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Procesaron al juez acusado de armar negocios con el cepo al dólar

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El juez federal Carlos Vera Barros decidió procesar a su colega Gastón Salmain, junto con el financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche, por integrar una “asociación ilícita” que usó a la justicia federal para llevar adelante una maniobra que generó grandes dividendos.

Salmain tuvo un papel protagónico en la maniobra: fue quien autorizó a fines de 2023 al fideicomiso Attila –manejado por Whpei- para que adquiriera 10 millones de dólares a precio oficial.

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Fernando WhpeiMarcelo Manera

La sospecha es que esa operación terminó con la venta de las divisas en el mercado paralelo, ya que en ese momento regía el cepo cambiario.

Vera Barros dictó la prisión preventiva del juez, pero no se ejecutará hasta que el Consejo de la Magistratura, donde está siendo investigado Salmain, avance con su destitución.

De acuerdo a la investigación, los tres “formaron parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos entre los meses de septiembre de 2023 y hasta abril de 2024, cuando pergeñaron la salida a cuentas del exterior de 10 millones de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente radicado en el Juzgado Federal N°1″, a cargo de Salmain.

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Según la investigación, “para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.

A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un papel clave en la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.

Allananamiento en el despacho del juez federal Gastón Salmain, en el Marco de la causa contra el juez federal Marcelo Bailaque y Fernando Whpei.Marcelo Manera –

En la investigación, los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei -al menos una vez en su despacho laboral- el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifiestó sobre la viabilidad técnica y pidió que lo demás lo arregle con Busaniche.

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Con posterioridad, dictó las resoluciones a favor de Whpei.

El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.

Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.

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Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato.

Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, buscan probar si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa, como declaró Whpei en su carácter de arrepentido.

Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.

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El financista rosarino está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026.

En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo pasado.

Carlos Vaudagna, extitular de ARCA Rosario y Santa Fe

A fines del año pasado, el magistrado intentó de manera poco ortodoxa quedarse con la competencia de las causas que tramitaban contra Vaudagna, implicado en casos de corrupción junto a Bailaque.

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Los fiscales lo recusaron y lograron que el caso no quedara en su juzgado. Según las fuentes judiciales, Salmain tenía una relación acreditada con Vaudagna desde 2018, antes de ser nombrado juez en 2023, y podría haber intentado concentrar esos expedientes a cambio de dinero.

Una nueva pericia al celular de Vaudagna recuperó conversaciones borradas de WhatsApp que revelaron 48 mensajes intercambiados entre el exfuncionario y un contacto agendado como “Gastón Salmain” entre diciembre de 2018 y mayo de 2019.

Esta investigación provocó que los fiscales de PROCELAC solicitaran el allanamiento del despacho de Salmain. El magistrado entregó su iPhone 17 apagado y sin el código de desbloqueo. A estos problemas se suma que desde julio pasado está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por haber omitido en sus antecedentes para concursar como juez que hace veinte años lo echaron de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. La cesantía administrativa le imposibilitaba incursionar en la carrera judicial, pero la omisión de ese antecedente le posibilitó que dos veces la Comisión de Acuerdos del Senado aprobara su pliego, y llegar a juez federal.

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Germán de los Santos,Conforme a

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Cómo continúa la causa Cuadernos luego de la declaración de Cristina Kirchner

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Este martes declaró la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, donde es la principal imputada, pero no la única. En este sentido, las audiencias continuarán en los próximos días, con gran actividad el jueves, donde se harán presentes exfuncionarios del gobierno de CFK.

El 19 de marzo se presentarán en Tribunales exfuncionarios de la titular del PJ nacional, entre ellos, el exjefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, que fue quien dio origen a la causa.

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Leé también: En su indagatoria en la causa Cuadernos, Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución

También harán lo propio el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens (que estaba prevista para hoy, pero se reprogramó); del extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti; el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner; del financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y del exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Luis Ferreyra.

La expresidenta Cristina Kirchner en Comodoro Py, por la declaración en el juicio por la causa Cuadernos. (Foto: Reuters – Tomás Cuesta)

En tanto, el 26 de marzo será el turno del extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello; el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez; el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián Ezequiel García Ramón; y el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Walter Fagyas. También declararán los empresarios Carlos José Mundin, presidente de BTU S.A.; Claudio Javier Glazman, exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI); y Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo y representante legal del Grupo Isolux Corsan S.A..

