POLITICA
Pro, en pedazos: la rendición frente a Karina Milei en la Capital extrema la tensión en el partido de Macri

Era lunes a la mañana y Mauricio Macri había reunido a las autoridades de Pro para discutir temas espinosos: la posición del bloque de diputados frente al veto que firmó Javier Milei sobre el aumento de emergencia para los jubilados y la chance de confluir en un frente electoral con La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas nacionales de octubre. En el salón del búnker de Balcarce 412 había un clima tenso. María Eugenia Vidal y Soledad Martínez retomaron el debate sobre el futuro de Pro y abogaron por preservar su identidad, sin derechizarse o extremar posturas por el auge de Milei. El jefe de gobierno, Jorge Macri, respaldó esa posición.
Desde un costado, Cristian Ritondo expuso sus matices con esos planteos y, sobre todo, intentó frenar los reclamos del ala dura del macrismo para presionar al Gobierno desde el Congreso. Dejó en claro que él no iba a extorsionar al Presidente para que les dé lugares en la gestión o les brinde condiciones más beneficiosas para acordar el reparto de puestos en las listas. “El bloque no se va a prestar a hacer un chantaje”, soltó. En ese momento, Jorge Macri saltó de su silla e hizo un ademán de indignación antes de retirarse de la sala. Varios de los popes de Pro que concurrieron a la cumbre pensaron que había abandonado el edificio. Sin embargo, el jefe porteño regresó a la mesa a los pocos minutos. Seguía visiblemente ofuscado.
Esa noche, a regañadientes, Jorge Macri aceptó la última propuesta que le había acercado Pilar Ramírez, el alter ego de Karina Milei en la Capital, para colocar dos diputados de Pro en la quinta y sexta ubicación de la lista de LLA en octubre. Su primo lo empujó a considerar esa oferta y enterrar su plan de reeditar Juntos por el Cambio.
En el sector más combativo de Pro consideran que es un error haber pactado con la Casa Rosada. Y rechazan las condiciones indignas que aceptaron los popes del partido para integrar un mismo frente con Milei en su histórica fortaleza de poder. Hablan de una rendición. “Nos entregaron”, dicen.
El acuerdo que sellaron los libertarios para compartir la oferta electoral con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires extremó la tensión interna en Pro y lo conduce a una crisis sin precedente. Es que por primera vez desde que gobierna el distrito capitalino, su bastión desde 2007, el partido fundado por Macri resignó el protagonismo en un turno electoral: ninguno de sus dirigentes encabezará la categoría de diputados o senadores ni el oficialismo porteño estará representado en la boleta. Los Milei impusieron las condiciones: el color será el violeta y el nombre del frente será “Alianza La Libertad Avanza”.
En el macrismo argumentan que decidieron aceptar porque el acuerdo incluye una promesa de que los libertarios colaborarán con Jorge Macri en la Legislatura para asegurar la gobernabilidad. No saben aún en qué se va a traducir y persisten los recelos con las formas de las “fuerzas del cielo”. De hecho, el expresidente está molesto porque la Casa Rosada filtró que iba a reunirse con Karina Milei para sacarse una foto y rubricar el acuerdo. ¿Presume que era una emboscada para dañar a su primo? Por ahora, no hubo ni siquiera un comunicado para oficializar la alianza. El plazo para inscribir los frentes vence mañana.
“Esto es indigno; no es un cierre político. Nos hablan de un pacto de convivencia con LLA en la Legislatura, pero no lo vemos”, despotricó un dirigente macrista de la primera hora que le puso al hombro a la campaña de Silvia Lospennato en mayo.
