Rosario — Una fuerte tensión institucional se vivió durante la madrugada en la provincia de Santa Fe luego de que efectivos policiales realizaran un acuartelamiento parcial en distintas dependencias, principalmente en la ciudad de Rosario. La medida se produjo tras una protesta interna vinculada a reclamos salariales y condiciones laborales, generando preocupación tanto en el gobierno provincial como en el resto del país por el posible efecto contagio.

Qué ocurrió

El conflicto se originó luego de manifestaciones realizadas por familiares, retirados y personal activo de la Policía de Santa Fe. Tras la protesta, varios efectivos permanecieron dentro de las dependencias sin realizar patrullajes habituales, reduciendo la presencia preventiva en las calles.

Aunque oficialmente no se declaró un paro —prohibido para fuerzas de seguridad—, en la práctica se registró una retención de tareas, situación que en Argentina suele denominarse “acuartelamiento de hecho”.

El motivo del reclamo

El petitorio presentado por los uniformados incluye:

• actualización salarial frente a la inflación
• mejoras en adicionales y horas extra
• mejores condiciones laborales y equipamiento
• reconocimiento profesional y jerárquico

Fuentes vinculadas al conflicto señalaron que el desfasaje salarial respecto a otras fuerzas provinciales y federales es el principal detonante. La imposibilidad legal de sindicalización obliga históricamente a este tipo de medidas informales para presionar negociaciones.

Impacto en la seguridad

Durante las horas de tensión se registró menor presencia policial preventiva, lo que encendió alertas en autoridades locales. El gobierno provincial inició negociaciones urgentes para evitar que la situación escale.

Especialistas en seguridad advierten que estos episodios son particularmente sensibles en Argentina: cada vez que una protesta policial se prolongó en el tiempo, derivó en aumentos abruptos del delito oportunista.

Temor a efecto contagio en el país

El mayor temor de las autoridades nacionales es la posibilidad de que el reclamo se replique en otras provincias. Históricamente, los conflictos salariales policiales suelen propagarse rápidamente debido a que:

• las escalas salariales son comparables entre provincias
• las fuerzas no tienen representación gremial formal
• los aumentos otorgados en una jurisdicción generan presión en las demás

Por el momento, no se registran medidas similares en otros distritos, pero los gobiernos provinciales siguen la situación con atención ante la posibilidad de un conflicto de alcance federal.

Situación actual

Las negociaciones continúan abiertas y el objetivo oficial es normalizar el servicio sin sanciones disciplinarias masivas que puedan profundizar la crisis. El resultado de la negociación será clave para determinar si el episodio queda como un reclamo aislado o se convierte en un precedente nacional.

A pocas horas del debate por la reforma laboral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expuso presiones y amenazas dirigidas a diputados y senadores del peronismo para que no apoyen el proyecto impulsado por el Gobierno, cuyo objetivo es modernizar las relaciones entre trabajadores y empresarios. La denuncia evidenció la tensión interna que atraviesa el justicialismo en la antesala de una votación clave.

El eje del conflicto se sitúa en el bloque Convicción Federal, conformado por cinco senadores que mantienen una postura ambigua respecto al bloque peronista, integrado por 28 legisladores. Su decisión resultará determinante para el desenlace. Mientras tanto, la Casa Rosada acelera negociaciones con los gobernadores para asegurar una victoria en el primer tramo parlamentario, que se definirá este miércoles en el Senado, en un contexto marcado por la presión sindical, la resistencia del kirchnerismo y un clima político cada vez más tenso.

La advertencia de Sáenz se produjo en el momento más delicado de la negociación, cuando el oficialismo busca quebrar la disciplina interna del peronismo para alcanzar la mayoría, mientras el sector liderado por el kirchnerismo intenta unificar posturas para bloquear una ley considerada estratégica para el modelo libertario.

El anticipo de esa decisión ya ocurrió en Misiones, la propia Salta y, últimamente, Jujuy. De hecho, el apoyo de la senadora Carolina Moisés al Presupuesto ya derivó en la intervención del PJ de esa provincia. “Amenazan con repetir eso en otros distritos. Podría ser Tucumán o, incluso, La Rioja”, reveló una fuente partidaria que pidió anonimato.

La reforma laboral constituye el principal objetivo político del gobierno de Javier Milei en su primer gran desafío legislativo. El proyecto será debatido este miércoles desde las 11 en una sesión signada por la tensión, con una movilización convocada por la CGT, advertencias sindicales en varias provincias y la firme oposición del kirchnerismo, que intenta transformar la votación en un límite político para el Presidente.

En este escenario, Convicción Federal quedó en el centro de la escena. Sus integrantes, vinculados a gobernadores del interior, sostienen desde hace meses una relación conflictiva con la conducción del bloque peronista. Aunque formalmente permanecen en el espacio, actúan de manera autónoma, con agenda propia y diálogo fluido con la Casa Rosada. No responden de forma automática a las decisiones del kirchnerismo y, en muchos casos, priorizan los intereses provinciales.

