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POLITICA

Qué dijo el Gobierno sobre la filtración de los audios de Karina Milei

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El Poder Ejecutivo desplegó este lunes una doble ofensiva judicial en respuesta a la filtración de los audios de Karina Milei, en el marco del caso Spagnuolo. La estrategia incluye una denuncia penal por “espionaje ilegal” y una medida cautelar para detener la difusión de las grabaciones. El Ministerio de Seguridad solicitó allanamientos a un canal de streaming y a los domicilios de dos periodistas.

El Gobierno calificó el hecho como un “espionaje ilegal” y una “operación de inteligencia” para desestabilizar el proceso electoral, y solicitó el cese de la difusión de las grabaciones.

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La postura se formalizó a través de dos vías judiciales distintas. El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal y la propia secretaria general de la Presidencia, a través de sus abogados, obtuvo una medida cautelar en el fuero civil y comercial.

La denuncia penal del Gobierno califica el hecho como una “operación de inteligencia ilegal” para desestabilizar al paísNatacha Pisarenko – AP

El vocero Manuel Adorni comunicó la acción penal en su cuenta de la red social X. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, afirmó.

Adorni agregó que se grabaron conversaciones privadas de la funcionaria y otros miembros del gobierno. Sostuvo que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, sentenció el vocero.

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“No fue una filtración; fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, afirmó el vocero presidencial (@madorni)

La presentación penal de 20 páginas, firmada por Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera que dirige Patricia Bullrich, describe una supuesta operación de inteligencia no institucional.

El texto sostiene que la maniobra consistió en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.

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El objetivo de la operación, según la denuncia, es “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

La cartera dirigida por Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. También pidió la misma medida para Pablo Toviggino, principal accionista del canal, y el abogado Franco Bindi. El gobierno acusa a Bindi de ser el responsable de la difusión y lo vincula al exdirector de la SIDE, Fernando Pocino.

La denuncia recayó por sorteo en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, subrogado por el juez Julián Ercolini. La presentación sugiere que las grabaciones pudieron realizarse en la Casa Rosada, lo que considera “una amenaza inédita a la seguridad institucional”.

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La denuncia menciona que la campaña responde a “influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”

El documento menciona que la campaña responde a “influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.

De forma paralela a la acción penal, un juez federal en lo civil y comercial ordenó el cese de la difusión de los audios. El magistrado Alejandro Patricio Maraniello hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la propia Karina Milei.

La resolución dispone el “cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación” atribuidos a la funcionaria. El juez ordenó comunicar la decisión de manera urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

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Karina Milei solicitó la medida cautelar sin reconocer la veracidad de los audios difundidosJoaquín Meabe –

La presentación judicial de la secretaria general de la Presidencia, realizada el viernes 29 de agosto, aclara que no reconoce la veracidad de los audios. Señala que, en caso de ser reales, fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento”. El escrito advierte sobre la existencia de otras grabaciones que perjudicarían su honor y reputación.

El juez Maraniello consideró que la medida “no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público”. Afirmó que la decisión busca resguardar bienes jurídicos como la intimidad, el honor y la seguridad institucional. El magistrado aclaró que la resolución “no importa convalidar la figura de la censura previa”, ya que es una restricción provisoria y excepcional.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.

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incluye una denuncia penal por “espionaje ilegal” y una medida cautelar para detener la difusión de las grabaciones,artículo firmado por Cecilia Devanna,Audiencia,Diego Spagnuolo,Javier Milei,,»Inconstitucional». Advierten que prohibir la difusión de los audios es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó,,»Estado de indefensión». Bullrich vinculó el escándalo de los audios a exservicios rusos e inteligencia venezolana,,Presuntas coimas. El juez que prohibió publicar los audios de Karina tiene ocho denuncias en su contra, cinco por acoso sexual,Audiencia,,Ranking polémico. Así es el Top 10 de mejores galletitas en el mundo y el lugar que ocupó la Argentina,,Inversión. Dónde construirán el nuevo estadio que costará US$12 millones,,Horas decisivas. Elecciones en Buenos Aires 2025: las últimas noticias sobre los comicios este lunes 1° de septiembre

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Tucumán: el diputado agredido por un empleado público con un cabezazo pidió investigar el accionar de la policía

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La brutal agresión que se registró en Tucumán con el cabezazo que el diputado libertario Federico Pelli recibió por parte de Marcelo “Pichón” Segura continúa sumando capítulos y ahora apuntaron contra el accionar de la Policía de la provincia. La querella presentó un escrito en el que pidieron investigar a los miembros de la fuerza involucrados y sostuvieron que “incumplieron sus deberes”.