Por ahora es imposible aventurar las consecuencias de la crisis que desató en Pro el entendimiento con Milei en la Capital, pero ya hay quiebres en el seno del partido. María Eugenia Vidal, una de las exponentes del sector identitario que no quiere pintarse de violeta, ratificó que no competirá para renovar su banca y que tampoco hará campaña junto con LLA en la Capital. Ella apostaba por reconstruir JxC -la sociedad con la UCR, la CC o Confianza Pública, de Graciela Ocaña que se extinguió en 2023 a nivel nacional, pero que seguía vigente en la ciudad- o explorar una alianza con otras fuerzas para presentar una alternativa de derecha racional a Milei y el peronismo. Jorge Macri también se inclinaba por esa opción, pero terminó concediendo el deseo de su primo de cerrar con los Milei. Después de la derrota del 18 de mayo, cuando se impuso Manuel Adorni y Pro quedó relegado al tercer lugar, no le quedó margen para resistirse. “Esto fue un papelón. Es una entrega, un cierre de porquería”, despotricó uno de los referentes nacionales de Pro que apuntala el armado de Provincias Unidas, el espacio que lideran Juan Schiaretti y seis gobernadores. Entre esos mandatarios está Ignacio Torres (Chubut), la rara avis del nuevo macrismo.
El cierre de las tratativas dejó escenas desopilantes. Como estaba poco convencido de jugar con LLA, Jorge Macri había convocado el lunes a una reunión en Uspallata a los radicales, Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña para revivir JxC. La tuvo que suspender sobre la marcha. Es más: López Murphy, uno de los convocados, se enteró sobre el cambio de planes cuando llegaba al estacionamiento de Uspallata. En rigor, varios de los invitados se habían bajado con antelación. “Nunca entendí por qué Pro dejó que fuera captado y absorbido por LLA”, despotricó el “bulldog” tras apurar el lanzamiento de su candidatura.
Las últimas señales de Macri rumbo al cierre de alianzas para las legislativas han generado desconcierto en la plana mayor de Pro. En primer lugar, las autoridades del partido en las provincias actúan con libertad y sin instrucciones de la cúpula para definir su esquema electoral. De hecho, varios negocian con los representantes de LLA. En principio, Pro encabezará las boletas en tres provincias: Santa Fe, Chubut y Mendoza. En el distrito donde manda el radical Maximiliano Pullaro, que estrechó manos con Schiaretti y Torres en la nueva tercera vía, Macri tiene una aliada: la vicegobernadora Gisela Scaglia. La expupila de Horacio Rodríguez Larreta se encamina a correrse del cargo para encabezar la boleta de diputados del frente de Pullaro y enfrentar a Milei en Santa Fe. Lejos de disgustarse porque Pro perderá un lugar en la vicegobernación, el expresidente la felicitó a Scaglia por su decisión.
Quienes lo rodean afirman que Macri es consciente de que Pro se achicará a partir del próximo período electoral. Por eso, se conforma con preservar una cuota de poder en el Congreso desde diciembre para volver a condicionar a Milei. Es decir, sabe que sumando soldados podrá volver a ser un garante de la gobernabilidad, lo que obligará al Presidente a negociar con él. Por eso, especulan en Pro, analiza nutrir la nómina libertaria de la Capital con alfiles suyos, como Fernando de Andreis, Jimena de la Torre o Hernán Iglesias Illa. “El bloque no puede quedar sujeto a Ritondo y lo que cierra para su gente en provincia. Eso es beneficioso para Cristian, no para el Pro”, señala una espada macrista. Atentos a esa incomodidad, el “grupo de los seis” imagina que, a partir del recambio legislativo, podrán seducir a macristas y radicales que estén incómodos con el Gobierno. Es más: esperan que en la sesión de hoy se vea la primera gran fisura en la bancada macrista por los proyectos sobre los ATN y combustibles que impulsan los gobernadores.
En los próximos comicios Pro pone en juego 21 escaños de Diputados. Al menos cuatro de esos legisladores responden a Patricia Bullrich, como Gerardo Milman, Laura Rodríguez Machado o Sabrina Ajmechet, y uno orbita cerca de Larreta -Héctor Baldassi-. Y otros se encuadran en el pelotón de los acuerdistas bonaerenses que lideran Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Ellos no cruzaron el charco ni planean afiliarse a LLA, pero creen que el macrismo no tiene posibilidades de sobrevivir a la reconfiguración del tablero político sin aliarse a Milei. “Pro llegaba con el respirado puesto a esta negociación y lo mantuvimos vivo. Y nos quedamos con 10 legisladores entrables y tres lugares en la lista de diputados”, arguyen en el grupo de Montenegro y Ritondo para defender el trato en Buenos Aires. Ellos sueñan con que emerja una coalición de derecha liderada por Milei, que actúe como contracara del kirchnerismo, y machacan con que no hay espacio para una tercera vía en un escenario tan polarizado en el país.