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Finalmente, el 31 de marzo, se indagará a los industriales Raúl Víctor Vertúa, presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.; a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, accionista y directivo, respectivamente, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.; a Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S.A.; a Néstor Emilio Otero, accionista mayoritario de TEBA S.A.; a Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.; Raúl Víctor Vertúa, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero, Roberto Armando Loson, Néstor Emilio Otero, Juan Carlos Lascurain, Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.; al exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río; y a Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.

Todavía no fueron informadas las fechas en que serán convocadas a declarar las restantes personas imputadas.

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Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución política

Tras presentarse en forma presencial en los tribunales de Comodoro Py, Cristina Kirchner volvió a referirse como “farsa judicial” a la causa cuadernos y dijo que esa investigación “es algo más que persecución política… es convalidar la mafia”.

En su indagatoria en la causa Cuadernos, Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución y advirtió: «Con este Poder Judicial puedo morir presa». (Foto: AP -Rodrigo Abd)

En su indagatoria en la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución: “Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá”. Y agregó: “Desde el 6 de noviembre me tocó, hasta que me enfermé, escuchar que había recibido 204 hechos de coimas. ¿Dónde, cuándo, cómo, de quién? Además, ¿dónde está esa plata?”.

La exmandataria cuestionó: “Me dieron vuelta, me allanaron, me rompieron la casa de El Calafate. ¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? ¿Qué es eso de que me robé un PBI? Si yo tuviera toda esa plata, no estaría acá”.

“Estoy cumpliendo una condena injusta”, afirmó en relación a la sentencia por Vialidad. La expresidenta hizo su descargo de manera presencial en los tribunales federales de Retiro. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

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En su indagatoria en la causa Cuadernos, volvió a denunciar una persecución: “Hubo prácticas mafiosas de jueces para apretar a empresarios”. La expresidenta criticó: “Estamos ante una causa donde el juez de Instrucción, Claudio Bonadio, y el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, son directamente mafiosos. Ya no estamos ante persecución política”.

Cuadernos de las coimas, cristina kirchner, Justicia

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El ministro de Justicia se reunió con los miembros de la Corte Suprema por las vacantes

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El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo su primer encuentro con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, con quienes dialogó por la gran cantidad de vacantes que existen en al ámbito de ese poder del Estado.

Según trascendió, en la reunión de la que participaron, además del funcionario  recientemente designado por Javier Milei, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se trató el tema de la escasez de recursos humanos en el Poder Judicial.

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El oficialismo cruzó a Cristina Kirchner: “Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado”

“Durante la reunión, el ministro ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”, publicaron en las redes sociales oficiales de la cartera nacional.

A través de un mensaje en X (ex Twitter), desde el Ministerio de Justicia señalaron: “También se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares”.

El Gobierno busca retomar la iniciativa con la reforma del Código Penal y la defensa de la propiedad privada

“En ese sentido, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”, concluyó el comunicado de Mahiques.

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El capo narco y el fiscal al que habría planificado matar estuvieron frente a frente en un juicio cargado de tensión

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Leonardo Airaldi declaró este martes en el juicio que afronta por narcotráfico. A pocos metros de él, se encontraba el fiscal José Candioti, una de las tres personas que el acusado habría planeado asesinar, según el testimonio de un recluso, que derivó en una nueva investigación sobre el ex presidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante.

El acusado fue trasladado este martes desde el penal de máxima seguridad de Ezeiza a Paraná. Para ello, se dispuso un fuerte operativo. El esquema incluyó un vehículo blindado. Airaldi llegó custodiado por agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), la tropa de élite del Servicio Penitenciario federal.

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El objetivo era que cumpliera con su identificación en el debate. Además, tendría la chance de declarar en el juicio que se le sigue en el Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana. Enfrenta cargos por organizar y financiar una banda narco y por almacenar estupefacientes.

Por otro lado, la investigación por el plan criminal para asesinar a Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recién da sus primeros pasos en Gualeguaychú. La pesquisa está a cargo del fiscal Pedro Rebollo.

Luego de que Noemí Berros, presidenta del TOF, terminó con las preguntas de rigor, el acusado pidió hablar. “Aprovecho para solidarizarme con el fiscal Candioti”, soltó. El funcionario judicial no se inmutó, aunque la frase cortó el ambiente de la sala.

