Esta madrugada la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de un jabón líquido para la ropa y unas bombas de infusión. Además, confirmó la baja de una empresa que se dedicaba a la creación de productos farmacéuticos.

Por medio de la publicación de las disposiciones 259/2026, 492/2026 y 499/2026 en el Boletín Oficial, el organismo aclaró que en los tres casos se habían detectado irregularidades relacionadas con la habilitación y/o inscripción en el registro correspondiente.

En el caso del detergente importado, la ANMAT especificó que se trataba de un producto de la marca “Tide ORIGINAL”, que no contaba con ningún rótulo en español. Por este motivo, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal propuso la prohibición de venta y uso de todos los lotes de este producto en territorio argentino.

Entre las recomendaciones del área técnica, se sugirió además el inicio de un sumario sanitario contra la empresa GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. y su directora técnica, Marcela Ester Falguera, debido al incumplimiento de disposiciones relativas al correcto rotulado en idioma nacional y a la obligación de conservar contramuestras de los productos comercializados.

La investigación comenzó tras una denuncia recibida por el Servicio de Domisanitarios, donde se advertía que el detergente para ropa “Tide Original. 17 LOADS BRASSEES. 739 ml. P&G. smartlabel” estaba a la venta en un supermercado Carrefour de Pilar, provincia de Buenos Aires, sin ningún sobrerotulado en español. El producto poseía únicamente inscripciones en inglés y no incluía el número de registro nacional exigido para su comercialización.

La firma GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. se encuentra inscripta ante la ANMAT bajo el RNE N° 020048208 como importador y exportador de productos de uso doméstico. Aunque al principio sus representantes afirmaron desconocer el origen del lote denunciado, más tarde reconocieron su responsabilidad cuando se aportó una muestra que permitió identificar el número de lote.

Frente a esto, la empresa declaró entonces que no contaba con contramuestras del mismo, contraviniendo las exigencias regulatorias para la trazabilidad en el sector. Asimismo, el área técnica ordenó el retiro inmediato del lote afectado, sometiéndolo a seguimiento para evitar su circulación en el mercado.

Respecto al lote de bombas de infusión, el organismo explicó que la decisión se debía a una denuncia realizada por la empresa ICU Medical Argentina S.R.L., que reportó el extravío de varias unidades de bombas de infusión Plum A+TM (números de serie: 18314614, 18313908, 18311337, 18313170, 18312661, 18302456, 18301723) y Plum360TM (número de serie 20852391).

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Con el objetivo de resguardar la seguridad de eventuales usuarios y adquirentes, se prohibió el uso, comercialización y distribución a nivel nacional de los equipos debido a que se desconoce el estado y condición en las que se encuentran.

No obstante, aclararon que ambos dispositivos, clasificados como riesgo III y registrados a nombre de la compañía denunciante, están destinados a infusiones parenterales, enterales y epidurales, y, en el caso de la bomba Plum360TM, también a la administración de sangre o productos sanguíneos.

Por último, informaron que la empresa IDEFARMA S.R.L. fue dada de baja como establecimiento habilitado para el acondicionamiento de especialidades medicinales, tras constatarse la ausencia de actividad desde su habilitación inicial en su planta de Adrogué, provincia de Buenos Aires.

La decisión se produjo después de que el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) diera su conformidad al procedimiento, una vez acreditada la inactividad de la empresa. Previo a esto, la firma había sido habilitada para el acondicionamiento primario de especialidades medicinales sólidas en blisters, cintas y sobres, todos ellos no estériles y sin principios activos betalactámicos, citostáticos ni hormonales, así como para tareas de acondicionamiento secundario.

De acuerdo con la Ley N° 16.463, las operaciones vinculadas a la producción, comercialización, fraccionamiento y otras actividades sobre medicamentos solo pueden realizarse con autorización expresa y control de la autoridad sanitaria, y en establecimientos que cumplan con las regulaciones vigentes para proteger la salud pública y la economía del consumidor.

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La senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque peronista, José Mayans, sostuvieron una discusión este jueves por la madrugada en la Cámara alta. El debate parlamentario sobre la modificación de las leyes de trabajo dio origen a un fuerte intercambio previo a la votación del proyecto. La vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la sesión, que contó con la asistencia de diversos integrantes del gabinete nacional en los palcos del recinto.

La confrontación entre los legisladores ocurrió durante el cierre de la discusión sobre la normativa laboral. Bullrich solicitó una cuestión de privilegio antes de su discurso final. El motivo del reclamo fue una comparación entre el proyecto oficialista y un “campo de concentración”.

