POLITICA
Procesan a un exfuncionario que extendió un negocio millonario para la firma del “Zar de Retiro”

“Es la cuarta vez que tengo que resolver la situación procesal de los imputados; es la cuarta vez que considero que están dadas las condiciones para dictar un auto de procesamiento”.
Con esa frase, cargada de fastidio, el juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar por el delito de negociaciones incompatibles a un funcionario kirchnerista que en noviembre de 2015 −tres días después de que Mauricio Macri derrotara al kirchnerismo en el balotaje− decidió extender hasta 2033, y por un precio irrisorio, la concesión de 110 locales comerciales y dos estacionamientos de la estación Once. En total, 21.000 metros cuadrados.
¿El beneficiario? Una empresa creada por Néstor Otero, conocido como el “Zar de Retiro”, ya que concesiona desde hace décadas esa terminar de ómnibus y uno de los procesados por el pago de coimas en la causa de los Cuadernos.
Casanello procesó por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública a Esteban Weisbek, exsubgerente de Colaterales de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse). Y, como partícipe necesario del mismo delito, procesó a Claudio Glories, presidente de Nueva Estación Once SA, firma creada por Néstor Otero, que hoy encabezan su hijo Luciano Otero y el propio Glories.
El juez decidió embargar a cada uno de los procesados por la suma de $178 millones de pesos. Pero consideró que el perjuicio que la extensión de la concesión le causó al Estado fue mucho mayor: “Una pérdida efectiva superior a $2557 millones”, señaló Casanello en el expediente, al que accedió .
Allí, Casanello reseñó que el 25 de noviembre de 2015, tras la victoria de Macri sobre Daniel Scioli, Weisbek firmó con Glories una adenda al contrato de concesión de los locales comerciales de la estación de Once. La extensión fue por ocho años (llevó el contrato original de 20 a 28 años), hasta 2033, pese a que aún faltaban 10 años para que se venciera el plazo fijado inicialmente, en 2025.
“A días de dejar la función pública, los imputados suscribieron una adenda que produjo efectos jurídicos concretos, en tanto prorrogó el plazo de una concesión cuyo contrato establecía expresamente que era improrrogable, fijó cánones irrisorios y modificó los espacios originalmente concesionados», señaló el juez, en alusión a una pauta de aumento anual que se fijó en la adenda, del 2%, a contramano de la inflación creciente en el país.
Además, un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) advirtió que la empresa concesionaria “presentó un flujo de fondos desactualizado” para alegar que su rentabilidad había bajado (cuando el canon “irrisorio” le aseguraba ingresos cada día mayores por la inflación), además de cálculos que se sospechan inventados “para presentar números desventajosos”.
Pese a ello, dijo el juez, Weisbek, “sabiendo que en pocos días dejaría la función pública, aceptó dicha propuesta sin ningún tipo de cuestionamiento, sin requerir documentación contable que respaldara la pretensión de la empresa ni promover una evaluación económica independiente; es decir sin defender los intereses del Estado, sino todo lo contrario”.
Para expresar el perjuicio causado al Estado, el juez contrastó el 2% de aumento del canon pactado entre Weisbek y Glories con la inflación real registrada por el IPC. “Se verifica una pérdida efectiva superior a $2557 millones” a junio de 2025. Pérdida que, si se calcula con las proyecciones inflacionarias para este año, 2026 y 2027, “se eleva a aproximadamente $3788 millones”.
Para dejar en claro el perjuicio causado, Casanello insistió: “La idea puede simplificarse tomando como referencia cánones mensuales. En 2005, el ‘alquiler’ mensual del predio era de $104.500, lo que equivale a $57.367.182 a precios de junio de 2025. Sin embargo, el canon efectivamente percibido en junio de 2025 fue de apenas $197.012, es decir, un exiguo 0,34% del valor ajustado”.
El fallo no lo dice, pero vale realzarlo: en junio de 2025, la firma de Otero pagó $197.012 de canon por mes, mucho menos −una fracción− que el alquiler que debe abonar cualquier comerciante por un solo local en la zona de Once. Pero el Estado recibía $197.012 no por uno, sino por los 110 locales comerciales y dos estacionamientos de Once.
Se trata de 82 locales en la planta baja de la estación por la que cada día circulan unos 300.000 pasajeros, 39 locales en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11.000 metros cuadrados. En total, 21.000 metros cuadrados. Esto es, el Estado cobraba poco más de 9 pesos por mes por cada metro cuadrado de esos locales comerciales que luego el concesionario podía alquilar a precios de mercado.
