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Proyecto por proyecto, el impacto fiscal de las leyes que la oposición impulsará en Diputados

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El impacto fiscal que tendrán las iniciativas que se debatirán este miércoles en la Cámara de Diputados y el riesgo de que alteren el equilibrio fiscal serán los argumentos que oficialistas y aliados agitarán durante la sesión en un último y agónico esfuerzo por frenar la ofensiva opositora.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si la oposición consigue insistir en la ley que vetó el presidente Javier Milei que dispone, por un lado, un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales, el costo fiscal total será de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra se eleva a 0,78 punto del PBI.

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Además, agrega la OPC, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Si bien este esquema no tiene efecto económico, tiene efecto financiero cuyo costo, según la OPC, será de 0,17% del PBI entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de 0,38% del PBI.

En el texto de la ley, la oposición consignó distintas fuentes de financiamiento para costear estas medidas aunque, de acuerdo a las estimaciones de la OPC, no resultan suficientes y solo alcanzan el 0,39% del PBI. No obstante, los opositores insistirán en que el costo fiscal se verá parcialmente compensado con el poder de compra que recuperarán los jubilados y pensionados con la nueva ley: según la OPC, quienes perciban el haber mínimo mejorarán su poder de compra en un 16% mientras que el resto de la escala se beneficiará en un 11%.

Discapacidad

La ley que propone declarar la emergencia por discapacidad hasta 2026 –prorrogable por un año más– también fue vetada por el presidente Milei con el argumento de su elevado impacto fiscal. Según la OPC, el costo total de las medidas se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI).

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Este número es variable porque la norma habilita nuevas altas de la pensión por discapacidad, lo que eleva el costo de la medida. “Se estima un aumento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI)”, indica la OPC.

Además, la norma establece una compensación de emergencia a prestadores del servicio, que demandaría un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI). Empero, se dispone además una actualización mensual de los aranceles, cuyo impacto fiscal es difícil de estimar, advierte la OPC.

ATN y combustibles

Además de las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo, en la sesión se debatirán dos iniciativas impulsadas por los gobernadores y que ya tienen media sanción del Senado. Se trata del proyecto para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que establece un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles. Ambos implicarían transferencias automáticas, de libre disponibilidad y con impacto directo en las cuentas provinciales.

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En efecto, si la oposición consigue convertir la iniciativa en ley, los ATN pasarían a distribuirse casi íntegramente de manera automática, con una ganancia neta frente al reparto discrecional actual. Por el impuesto a los combustibles, las provincias pasarían de recibir el 25,5% al 57% de la recaudación. La Fundación Mediterránea estimó en un informe que si ambas reformas hubieran regido en 2024, el gasto provincial podría haber aumentado hasta un 1,5%, y el costo para la Nación habría representado el 60% de su superávit financiero.

Otra ley que la oposición intentará rescatar del veto presidencial es la que procura fondos de emergencia para la ciudad de Bahía Blanca y la localidad de Coronel Rosales, afectadas por un fuerte temporal en marzo pasado. La norma habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de esa ciudad bonaerense y subsidios para los afectados por un total de $200.000 millones.

En junio pasado, el presidente Milei vetó totalmente la ley con el argumento de que no contemplaba fuentes de financiamiento para costear el fondo de emergencia. En su última sesión el Senado rechazó el veto e insistió en la ley, por lo que si la Cámara de Diputados sigue este mismo camino, será la primera vez que el Congreso logre dejar sin efecto un veto presidencial en lo que va de la gestión libertaria.

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Laura Serra,Cámara de Diputados,Javier Milei,Conforme a,,Giro en el Caso $LIBRA. La Justicia de Estados Unidos levantó el embargo de los fondos y Hayden Davis podría transferirlos a la Argentina,,El circuito del dinero. Un peritaje confirma que el principal cliente de los hoteles de los Kirchner era Lázaro Báez y complica a Cristina,,Vialidad. La Casación rechazó un recurso de Cristina contra la tobillera electrónica,Cámara de Diputados,,Con ayuda de los «heridos». La oposición busca voltear por primera vez un veto de Milei y abrir la pulseada por jubilaciones y discapacidad,,ATN y combustibles. Los gobernadores confían en imponer sus proyectos por los fondos a pesar de la maniobra del oficialismo,,Sorpresa en Córdoba. Los libertarios ponen al empresario Gonzalo Roca para competir contra Juan Schiaretti en octubre

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Los gremios del transporte anunciaron un paro para el miércoles: qué servicios estarán afectados

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La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para este miércoles 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que se tratará en el Senado.

La medida incluye una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas que afectará los sectores aéreo, marítimo, portuario y de subterráneos. Juan Pablo Brey, Secretario Gremial de la CATT, instó a la acción gremial al expresar: “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido”.

