POLITICA
Pullaro desafió a Caputo y advirtió que Santa Fe no traerá ahora los US$800 millones de deuda que colocó en el exterior
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió hoy a marcar sus discrepancias con la gestión del presidente Javier Milei. Después de que cuestionara las proyecciones del Presupuesto 2026 que el oficialismo logró aprobar la semana pasada en el Congreso, el dirigente de la UCR y referente del espacio Provincias Unidas renovó su reclamo a la Casa Rosada por las deudas de la Nación con las cajas previsionales no transferidas y criticó la parálisis de la obra pública.
En una extensa entrevista con Cadena 3, de Rosario, Pullaro también reveló sus diferencias con el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a la liquidación de los 800 millones de dólares que Santa Fe logró colocar en el mercado financiero internacional tras las elecciones legislativas de octubre.
El Ejecutivo autorizó el crédito que sacó Pullaro a nueve años, con tasa del 8,10%. Según relató el mandatario, la Nación pretendía que Santa Fe ingresara las divisas en el corto plazo o de inmediato. En la administración provincial arguyen que tienen 180 días para hacerlo y que no tienen apuro.
“Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar. Ayer estaba $1480 y cuando adquirimos los dólares estaba $1400. Esa diferencia las hubiéramos perdido. Si habría algún instrumento financiero que nos asegurara que si el dólar aumenta, Santa Fe estaría cubierta, los traemos desde luego”, remarcó Pullaro.
Dada lo volatilidad de la cotización del tipo de cambio oficial, el gobernador subrayó que el gobierno de Santa Fe traerá los dólares al país “en función del pago de certificados de obra, porque es un crédito que tiene la provincia para obra pública, no para gastos corrientes”.
“Queremos que al país le vaya bien y si podemos colaborar con el gobierno nacional, lo vamos a hacer […] Pero no queremos que Santa Fe pierda un peso. Con lo cual, hasta que no tengamos un instrumento que nos asegure que si el dólar aumenta, la plata de Santa Fe no se desvaloriza, la vamos a traer en función del pago de certificados de deuda”, puntualizó.
Al igual que Martín Llaryora, su par de Córdoba, Pullaro es uno de los gobernadores dialoguistas que tomaron distancia de la Casa Rosada. De hecho, ambos conformaron el espacio de Provincias Unidas para competir contra Milei y el kirchnerismo en las últimas elecciones de medio término. La apuesta por la tercera vía no fue redituable. De hecho, La Libertad Avanza se impuso como la fuerza más votada en Santa Fe y Córdoba.
Pese al traspié en las urnas, Pullaro, Llaryora y el resto de los gobernadores que se enrolan en Provincias Unidas –Ignacio Torres (Chubut) o Carlos Sadir (Jujuy)- se mantuvieron alineados -los Valdés (Corrientes) se abrieron- y conformaron un bloque propio en el Congreso. En la votación del Presupuesto, la mayoría de la bancada no acompañó al Gobierno y optó por la abstención. Sin embargo, su rol fue clave para que LLA consiguiera reunir el quorum para arrancar el debate.
Catorce integrantes de Provincias Unidas, el bloque que conduce Gisela Scaglia, dirigente de Pro y exvicegobernadora de Pullaro, tampoco convalidaron el polémico artículo 75, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.
“Yo apoyo mucho al gobierno nacional en lo que entiendo que está bien y a una Argentina que está acomodando sus finanzas y se abre al mundo, pero mi responsabilidad es defender los recursos de Santa Fe. Ahí no hay presión que pueda existir sobre mí y el gobierno”, apuntó Pullaro.
El gobernador de Santa Fe se había rehusado a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien intentó recomponer los lazos con los mandatarios que supieron ser aliados en la Casa Rosada en la previa del tratamiento del Presupuesto en el Congreso.
Hoy, Pullaro reiteró que no pretende sentarse a dialogar con Santilli hasta que el Gobierno exhiba voluntad de resolver sus reclamos. “Hablamos mucho con Santilli. De hecho, lo hicimos la semana pasada. Yo no quiero una foto. Hay que mostrar que tenemos capacidad de resolver temas”, advirtió.
El mandatario de Santa Fe recordó que Milei cambió de interlocutores con las provincias durante sus primeros dos años de gestión y no logró resolver los conflictos. “Esta reunión la tuve con Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Nicolás Posse o Caputo, y nunca pasó nada”, cuestionó.
En ese marco, recordó que Santa Fe enfrenta un problema de stock de deuda. “La Nación nos debe de la caja de jubilaciones cerca de dos billones de pesos, o la diferencia del pacto fiscal. Y esos son muchos recursos”, aseguró.
