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Presupuesto 2026: pese a las quejas de Gobierno, el oficialismo avanza en el Senado para sancionar el proyecto

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A pesar de que los cambios introducidos por la oposición generaron malestar en la Casa Rosada, el oficialismo libertario intentará avanzar este viernes con el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado con la mira puesta en su sanción definitiva en una sesión que seria convocada para el próximo 26 de diciembre.

La iniciativa, que aprobó Diputados en la Cámara baja en la madrugada del jueves, será discutida este viernes a partir de las 10 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy).

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Para una hora antes, fue convocada la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para constituirse y tratar el proyecto conocido como Inocencia Fiscal. Se trata del intento del Gobierno de introducir cambios en el régimen penal tributario con el fin de permitir el blanqueo de dólares sin que las oficinas fiscales gubernamentales o entidades financieras estén obligados a indagar o reportar su origen, también conocido como Inocencia Fiscal.

Se espera que ambas reuniones sean impugnadas por el kirchnerismo, como lo anticipó el rionegrino Martín Soria al volver a la carga sobre la ilegalidad de la resolución adoptada por la presidenta de la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que decidió la integración de las comisiones de trabajo parlamentario.

La eliminación del capítulo que contenía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en atención a la discapacidad provocó hondo malestar en la Casa Rosada, que comenzó a buscar culpables en la oposición dialoguista por el supuesto fracaso.

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De hecho, por la mañana se dejó correr desde la sede del Poder Ejecutivo la versión de la norma no le servía al Gobierno y que hasta podían llegar a vetarla si salia tal cuál la aprobó Diputados.

Sin embargo, con el transcurso del día y con el Senado en estado de rebelión y amenazando con hundir la reforma laboral, el oficialismo decidió dar marcha atrás.

Fue así como Atauche recibió la instrucción de avanzar con la firma del dictamen al proyecto tal como fue aprobado por la Cámara baja para dejarlo, así, listo para su tratamiento en el recinto la semana próxima.

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La amenaza de veto no fue el único inconveniente. También generó malestar, en este caso en todos los bloques, el hecho de que el texto no contempla actualización para el presupuesto del Congreso.

Las negociaciones por este tema estuvieron a cargo del senador oficlalista Agustín Monteverde (Capital) quien, como no logró modificar el texto durante su debate en la Cámara baja, terminó acordando con el ministro de Economía, Luis Caputo, la ampliación del presupuesto mediante una resolución administrativa.


Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Senado. Bullrich obtuvo su dictamen, pero la reforma laboral recién se discutirá en el recinto en febrero,,»Entre gallos y medianoche». La CGT fue al Senado y tildó de “inconstitucional” el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno,,“Hacen lo que se les canta las pelotas”. El video del fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado

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“Montoneros, una historia visual”: el nuevo libro de María O’Donnell con claves para el debate sobre los setenta

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Montoneros, una historia visual es el cuarto libro de María O’Donnell sobre la guerrilla peronista y el más ambicioso: en lugar de centrarse en un episodio, abarca el ciclo completo. O’Donnell inició esta serie en 2015 con Born, el relato del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, y la continuó con Aramburu (2020) y Born/Quieto (2023). Ahora narra desde el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 hasta la derrota de la organización a comienzos de los ochenta: una década en la que Montoneros pasó de ser la guerrilla urbana más poderosa de América Latina a extinguirse.

Esta investigación rigurosa, en un contexto de renovado debate político sobre aquel período, sobresale también por su narración visual: el diseñador Fernando Rapa integró texto, fotografías, documentos de época, portadas de revistas, panfletos y fichas de inteligencia, muchos inéditos.

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A continuación, un fragmento del Capítulo 4 de Montoneros, una historia visual. Es 1975 y la organización alcanza su máxima capacidad militar a la vez que se distancia de la realidad nacional. El gobierno usa un fallido asalto del recién formado Ejército Montonero para escalar la represión mientras la conducción penaliza a los militantes que hablen bajo tortura.

De una guerrilla a un Ejército Montonero

Jorge Rafael Videla se estrenaba por esos días como jefe del Ejército y La Opinión anticipó: “Las Fuerzas Armadas participarán activamente en la represión del extremismo, sin que eso signifique un despliegue en todo el país como el de Tucumán desde febrero pasado”.

En simultáneo, el Ejército Montonero irrumpió en acción, con todo y uniforme —pantalón, chaqueta y gorra azules— el 5 de octubre. Una unidad de combate asaltó el Regimiento 29 de Infantería del Monte, en Formosa, cerca de la frontera con Paraguay.