En las filas de Pro sospechan que Macri avala de forma subterránea la jugada de Torres para incorporarse al espacio de Schiaretti. “Está de acuerdo con lo que se armó”, dicen en torno a Pullaro y Torres.
Por ahora, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) mantiene un vínculo zigzagueante con la Casa Rosada. Motorizó los proyectos de ley para conseguir recursos para las provincias, pero busca cerrar el pacto con LLA en su provincia. A diferencia de Torres, quien sugirió ante los Macri que no era conveniente unirse a Milei en la Capital, evitó opinar sobre el pacto porteño.
En la tropa de leales al titular de Pro deslizan que vislumbra una etapa de transición y apuesta al bajo perfil para construir una alternativa en 2027. Su gran obsesión es salvar la ciudad dentro de dos años: por eso, presiona a su primo para que haga cambios en la gestión.
Desde hace tiempo, Macri sostiene que sería deseable que, en caso de que el gobierno de Milei no pueda reelegir, la opción no sea el kirchnerismo, sino una fuerza de derecha republicana y federal. “Es probable que, con oscilaciones, Mauricio termine apoyando la construcción de los gobernadores”, arriesga uno de los leales al expresidente. Uno de los articuladores del esquema de Provincias Unidas es Sebastián García de Luca, a quien Macri comenzó a escuchar con frecuencia.
Además, Luciano Laspina, uno de los que se resisten al acuerdo de convergencia con LLA, al igual que Vidal, Torres, Scaglia, Lospennato o Ana Clara Romero, le había sugerido a Macri que se sumara al frente conformado por Schiaretti. “Este acuerdo en la Capital nos puede dar tiempo y aire”, admite uno de los escuderos del titular de Pro, quien sigue disgustado con Milei porque no le reconoce su aporte a la gobernabilidad. Lamenta que no lo escuchen o que hayan ninguneado sus sugerencias para reforzar la gestión en áreas clave, como vialidad, transporte o el manejo de las privatizaciones.
Los consejeros políticos de Macri aseguran que apeló al pragmatismo para sobrevivir. Por eso, dio libertad de acción en los distritos y piensa apoyar a los exponentes de su fuerza que queden en pie o integren las listas. “Su hipótesis fue: donde se puede arreglar con los libertarios, lo hacemos; y si no hay posibilidad, no hay drama. Sabe que Pro se va a achicar. Pero hay que pensar cómo nos reconstruimos para ser una oferta de cambio para la sociedad en 2027”, aventura uno de los hombres más escuchados por el expresidente.
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POLITICA
Decomisan un departamento del exsecretario de los Kirchner, Daniel Muñoz

Un departamento valuado en 165 millones de pesos (unos 120.000 dólares al cambio oficial) fue decomisado por la justicia al fallecido exsecretario de los Kirchner Daniel Muñoz en una causa donde se lo investiga, junto con su familia, por lavado de dinero.
El decomiso anticipado fue logrado por la Unidad de Información Financiera, que es el organismo antilavado y que está dirigido por el exfiscal Paul Starc, según informó el organismo en un comunicado oficial.
El inmueble, ubicado en Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, fue adquirido con fondos de origen ilícito y su confiscación fue autorizada por la Justicia tras el pedido formal de la UIF, respaldado por pruebas de lavado y debido la muerte del imputado.
La causa incluye además decenas de propiedades en la Argentina y el extranjero, como cuatro parcelas en las islas Turks & Caicos, que reflejan la magnitud y sofisticación del circuito internacional de lavado de dinero que integraba Muñoz.
El decomiso anticipado es una herramienta para recuperar bienes obtenidos ilegalmente antes de que exista una condena definitiva. Su aplicación refleja la urgencia de impedir que los activos desaparezcan durante el proceso judicial.
Esta figura se encuentra en concordancia con la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que insta a los países a implementar medidas legales y operativas para identificar, rastrear, congelar y decomisar bienes delictivos.
