En medio del escándalo por las sospechas en torno a la administración de los fondos de la AFA, el Gobierno de Javier Milei consideró que la documentación que presentó la entidad sobre sus estados contables y financieros desde 2017 hasta la fecha es insuficiente. Sin embargo, la Casa Rosada intenta por estas horas bajarle el tono a la pelea con Claudio “Chiqui” Tapia y el resto de las autoridades de la casa madre del fútbol argentino.

El encargado de fijar la postura oficial fue el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien reporta al ministro Mariano Cuneo Libarona y su vice, Sebastián Amerio, un hombre de confianza de Santiago Caputo, principal asesor del Presidente.

“No hay ningún enfrentamiento entre el Gobierno o la IGJ y la AFA”, advirtió Vítolo a , en una señal de distensión con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

En esa línea, el funcionario remarcó que “la IGJ no participa en ninguna causa judicial y no es parte de ninguna investigación respecto de los directivos”. “Nosotros no estamos imputando a nadie ningún delito”, insistió Vítolo, después del cruce con la AFA por las irregularidades contables. A su vez, sembró dudas respecto de la posibilidad de que el Gobierno nombre un veedor oficial para controlar las cuentas de la AFA.

No obstante, remarcó que la institución que conduce Tapia no explicó “nada” sobre el balance con cierre de ejercicio el 30 de junio de 2024, al que consideró como “el más importante”, por los “valores involucrados”.

“Es muy raro porque ese lo presentaron acá [en la ciudad de Buenos Aires], nosotros les pusimos observaciones y ellos después lo presentaron en la provincia de Buenos Aires y dicen: ‘Me los aprobaron’. Pero eran de acá. Es una cosa ridícula, veremos qué encontramos”, anticipó Vítolo a . Días atrás, había denunciado el intento de la AFA para escapar del radar de la IGJ, al promover un traslado de su sede al municipio de Pilar que no fue aprobado por el organismo.

Frente al creciente escándalo por la derivación de millonarios fondos de la AFA, la IGJ había citado para este jueves y viernes a los contadores que avalaron los balances tanto de la AFA como de la Superliga entre 2017 y 2024.

En ese marco, el titular del ente regulador dependiente del Ministerio de Justicia advirtió que todavía se encuentran revisando la documentación.

Los próximos pasos están supeditados a la verificación del informe que presentó la casa madre del fútbol argentino. Sin embargo, Vítolo relativizó hoy la posibilidad de que la IGJ le recomiende al Ministerio de Justicia que nombre a un veedor oficial para auditar sus documentos y libros contables de los últimos ocho años.

“El veedor no es ninguna decisión porque va a depender de lo que encontremos y lo que nos digan. A lo mejor no está todo correcto, pero no es que no entregaron nada. Le podemos decir: ‘Tiene cinco días para completar, o diez…’. Eso se ve de acuerdo a lo que traigan”, explicó.

La AFA había presentado los balances desde 2017 en el tiempo correspondiente. Sin embargo, la IGJ formuló vistas en cada balance, mediante las que pidió aclaraciones sobre algunas partidas. “Nunca las dieron”, señaló Vítolo.

Como parte de sus funciones, la IGJ revisa y controla que las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, las fundaciones y las entidades deportivas actúen su estatuto y que sus balances contables sean reales.

Ayer, en un nuevo comunicado, titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA negó irregularidades contables en su administración, como una posible malversación de fondos y lavado de dinero, y apuntó contra el Gobierno.

En ese sentido, aseguró haber respondido a los requerimientos sobre sus estados financieros. Señaló que existió “una única vista debidamente notificada a la AFA [en 2017]” y remarcó que fue respondida. Alegó que el resto de las vistas a las que hace alusión el inspector general “nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ” y que “el incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ”.

Vítolo volvió hoy a desestimar esos argumentos. En diálogo con , dijo que el planteo de la entidad liderada por Tapia “es ridículo”, ya que “las vistas no se notifican por cédula”, sino que es el interesado del administrado el encargado de seguir el trámite.

En el mismo comunicado, la entidad liderada por Tapia sostuvo que la IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, sino que esa es una función que “corresponde exclusivamente a los socios”.

Vítolo también marcó diferencias con la cúpula de la AFA en ese punto. Según el funcionario, los socios aprueban los balances a los efectos de la sociedad, pero la IGJ los revisa y está habilitada a realizar observaciones.

El titular del ente regulador profundizó la desescalada de la disputa con la AFA. Aclaró que desde la IGJ no están enfrentados a la conducción de la entidad. “Aparece ahora porque antes nadie le pedía [aclaraciones sobre los números en los balances]. Cuando llegamos nosotros encontramos que estaba pendiente esto”, agregó.

Apenas estalló el escándalo en la AFA, el gobierno de Milei salió a confrontar con Tapia y activó una denuncia penal de la DGI por apropiación indebida de tributos por $7500 millones. Pero en las últimas semanas el Gobierno ensaya gestos orientados a dosificar su ofensiva.

Tanto la casa del fútbol argentino como Vítolo reconocen que la asamblea en la que se aprobó el cambio de jurisdicción de la AFA de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires fue fiscalizada por veedores del organismo. La entidad alega que la IGJ nunca cuestionó el cambio de jurisdicción y que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) lo aprobó, inscribió y notificó formalmente a la IGJ.

Sin embargo, Vítolo aclaró que los veedores no aprueban ni convalidan las decisiones, sino que solo registran lo que pasa y confeccionan un informe. La AFA, entonces, debería haber elevado la reforma de estatutos a escritura pública, detalló. Respecto de la supuesta notificación de la DPPJ, Vítolo indicó: “Eso es falso. No hay constancia en IGJ de ninguna notificación en ese sentido. Tampoco la AFA acompañó copia de tal notificación en su presentación”.