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La jefa de la bancada de La Libertad Avanza pidió omitir la expresión “el trabajo es libertad”. Según la visión de la senadora, esa inscripción remite a Auschwitz y el asesinato de millones de personas. Bullrich aseguró: “No lo merece esta casa de la democracia”. El senador opositor reaccionó con palabras desde su sitio, pero no se registraron sus dichos porque su micrófono no estaba habilitado.

La senadora oficialista exigió respeto para el presidente Javier Milei ante los calificativos de la oposición y solicitó el fin de los agravios e insultos contra el jefe de Estado. Además, aseguró que la única expresidenta que está detenida en el país es Cristina Fernández de Kirchner.

La discusión se desarrolló bajo la mirada de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Diego Santilli también presenció el intercambio desde uno de los sectores del Senado.

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El diagnóstico del Gobierno sobre el mercado de trabajo actual señala un agotamiento del esquema tradicional: Bullrich manifestó que el modelo vigente no logró el fomento de puestos laborales genuinos en las últimas décadas. La senadora sostuvo: “Este modelo fracasó, fracasó en generar empleo”.

El oficialismo considera que el andamiaje legal actual tiene como consecuencia el “quiebre de las pequeñas y medianas empresas”. También describió el sistema como una estructura que utiliza la defensa del trabajador como una pantalla para otros fines. La transparencia en las relaciones laborales constituye uno de los ejes de la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo.

Bullrich señaló que la abundancia de normas facilita la aparición de irregularidades y actos ilícitos. La senadora explicó: “La simplificación es transparencia, es que la gente entienda por donde tiene que caminar”. El proyecto busca que la contratación de personal nuevo deje de representar un riesgo económico para los empleadores. El bloque oficialista calificó la etapa anterior como la Argentina de la amenaza para quienes desean invertir o trabajar de manera formal.

La estructura del empleo público en las diversas jurisdicciones del país también formó parte central de la argumentación oficial: Bullrich planteó que la actividad económica de las provincias no puede depender de forma exclusiva del Estado. La senadora propuso el fin de los esquemas que denominó como “estados feudales”. Según su exposición, en estos distritos existe un control total sobre la población a través de la administración pública.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.

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El Gobierno confirmó que apelará el fallo que ordena restituirle la pensión de Néstor Kirchner a Cristina Kirchner. El Ejecutivo presentará en el corto plazo un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema revise la decisión que suspende la baja del beneficio dispuesta por la ANSES.

La decisión fue adoptada por la sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que hizo lugar a la apelación presentada por la exmandataria y ordenó restablecer de manera provisoria la pensión como viuda del expresidente. El fallo fue firmado por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque, mientras que la magistrada Nora Dorado no votó por encontrarse de licencia.

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En su sentencia, el tribunal declaró admisible el recurso de Cristina Kirchner y dispuso suspender los efectos de la resolución 2024-1092 de la ANSES en relación con la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. La medida tiene carácter cautelar y rige de manera provisoria.

Los camaristas consideraron que la suspensión del beneficio previsional podía generar un perjuicio de difícil reparación y remarcaron el carácter alimentario de la prestación. También señalaron que la validez de la baja dispuesta por el organismo previsional deberá analizarse en profundidad al resolver el fondo de la causa.

El Gobierno dio de baja dos prestaciones que percibía la exmandataria -la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta- luego de la confirmación de la condena en la causa Vialidad en 2024. El organismo fundamentó la decisión en cuestiones vinculadas a incompatibilidades y a la situación judicial de la exfuncionaria.

Con la resolución de la Cámara, Cristina Kirchner volverá a cobrar provisoriamente la pensión derivada del fallecimiento del exmandatario, mientras que la jubilación como exjefa de Estado permanece suspendida. La restitución regirá hasta que haya una sentencia definitiva en el expediente.

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El recurso extraordinario federal que anunció el Ejecutivo será presentado ante la propia Cámara como paso procesal previo a una eventual intervención de la Corte. Se trata de una vía excepcional destinada a que el máximo tribunal revise sentencias por presuntas violaciones constitucionales o federales.

Si la Cámara concede el recurso, el expediente será elevado a la Corte para su análisis. En caso de rechazo, el Estado podrá recurrir en queja ante el máximo tribunal, que tendrá la última palabra sobre la admisibilidad y el alcance de la revisión del fallo. El texto lo están trabajando los equipos legales de la ANSES.

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