Asimismo, destaca la importancia de habilitar el decomiso sin necesidad de una condena firme, garantizando así una respuesta eficaz contra el lavado de activos y la corrupción.
“Recuperar activos de la corrupción es tan importante como condenar. Es dinero que debe volver al servicio de la sociedad y no quedar en manos de estructuras criminales. La UIF está comprometida con una política activa, concreta y eficaz contra el lavado de dinero, en articulación con la Justicia y otros organismos del Estado”, afirmó Starc.
La Justicia ya había ordenó el “decomiso” de los terrenos valuado en 30 millones de dólares de Muñoz, en las paradisíacas islas Turks & Caicos, en el Caribe, comprados con parte de la plata de la corrupción que el exfuncionario sacó del país y colocó en los Estados Unidos en inversiones inmobiliarias.
El monto total del dinero fugado sería de 75 millones de dólares.
Muñoz, quien murió en 2016, dio a entender al exministro de Economía santacruceño Juan Manuel Campillo que ese dinero lavado en el exterior era de Néstor y Cristina Kirchner.
“Cuando me refiero a sus legítimos dueños, si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba “en el aire” que eran de Néstor y Cristina. Yo le repetía, reintreintegrarlos te solucionan todos los problemas”, contó Campillo en su declaración de 2018 como arrepentido ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
El total del dinero lavado en el exterior fueron al menos 75 millones de dólares con las que compró departamentos de lujo en Miami y en Nueva York. El resto fue dinero lavado en inversiones en la Argentina con las que adquirió al menos 113 inmuebles, que incluyen dos estancias en Santa Cruz, una de ellas de 20.000 hectáreas, complejos de cabañas en Villa la Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes, inmuebles en Río Gallegos, edificios de cocheras, una cadenas de farmacias, un restaurante, casas y departamentos en Buenos Aires.
Cuando estalló el caso de los Panamá Papers y se supo que el nombre de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti y sus abogados estaban detrás de estas propiedades, rápidamente desarmaron las posiciones en los Estados Unidos y mediante una trama de sociedades fantasma vendieron los inmuebles y compraron estos lotes con costa de mar en el Caribe por 30 millones de dólares para desarrollar un complejo internacional.
Ese emprendimiento, para el que hubo un proyecto arquitectónico, era de 500 millones de dólares con 100 habitaciones y 50 villas junto al mar, donde se iba a cobrar casi 1000 dólares la noche.
“Muñoz fue un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de los titulares del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales [se logró individualizar más de 60 entregas de dinero que fueron recibidas personalmente por Muñoz], su derivación a los jefes y organizadores [incluyendo el traslado semanal del dinero en valijas y por medio de aviones oficiales de la Agrupación Aérea Presidencial desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, en la Provincia de Santa Cruz] o la aplicación de esos fondos a otras actividades delictivas”, consideró el juez Julián Ercolini en la causa relacionada con el decomiso de estos bienes.
Buena parte de los 70 millones de dólares de Muñoz se perdió y no se sabe nada del dinero. Los acusados dicen que se los quedaron los abogados. Solo una parte menor, la que se invirtió en las parcelas de Turcas y Caicos , una isla del mar caribe, pudo ser congelada a pedido de la Justicia argentina en 2019. Pero se adoptó esa medida solo para una de las cuatro parcelas adquiridas. Ahora todas serán decomisadas.
comprados con parte de la plata de la corrupción que el exfuncionario sacó del país,murió en 2016,de Néstor y Cristina Kirchner.,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Axel Kicillof acusó a la Justicia de “conspirar contra los electores” por cambiar los lugares de votación

A pocos días de los comicios, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, elevó una denuncia formal ante la justicia electoral acusando al juez Alejo Ramos Padilla de “conspirar contra la voluntad de votar de los electores” debido a los cambios sustanciales en los locales de votación. Kicillof subrayó que “cuando falta poco más de un mes para las elecciones resulta prácticamente imposible notificar a cada votante sobre esta modificación”.