Si bien Pullaro planteó que el Gobierno no tiene los fondos para cumplir con esas deudas, consideró que Milei debería elaborar un plan para compensar a las provincias. En ese sentido, sugirió que la Nación podría transferirle a Santa Fe terrenos federales.
“Entiendo que no tiene esa plata, pero sí tiene edificios y terrenos muy lindos en Santa Fe. O los departamentos y casas del programa, que los tomaríamos y entregaríamos esas viviendas a los santafesinos”, propuso.
Por último, Pullaro alertó sobre la parálisis de la obra pública y, sobre todo, hizo hincapié en el estado de las rutas que dependen del gobierno nacional. Es más, criticó con dureza el estado de abandono de la avenida Circunvalación del Gran Rosario. “Tiene pastos de un metro; ni los yuyos están cortando. Eso es responsabilidad del gobierno nacional”, apuntó.
Para Pullaro, puede haber siniestros. “¿Las rutas nacionales no las pueden arreglar? ¿No tienen plata? Entonces que nos las transfieran a nosotros que tenemos un plan», concluyó.
En ese contexto, dijo que a Milei le faltan recursos y tiene una mirada “ambacéntrica”, como los últimos presidentes.
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POLITICA
Audiencias por la Ley de Glaciares: con casi 70 mil inscriptos, Diputados cambió el sistema de participación
Ante los casi 70 mil inscriptos para participar de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados habilitó un nuevo mecanismo de participación a través del canal oficial de YouTube del cuerpo legislativo.
Las audiencias fueron convocadas por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, para los días 25 y 26 de marzo, entre las 10 y las 19.
Según explicaron las autoridades de Diputados, el objetivo de esta modalidad es ordenar la discusión, ampliar la participación ciudadana y garantizar que todas las opiniones queden registradas durante el tratamiento parlamentario de una norma considerada clave para la política ambiental del país.
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En el comunicado oficial firmado por Peluc y Mayoraz se señala que, “en uso de las facultades otorgadas por el artículo 114 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, se definió un nuevo criterio de participación para las audiencias que analizarán el proyecto de ley que modifica el régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
El texto aclara que la iniciativa se trata del expediente 0072-S-2025, un proyecto con media sanción del Senado que actualmente se encuentra en revisión en Diputados.
Los legisladores libertarios sostuvieron que la magnitud de las inscripciones hace “materialmente imposible” que todos los interesados expongan de manera presencial o virtual durante las audiencias.
Por eso resolvieron habilitar esta modalidad complementaria. El mecanismo se sumará a las audiencias ya previstas y funcionará como una instancia previa a la firma de los dictámenes, que según el oficialismo podría concretarse entre el 7 y el 8 de abril.
La decisión, sin embargo, no fue consultada con la oposición.
Rechazo de la oposición
Desde distintos bloques opositores cuestionaron el cambio en el mecanismo de participación.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) acusó a los presidentes de las comisiones de modificar las reglas durante el proceso de debate.
“Mayoraz y Peluc hacen trampa y trabajan para la judicialización. Se quieren robar la pelota y jugar solos”, sostuvo.
Ferraro señaló que una audiencia pública tiene como objetivo que la ciudadanía sea escuchada y cuestionó que ahora se les pida a los participantes enviar videos o textos.
“Una audiencia pública es para que la ciudadanía sea escuchada, no para pedirle a la gente que mande un videíto o un texto que nadie va a ver ni leer”, afirmó.
Además, remarcó que el reglamento de la Cámara establece que la modalidad de participación debe definirse antes de la convocatoria y no durante el proceso.
“Las pautas de la convocatoria establecían que, si hacía falta, se podían extender los días para garantizar la participación y la deliberación”, agregó.
La semana pasada, Ferraro junto a Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas-UCR) le enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para pedir que se amplíe la convocatoria y la duración de las audiencias.
Los legisladores argumentaron que, con el esquema actual, la mayoría de las personas inscriptas no podrá participar.
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Cómo funcionará el nuevo mecanismo
Para participar bajo esta modalidad, los interesados deberán suscribirse al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados al menos 24 horas antes de publicar su intervención.
Luego deberán subir el video con su exposición a su propio canal de YouTube, en formato listado o no listado.
Finalmente, en la pestaña “Comunidad” del canal oficial de la Cámara, los participantes deberán consignar nombre, provincia y DNI, junto con una breve descripción de la intervención y el enlace al video correspondiente.