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En un cuarto intermedio posterior, el comentario nervioso que circulaba era que el acusado no negó el complot, sino que se solidarizó con una de las víctimas potenciales. Las expresiones, en rigor, confirmaban la existencia del plan criminal. En Diamante se comenta que el acusado es una persona de hablar de más. Ahora podría haber cometido el mismo error.

“En ningún momento se me ocurrió hacer una amenaza a él o a otra persona”, agregó Airaldi. “Lo que más amo es la vida y jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a nadie”, completó.

Leonardo Airaldi enfrenta un juicio por narcotráfico y es investigado por un supuesto plan para asesinar a un juez, a un fiscal y al ministro de Seguridad de Entre Ríos

El acusado se sentó junto a otros imputados. En todo momento tuvo colocado su chaleco antibalas A su lado, se apostó un integrante del GEI. La entrada y salida de la sala de audiencias implicó un despliegue inusitado. Airaldi entró esposado por la espalda. Lo escoltaba un grupo de agentes del GEI protegidos por escudos antibalas y cascos. Al frente iba otro uniformado con un arma larga.

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El plan criminal que habría diseñado el acusado se conoció el viernes 20 de febrero. Una semana después se lo declaró preso de alto riesgo a pedido de la Justicia. Esto motivó su traslado desde la cárcel de Gualeguaychú, una granja penitenciaria provincial, al penal de Ezeiza. Allí pasa sus días en aislamiento.

El principal acusado fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante, una localidad ubicada a 40 km sur de Paraná. Su familia tenía actividad agropecuaria desde hacía décadas en esa zona.

En qué consiste el supuesto complot

Otro preso por narcotráfico fue quien reveló a la Justicia el presunto plan criminal. Se trata de Daniel “Tavi” Celis, otro capo enfrentado con Airaldi. Ambos convivían en el Pabellón “E” de la cárcel de Gualeguaychú. Allí están los condenados y procesados por la Justicia federal por causas vinculadas al narcotráfico.

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Según Celis, Airaldi se habría jactado de haber contratado sicarios uruguayos para liquidar a Candioti y Ríos. El lugar de ejecución sería Punta del Este. Con ese fin, habría pagado USD 40 mil. La razón es que ambos funcionarios judiciales habrían actuado en las causas por las que sería sometido a juicio, consignó en su declaración.

Además, el esquema criminal también comprendía la ejecución de Roncaglia. Antes de ser ministro de Seguridad, el funcionario provincial ocupó la Jefatura de la Policía Federal y, en forma previa, la de Drogas Peligrosas de la fuerza.

Celis hizo esta revelación ante el fiscal federal Pedro Rebollo sin solicitar ninguna medida de resguardo. No pidió, por caso, ser testigo protegido. Lo mismo ocurrió con otros dos internos que declararon en igual sentido.

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Tres a cero

Fiscales federales José Candioti y Diego Iglesias (titular de la PROCUNAR)

Durante la audiencia, la jueza Berros informó que el cuerpo había tomado la decisión de habilitar la participación de la PROCUNAR como órgano acusador. La Fiscalía especializada en narcocriminalidad se había presentado al juicio con su titular, Diego Iglesias. La defensa de Airaldi, a cargo de Mariana Barbitta, impugnó su presencia.

El TOF consideró que no debía “invadir las atribuciones” del Ministerio Püblico Fiscal. Tampoco le competía “inmiscuirse en las decisiones que, en el ejercicio de sus facultades legales, ha adoptado el Procurador General de la Nación” al designar a Iglesias, detalló Berros al comunicar la decisión.

En ese orden, el Tribunal consideró una atribución del MPF asignar “dos o más” de sus integrantes para participar en el debate. Esto se gritó como un gol en la Procuración. Es que otros Tribunales Federales han limitado a un par de fiscales las acusaciones en los juicios. Algunos son procesos relevantes, como el caso del ARA San Juan en Santa Cruz.

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La voz áspera de Berros resonó una vez más en la pequeña sala de audiencias. Fue para anunciar que se había rechazado la nulidad del procesamiento y del requerimiento de elevación a juicio de las dos causas contra Airaldi. Estas eran las últimas acciones que tenía la defensa para frenar el enjuiciamiento. Por eso Fiscalía festejó como una goleada 3 a 0 las decisiones del Tribunal.

Fueron, en total, casi 9 horas de debate. La próxima audiencia será el jueves 26 de marzo. Airaldi seguirá las alternativas por videoconferencia desde Ezeiza.

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