último, en materia de servicios sociales, el presupuesto 2026 prevé un aumento interanual de 6,4% en términos reales respecto a este año, destaca la consultora ACIJ. Empero, advierte que este incremento resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en los dos años anteriores.
Dentro de esta finalidad cabe destacar algunos rubros, como Salud y Seguridad Social, que lograría recuperar el terreno perdido luego de 2023 o incluso aumentan en términos reales. “En el resto de los casos, como en Educación, se observan aumentos interanuales en 2026 que no compensan las caídas en el trienio”, advierte ACIJ.
proyecto de presupuesto 2026,que incluye las retenciones agropecuarias,Laura Serra,Política,Javier Milei,Cámara de Diputados,Conforme a,Javier Milei,,»Dudas sobre la política cambiaria». Financial Times advierte que «se agrava la crisis» económica argentina por la escalada del dólar,,Posible crédito. La incidencia del “efecto Trump” en medio de la turbulencia,,»Dólares para todos». El plan de emergencia para aguantar hasta octubre
La Cámara de Diputados aprobó recientemente la baja en la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, una medida que puso en primer plano el debate sobre el tratamiento de los menores en conflicto con la ley. En este contexto, Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, expuso su posición y analizó las implicancias para el sistema judicial porteño en diálogo con Infobae al regreso.
La discusión sobre la imputabilidad de los menores de edad se instaló con fuerza tras la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por el oficialismo y con amplio respaldo de sectores opositores. En ese marco, Tapia se manifestó a favor de la reducción de la edad de responsabilidad penal. “Estoy a favor. La imputabilidad tiene que ver para mí, está relacionado con el entendimiento que tiene, con el razonamiento que tiene alguien que comete un delito, que infringe la ley y en función de eso tiene que tener y ser sancionado”, sostuvo el ministro porteño.
La Ciudad de Buenos Aires, según explicó el funcionario, cuenta desde 2017 con un régimen penal juvenil transferido, aunque la falta de traspaso total de competencias judiciales limita la autonomía plena. “La ciudad de Buenos Aires ya tiene el régimen penal juvenil desde el 2017 transferido. Ahora, como no existe todavía las transferencias de competencias judiciales, esta parte de la ley penal juvenil, como algunos otros delitos, ya han sido transferidos a la ciudad”, precisó Tapia.
El ministro detalló el funcionamiento del sistema local para menores de edad, que abarca a jóvenes de 16 a 18 años, así como a quienes tienen entre 18 y 21 años, aunque estos últimos deberían estar bajo responsabilidad federal.:“La ciudad, a través del Consejo del Menor y del Niño, ya administra aquellos condenados o juzgados o procesados para los menores de edad, de dieciséis como es hoy hasta los dieciocho y también se hace cargo de dieciocho a veintiuno, aunque ya para esa edad tendría que estar en el Servicio Penitenciario Federal”.
El funcionario porteño subrayó que el debate no se agota en la reducción de la edad de imputabilidad. “No es todo un tema de baja de imputabilidad. En la escala, por ahí sí somos de los países que tienen una edad de imputabilidad mayor. Se puede bajar, por supuesto que se puede bajar, pero acá de lo que se trata es de tener una tarea sobre todo de prevención y de un trabajo de qué manera se puede reinsertar aquel menor que no solo es quien infringe la ley, sino que tiene también un entorno muchas veces bastante más complejo, que no se trata únicamente de tenerlo adentro o encerrado”, argumentó Tapia.
El ministro remarcó la importancia de definir con precisión qué delitos estarían incluidos bajo el nuevo sistema. “No se trata de que todos los delitos entren en este sistema, porque no es solo el encierro lo que se busca”, puntualizó. Además, señaló la disposición de la administración porteña para invertir en infraestructura, aun cuando la responsabilidad principal recae en la administración nacional.
En otro tramo de la entrevista, el funcionario describió un escenario en el que los detenidos quedan en comisarías porteñas, ante la falta de cupo en el sistema federal, lo que genera complicaciones tanto para la custodia de los jóvenes como para la labor policial. “Vos podés ir teniendo distintas herramientas para aquel que no cumple una norma, sea sancionado como consecuencia de ese incumplimiento. El tema acá, después, es que si se infringe la norma, las leyes están para cumplirlas y después para que se cumplan y que se hagan cumplir y que no por un tema de ideología, entremos en las distintas interpretaciones”, expresó Tapia.
