POLITICA
Pullaro desafió a Caputo y advirtió que Santa Fe no traerá ahora los US$800 millones de deuda que colocó en el exterior
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió hoy a marcar sus discrepancias con la gestión del presidente Javier Milei. Después de que cuestionara las proyecciones del Presupuesto 2026 que el oficialismo logró aprobar la semana pasada en el Congreso, el dirigente de la UCR y referente del espacio Provincias Unidas renovó su reclamo a la Casa Rosada por las deudas de la Nación con las cajas previsionales no transferidas y criticó la parálisis de la obra pública.
En una extensa entrevista con Cadena 3, de Rosario, Pullaro también reveló sus diferencias con el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a la liquidación de los 800 millones de dólares que Santa Fe logró colocar en el mercado financiero internacional tras las elecciones legislativas de octubre.
El Ejecutivo autorizó el crédito que sacó Pullaro a nueve años, con tasa del 8,10%. Según relató el mandatario, la Nación pretendía que Santa Fe ingresara las divisas en el corto plazo o de inmediato. En la administración provincial arguyen que tienen 180 días para hacerlo y que no tienen apuro.
“Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar. Ayer estaba $1480 y cuando adquirimos los dólares estaba $1400. Esa diferencia las hubiéramos perdido. Si habría algún instrumento financiero que nos asegurara que si el dólar aumenta, Santa Fe estaría cubierta, los traemos desde luego”, remarcó Pullaro.
Dada lo volatilidad de la cotización del tipo de cambio oficial, el gobernador subrayó que el gobierno de Santa Fe traerá los dólares al país “en función del pago de certificados de obra, porque es un crédito que tiene la provincia para obra pública, no para gastos corrientes”.
“Queremos que al país le vaya bien y si podemos colaborar con el gobierno nacional, lo vamos a hacer […] Pero no queremos que Santa Fe pierda un peso. Con lo cual, hasta que no tengamos un instrumento que nos asegure que si el dólar aumenta, la plata de Santa Fe no se desvaloriza, la vamos a traer en función del pago de certificados de deuda”, puntualizó.
Al igual que Martín Llaryora, su par de Córdoba, Pullaro es uno de los gobernadores dialoguistas que tomaron distancia de la Casa Rosada. De hecho, ambos conformaron el espacio de Provincias Unidas para competir contra Milei y el kirchnerismo en las últimas elecciones de medio término. La apuesta por la tercera vía no fue redituable. De hecho, La Libertad Avanza se impuso como la fuerza más votada en Santa Fe y Córdoba.
Pese al traspié en las urnas, Pullaro, Llaryora y el resto de los gobernadores que se enrolan en Provincias Unidas –Ignacio Torres (Chubut) o Carlos Sadir (Jujuy)- se mantuvieron alineados -los Valdés (Corrientes) se abrieron- y conformaron un bloque propio en el Congreso. En la votación del Presupuesto, la mayoría de la bancada no acompañó al Gobierno y optó por la abstención. Sin embargo, su rol fue clave para que LLA consiguiera reunir el quorum para arrancar el debate.
Catorce integrantes de Provincias Unidas, el bloque que conduce Gisela Scaglia, dirigente de Pro y exvicegobernadora de Pullaro, tampoco convalidaron el polémico artículo 75, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.
“Yo apoyo mucho al gobierno nacional en lo que entiendo que está bien y a una Argentina que está acomodando sus finanzas y se abre al mundo, pero mi responsabilidad es defender los recursos de Santa Fe. Ahí no hay presión que pueda existir sobre mí y el gobierno”, apuntó Pullaro.
El gobernador de Santa Fe se había rehusado a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien intentó recomponer los lazos con los mandatarios que supieron ser aliados en la Casa Rosada en la previa del tratamiento del Presupuesto en el Congreso.
Hoy, Pullaro reiteró que no pretende sentarse a dialogar con Santilli hasta que el Gobierno exhiba voluntad de resolver sus reclamos. “Hablamos mucho con Santilli. De hecho, lo hicimos la semana pasada. Yo no quiero una foto. Hay que mostrar que tenemos capacidad de resolver temas”, advirtió.
El mandatario de Santa Fe recordó que Milei cambió de interlocutores con las provincias durante sus primeros dos años de gestión y no logró resolver los conflictos. “Esta reunión la tuve con Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Nicolás Posse o Caputo, y nunca pasó nada”, cuestionó.