Qué cambios propone el proyecto
El proyecto en debate propone modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
La norma vigente protege estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural.
La modificación impulsada en el Congreso busca priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar el desarrollo de proyectos mineros internacionales.
Para ello, el proyecto plantea habilitar la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica
audiencias públicas, ley de glaciares, Diputados
POLITICA
El Gobierno nombró a los veedores en la AFA: tendrán 180 días para revisar balances y contratos
El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida habilita una auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad, y profundiza un conflicto institucional con fuerte impacto político.
El gobierno nacional formalizó la intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.
De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Durante el período de veeduría, los interventores designados tendrán la facultad de examinar los estados contables, analizar operaciones con empresas privadas e indagar en la creación de la Universidad de la AFA. Según la IGJ, la ausencia de documentación respaldatoria y la falta de respuestas a requerimientos previos motivaron la medida. El informe final orientará los próximos pasos, desde sanciones administrativas hasta posibles acciones judiciales.
El origen del conflicto: “graves irregularidades” detectadas por la IGJ
El expediente que derivó en la intervención comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en la AFA.
Según la documentación oficial y reportes de prensa, el organismo de control reclamaba información contable clave que la entidad no entregó. Se señalaron demoras en la presentación de balances, insuficiencia en el detalle de los estados financieros y ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de los recursos.
El foco estaba puesto especialmente en los estados contables más recientes, en un contexto donde la AFA experimentó un crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar. Ese aumento, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos, no fue acompañado —según la IGJ— por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas.
La preocupación del organismo incluyó observaciones sobre operaciones económicas vinculadas a intermediarios y empresas privadas que participan en la comercialización de derechos del fútbol argentino, uno de los activos principales del sistema.
Qué implica la intervención en grado de veeduría
La medida dispuesta por el Ministerio de Justicia no representa una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades de la AFA, sino una figura más restringida: la veeduría.
En términos jurídicos, la veeduría consiste en la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procesos y elaborar informes sobre la situación institucional de una entidad. Se trata de un mecanismo de control reforzado.
En este caso, los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán amplias facultades para acceder a libros contables, documentos administrativos y registros financieros. Su tarea será reconstruir el funcionamiento interno de la AFA en áreas clave y determinar si se ajusta a las normas legales y estatutarias.
Entre sus tareas principales figuran analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, auditar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), revisar relaciones comerciales y financieras con empresas y actores privados, y verificar la existencia de posibles actos contrarios a la ley o al estatuto.
El trabajo culminará con un informe final dirigido a la autoridad de control, aunque los veedores podrán emitir reportes parciales si detectan situaciones urgentes.
Los puntos críticos bajo investigación
La intervención se apoya en una serie de observaciones que, en conjunto, configuran un cuadro de irregularidades administrativas y contables.
Uno de los ejes centrales es la falta de presentación adecuada de balances. La IGJ sostiene que la AFA no respondió en tiempo y forma a las vistas sobre los estados contables de varios ejercicios y que la información suministrada no cumple con los estándares requeridos para una asociación civil de esa magnitud.
Otro foco relevante es la Universidad de la AFA (UNAFA), un proyecto institucional para expandir la estructura del fútbol hacia el ámbito educativo. La auditoría deberá analizar su creación formal, la trazabilidad de los fondos utilizados, contrataciones realizadas y convenios firmados con terceros.
Uno de los aspectos más sensibles involucra las relaciones comerciales con empresas privadas. La IGJ examinó acuerdos con firmas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas, así como la participación de intermediarios en la gestión de derechos y flujos financieros internacionales.
El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero, desde la generación de ingresos hasta su distribución y eventual remisión al exterior.
La disputa por la jurisdicción de control
Además de las cuestiones contables, un aspecto central del conflicto es la discusión sobre la competencia para fiscalizar a la AFA.
La conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría que la fiscalización debería corresponder a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
La IGJ rechaza ese argumento. Según el organismo, el cambio de jurisdicción no cumplió con los requisitos legales y la AFA continúa teniendo su sede real en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que sigue bajo su órbita.
Este punto es crucial: si la AFA lograra consolidar el cambio de jurisdicción, el control estatal quedaría en manos de la provincia de Buenos Aires, lo que modificaría el equilibrio de poder en el sistema.
La disputa, además, posee un componente político. La postura de la AFA cuenta con el respaldo del gobierno bonaerense, mientras que la IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación, generando tensiones entre niveles de gobierno.
El rol del Ministerio de Justicia y la decisión política
La intervención en grado de veeduría no es una decisión automática de la IGJ. La normativa vigente establece que debe ser dispuesta por el Ministerio de Justicia, lo que introduce un componente político en el proceso.