La gestión porteña, según el ministro, trabaja para reforzar la capacidad de alojamiento en comisarías y avanza en la construcción de nuevos establecimientos fuera del ejido urbano. “La ciudad está terminando una cárcel en Marcos Paz que se hizo de manera conjunta con la Nación, con un objetivo, que es liberar Devoto. Para que desde el lado de la ciudad, para cumplir con los vecinos de la ciudad, una promesa de hace muchos años de sacar una cárcel del ejido urbano”, afirmó.
Por último, Tapia resaltó la consolidación de la autonomía porteña y la búsqueda de una justicia más ágil y cercana al ciudadano. Según el ministro, “el cumplimiento efectivo de las normas y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y reinserción social para menores infractores” son ejes centrales de la política judicial impulsada desde la Ciudad de Buenos Aires.
El senador Mariano Recalde volvió a referirse a la media sanción que obtuvo este jueves en el Senado la reforma laboral promovida por el Gobierno.
En diálogo con radio Splendid, el legislador kirchnerista criticó la normativa, consideró que se trata de una ley que “no va a generar empleo” —contrario a lo que anticiparon desde la administración mileísta— y cuestionó el nuevo límite que se le impuso a las indemnizaciones por despido.
“La Argentina pasó de ser un país productivo a ser una economía basada en la especulación financiera, en la que conviene hacer plata timbeando y no produciendo. Eso hay que cambiar; no sacarle la plata al trabajador que se enferma, sacándole la gratuidad a la cuenta sueldo, como quisieron hacer y finalmente no pudieron, o sacando la jornada laboral de ocho horas», apuntó.
De esta forma, Recalde hizo alusión a las modificaciones que introdujo la ley, como que ya no se considerarán conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios en la base de cálculo de las indemnizaciones por despido.
A su vez, se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual, y las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual.
“Ya lo dicen desde el Gobierno: no va a generar empleo. Todo lo que prometían no va a tener ese resultado, ya lo están confesando ahora que salió la ley. Eliminar las indemnizaciones nunca funcionó. Cuando la economía funciona, cuando hay actividad económica, con derechos, también crece”, aseguró y siguió: “Llegó a haber doble indemnización y crecía… No es cierto que una cosa impide la otra”.
El legislador del Partido Justicialista también cuestionó que se trata de una ley que no se moderniza en cuanto a las actualizaciones tecnológicas de la época. “No habla de Inteligencia Artificial, no habla del home office… ¿Dicen que son modernos? Es volver atrás para facilitar los despidos. En lugar de proteger de los despidos, que es lo que se hace con la doble indemnización, es abaratar para alentarlos», marcó.
A su vez, desestimó el argumento de la “industria del juicio” que suelen utilizar desde el círculo del Gobierno. “Son el 5 por ciento los que llegan a hacer juicio. Los accidentes de trabajo se cubren por ART y las empresas no son parte. No hay tal cosa como industria del juicio Lo que ahora algunos llaman así es a algún juicio abusivo, inventado», afirmó y lamentó: “Que los hay, por supuesto, pero es una porción ínfima, como pasa en los accidentes de tránsito. Hay que buscar la solución al caranchismo judicial”.
Para cerrar, Recalde fue consultado sobre si la expresidenta Cristina Kirchner debería presentarse como candidata en las elecciones presidenciales de 2027. Su respuesta fue contundente: “No puede ser candidata porque está inhabilitada, está proscrita de por vida”. “Este sistema no quiere que la principal candidata, la presidenta del PJ, que ganó tres veces elecciones presidenciales en primera vuelta… No quieren que sea candidata. Es parte de los problemas que tiene”, concluyó.
Tras el debate en el Senado, el referente de La Cámpora protagonizó un cruce en redes sociales con el presidente Javier Milei. El jefe de Estado había difundido un clip editado de un momento específico de una exposición en donde el senador nacional afirma “no lo leí”, pero en realidad se refiere a una cuestión que no figura en un artículo.
El Presidente compartió un video del portal mileísta La Derecha Diario. El recorte de tan solo 17 segundos mostraba a Recalde diciendo: “Es un proyecto muy amplio y [el senador preopinante] dijo algo que me hizo ruido y le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí…”. El video también fue replicado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y tuiteros libertarios. Sin embargo, el clip mostraba solo la primera parte y no el discurso completo.