En ese marco, recordó que Santa Fe enfrenta un problema de stock de deuda. “La Nación nos debe de la caja de jubilaciones cerca de dos billones de pesos, o la diferencia del pacto fiscal. Y esos son muchos recursos”, aseguró.
Si bien Pullaro planteó que el Gobierno no tiene los fondos para cumplir con esas deudas, consideró que Milei debería elaborar un plan para compensar a las provincias. En ese sentido, sugirió que la Nación podría transferirle a Santa Fe terrenos federales.
“Entiendo que no tiene esa plata, pero sí tiene edificios y terrenos muy lindos en Santa Fe. O los departamentos y casas del programa, que los tomaríamos y entregaríamos esas viviendas a los santafesinos”, propuso.
Por último, Pullaro alertó sobre la parálisis de la obra pública y, sobre todo, hizo hincapié en el estado de las rutas que dependen del gobierno nacional. Es más, criticó con dureza el estado de abandono de la avenida Circunvalación del Gran Rosario. “Tiene pastos de un metro; ni los yuyos están cortando. Eso es responsabilidad del gobierno nacional”, apuntó.
Para Pullaro, puede haber siniestros. “¿Las rutas nacionales no las pueden arreglar? ¿No tienen plata? Entonces que nos las transfieran a nosotros que tenemos un plan», concluyó.
En ese contexto, dijo que a Milei le faltan recursos y tiene una mirada “ambacéntrica”, como los últimos presidentes.
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POLITICA
Milei recibe al presidente de Chile en la Casa Rosada para profundizar el comercio y reforzar la seguridad
Luego del descanso por Semana Santa, el presidente Javier Milei retoma la agenda política este lunes con una reunión en Casa Rosada con su par de Chile, José Antonio Kast, que llegó a Casa de Gobierno pasadas las 10.00.
El encuentro se da en medio del escape de un exguerrillero chileno que vive hace años en la Argentina pese a contar con un pedido de extradición de la Justicia trasandina.
El jefe de Estado del país vecino llegó a la Argentina este domingo para llevar adelante su primer viaje internacional desde su asunción, el pasado 11 de marzo.
Así, el primer destino elegido por el mandatario chileno fue Buenos Aires, tal como lo había hecho su antecesor, Gabriel Boric, cuando este visitó a Alberto Fernández un mes después de haber llegado al Palacio de la Moneda.
Sin embargo, la elección de la Argentina como primera parada se ampara también en la profunda afinidad ideológica entre Kast y Milei, quien le manifestó su explícito apoyo en las últimas elecciones presidenciales chilenas.
Kast llegó al país acompañado por su canciller, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y Juan Antonio Coloma, secretario general de la Unión Demócrata Independiente, un partido alineado con la dictadura de Augusto Pinochet fundado por el asesinado Jaime Guzmán. A ese grupo se suma el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.
De acuerdo a la agenda oficial de la Presidencia chilena, Kast inició a su agenda en la Argentina con un desayuno formal en la Embajada de Chile, donde participó su comitiva y autoridades argentinas, entre ellas, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Luego, el mandatario tenía previsto presentarse a las 9:30 ante el Monumento del Libertador José de San Martín, en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, para depositar una ofrenda floral al prócer argentino. Pero la actividad se suspendió por el mal tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Pasadas las 10 Kast es recibido por Javier Milei en su despacho en la Casa Rosada. Los temas de la reunión privada aún no fueron difundidos por las autoridades nacionales, pero el medio chileno La Tercera aseguró -consignando a la Cancillería local- que “los focos formales de la reunión estarán en comercio y energía, en línea con una agenda que busca fortalecer la relación económica entre ambos países”.
Por fuera de la agenda formal, la reunión bilateral se enmarca también en la búsqueda de Javier Milei de forjar una alianza estratégica con Kast y otros líderes de centroderecha de la región. El objetivo es conformar un bloque de países con programas económicos liberales y socialmente conservadores.
En esa sintonía, ambos mandatarios asistieron a la cumbre de líderes latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 7 de marzo.
El evento se enmarcó en el lanzamiento del denominado Shield of the Americas (Escudo de las Américas), un proyecto impulsado por el republicano para promover “la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente americano”. De fondo, yace un alineamiento político con Washington que contribuya a frenar el avance de la influencia de China en la región.
Una cara conocida en la Casa Rosada
El líder del Partido Republicano ya visitó la Casa Rosada el pasado diciembre, en un encuentro donde ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo enfocada en la seguridad regional y fronteriza, como así también en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La agenda de seguridad volverá a estar especialmente presente en el nuevo encuentro, producto de la fuga de un exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonaerense de Moreno y que el país limítrofe busca extraditar hace años.