“Este análisis permite afirmar, con sustento matemático, que el canon previsto resultó evidentemente irrisorio y desproporcionado del canon base, y que incluso lo era al momento de la adenda, cuando la Argentina ya tenía claros índices de inflación superiores al utilizado en el instrumento firmado por los imputados”, sostuvo Casanello.
El juez, además, repasó un conjunto de irregularidades que tuvo la adenda en sí. Desde el hecho que Weisbek no estaba facultado para firmarla a que el contrato original de concesión establecía que era “improrrogable”.
A raíz de estas condiciones irrisorias, el Gobierno, a través de Trenes Argentinos Operaciones, dejó sin efecto el mes pasado la prórroga del contrato de concesión con Nueva Estación Once SA.
Según los registros públicos, Néstor Otero fundó la empresa Nueva Estación Once SA y la presidió hasta 2015, cuando renunció a encabezar el directorio de la sociedad, donde fue reemplazado por Claudio Glories y su hijo Luciano Otero.
Con 86 años, y conocido como “el Zar de Retiro”, Otero es dueño de la empresa TEBA, tiene la concesión de la terminal de ómnibus desde 1993 y fue condenado por dádivas, en 2015, por pagarle un departamento al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien desde su cargo debía controlarlo. Está procesado, además, en la causa de los cuadernos de las coimas, cuyo juicio oral comenzará el 6 de noviembre.
A través de distintas empresas, Otero administró en los últimos años las estaciones de Lomas de Zamora, Puente La Noria, Santiago del Estero, Villa Gesell y Mar del Plata, entre otras.
¿Por qué el enojo o fastidio del juez? La Cámara Federal ya objetó en tres oportunidades el procesamiento de los implicados en la maniobra que benefició a la firma de Otero. En la última oportunidad, fueron los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi los que objetaron el encuadre penal y el eventual beneficio logrado por el concesionario. En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia, que convalidó el procesamiento.
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POLITICA
El trasfondo de la ruptura de la Libertad Avanza en San Luis que repercutió en el Congreso

“Los hechos de corrupción denunciados hasta ahora como farmacia, el caso Spagnuolo y Banco Nación, todos tienen el mismo apellido y es Menem”. La frase explosiva fue del diputado nacional Carlos D’Alessandro tras anunciar su salida de La Libertad Avanza (LLA) minutos después de que la Cámara Baja rechazara el veto presidencial a la ley de discapacidad.
El legislador por San Luis, vinculado al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, venía de horas vertiginosas: quedó afuera del armado de candidaturas en su provincia y su hijo fue desplazado de la conducción partidaria local tras un acuerdo entre la Casa Rosada con el gobierno provincial, que comanda Claudio Poggi. Eso terminó de detonar su portazo.
“El armado de listas en San Luis fue el detonante. La mayoría vemos que esto se transformó en una nueva casta política, lo que nos duele muchísimo porque una de las principales banderas que teníamos nosotros era venir a luchar contra la casta”, declaró D´Alessandro el miércoles en los pasillos del Congreso.
Su ruptura coincidió con el estallido de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo —ya exfuncionario— que dieron origen a una causa en Comodoro Py sobre un supuesto sistema de recaudación paralelo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la cual salpica a la cúpula libertaria que integran Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem.
D’Alessandro ratificó sus dichos y responsabilizó del resquebrajamiento de LLA en San Luis a la secretaria General de la Presidencia, al principal asesor de la hermana del Presidente y al titular de la Cámara de Diputados, quienes digitan el rumbo del partido oficialista. “Nos impusieron candidatos desde Buenos Aires pactando con la casta más rancia. A quienes veníamos trabajando desde hace más de un año en San Luis para expandir las ideas de la libertad nos dejaron afuera”, disparó ante la consulta de . Y agregó: “Al presidente no lo conozco y tampoco tengo su teléfono”.
Su portazo fue pergeñado con otros diputados “heridos”: la bonaerense Marcela Pagano —enfrentada hace meses con Martín Menem—, el formoseño Gerardo González —desplazado de la toma de decisiones del partido en su distrito— y la mendocina Lourdes Arrieta —convertida en opositora acérrima tras su ruptura a mitad de 2024, cuando corrió la misma suerte—. Juntos formalizaron un nuevo bloque llamado “Coherencia”, que se estrenó con quorum y votos en favor de iniciativas de la oposición. “A González le hicieron lo mismo en Formosa, donde LLA tiene un acuerdo con Insfrán. Con este contexto, no tengo dudas de que habrá más salidas del bloque”, añadió D´Alessandro.