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A través de un comunicado, la confederación calificó la iniciativa oficial como “regresiva” y denunció que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”.

Según el Consejo Directivo de la entidad, el proyecto gubernamental busca precarizar las condiciones de trabajo y debilitar la estabilidad laboral en beneficio de los sectores concentrados de la economía. Asimismo, señalaron que la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo es una falacia, advirtiendo que “hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos”.

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Cómo será la semana de tensión política extrema: inflación, CGT y debates en el Congreso

Por su parte, el Secretario General de la CATT, Juan Carlos Schmid, sostuvo que la reforma “ataca los derechos constitucionales” y “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo”.

En sintonía con este reclamo, la Confederación General del Trabajo (CGT) también se movilizará el mismo miércoles a partir de las 15 horas hacia la Plaza de los Dos Congresos. Jorge Sola, secretario del Seguro, anticipó que la protesta principal en la Ciudad de Buenos Aires será “contundente y multitudinaria”, replicándose además en diversas sedes de gobiernos provinciales.

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Reforma laboral: avanza el acuerdo entre el Gobierno y los aliados, pero se demora la versión final del texto

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Como se suponía en la previa, la cumbre que mantuvo este lunes la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a sus pares dialoguistas para pulir la versión final de la reforma laboral no dejó un resultado contundente, más allá del ya reconocido acuerdo general para acompañar la iniciativa, situación que no corre riesgo. Lo que importará de verdad es la definición en particular del texto, con un puñado de artículos en puja y la eventual caída de la cuestión Ganancias, que ya empieza a ser mirada con cariño por todos los sectores.

Ante varios puntos que restan cerrar, ambos bandos continuarán con el ida y vuelta esta mañana y, desde las 14, irán a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria del miércoles. Anoche, un legislador cristinista deslizó a Infobae que se analizaba no asistir a dicho encuentro. Es que, allí, oficialismo y dialoguistas intentarán consensuar los tiempos de exposición en el recinto, algo trascendental para no desacomodar el tratamiento de un tema delicado que, por ahora, parece ser la única receta en manos del kirchnerismo. No obstante, toda La Libertad Avanza sigue con guardia alta.

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Quienes se mostraron durante el convite de anoche, que terminó cerca de las 22 -más de tres horas de duración- fueron Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); los titulares de la UCR, el PRO y Provincias Unidas, Eduardo Vischi (Corrientes), Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente; y terminales de gobernadores como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones).

También aparecieron Edith Terenzi y Beatriz Ávila, alineadas con los mandatarios locales Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). No se vio a la neuquina Julieta Corroza y quien volvió a ausentarse fue la santacruceña Natalia Gadano. Hay quienes miran con atención a ella y a su colega José María Carambia, por el sugestivo silencio de los últimos días.

Fuimos modificando cuestiones, en muchos casos, que son menores. Lo importante es que el objetivo de la ley está bien, está tal cual lo que se plantea desde el Gobierno y buscando los consensos para llegar a este miércoles”, sentenció Vischi al término de la velada.

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La senadora salteña Flavia Royón, terminal del gobernador Gustavo Sáenz, participó del encuentro de anoche entre oficialismo y dialoguistas (Jaime Olivos)

Menos específica fue Bullrich, que reiteró: “Nosotros hemos decidido llegar al miércoles y dar a conocer cuáles son los cambios. Estamos todavía terminando el debate“. Lo cierto es que en las próximas horas ocurrirá lo más jugoso: la presidenta libertaria en el Senado le mostrará hasta dónde estarán los votos en cada capítulo y artículo al Ejecutivo. Es decir, qué podrá y no salir.

A partir de aquí, la decisión de ceder o no pasa a Balcarce 50, que días atrás viró de una postura dura a una flexible. ¿Qué hará ahora? Horas atrás llegó un guiño desde allí sobre Ganancias. Anoche, Bullrich no confirmó la defensa a ultranza ni prometió la caída del artículo.

Entre lo que llegó de allá y lo de acá, parece bastante claro a esta altura”, confiaron desde un despacho al tanto del embrollo. Vale recordar que, como contó Infobae desde hace semanas atrás, quien más perdería ante una baja de la coparticipación sería la Nación -rebaja en Ganancias a grandes empresas, por ejemplo-, que busca cumplir los lineamientos del FMI y con su mandamiento de oro de déficit cero. Entonces, ¿a quién beneficiaría?

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Goerling fue otro de los que opinó al cierre del día. “Acá, el foco está en la ley laboral. Eso es lo importante, lo que estamos debatiendo y lo que la Argentina hace muchos años, décadas, quiere sacar y nunca se puede. Creo que estamos muy cerca de lograr ese acuerdo y que va a ser histórico. El tema de Ganancias es otra cuestión que está dentro de la ley, que todavía se está discutiendo”.