Sin embargo, el Presidente, el jefe de gabinete, y otros dirigentes, se encargaron de compartir y viralizar el recorte del sitio oficialista que no mostraba el momento completo. “Esto es el kirchnerismo. Fin”, escribió Milei. Recalde le contestó a ambos. “Hace varias semanas que vengo paseando a tus libertarios en los medios que no saben lo que estamos votando hoy @JMilei. Leí varias veces tu proyecto de destrucción de los trabajadores y en ningún lado está lo que dijo el miembro informante en su exposición, eso es lo que quedó claro que ‘no leí’. No leí lo que no está y dicen que está“, arremetió contra el primer mandatario.
reforma laboral,@JMilei,https://t.co/edMlhQt5Gl,February 11, 2026,cruce en redes,La Derecha Diario,Mariano Recalde,Reforma laboral,Actualidad política,Conforme a,,Contra el columnista. Otro ataque del Presidente a Fernández Díaz,,En la provincia de los Menem. Villarruel se fotografió con un gobernador kirchnerista en su visita a un festival,,Reforma laboral. La CGT adelanta una reunión para este lunes y evalúa un paro cuando Diputados trate el proyecto,Mariano Recalde,,»Dejá de boludear». Milei difundió un video editado de Mariano Recalde y el legislador lo cruzó,,Punto por punto. Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso,,»El que calla otorga». El incómodo momento que pasó Sturzenegger cuando Recalde le dijo que “fracasó en tres gobiernos”
POLITICA
Un estudio de la Universidad Austral sobre los DNU presidenciales plantea la necesidad de modificar la ley
El Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral advirtió sobre el creciente uso de DNU por parte del presidente Javier Milei en función legislativa.
El organismo comparó el período de receso desde el 1 de diciembre con las sanciones de leyes del Congreso con los DNU firmados en desde el fin del periodo ordinario de sesiones. Solicitó al Parlamento cambios a la Ley que reglamentó el uso de los DNU.
Lee También: El Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar una nueva Ley de Financiamiento Universitario
Tomando el inició del receso legislativo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó 11 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) como uso de una herramienta normativa de carácter excepcional. Durante febrero, el 6, se publicó el DNU 88/2026 que inició la disolución y liquidación de IOSFA (Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas) y creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA, en la órbita del Ministerio de Defensa, así como la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, OSFFESEG, en la órbita del Ministerio de Seguridad.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia son herramientas constitucionales para casos excepcionales, que deben ser controlados por el Congreso. El informe de la prestigiosa Universidad concluye además, con la necesaria reforma de la Ley 26.122, sancionada en 2006, a propuesta de la exsenadora Cristina Kirchner, que reguló la utilización de los mismos.
“La acumulación y frecuencia de estos once decretos vuelve a colocar en el centro del debate institucional la urgente necesidad de que el Congreso modifique cuanto antes la Ley 26.122, la cual regula el alcance y control de los DNU y el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”, explicó Verónica Nolazco, coordinadora e investigadora del ODCL y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral.
Desde el ODCL de la Universidad Austral, se reafirmó la importancia de monitorear y analizar el uso de esta herramienta excepcional, como parte de una democracia constitucional madura.
Los DNU presidenciales
- DNU 941/2025 (31/12/2025): Modificó la Ley de Inteligencia Nacional.
- DNU 942/2025 (31/12/2025): Prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, modificó la estructura del Ministerio de Salud y tras disolver ANDIS oficializó a la nueva Secretaría de Discapacidad.
- DNU 2/2026 (02/01/2026): Aprobó el Acuerdo modificatorio del Acta del Farallón Negro suscripto entre el Estado Nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y creó el ente Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio.
- DNU 17/2026 (15/01/2026): Auto autorizó al Presidente para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y en el Foro Económico Mundial de Davos hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026.
- DNU 26/2026 (23/01/2026): Modificó el Plan Gas.Ar y adoptó un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.
- DNU 34/2026 (23/01/2026): Modificó la ley 19.101 (de la época de Alejandro Agustín Lanusse) la cual contiene el régimen para el Personal Militar con el objeto de que se pueda permanecer activo frente a designaciones en el Ministerio de Defensa.
- DNU 41/2026 (23/01/2026): Redefinió competencias para la emisión de resoluciones anticipadas en importaciones y exportaciones con modificaciones al Código Aduanero y otorgó a la Secretaría de Industria y Comercio la facultad de intervenir en todo lo referido al origen de las mercaderías.
- DNU 49/2026 (26/01/2026): Prorrogó la emergencia del sector energético nacional (extiende excepcionalidad hasta fines de 2027).
- DNU 73/2026 (29/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fin de dar una respuesta inmediata.
- DNU 80/2026 (31/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz, amplió y reforzó el esquema excepcional de respuesta y coordinación federal.
- DNU 88/2026 (06/02/2026): Inició la disolución y liquidación de IOSFA y crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA en la órbita del Ministerio de Defensa y la Obra Sociales de las Fuerzas Federales de Seguridad OSFFESEG en la órbita del Ministerio de Seguridad.