Si bien la pelea por el control de LLA en San Luis arrastraba conflictos descarnados, protagonizados por diversos actores radicados en el Congreso de la Nación, terminó de colapsar con el cierre de listas de los tres candidatos a diputados nacionales. Entre gallos y medianoches, una orden “de arriba” desplazó a Matías D’Alessandro al frente de la sucursal puntana y ese fin de semana se oficializó una boleta para octubre encabezada por Mónica Becerra, exministra de Desarrollo de la provincia. “En ese momento se visibiliza el acuerdo entre LLA y el gobernador Poggi, algo a lo que D’Alessandro se opuso con firmeza”, dijo un dirigente local consultado por .
Según D’Alessandro, que hasta último momento amagó con presentar una lista paralela, la negociación electoral en San Luis fue cerrada personalmente por Santiago Viola, apoderado nacional de LLA, y Diego Manuel Vartabedian, director nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia, a los que acusó de haberse trasladado hacia la provincia el pasado lunes “en un vuelo privado”. Tras una denuncia por “inconducta partidaria”, la jueza electoral María Servini dispuso la intervención, lo que eyectó del partido a su hijo, un ingeniero sin experiencia en la política, a quien D’Alessandro pretendía colar en la boleta nacional.
“Matías era una figura de perfil bajo, pero su Carlos viene de Gastronómicos y tiene un respaldo fuerte de poder porque atrás suyo está Barrionuevo”, remarcaron.
En las elecciones para la Legislatura de San Luis celebradas el 11 de mayo, LLA se ausentó de manera oficial, lo que le allanó el camino al oficialismo provincial. En cambio, hubo dos listas blue que se arroparon la representación libertaria. Una fue la del propio D’Alessandro, que se presentó como candidato bajo el sello de “Tercera Posición”, el partido fundado por Graciela Camaño y Luis Barrionuevo, recordado por su apoyo a la campaña presidencial en 2023 de Javier Milei, de quien luego se alejaría. El diputado nacional obtuvo una banca provincial para sí mismo por el departamento Pueyrredón.
En las puertas de la Legislatura puntana terminó con un “¡Viva la Libertad, Carajo!”, la propuesta de su rival doméstico, el empresario de la salud Rodolfo Negri, prosecretario parlamentario del bloque LLA en el Senado de la Nación, donde una de las seis bancas libertarias ocupa Ivana Arrascaeta, su pareja. Ambos ungieron la candidatura de David Ocaña, representante de LLA en el Parlasur, que finalmente se quedó con las manos vacías.
Un tercer sector en San Luis lo tiene el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, aunque una serie de declaraciones polémicas meses atrás sobre sus 20 asesores y pretensiones de ser gobernador lo hicieron recluirse en la Cámara Alta. “Bartolo optó por mantenerse al margen y plegarse a la estrategia de la conducción del partido”, confiaron fuentes libertarias puntanas.
El borrón y cuenta nueva de LLA en San Luis fue capitalizado por el gobierno provincial, pero también quedó atravesado por esquema de poder de los hermanos Rodríguez Saá, quienes suman nueve mandatos entre ambos, pero hoy están enfrentados. Mientras Alberto alineó detrás suyo al PJ puntano como principal oposición, Adolfo fue artífice del regreso de Claudio Poggi a la gobernación hace dos años, en un pacto de convivencia vigente. Como segundo candidato a diputado nacional por LLA irá Carlos Almena, un dirigente de Merlo con pasado en el Pro. Vinculado a Patricia Bullrich en su momento, fuentes locales señalaron que “es un hombre de Adolfo”, en relación a su verdadera terminal política.
D’Alessandro ahora tendrá que definir su futuro: aferrarse a su banca nacional o radicarse en la Legislatura de San Luis, donde pretender aspirar a una candidatura a gobernador.
La segunda opción era la posibilidad más fuerte, pero el abrupto cierre de listas y la cruzada que inició esta semana contra su ahora exbloque alteró podría alterar los planes originales. “Todavía no lo tengo definido”, reconoció. De retirarse de la Cámara Baja, en su lugar ingresaría el primer candidato suplente de la lista de diputados nacionales de la LLA por San Luis en 2023. Se trata de Claudio Álvarez, el hombre de Barrionuevo al frente de la filiar puntana del Sindicato de los Gastronómicos.
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POLITICA
Causa de los audios de Spagnuolo: la Justicia impide que los involucrados accedan a sus cajas de seguridad

El juez federal, Sebastián Casanello, ordenó bloquear las cajas de seguridad de los principales involucrados en la causa de los audios en los que el extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, habló de presuntas coimas a droguerías proveedoras del Estado.
Por otro lado el magistrado indaga en Comodoro Py al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis. Sospechan que colaboró para que el empresario, Jonathan Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, pudiera escapar.