En este caso, la resolución fue adoptada por el ministro Juan Bautista Mahiques, quien heredó el expediente de la gestión anterior y resolvió avanzar con la medida al inicio de su mandato.
El propio funcionario había anticipado que no buscaba “salvar ni perseguir a la AFA”, intentando desvincular la decisión de una lógica de confrontación política. No obstante, la intervención se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional y con impacto directo en uno de los espacios de mayor visibilidad pública del país.
Mahiques optó por mantener a los veedores propuestos por la gestión anterior, con el objetivo de preservar la continuidad del proceso y evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la auditoría.
La veeduría es, en principio, una medida intermedia. No implica sanciones ni intervención directa en la conducción de la AFA, pero puede derivar en decisiones más drásticas si se confirman irregularidades.
Según los resultados del informe final, la IGJ podría requerir nueva documentación, aplicar sanciones administrativas, impugnar actos de la entidad o solicitar una intervención más profunda.
Paralelamente, la AFA podría optar por judicializar la medida, cuestionando la competencia de la IGJ o la legalidad de la intervención.
Ese escenario trasladaría la disputa al ámbito judicial.
El trasfondo económico: el negocio del fútbol argentino
Detrás de la discusión jurídica subyace el control de los recursos del fútbol argentino.
En los últimos años, la AFA consolidó un crecimiento significativo de ingresos, impulsado por el éxito deportivo de la selección nacional y la expansión de contratos comerciales y derechos audiovisuales.
Ese volumen de recursos —incluidos acuerdos internacionales, sponsoreo, comercialización de imagen y derechos televisivos— posiciona a la entidad como un actor económico relevante en el país.
La IGJ procura determinar si ese crecimiento estuvo acompañado de mecanismos adecuados de control interno, transparencia y rendición de cuentas.
La investigación alcanza también la estructura institucional del fútbol argentino, donde conviven entidades como la AFA, la Liga Profesional y la residual Superliga, con funciones que en algunos casos se superponen.
Un conflicto con impacto político y proyección incierta
La intervención de la AFA se inscribe en un contexto político donde el Gobierno promueve controles institucionales en diversos frentes.
El fútbol, por su peso simbólico y económico, constituye un terreno de sensibilidad especial. La relación entre el Estado y la AFA ha sido históricamente compleja, atravesada por intereses políticos, económicos y sociales.
En la etapa inmediata, los veedores comenzarán el análisis documental y operativo de la AFA. Si el informe confirma irregularidades, el Gobierno podría profundizar el control; si la auditoría no detecta inconsistencias, la AFA podría fortalecer su posición institucional.
La intervención marca un punto de inflexión: por primera vez en años, el Estado implementa un control directo sobre la principal entidad del fútbol argentino, en un escenario donde el poder económico del sistema alcanza niveles inéditos.
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El Gobierno designó por 180 días a los veedores en la AFA: deberán revisar balances y contratos
El Ministerio de Justicia dispuso la designación de dos veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para supervisar su funcionamiento administrativo y financiero durante un plazo de 180 días. La decisión fue adoptada a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que busca revisar la documentación contable y los contratos de la entidad.
De acuerdo a la resolución, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, los veedores tendrán acceso a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la institución que conduce Claudio Tapia, con el objetivo de elaborar un informe sobre el manejo institucional y económico.
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Los veedores son el contador público Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz De Marco.
La medida no implica una intervención ni el desplazamiento de las autoridades actuales, pero habilita un proceso de control y seguimiento sobre la gestión.
Según se indicó, los veedores deberán analizar la documentación contable, las decisiones administrativas y los contratos vigentes de la entidad, y elevar un informe a las autoridades correspondientes una vez finalizado el período de supervisión. Ese documento podría derivar en nuevas medidas si se detectan irregularidades.
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Durante los 180 días que durará la veeduría, los especialistas designados podrán requerir información y analizar documentación vinculada a la gestión institucional.
El informe final que elaboren Pappacena y Ortíz De Marco será remitido a la Inspección General de Justicia. A partir de esas conclusiones, el organismo evaluará si corresponde adoptar nuevas medidas administrativas o realizar observaciones sobre la gestión de la institución.
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La AFA es la entidad encargada de organizar las competiciones del fútbol argentino y de representar al país ante la FIFA y la Conmebol. Debido a esto, cualquier decisión vinculada a su funcionamiento institucional suele tener impacto en el desarrollo de los torneos y en la estructura del fútbol profesional.
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