POLITICA
Procesaron al gendarme que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Capital Federal procesó este martes a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó con un cartucho de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo, durante una marcha de jubilados en el Congreso.
La jueza María Servini lo procesó sin prisión preventiva por delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravado por su condición de miembro de la fuerza, en un fallo contundente que tiene más de 260 páginas al que accedió TN.
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Además, la magistrada dispuso trabar un embargo de 203.000.000 de pesos sobre sus bienes y lo convocó a una audiencia para el próximo jueves, de forma virtual. El gendarme no quedará detenido por el momento.
Para llegar al procesamiento, la jueza tomó en cuenta la gran cantidad de evidencia fílmica de cámaras de seguridad, drones y transmisiones televisivas, junto con análisis periciales de balística y reconstrucciones de la trayectoria del proyectil.
“Se puede determinar que el accionar deliberado de este efectivo al disparar un proyectil menos letal de forma antirreglamentaria (horizontal y en línea recta), contraviene los protocolos establecidos y poniendo en grave riesgo la vida de la víctima», remitió uno de los informes periciales.
El análisis de los videos, incluso, concluyó que el disparo fue en ángulo horizontal, lo cual “va en contra de las reglas para la utilización de este tipo de armas menos letales que establecen que los disparos deben hacerse con un ángulo de 45 grados hacia arriba“, detalló el informe.
También se llevó a cabo una reconstrucción del hecho, realizada por la División Balística de la Policía de la Ciudad, en las instalaciones del Centro Argentino de Seguridad (CAS), ubicado en la localidad de General Rodríguez.
El objetivo era determinar la trayectoria del proyectil desde su origen hasta el punto de impacto en la cabeza de Grillo, la posición y ángulo del arma, y confirmar lo que se vio en los videos incluidos como prueba.
Una de las conclusiones de la pericia fue que el disparo salió desde el sector donde se ubicaban las Fuerzas de Seguridad al momento del hecho. También reflejaron que si Guerrero hubiera disparado su arma en un ángulo de 45 grados como correspondía, Grillo no hubiera sufrido las lesiones.
En ese sentido, el expediente incluyó el historial médico de Grillo, que detalla la gravedad de sus heridas, como fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica, hematoma subdural y contusiones bilaterales, lo que derivó en múltiples intervenciones quirúrgicas a las que se tuvo que someter.
Con todas las pruebas, la jueza concluye que Guerrero conocía perfectamente cómo debía disparar su arma, pero optó deliberadamente por “hacerlo de la forma prohibida”.
La marcha que casi termina en tragedia
El hecho ocurrió el 12 de marzo, durante una marcha de jubilados que se realizó en las inmediaciones del Congreso. Pablo Grillo, fotorreportero independiente, estaba parado sobre Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís, cubriendo la manifestación.
Las fuerzas federales de seguridad, incluyendo la Gendarmería Nacional (GNA), había desplegado un mega operativo en la zona. En una de las intervenciones de los efectivos, el cabo Héctor Jesús Guerrero disparo hacia arriba con su pistola lanza gases calibre 38.1mm. Ese proyectil cayó sobre la cabeza de Pablo.
El fotógrafo fue derivado al Hospital Ramos Mejía, donde estuvo internado en una sala de terapia intensiva durante seis meses. Fue operado varias veces.
Actualmente, se encuentra alojado en la clínica de rehabilitación Rocca y su familia asegura que “su evolución es positiva”, pero que todavía no se puede levantar sin asistencia médica y continúa con sonda como alimento principal. “Seguimos para adelante. Lento, pero paso a paso”, expresaron en un comunicado.
gendarme, Congreso de la Nación
POLITICA
La audiencia por glaciares se inauguró con polémica y la oposición anticipa su judicialización
La primera audiencia por la reforma de la ley de glaciares inició esta mañana en Diputados cargada de tensión. Entre los primeros discursos, hubo reclamos al oficialismo por acotar las exposiciones −a último momento se bajó de 5 a 4 minutos el tiempo para hablar− y advertencias sobre la futura judicialización de la norma. Se espera un debate extenso con 180 participantes que podrá extenderse después de las 19.