No sorprendió, a horas de la sesión, la asistencia del respetado secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Lo curioso fue que trascendió un supuesto enojo de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, por no participar de la “rosca”. Difícil de resolver para Bullrich y dialoguistas: la presidenta del Senado es la única autoridad que no registra el presente en la “Casa”, como sí lo hace el resto en el famoso tablero digital. Es un vicio que permitió su anterior vocero y que aún avala su renovada y súper profesional mesa chica. Al resto de los empleados les corre la huella para cumplir con las horas obligatorias.

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La Iglesia volvió a cuestionar el régimen penal juvenil: “Bajar la edad no reduce el delito”

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La Iglesia Católica, a través de un comunicado firmado por Cáritas Nacional y las Comisiones Episcopales de Pastoral Carcelaria y Social, volvió a cuestionar el Régimen Penal Juvenil de cara a su tratamiento en el Congreso. “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, indicaron.

En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, afrimaron: “La reducción de la edad de imputabilidad constituye un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional”. A su vez, advierten que esta reforma habilita la intervención penal y la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes que no han alcanzado la edad legal, “tratándolos como punibles, sin garantizar un debido proceso adecuado, bajo supuestos criterios educativos o curativos, e incluso permitiendo internaciones de carácter indefinido”.

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“Introduce un alto grado de arbitrariedad al combinar criterios de salud mental con pronósticos criminológicos que no cuentan con sustento científico”, contunió la Iglesia con sus cuestionamientos respecto del proyecto impulsado desde el Gobierno.

En ese sentido, plantearon que tampoco garantiza que haya un descenso en la cifra de criminalidad en menores, puesto que solo “habilita la aplicación de reglas del derecho penal adulto” y “permite el alojamiento en cárceles o dependencias de fuerzas de seguridad”, pero “no asegura defensa técnica especializada”.

La iniciativa fue incluida en el temario de las sesiones extraordinarias

La carta denuncia que la iniciativa prevé “penas desproporcionadas para adolescentes, sin una diferenciación razonable respecto de los adultos ni entre delitos leves y graves, ni entre adolescentes de distintas edades”, lo que contradice los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y progresividad. Apuntaron que la propuesta no se corresponde con un aumento de los delitos juveniles: “Los datos disponibles muestran que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42 %. Además, la mayoría de los delitos cometidos por este grupo etario —alrededor del 80 %— son contra la propiedad, principalmente robos, mientras que los delitos graves, como los homicidios, resultan excepcionales”.

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En el plano ético y social, la Iglesia sostuvo: “En un mundo atravesado por el avance de la cultura del descarte, sostenemos que los adolescentes y jóvenes no son una amenaza, sino presente y esperanza; protagonistas indispensables de una transformación profunda”. Por esto mismo, expresaron su dolor por la “creciente tendencia a perseguir y hostigar a quienes son más frágiles y vulnerables” y afirmaron que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal “instala en el imaginario colectivo la idea de que niños y adolescentes son peligrosos”. Mientras tanto, plantearon que los verdaderos peligros para las zonas más vulnerables, como el avance del narcotráfico y la criminalidad “continúan funcionando con altos niveles de impunidad”.

De esta manera, evocaron al Papa Francisco al decir: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a políticas de inclusión como a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los demás”.

De igual forma, aclararon que, como la mayoría de los argentinos, están “convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil” y reconocieron que “existe un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes”.

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Sin embargo, aclararon que “la baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”. «La realidad nos coloca ante una disyuntiva decisiva: o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare”, dijeron en su mensaje.

La carta lleva la firma de Cáritas Argentina y las Conferencias Episcopales Carcelaria y Social

Como alternativa, la Iglesia y las organizaciones que la acompañan proponen un enfoque preventivo. Así, propuesieron: “La intervención penal debe ser la última respuesta para promover la protección integral de la niñez”. Para los menores de dieciséis años, sugirieron un “abordaje en manos de los Juzgados de Familia y de todo el Sistema de Protección y Promoción de Derechos y no del sistema penal” y recomendaron políticas públicas direccionadas a tratar cuestiones de salud mental y adicciones, al tiempo de reforzar el acompañamiento familiar y comunitario. Mientras tanto, para los adolescentes mayores de dieciséis años que cometan delitos graves, la aplicación de justicia restaurativa, que “ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0 %”.

Las palabras de la Iglesia se dan luego de que el Gobierno haya incluido los cambios en el Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias. De hecho, hace tan solo una semana, la Conferencia Espiscopal Argentina expresó sus dudas respecto al proyecto.

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El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, cita interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia, entre ellos: “¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad?” y “¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?” Asimismo, se pregunta por las condiciones y los dispositivos disponibles en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen, así como por la efectividad de las instituciones penitenciarias para abordar el problema.

La Conferencia Episcopal reafirmó la convicción de que es “imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.

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