Este margen de autonomía los convirtió en actores clave: su eventual respaldo al oficialismo puede inclinar la balanza en un contexto de paridad. Por ello, concentran buena parte de la presión política, tanto desde el Gobierno como del propio peronismo.

Se trata, mayoritariamente, de senadores que representan distritos con alta dependencia de recursos nacionales y economías regionales golpeadas por la recesión. Para ellos, la reforma laboral trasciende la discusión ideológica o simbólica y adquiere un sentido económico: la ven como una posible herramienta para atraer inversiones, mejorar el clima de negocios y sostener el empleo en contextos de alta fragilidad social.

Este enfoque pragmático contrasta con la estrategia del kirchnerismo, que privilegia el enfrentamiento político con el Ejecutivo y rechaza cualquier iniciativa que pueda fortalecer al Gobierno en el Congreso. Para ese sector, la reforma representa una línea infranqueable.

De acuerdo con fuentes legislativas, en las últimas semanas los integrantes de Convicción Federal y otros senadores del interior recibieron llamados desde distintos niveles del peronismo. Algunos contactos fueron de naturaleza política tradicional; otros incluyeron advertencias explícitas sobre las consecuencias internas de respaldar al oficialismo.

El bloque apuntado está integrado, además de la jujeña Moisés, por Fernando Aldo Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán), Jesús Fernando Rejal (La Rioja).

En este contexto se inscriben las declaraciones de Sáenz, que verbalizaron un malestar latente. “Tenemos voluntad de acompañar la reforma laboral y de ayudar, pero también queremos que nos escuchen”, afirmó el gobernador, marcando distancia tanto del alineamiento automático con el Gobierno como del rechazo cerrado que promueve el kirchnerismo.

Luego profundizó su denuncia: “Hay gobernadores y diputados que han sido hasta amenazados con que les iban a intervenir el partido”, explicó en TN. Según su relato, el mecanismo es directo: si los legisladores no votan en contra del proyecto, la conducción nacional interviene las estructuras provinciales del PJ.

Sáenz recordó antecedentes de intervenciones partidarias en Salta, Misiones y Jujuy, que —según describió— funcionaron como castigos políticos. No habló de hipótesis, sino de hechos concretos.

En la lógica que describió, el control del sello partidario constituye la principal herramienta de disciplinamiento. En muchas provincias, el PJ sigue siendo la plataforma electoral central; perderla implica quedar expuesto ante rivales internos, perder estructura territorial, financiamiento y capacidad de armado.

“Es la única herramienta electoral que tienen muchos gobernadores”, explicó. En un sistema donde los sellos alternativos suelen ser débiles y las alianzas, inestables, perder el partido equivale, en muchos casos, a quedar políticamente desarmado.

Mientras el peronismo intenta procesar su interna, el Gobierno aceleró su ofensiva hacia los mandatarios provinciales. En la Casa Rosada consideran que la relación con los gobernadores será decisiva para asegurar los votos y evitar sorpresas en el recinto.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene prevista una reunión con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, centrada en financiamiento, obra pública y asistencia fiscal. Simultáneamente, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá al mandatario de Chaco, Leandro Zdero, con una agenda que incluye recursos provinciales, programas nacionales y apoyo legislativo.

No se trata de reuniones protocolares: forman parte de una estrategia sistemática para reconstruir alianzas, ofrecer incentivos concretos y neutralizar resistencias. En el oficialismo reconocen que, sin apoyo provincial, la reforma queda expuesta.

“Sin las provincias, no pasa”, repiten en el entorno presidencial.

El bloque peronista, con 28 integrantes, llega a la sesión atravesado por desconfianzas internas. La conducción busca sostener una postura unificada, pero enfrenta crecientes dificultades para contener a los sectores dialoguistas. La derrota electoral, la falta de liderazgo y las tensiones entre Nación y provincias han erosionado la disciplina.

Convicción Federal opera como termómetro de esa crisis: exige margen para negociar beneficios concretos para sus distritos y resiste quedar atrapado en una lógica de confrontación permanente, lo que los convierte en blanco de críticas internas.

Desde el kirchnerismo los acusan de “coquetear” con el oficialismo y de anteponer intereses provinciales a la estrategia nacional. Ellos responden que no están dispuestos a asumir los costos económicos y sociales en sus provincias por una disputa política que consideran ajena.

En el trasfondo emerge la figura de Cristina Kirchner, referencia principal del sector más duro del peronismo. Su entorno promueve una oposición frontal a la reforma y trabaja para evitar fugas.

En este esquema, las intervenciones partidarias funcionan como mecanismo de control. No solo disciplinan a los dirigentes actuales, sino que envían una señal preventiva al resto: apartarse de la línea tiene consecuencias.