La Justicia federal, por su parte, argumentó que las modificaciones fueron diseñadas para “facilitar la cercanía de los electores, garantizar la logística de traslado y repliegue de urnas y de bolsines, y facilitar el trabajo de las autoridades de mesa”, resultado de dos años de geolocalización junto a municipios y organismos provinciales.
No obstante, Kicillof contrapuso que “numerosos intendentes” manifestaron preocupación y pidió “revaluar la medida”, especialmente en distritos donde la alteración sería más negativa. Alertó que, lejos de incentivar el voto, la decisión —implementada sin consenso ni coordinación— puede generar ausentismo electoral.
La vicegobernadora Verónica Magario, alineada con el reclamo, advirtió que hasta un 80 % de los 14.376.592 electores bonaerenses podrían tener que votar en un lugar distinto al habitual. Calificó los cambios como “nefastos” y “muy graves”.
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POLITICA
Avanza la suspensión y destitución de un juez acusado de quedarse con 144 monedas de oro

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura avanzó en la suspensión y destitución del juez federal Martín Poderti, de un tribunal oral federal de Mar del Plata, acusado de quedarse con 144 monedas de oro que estaban bajo custodia del tribunal valuadas en 200.000 dólares.
Se reunió hoy la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación que, por unanimidad, con los votos de los consejeros diputado Álvaro González (PRO), César Grau (abogado), Luis Juez (senador PRO), Alberto Maques (abogado) y Rodolfo Tailhade (diputado UP), decidieron impulsar el dictamen para enjuiciarlo.
Los consejeros decidieron poner a consideración del Plenario del Consejo el dictamen que propone la elevación al jurado de enjuiciamiento del proceso seguido contra el juez Poderti.
Además, propusieron al plenario que disponga su inmediata suspensión, dada la gravedad de los hechos imputados.
La Comisión de Acusación, acreditó que entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, el juez, quien a ese tiempo era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad Nº 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro secuestradas en una investigación judicial.
El funcionario tenía el deber de resguardo sobre esas monedas. Actuó por fuera de sus obligaciones e incluso encontrándose de licencia en alguna oportunidad, sin que esos accesos estuvieran justificados en el expediente donde se incautaron las monedas.
También se tuvo en cuenta que por esos hechos se encuentra procesado por el juzgado federal de San Martín, confirmado por la Cámara Federal de San Martín, por malversación de caudales públicos.
También se dispuso el embargo sobre sus bienes por 190 millones de pesos. Ese caso, ya se encuentra en etapa de juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín.
Los consejeros rechazaron las múltiples y disimiles explicaciones que el juez Poderti ensayó para desligarse de la imputación dirigida.
También la defensa formal que hizo cuando argumentó que el hecho que se le atribuye lo habría cometido cuando era secretario y no juez, por lo cual se lo debería haber, a todo evento, sancionado administrativamente como secretario.
Allí, la Comisión de Acusación recordó su jurisprudencia y la del jurado de enjuiciamiento, en cuanto a que debía determinarse si los hechos imputados habían sido evaluados por el Senado al momento de asignarle acuerdo para ser juez.
Si esos hechos hubiesen sido evaluados, ni el Consejo ni el jurado podrían avanzar, puesto que ello importaría un avance sobre otro Poder del Estado. En caso contrario, como en caso presente, sí se puede avanzar con el juicio político y la destitución.
Para la elevación del caso al jurado de enjuiciamiento y su suspensión hasta que finalice ese proceso, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes de todo el Cuerpo en reunión Plenaria.
“Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”, dijeron los consejeros.
“Obsérvese, sobre el punto, que quien se encuentra dotado de una alta investidura estatal para juzgar actualmente a otros ciudadanos por conductas ilícitas, como puede ser un robo, resultaría ser, paradójicamente, un ladrón”, señalaron.
Y por eso justificaron su “inmediata suspensión” en la inteligencia de que todas “las imputaciones formuladas guardan relación directa con su actuación funcional y revisten una gravedad tal que pueden derivar en posibles pedidos de recusación en su labor como magistrado, planteos de nulidad, entre otras cuestiones de peso que conspiran contra la correcta administración de justicia o el éxito de este procedimiento disciplinario”.
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