Por el contrario, la entidad futbolística señala que adecuó la reforma estatutaria a los “sucesivos y cambiantes requerimientos formulados por la IGJ” a lo largo del año pasado.

El inspector general deslizó que imagina que la mudanza tiene una explicación política. “Para mí es inexplicable salvo que sea evitar controles”, sugirió en TN. Allí agregó que la AFA justifica que no van a explicar el balance de 2024 porque ya lo tienen aprobado en la provincia de Buenos Aires, “pero lo habían presentado antes en la IGJ, es decir estaba bajo análisis de la IGJ”.

El organismo inscribe y fiscaliza únicamente sociedades comerciales y entidades civiles con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires.

Walter Saettone, juez de garantías de San Isidro, rechazó declarar la nulidad del allanamiento al domicilio de Matías Yofe y su recusación en el caso que investiga al dirigente de la Coalición Cívica de Pilar por “extorsión”, según un acta a la que tuvo acceso . La defensa de Yofe, referente en el municipio de la fuerza que lidera Elisa Carrió, anticipó que apelará la medida.

La abogada de Yofe, Albana Zoppolo, había pedido la recusación de Saettone producto de ”manifestaciones públicas de afinidad político-partidarias”. Apuntaba a las frases de admiración que el magistrado dedicó en las redes sociales a Cristina Kirchner −“Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”, escribió en X, por ejemplo− o las fotos que compartió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En su rechazo a la petición, el juez defendió su derecho a manifestar su ideología públicamente. “La ideología política de quien trabaja de magistrado se encuentra protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

Saettone citó al fiscal Germán Camafreita para justificar el rechazo a su recusación: “La simple cita periodística no encuentra asidero en la presente investigación desde que allí no surgen mencionados el denunciante ni los imputados”. Los dichos del fiscal se derivan de la nota de que reveló el perfil en redes sociales del magistrado.

“Entiendo, humildemente, que la ideología política en nada puede afectar mi imparcialidad al momento de juzgar; pues ello forma parte de la construcción de mi ser”, fue uno de los argumentos que utilizó Saettone en otra parte del texto.

Pero no fue esa la frase más llamativa del fallo. Saettone apeló a Barro tal vez, la canción de Luis Alberto Spinetta, para rechazar el planteo de la Coalición Cívica y la objeción a sus posteos políticos y los elogios hacia la expresidenta, condenada por corrupción en la causa Vialidad. “Si yo no canto lo que siento, me voy a morir por dentro”, escribió el juez en el fallo.

En cuanto al pedido de nulidad planteado por la defensa de Yofe, en el que sostuvo que el allanamiento fue “arbitrario e ilegal”, el juez Saettone concluyó que “lo actuado no le causó agravio a la defensa pues −en definitiva− no se violó ninguna garantía constitucional ni le generó perjuicio alguno”.

Yofe había señalado “vicios e irregularidades” en el procedimiento en su domicilio del pasado 2 de enero: falta de motivación, ausencia de la exhibición de la orden judicial, abusos por parte de la policía bonaerense hacia su esposa Agustina Cambaceres y secuestros infundados. “Con el allanamiento violaron a mi familia”, lanzó Yofe antes de conocer su imputación ante el fiscal.

Por su parte, el fiscal Camafreita, quien solicitó el operativo, indicó que “el pedido de nulidad no debe prosperar”, ya que la defensa de Yofe “no ha fundado el agravio”. Agregó que la orden judicial tiene la firma de Cambaceres, y que se formó una causa por separado para investigar los planteos de violencia institucional por parte del personal policial.

“Deviene más por cuestiones de oportunidad y conveniencia, que por los hechos concretos y objetivos”, consideró Saettone sobre las críticas de la defensa a la policía bonaerense y se refirió a los dos custodios de Yofe, pertenecientes a esa fuerza de seguridad: “Velaron por la seguridad del imputado y su familia”.

Mañana, se espera que el fiscal Camafreita abra los dispositivos secuestrados en el allanamiento. El lunes, Yofe se presentó en la fiscalía con Cambaceres y la doctora Zoppolo y dieron el consentimiento para el procedimiento. “El secuestro de los elementos detallados resulta ser plenamente válido, no advirtiéndose extralimitaciones”, precisó el juez Saettone.

Respecto del teléfono de Matías Yofe, el cual tendría pruebas de la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y fue arrojado al mar tras el allanamiento según declaró un custodio del imputado, está “entorpeciendo la investigación”, consideró el magistrado.

El titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, cobró relevancia pública en las últimas semanas dado su rol como denunciante de la fastuosa mansión de Villa Rosa, atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Además, había realizado denuncias por irregularidades en la VTV bonaerense, que derivaron en la renuncia del exministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio.

En diciembre, Atilio Ormeño, chofer de D’Onofrio, denunció que Yofe se presentó en su domicilio en agosto pasado junto a un custodio y su colaborador Diego Escobar para amenazarlo. Según consta en su declaración, Yofe le habría mostrado en su celular el nombre de Martín Marinucci, actual titular de Transporte bonaerense, diciéndole que lo haría echar de su puesto.

“Como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas de la estafa de la AFA”, había dicho Carrió a la prensa. Ese día, Yofe declaró ante el fiscal no tener su celular. El imputado aclaró en redes sociales: “‘Lilita’ dijo que hay información sensible de la AFA y no hay elementos para que lo necesiten. ¿Sabés que querían ver? Si había una foto de Marinucci”.