Se trata de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, exmiembro del grupo izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMN) acusado del asesinato del senador derechista chileno Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.
El exguerrillero de 75 años de edad llegó a la Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 -por un pedido formal de Chile- se encuentra en libertad desde 2005. Si bien la Corte Suprema de Justicia concedió la extradición, el gobierno de Néstor Kirchner no lo ejecutó y le concedió ese año el estatus de refugiado político. 
Esa protección fue revocada por la gestión de Mauricio Macri en 2017, pero la expulsión quedó en suspenso durante años por una serie de recursos de apelación e impugnaciones presentadas por Apablaza ante la Justicia. Finalmente, “habría dejado de estar a derecho en ese juicio y se ordenó su inmediata detención”, según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad el pasado viernes.
Sin embargo, cuando efectivos de Interpol allanaron su domicilio la semana pasada, Apablaza se había dado a la fuga. Para dar con su paradero, la cartera que comanda Alejandra Monteoliva dispuso una recompensa de $20 millones para obtener información que facilite su captura.
Javier Milei, Jose Antonio Kast, Casa Rosada
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cese definitivo de los planes sociales. “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social”, destacaron en un comunicado.
A su vez, informaron la creación de un programa de capacitación y empleo: “Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”.
La política, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, elimina la intermediación y establece transferencias directas a los beneficiarios, con un plazo de transición de un año y la obligatoriedad de asistir a instancias de formación laboral y educativa. Y alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.
Desde el gobierno porteño apuntaron a que la medida apunta a dejar atrás el modelo asistencialista para introducir criterios de permanencia basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de requisitos formativos, en articulación con el sector privado mediante convenios con empresas y cámaras.
“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, remarcó Macri desde sus redes sociales.
En el proceso de revisión del antiguo sistema, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño detectó y eliminó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema previo implicaba convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto de $10 mil millones anuales, según datos oficiales citados por la gestión de la Ciudad.
El nuevo programa reemplaza el pago mensual por un esquema en el que la formación educativa y la capacitación laboral son requisitos ineludibles. La iniciativa incluye acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas del sector servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas, Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa—, así como universidades para facilitar prácticas y empleo.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, subrayó: “Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”. El funcionario remarcó que la experiencia de transformar el sistema de comedores sociales —donde ya implementaron controles digitales mediante DNI— será replicada y perfeccionada en este nuevo esquema de transferencia directa.
Además, una auditoría reciente a cargo del Gobierno porteño detectó la existencia de más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos, así como titulares de bienes de alto valor y jubilaciones elevadas dentro del sistema de comedores. Esto derivó en el cierre de 40 comedores y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.
El nuevo programa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: la formación obligatoria para todos los beneficiarios, su carácter transitorio con plazo máximo de un año, la articulación con el sector privado para permitir pasantías y prácticas laborales en empresas y el establecimiento de criterios claros de elegibilidad. Los pagos se realizarán de manera directa y quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.
La administración porteña sostuvo que este enfoque no solo evita el “negocio de la pobreza” y la intermediación, sino que busca devolver la “dignidad” al transformar el asistencialismo en una herramienta de acceso a la autonomía económica. El resultado es un esquema cuyo eje central es la «inserción laboral real y la transparencia» en la asignación de recursos, con la meta de “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.
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El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, como anticipó TN. La inscripción fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y formalizada a través de una resolución conjunta del Ministerio de Seguridad y de la Cancillería.
La resolución conjunta 3/2026 publicada en el Boletín Oficial advirtió que la CGRI “representa una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”. Está firmada por los ministros, Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).
La advertencia surgió de “informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de los Ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que justifican la presente resolución conjunta”.
Los detalles de la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán
La resolución que formalizó la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán mencionó que “de conformidad con los precitados informes, se advierte la existencia de una amplia evidencia en lo referente a la participación directa de la organización terrorista (CGRI) en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas”.
Destacó que la inclusión del (CGRI) en el (RePET) “se presenta como una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en consonancia con los estándares internacionales vigentes y con las obligaciones asumidas por la República Argentina en la materia”.
Explicó que “la complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales vinculadas con el crimen organizado demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones”.
Advirtió que el crimen organizado “constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada».
Destacó que “la colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.
El Gobierno mencionó la semana pasada en el anuncio de la medida los atentados a la Embajada de Israel en 1992, “por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, y el de 1994 en la AMIA, “el peor ataque terrorista en suelo argentino”.
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