Sáenz, enfrentado de manera sostenida al kirchnerismo, desafió públicamente esa lógica. Su denuncia trasciende la coyuntura y cuestiona el modelo de conducción.

“Acá lo que se defiende son los privilegios de la política y de algunos representantes de los trabajadores”, señaló, en una crítica que también alcanzó a sectores sindicales que rechazan cualquier cambio en el statu quo.

A la disputa política se suma la presión gremial. La CGT convocó a una movilización para el día de la sesión y anticipó un clima de fuerte presión en las inmediaciones del Congreso. Si bien evitó llamar a un paro general, la marcha busca marcar un límite simbólico a la reforma y condicionar a los legisladores indecisos.

En varias provincias, los gremios hicieron sentir su peso con advertencias directas. Avalar el proyecto puede derivar en conflictos locales, paros sectoriales y desgaste político. Para numerosos legisladores, ese factor resulta tan determinante como las presiones partidarias.

El voto quedó así atrapado entre tres presiones: la del partido, la sindical y la del Gobierno nacional.

Para Milei, la votación representa un test de liderazgo: es su primera reforma estructural en un Congreso fragmentado y sin mayoría propia. Un revés abriría interrogantes sobre su capacidad para imponer la agenda.

Para el peronismo, será una prueba de cohesión. Para los gobernadores, un examen de supervivencia. Para los legisladores, una apuesta individual.

Cada voto tendrá consecuencias más allá de esta ley. Quienes respalden al oficialismo deberán afrontar eventuales represalias internas; quienes se alineen con el rechazo, arriesgan su vínculo con la Nación.

“Así es muy difícil trabajar”, sintetizó Sáenz. No aludía solo a esta votación, sino a un sistema en el que el debate político queda subordinado al castigo interno, la autonomía se penaliza y discutir una ley implica poner en riesgo la propia estructura.

La reforma laboral se debatirá este miércoles desde las 11, en medio de la presión sindical, la resistencia kirchnerista y una negociación frenética con los gobernadores. La discusión de fondo ya está planteada: quién detenta el control dentro del peronismo y hasta dónde está dispuesto a llegar para conservarlo.

CGT

El Gobierno envió hoy al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil con la intención de que esta semana sea debatido en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados.

El documento es el mismo que envió el año pasado y el punto principal del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad. Al igual que en ese momento, el proyecto establece bajar de 16 a 13 años la edad. Sin embargo, es poco probable que se acuerde ese piso con el resto de los bloques.

“Vamos a mantener 14 años, ese fue el consenso”, habían dicho los referentes de los bloques de la oposición dialoguista como el PRO y la UCR, por lo que se espera que cuando se dictamine el próximo miércoles se modifique y se establezca 14 años.

Por otro lado, en la reunión de los presidentes de los bloques con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se aclaró otro punto en conflicto: el financiamiento.

El proyecto original no contaba con fondos establecidos ni tampoco están presentes en el Presupuesto 2026. Sin embargo, Menem les anticipó que en este caso sí iban a estar.

Así quedó establecido en el art. 51 bajo el título de Asignación Presupuestaria. El proyecto de 2026 detalla un monto específico de $23.739.155.303,08 para su implementación, desglosando cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y cuánto a la Defensoría General de la Nación.

El texto de la norma mantiene la intención de bajar la edad de punibilidad a 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Asimismo, se establece un régimen penal juvenil distinto al de adultos, con penas máximas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión.

“El objetivo que señala el proyecto que persigue es darle una respuesta a los casos de inseguridad protagonizados por adolescentes y busca evitar que redes criminales utilicen a menores, quienes hoy son inimputables antes de los 16 años.”

En lo que se refiere al proceso penal, en el caso de los menores hasta 15 años el juez puede determinar medidas de privación de libertad en casos graves, pero se busca priorizar la resocialización. Para los delitos menores, se contemplan penas no privativas de libertad, tareas comunitarias y reparación del daño.

Otro punto que se debatió durante el año pasado y que es probable que vuelva a ser una modificación en este proyecto es el de la pena máxima. En el dictamen alcanzado por el oficialismo y los bloques dialoguistas se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, pero dando prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años. La privación de libertad solo se aplicaría como último recurso. En tanto que el proyecto original del Gobierno permite penas máximas de 20 años, sin posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua, aun en casos de concurso de delitos.

El régimen penal juvenil del Gobierno también establece la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

“El proyecto cuenta con el establecimiento de derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.”

En este punto, que se mantiene, se concentró el debate de los fondos que el Gobierno ahora saldó con la posibilidad de hacer acuerdos provincias-Nación para el envío de partidas presupuestarias especiales para construir las nuevas instalaciones.

Por el lado de las víctimas, el proyecto cuenta con el establecimiento de derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.

Según el cronograma que comunicó el presidente de la Cámara de Diputados, la intención de La Libertad Avanza es dictaminar el miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto para llevarlo al recinto el jueves 12 de febrero.