Las organizaciones socioambientales rechazan la propuesta que impulsa Javier Milei −que ya cuenta con media sanción del Senado− por considerarla inconstitucional y “regresiva”. Argumentan que la iniciativa viola el principio de presupuestos mínimos definido por la Constitución Nacional para las provincias −que impone condiciones de protección uniformes en todo el país− y anticipa que comprometerá a las cuencas hídricas.
“Este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, pero sepan una cosa: la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, un litigio abierto por mucho tiempo”, anticipó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y aseguró a que las próximas generaciones van a seguir defendiendo el agua. “Es algo mucho más importante que los minerales para su vida”, lanzó.
Los defensores de los cambios −sobre todo referentes de las provincias cordilleranas con potencial minero− replican que, en vez de prohibir se debe mejorar el uso del agua para que conviva la protección con el desarrollo productivo.
Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, defendió los cambios propuestos y buscó desarmar lo que definió como una “falsa dicotomía” entre la minería y otras actividades productivas. Para graficarlo, apeló a datos de consumo hídrico: “Se consumen anualmente 1500 hectómetros cúbicos de agua: el 81% corresponde al uso agrícola, el 16% al consumo humano y apenas el 3% a la minería”.
El oficialismo desplegó desde temprano un amplio operativo de seguridad en el perímetro del Congreso. A las 17 se espera una movilización impulsada por organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. Es que de los más de 100.000 inscriptos, menos del 0,3% podrá hacerlo frente a los diputados: hoy de manera presencial y mañana en forma virtual.
La audiencia pública es conducida por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente.
“Los diputados tendrán para escuchar y para leer todas las ponencias a través de todos los medios. Todas por igual van a formar parte del expediente para que sean consideradas por los diputados”, dijo Mayoraz al inaugurar las exposiciones.
Uno de los primeros picos de tensión se dio cuando los referentes de distintas organizaciones ambientales denunciaron que no dejaban entrara a 15 ciudadanos inscriptos y confirmados. “Ahora dicen que no están en la lista”, vociferó Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados ambientalistas. Hubo un cruce que fue frenado a tiempo entre el libertario Sebastián Pareja y el peronista de vertiente sindical, Mario “Paco” Manrique.
En la antesala de la audiencia, diputados de distintos espacios políticos como la Coalición Cívica, el PJ, parte del radicalismo y el Frente Patria Grande formalizaron una impugnación a la audiencia. “Será un argumento más para la judicialización de la norma”, anticiparon a Viale y Nápoli.
La presentación dirigida a Martín Menem sostiene que la audiencia resulta inválida. “Restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”, argumentaron sobre la metodología adoptada por el oficialismo.
Mayoraz señaló que “se le está dando curso”. Recordó que hubo medidas cautelares que se rechazaron por la Justicia y consideró que el procedimiento previsto “se ajusta a derecho y debe seguir”.
“La Pampa no puede discutir esto en abstracto: el agua es una condición de existencia”, planteó la secretaria de Ambiente provincial, Marina Basso. Con respaldo en datos técnicos, sostuvo que los ambientes glaciares y periglaciares funcionan como reservas hídricas clave y advirtió sobre el impacto interjurisdiccional. “El 70% de nuestra población depende del río Colorado. Los ríos no reconocen límites políticos, por eso existen los presupuestos mínimos”, señaló. En esa línea, alertó que cualquier flexibilización puede “poner en riesgo la equidad territorial” y evocó la experiencia del Río Atuel: “No es una hipótesis, es nuestra historia. Decisiones aguas arriba generaron desertificación. Sin agua no hay presente ni futuro”.