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Habían secuestrado poco antes un avión de Aerolíneas Argentinas, que volaba desde Buenos Aires a Corrientes, y lo habían desviado al aeropuerto de Formosa, que también controlaban. Trece guerrilleros quedaron a cargo del Boeing 737 y otros veintiséis, en seis autos, se dirigieron al regimiento —donde contaron con la complicidad de un soldado que les abrió el portón— para “recuperar” armamento. Era domingo y los guardias, en su mayoría conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, repelieron el ataque.

La escena, según el relato de Montoneros: “Nos tirotean. Este tiroteo comienza a los dos o tres minutos de haber iniciado el asalto. A partir de ese momento el fuego es impresionante […] Una verdadera batalla: los soldados —armados o desarmados en algunos casos— desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron una fuerte resistencia, y en algunos lugares esa resistencia fue suicida”.

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Mataron al oficial Ricardo Massaferro —hijo de un militar que se había alzado con Juan José Valle contra Aramburu—, al sargento Víctor Sanabria y a diez conscriptos de dieciocho y diecinueve años. Murieron doce montoneros; los demás escaparon en el avión a una pista ilegal en Rafaela, Santa Fe. En el cuartel quedaron veinticuatro muertos; en las horas siguientes, tres vecinos de la zona, sin conexión con el ataque, fueron asesinados por el Ejército.

“Victoria del Ejército Montonero”, tituló Evita Montonera con un triunfalismo divorciado de los hechos. A pesar de los muertos y de que sólo habían obtenido cincuenta de los doscientos fusiles que esperaban llevar, evaluaron que la incursión había sido “exitosa”. Sólo criticaron un aspecto de la planificación: no habían tenido en cuenta el “bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”. Una señal de la disociación creciente entre sus acciones y la percepción de la opinión pública.

Código de disciplina montonero: “Se puede ganar” a la tortura

El ataque al cuartel de Formosa facilitó que los militares obtuvieran vía libre para escalar el experimento represivo en Tucumán, ya sin límite geográfico. Con Isabel Perón de licencia, el presidente interino Ítalo Luder promulgó un decreto para habilitar “las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

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Si antes el objetivo principal a “aniquilar” había sido el ERP, ahora los montoneros se sumaban a esa categoría.

Gran parte de los actores políticos aceptaron las nuevas medidas, de carácter cada vez más excepcional. “Los acontecimientos —evaluó [la historiadora Marina] Franco— son inseparables de la escalada represiva gubernamental de los años previos. Sólo el conjunto de esos procesos, sumado a los efectos de las acciones guerrilleras de carácter cada vez más terrorista, pudo permitir que en 1975 los sectores militares pusieran en marcha y de manera abierta sus prácticas clandestinas de represión con relativa libertad de acción”.

María O'Donnell incluyó en su nuevo libro sobre el ascenso y la caída de Montoneros diagramas técnicos sobre explosivos plásticos y espacios escondidos en maletines.

La voz del radical Hipólito Solari Yrigoyen se alzó sola para denunciar el uso sistemático de apremios ilegales —picana, simulacros de fusilamiento y otras prácticas ilegales— por parte de los organismos de seguridad. Con la extensión de esos recursos a las fuerzas armadas, Montoneros identificó a la tortura como la principal amenaza a su supervivencia. Al mismo tiempo, sin embargo, relativizó la magnitud del desafío: “Es un combate y se puede ganar”, sentenció.

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Un artículo en Evita Montonera argumentó, con una estadística casera, que los militantes podrían soportarla. Estimaron entre ochocientos y mil el número de “compañeros caídos en manos del enemigo”, el noventa y cinco por ciento de los cuales había atravesado “con éxito la tortura sin entregar ningún dato de importancia”. El silencio absoluto se impuso como un deber moral: “No hay salvación individual: el compañero que canta no alivia su situación y se destruye como persona, porque ha traicionado a los suyos”.

Textos, fotos, consignas y objetos narran la histórica ruptura entre Perón y Montoneros el 1 de mayo de 1974 en el libro de María O'Donnell.

El margen de tolerancia que contemplaba el primer código de disciplina interno —veinticuatro horas a partir de la detención se consideraba un tiempo razonable para que se pusieran a resguardo bienes y personas ligadas al militante— dejó de existir oficialmente con la imposición del Código de Justicia Penal Revolucionario, en octubre de 1975. Se propuso un modelo de héroe absoluto, ya que no se establecía un límite de horas de silencio. Durara lo que durara el interrogatorio, durara lo que durara el tormento, quien hablara incurriría en el delito de traición.