El trabajo académico demostró que en el tiempo que lleva el Poder legislativo, desde que finalizó el periodo de sesiones ordinarias el 30 de noviembre de 2025, el Presidente Javier Milei dictó la misma cantidad de DNU que las leyes promulgadas durante el período ordinario que se extendió desde el 1 de marzo al 30 de noviembre del año pasado.
Según los datos del ODCL, en total, durante todo el 2025, el Presidente dictó 35 DNU, 74 decretos delegados y promulgó 13 leyes.
Leyes promulgadas durante el período ordinario de sesiones del Congreso (1 de marzo al 30 de noviembre de 2025)
- Ley 27.783: Suspensión de las PASO durante el año 2025.
- Ley 27.784: Juicio en ausencia del imputado.
- Ley 27.785: Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
- Ley 27.786: Abordaje integral del crimen organizado.
- Ley 27.787: Tratado Argentina – Serbia sobre traslados, sentencias penales.
- Ley 27.788: Tratado fiscal sobre erosión de bases imponibles.
- Ley 27.789: Acuerdo Argentina – Consejo Fed. Suizo sobre servicios aéreos.
- Ley 27793: Emergencia en Discapacidad en todo el Territorio Nacional (VETO – INSISTIDA)
- Ley 27795: Financiamiento de las universidades nacionales (VETO – INSISTIDA)
- Ley 27796: Emergencia sanitaria en salud pediátrica (VETO – INSISTIDA)
- Ley: 27797 Ley Nicolás que establece un marco nacional de calidad y seguridad sanitaria sentando el precedente en la seguridad del paciente.
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Durante el receso legislativo y las convocatorias este año a sesiones extraordinarias del Congreso, se promulgaron dos leyes: Ley 27798: Presupuesto 2026 y Ley 27799: Inocencia Fiscal.
La última semana el Senado aprobó y giró a Diputados el proyecto de Reforma Laboral, mientras que la Cámara baja hizo lo propio con los proyectos de Reformas al Régimen Penal Juvenil y al Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ambos proyectos serán debatidos por el Senado en los próximos días.
Los vetos presidenciales
Se destaca también que durante 2025 hubo cuatro sanciones del Parlamento vetadas y no insistidas por los legisladores ya que no obtuvieron los dos tercios de los votos necesarios para su sanción.
- Ley 27.790: Declara zona de emergencia en Bahía y municipios de PBA .
- Ley 27791: Incremento Excepcional y de Emergencia, para las Jubilaciones y Pensiones
- Ley 27792: Pago de Deuda Previsional y de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
- Ley 27794: Fondo de aportes del tesoro de la Nación (ATN).
La Ley que regula los DNU
Durante el último año, las bancadas de Unión por la Patria (UxP), en ambas cámaras legislativas, tomó la decisión de modificar la norma impulsada por su propia fuerza política en el 2006.
El senador José Mayans, jefe de UxP en la Cámara alta logró la sanción de un proyecto que modificó la norma estableciendo que los DNU tendrán un plazo máximo de 90 días corridos para ser aprobados, sin excepción, por mayoría absoluta de ambas cámaras; el rechazo de una sola de ellas bastará para que el decreto quede sin efecto. Además, los DNU deberán referirse a una única materia y podrán ser tratados de inmediato, tanto en el Senado como en Diputados e incluso durante el receso parlamentario.
La norma actual establece que los DNU están vigentes mientras no sean rechazados por ámbas cámaras del Congreso. Mientras que para logar la ratificación legislativa alcanza con la aprobación de una de ellas.
Esa sanción legislativa, Germán Martínez, titular del bloque en Diputados, la impulsó y el pasado 8 de octubre logró sancionarla con 140 votos a favor , 80 negativos y 17 abstenciones, pero el texto que llegó en revisión desde el Senado se modificó y regresó a la Cámara alta.
Los diputados modificaron el articulo tres, que establecía que para que los decretos se consideren válidos, ambas cámaras lo deberían disponer en el plazo de 90 días corridos desde su publicación. La Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó la modificación de Diputados, pero nunca, ese nuevo dictamen, llegó al recinto.
El próximo 1 de marzo se iniciará un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Se abrirá una nueva oportunidad de retomar el debate. La Libertad Avanza no pretende ninguna modificación de la Ley de Cristina Kirchner, está cómoda con la misma y explota al máximo la herramienta de la Constitución, que fue pensada por los constituyentes del 94, entre otros Eduardo Menem, Raúl Alfonsín y el actual presidente la Corte, Horacio Rossatti, sólo de excepción y por necesidad y urgencia.
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