En un sentido similar, la presidenta comunal de Villa Cerro Azul (Córdoba), Natalia Di Pace, cuestionó los cambios propuestos en la autoridad de aplicación. Advirtió que la redacción abre zonas grises que podrían desarticular el esquema institucional actual y derivar en una ola de judicialización. “El agua es un bien público, escaso y vulnerable. Requiere mecanismos de cooperación, no discrecionalidad”, resumió.
Desde el otro lado del debate, el ministro de Producción de San Juan defendió la iniciativa y buscó correr la discusión de una lógica binaria. “Hay una falsa dicotomía entre la minería y el cuidado del agua”, sostuvo. Aseguró que la provincia mantiene un compromiso con la protección de los glaciares, pero remarcó que la actividad minera es “ineludible” para su desarrollo en el marco de una matriz productiva diversificada.
Una de las intervenciones más críticas fue la de Marta Maffei, exdiputada de la Coalición Cívica y coautora de la ley vigente, quien apuntó directamente contra la arquitectura del proyecto. Recordó que el artículo 41 de la Constitución establece presupuestos mínimos de orden público −no meras recomendaciones− y advirtió que el nuevo texto los debilita. “Es una norma regresiva respecto de la legislación ambiental vigente”, afirmó. También alertó sobre el criterio federal que propone la reforma: “Bajo una fachada de federalismo, lo que se habilita es discrecionalidad para que cada provincia disponga sobre el agua y los glaciares”.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también se expresó en rechazo y encuadró el debate en términos de derechos. “El agua no es una mercancía, es un derecho humano”, afirmó, al tiempo que denunció afectaciones a comunidades indígenas y sectores vulnerables. Citó además principios constitucionales para advertir sobre el impacto social de la iniciativa.
En el plano técnico, el glaciólogo Gabriel Carrera, con más de cuatro décadas de trabajo en el Ianigla, cuestionó la precisión conceptual de la ley actual y propuso ajustes. Señaló que el “ambiente periglaciar” resulta una categoría difusa y sugirió reemplazarla por “geoformas periglaciares”. Y subrayó: “El Ianigla viene inventariando glaciares en el ambiente glacial y glaciares de escombros en el ambiente periglaciar, y no otra cosa que no tenga función hídrica”.
Por fuera de los planteos institucionales, también hubo intervenciones con fuerte anclaje territorial. Desde Chubut, Marcelo Arteaga describió un escenario crítico en su localidad: denunció contaminación de cursos de agua, escasez en el suministro y falta de impacto laboral de la actividad extractiva. “En mi pueblo, de siete días, cuatro no tenemos agua”, graficó.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario. La oposición argumenta que esto viola el principio de presupuestos mínimos ambientales definidos por la Constitución Nacional.
March 25, 2026,Delfina Celichini,Conforme a
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«Día del Niño por Nacer»: el Gobierno celebró la fecha y ratificó su postura contra el aborto legal
El Gobierno nacional publicó hoy un mensaje en redes sociales con motivo del «Día del Niño por Nacer«, en el que reafirmó su postura en “defensa de la vida desde la concepción”, que es contraria a la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en 2020.
“Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, haciendo un llamado a proteger a quienes aún no tienen voz, reconociendo la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción y ratificando la defensa de la vida como el primer derecho fundamental, del cual emanan todos los demás”, señala el posteo desde la cuenta de Casa Rosada.
La jornada fue instaurada por decreto en 1998, bajo el mandato del entonces presidente Carlos Menem, como parte de una agenda que impulsaba el Papa Juan Pablo II. Argentina fue uno de los primeros países en declarar la fecha de manera oficial. A casi 20 años de su sanción, nunca se modificó desde entonces, aún cuando pasaron distintos gobiernos con la más amplia diversidad ideológica.
El posteo del Poder Ejecutivo recuperó esa efeméride: “Reafirmamos la vocación histórica de Argentina de promover la cultura de la vida con la certeza de que ella siempre triunfa sobre la muerte”.