Magdalena Ruiz Guiñazú en un móvil el día que Montoneros mató al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci: otra imagen del libro de María O'Donnell.

A quienes pudieran encontrarse en esa situación, la publicación montonera aconsejó: no quedarse mudos, tener una historia plausible preparada y repetirla sin contradicciones; no creer nada de lo que dijera la policía, aunque sonara verosímil; no usar lenguaje militante; tener un domicilio “limpio” para entregar; “arbitrar los medios” para que los compañeros se enterasen en caso de caída; no llevar encima papeles “innecesarios”; recordar que “al que más sabe, más le dan” y “mostrarse como que ya se ha llegado al límite, exagerando siempre la manifestación de dolor, porque en general la tortura cesa cuando consideran que el detenido no da más”.

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El nuevo código —que rigió a todos los integrantes de la organización sin distinción de rango— agregó entre las faltas la “conspiración”, la “deslealtad” y la “insubordinación”: figuras útiles contra críticas y desobediencias. Entre las sanciones enumeraba: pérdida del rango, detención en las cárceles del pueblo, quita de recursos en la clandestinidad, destierro, trabajos forzados, traslados dentro del país, expulsión y el fusilamiento —la pena de muerte a disposición de la cúpula— en casos de delación, mientras la represión recrudecía.

Roberto Quieto, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en tiempo de la fusión de FAR con Montoneros, en el libro de María O'Donnell.

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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el precio de la nafta y las reacciones por el 44° aniversario de Malvinas

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Es miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Hace calor de verano, con 77% de humedad. El sol da en el balcón del primer piso de la Casa Rosada. Antes llovió. Por los pasillos pasa el jefe de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni; también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; viene con carpetas y portafolios una delegación de la cartera de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger; entran y salen funcionarios de las oficinas de Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem, y de la zona reservada para la plana mayor presidencial.

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Hace pocas horas, en un encuentro con otros funcionarios del Gobierno, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, formuló el siguiente diagnóstico: “Hice todo lo que se podía hacer. Acordé con el Fondo. Arreglé con los bancos multilaterales. Conseguí el cheque de Trump. Sin embargo, el índice de riesgo sigue sin bajar. Ya no depende de la gestión económica. Depende de la situación política. Si se altera la gobernabilidad es imposible que se recupere la confianza”.

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El Gobierno adelantará fondos a 12 provincias y fija un tope de $400.000 millones

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El gobierno de Javier Milei avanzará con un esquema de adelanto de coparticipación para 12 provincias, con un límite total de $400.000 millones. La medida será oficializada por decreto y apunta a aliviar las necesidades financieras de los distritos sin que deban recurrir al endeudamiento en el mercado.

La decisión se tomó en medio de la baja de la recaudación que afecta a la Nación y a las provincias. Se trata también de un guiño a los gobernadores, que necesitan fondos frescos para pagar salarios. Todo en la antesala de nuevos debates en el Congreso de la Nación, donde el Gobierno necesitará el respaldo de los mandatarios para avanzar con las reformas.

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Por ello, Javier Milei tiene listo un decreto para habilitar adelantos de coparticipación a doce provincias. Se trata de partidas que, a diferencia de los más discrecionales Aportes del Tesoro Nacional (ATN), les corresponde a los distritos por ley, pero que el Gobierno otorgará antes de tiempo.

Según fuentes oficiales, el monto máximo se definió en base a un análisis de la situación fiscal de cada provincia. Los fondos que se otorguen deberán ser devueltos antes de fin de año.

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Uno de los puntos centrales del esquema es la tasa de interés: el Gobierno fijó un 15% para estos adelantos. (Foto: AP/Matilde Campodónico)

Uno de los puntos centrales del esquema es la tasa de interés: el Gobierno fijó un 15% para estos adelantos, un nivel considerablemente menor al que enfrentan las provincias si buscan financiamiento en el mercado, donde las tasas pueden ubicarse entre el 30% y el 45%.

Leé también: La recaudación tributaria cayó en marzo y quedó por debajo de la inflación por octavo mes consecutivo

El objetivo, explican en la Casa Rosada, es ofrecer una alternativa más accesible que permita cubrir necesidades de liquidez sin agravar el costo de la deuda provincial.

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El beneficio alcanzará a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Este mecanismo ya había sido aplicado en enero de 2026, cuando el Gobierno autorizó un adelanto similar para la provincia de Entre Ríos.

Según se indicó, es “una política habitual”. Entonces, en vez de que todos los meses pidan, en este caso las provincias le indicarían al Gobierno qué es lo que necesitan.

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