Leé también: Las últimas noticias del escándalo de las presuntas coimas
La medida alcanza a entre otros a exfuncionarios, como el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y a la familia Kovalivker.
La medida se dispuso a través de un oficio al Banco Central (BCRA). El argumento de la decisión es porque no solo porque en las cajas de seguridad se guarda plata, sino también documentos. De esa manera la Justicia busca evitar que se eliminen pruebas.
Además la policía de la Ciudad se encuentra en la entrada del country Nordelta, donde piden las entradas y salidas del barrio.
Noticia que está siendo actualizada.-
coimas, Discapacidad
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Con la Justicia de por medio, Ghi y Sabbatella intentan una convivencia forzada para la elección en Morón

Con todos los plazos de presentación y autorización de listas establecidos por la Junta Electoral bonaerense ya vencidos, en Morón se resolvió recién el viernes último la maraña de la interna entre el intendente Lucas Ghi y el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, que están enfrentados, pero presentaron una nómina de unidad en paralelo a sus listas propias.
La justicia provincial en lo contencioso administrativo de San Martín autorizó la nómina de Fuerza Patria de Morón, que había sido rechazada por la Junta Electoral por haberse presentado fuera del plazo fijado. Finalmente, el viernes la Junta la aceptó junto a otras listas distritales en problemas. Ambos sectores tendrán una oferta única en los cuartos oscuros de Morón el 7 de septiembre, aunque no se hablan, no comparten actos de campaña y ya habían puesto en marcha sus mecanismos proselitistas para respaldar sus respectivas boletas cortas (solo categorías municipales).
La interna explotó a fines de 2023, cuando Ghi desplazó a funcionarios sabbatellistas de su gabinete. Sabbatella quiere volver a ser intendente, contra los deseos del actual jefe comunal. Sin resolución para la interna, ambos llegaron al cierre de listas con el enfrentamiento a tope y armaron nóminas por separado, pero sobre el filo del cierre del plazo para presentar candidaturas (el 19 de julio), cerraron una lista conjunta que fue rechazada por la Junta Electoral provincial por haberse inscripto fuera de plazo. El jueves, un fallo de los jueces Marcelo Schreginger, Jorge Saulquin y Damián Cebey, de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, avaló la lista conjunta. La Junta, al día siguiente, la aceptó en una resolución en la que avaló planteos de Fuerza Patria también en otros distritos, como San Nicolás, donde autorizó la nómina de la camporista Cecilia Comerio.
“La Junta Electoral dice que por haber presentado media hora tarde la boleta de Fuerza Patria, no se puede oficializar. Entonces, presentamos un amparo, y en primera instancia se nos dio la razón. La Junta, la Junta Electoral apeló y la cámara volvió a ratificar nuestra posición”, resumieron desde el sector de Ghi.
La lista de unidad en Morón es solo un instrumento electoral, porque la división está vigente. Sabbatella presentó también una lista propia (Nuevo Morón), que él mismo encabeza, e inició una campaña por esa nómina. También tiene vigente su campaña “Martín vuelve”, con la mira puesta en ser candidato a intendente en 2027. Lo mismo hizo Ghi, con una nómina liderada por él e inscripta desde el Partido del Trabajo y la Equidad (Parte, el sello del expresidente Alberto Fernández).
“Las diferencias existen. Imagino que las depondrán de cara al principal objetivo, que es ofrecerles una alternativa a los vecinos que no se sienten contenidos con el Presidente”, indicaron cerca de Ghi.
La lista en conjunto lleva a la cabeza a José María Ghi, hermano del intendente. Tiene representantes propios del espacio de Sabbatella, otros de Ghi, y otros alineados con La Cámpora, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y el sindicato de gastronómicos.
Sabbatella fue electo intendente en 1999, 2003 y 2007. Ghi ganó en 2011, 2019 y 2023. El exintendente está alineado con Cristina Kirchner; el actual jefe comunal, con Axel Kicillof. Peleados, no comparten actos de campaña a pesar de la lista conjunta y los reproches siguen a la orden del día.
El 12 de agosto, Kicillof fue Morón a inaugurar un nuevo edificio para una escuela y el sabbatellismo denunció que fue ninguneado. “No nos invitaron, nunca vi algo así. Hicimos un acuerdo, hay lista de unidad y siguen con la persecución política dentro del gobierno, negando al sector mayoritario de Fuerza Patria”, dijo en esa oportunidad Sol Steinberg, que es parte de la lista de unidad como sexta candidata a concejala y pertenece a Nuevo Encuentro, desde donde le endilgan a Ghi haber desplazado al equipo de salud municipal por pertenecer al sabbatellismo, entre otros reproches que la nómina única no amortiguó.
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