La consigna “pro vida” es compartida por los distintos sectores del oficialismo, incluso entre los bandos que están enemistados en la interna libertaria. Es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que avaló para este miércoles en el Senado una agenda de actividades alusivas a la jornada.
A las 11.00, se programó el ciclo “Hablan los expertos: La defensa del niño por nacer. La vida nuevamente en la agenda argentina”, organizado por la senadora nacional por Córdoba de La Libertad Avanza (LLA), Carmen Álvarez Rivero y el Centro de Estudios Civilitas.
Entre los oradores están incluidos Samuel Jofré, obispo de Villa María, Rubén Revello y Zelmira Bottini de Rey, del Instituto de Bioética de la UCA; Macarena Fehleisen, de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); Luis María Caballero, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune Argentina; y Sebastián García Díaz, director del Centro de Estudios Civilitas.
Por la tarde, a las 16, se inaugurará la muestra “Tu camino antes de nacer” en el hall de ingreso del Edificio Anexo del Senado. La actividad fue organizada por autoridades del Senado de las áreas de Cultura y Relaciones Internacionales, junto a CO.DE.IN. Finalmente, el cronograma finalizará a las 19, cuando se iluminarán los balcones del Palacio Legislativo con el color celeste azul para conmemorar la fecha.
Más allá de La Libertad Avanza, este mediodía hubo pocas voces que se pronunciaron sobre el día. Desde el PRO, la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, desde hace tiempo se abraza a la agenda simbólica “provida”, y publicó un mensaje alusivo para que “cada persona recuerde que esos niños que aún no nacieron tienen derechos tan reales como los suyos”. “En especial, recordar que tienen derecho a estar vivos y a nacer”, señaló en un texto.
“En la Ciudad, en este momento hay alrededor de 28.000 niños por nacer; en toda la Argentina, unos 380 mil; y en el mundo, 140 millones. Todos estos niños están dentro del vientre de mujeres en distintas etapas de desarrollo: desde a término para su nacimiento (aproximadamente 40 semanas), hasta recién concebidos”, indicó la funcionaria del alcalde Jorge Macri.
“Desde el instante de la concepción hasta que un bebé nace pasan apenas 280 días, menos de 7000 horas -continuó- En ese período sucede la transformación más colosal que existe, que convierte la información genética de solo dos células de distinto sexo en un ser humano completo. En ese período, no hay nada más solo, frágil e indefenso que ese niño por nacer”.
A fines de 2024, el gobierno porteño profundizó en este programa. Anunció una iniciativa mediante la cual los padres que perdieron a sus hijos antes de nacer podrán registrarlos con nombre completo. Hasta entonces, en todo el país, la muerte de un feto se anotaba como NN, con el apellido de la madre y/o el padre. No existe una legislación para estas situaciones.
Los mensajes y actividades oficiales están en sintonía con la “batalla cultural” conservadora que impulsan los libertarios, que repudian lo que denominan como “ideología de género” que apuntan a los reclamos de igualdad que abroga el feminismo y la agenda de derechos impulsada por el movimiento de mujeres.
Como reflejó el debate de la legislación del aborto, la discusión sobre el inicio de la vida humana es controversial en la comunidad científica y médica. También genera posturas enfrentadas sobre lo que se debe priorizar desde un punto de vista bioético: si el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, o las concepciones filosóficas y religiosas que consideran al cigoto como un ser humano con plenos derechos. En 2020, se zanjó legalmente esa disputa en favor de la autonomía de las mujeres sobre sus vientres.
Los mensajes y las actividades oficiales están en sintonía con la “batalla cultural” que impulsan los libertarios. Este sector repudia lo que denomina ‘ideología de género’ y rechaza tanto los reclamos de igualdad por los que aboga el feminismo, como la agenda de derechos promovida por el movimiento de mujeres.
Si bien el Gobierno abraza a los pañuelos celestes, lo cierto es que en el movimiento libertario global tampoco hay consenso sobre el punto. Una de las fuentes de inspiración de Milei, Murray Rothbard, proclama que la madre debe tener un derecho absoluto sobre su cuerpo.
Ya el año pasado, la administración de Javier Milei había impulsado una efeméride similar. Desde su llegada al poder, La Libertad Avanza cuestiona abiertamente la legalización del aborto y coquetea con la idea de promover su derogación.
Pese a la vigencia de la Ley N° 27.610, las organizaciones civiles y sociales de derechos humanos advierten por su incumplimiento y falta de acceso a recursos de salud reproductiva. Según Amnistía Internacional, se desmantelaron programas y canales de contención y asesoramiento sobre el derecho al IVE y la provisión de métodos anticonceptivos. La ONG recibió en el último año un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, en comparación con 2023.
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POLITICA
Karina Milei corrió a Santiago Caputo de la negociación y busca un lugar en el Corte bonaerense
“Loco, tenés que completar la Corte ya”. La premura de Sergio Massa en una charla en confianza con Axel Kicillof sucumbió a la procrastinación. Había un principio de acuerdo para avanzar con los pliegos a fin de año, pero la pelea por las autoridades de la Legislatura lo frustró. “Después de la extorsión van a tener que esperar”, se enfureció el Gobernador.
Ahora empieza a correr el nuevo deadline: “Una nueva Corte antes del Mundial”. El ministro de Justicia bonaerense, el cristinista Juan Martín Mena, dijo hace unos días: “Estamos trabajando para que antes de fin de año podamos tenerla completa”.
La Suprema Corte bonaerense está integrada por apenas tres miembros –Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres-, después de la muerte de Héctor Negri y las renuncias de Eduardo De Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud. Hay cuatro vacantes, pero si Kogan decidiese jubilarse, serían cinco.
“La veo muy activa. Es como ‘la Chiqui’ Legrand de la justicia. Nos va a jubilar a todos”, dicen en los pasillos del máximo tribunal de calle 13.
Así, La Libertad Avanza va a tener que esperar. “Aún no se empezó a conversar. Lo vamos a encarar en breve”, dicen cerca de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
Es que el reparto de las cuatro vacantes ya está. Al menos para las tribus que cobrarán: el peronismo en las tres variantes (La Cámpora, Frente Renovador y el kicillofismo) y el radicalismo.
La Cámpora impulsa al ministro de Justicia Juan Martín Mena; Massa a Ramiro Gutiérrez; el Gobernador a Santiago Pérez Teruel, asesor General de Gobierno. La UCR, a Marina Sánchez Herrero, esposa del senador nacional Maximiliano Abad.
Para el cupo femenino, La Cámpora y el Frente Renovador también tienen candidatos: Marisa Herrera, hermana de Paloma, la reconocida bailarina clásica, es impulsada por el sector de Máximo Kirchner, y la ex diputada Micaela Moran por Malena Galmarini.
También los intendentes quieren una vacancia. El de La Plata, Julio Alak, promovería a Miguel Berri, un legendario radical de la ciudad de las diagonales. El grupo de los intendentes ya había logrado colar al histórico Julio Pereyra como director en el Banco Provincia.
En el inicio de la gestión libertaria hubo un intento por atar esa negociación con la ampliación de la Corte nacional. Las conversaciones eran entre Mena y el vocero de Santiago Caputo, el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio. Pero Karina Milei copó Justicia con la designación de Juan Bautista Mahiques y todo volvió a cero.
Kicillof, que busca suceder a Javier Milei, no quiere dejar la Provincia sin nombrar a los nuevos ministros de la Corte, pero quiere manejar los tiempos para ¿una negociación con La Libertad Avanza? La interna peronista siempre mete la cola. El Gobernador necesita de la Legislatura y si la buena convivencia no llega del lado del peronismo deberá buscarla en otras bancas.
Massa, Máximo Kirchner y los intendentes meten presión. No es la única. “Antes del mundial tiene que salir la nueva Corte y después vamos por la reelección indefinida”, dicen los intendentes.
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