En diálogo con La Gaceta, el propio Pelli sostuvo que el caso tomó repercusión producto de su cargo dentro de la Cámara Baja en el bloque de La Libertad Avanza. “Lo triste es que cuando le sucede a la gente a pie queda en la total impunidad. Lo más grave también, que yo vi en el video posterior, porque cuando recibo el ancazo ya pierdo noción de lo que estaba pasando, fue el accionar de la policía”, señaló.

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“Realmente eso me pareció insólito. La desidia con la que actuaron me parece un mensaje muy peligroso el que dieron esos agentes de policía. Frente a los poderosos o a gente vinculada al poder hay impunidad y te damos palmaditas para que te retires. Y con el ciudadano de a pie común actuamos con toda la rigurosidad y con toda la brutalidad del mundo o con la mayor severidad”, apuntó.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede observar cómo todo comenzó con un breve cruce de palabras, en donde el diputado dijo: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, tras la intención del agresor de no dejar pasar al diputado hacia la mencionada localidad, le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando. Todo esto ante la vista de un grupo de agentes que estaban en la zona.

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De acuerdo a lo que señalaron los médicos que atendieron al diputado, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal. Le realizaron una tomografía y detectaron que tiene una fractura del hueso nasal, por lo que quedará en observación, ya que no hay lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Regional de Concepción en diálogo con medios locales.

Según la presentación ante la Justicia, la querella sostuvo que “el personal policial presente no solo no observaron ni ejecutaron las leyes cuyo cumplimiento y observancia debieron cumplir, sino que además, de manera dolosa, no solo omitieron, sino que incumplieron sus deberes”.

“El mismo imputado declaró que pidió ayuda y colaboración al personal policial, quienes en vez de proceder a la inmediata aprehensión del encartado, protegían y acompañaban a Segura en vez de solicitar ayuda o personal médico para que atiendan a la víctima de autos”, agregaron.

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En ese sentido, desde el lado de Pelli señalaron que, una vez que se produjo la agresión, el personal policial acompañó y protegió al imputado. Es por eso que piden que se incluya a los agentes y se los impute por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública.

Mientras tanto, el fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía” y le ordenó una prisión preventiva de cuatro meses y su traslado al penal de Benjamín Paz.

Además, la decisión se fundamentó en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.

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“Pichón” Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacio. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra, en el año 97′.

A través de sus redes sociales, Segura aseguró que estará ausente durante cuatro meses. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva ‘volveré y seré millones’. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras”, escribió en su publicación.

En la misma cuenta oficial del empleado público se identifica como “tucumano y peronista”. Durante las últimas horas, mientras esperaba que se realizara la audiencia, realizó varias publicaciones asegurando que estaba “más fuerte y más entero que nunca”, y agradeció el apoyo de sus seguidores.

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Los detalles de la declaración del piloto del vuelo privado de Adorni a Punta del Este

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Este jueves declaró ante la Justicia el piloto del vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este, Agustín Issin. Aseguró que tanto la ida como la vuelta la pagó Marcelo Grandio. Además, contó que tenía una empresa de brokers de vuelos, donde compró un paquete de 10 vuelos por US$42.000, de los cuales le vendió un par a Grandio.

El vuelo a Punta del Este fue facturado a Grandio, a Imhouse S.A., la productora del periodista, a través de la empresa Alpha Centauri. Pagó US$3000 dólares. Adorni deberá demostrar que pagó esos vuelos a Grandio y que no se trató de una dádiva.

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Según la declaración, la contratación de los vuelos no apareció como una operación aislada, sino dentro de una relación comercial previa.

En medio de la polémica por los vuelos, Manuel Adorni recibió a Patricia Bullrich para delinear la estrategia legislativa sobre las reformas. (Foto: X @madorni)

El testigo explicó que trabajaba habitualmente con la firma aérea Alpha Centauri S.A., con la que ya tenía acuerdos anteriores para la compra de paquetes de vuelos a Punta del Este. También dijo que Grandio ya había contratado en otras oportunidades sus servicios, aunque aclaró que no era de sus clientes más importantes sino una persona que lo contactaba con cierta frecuencia.

Leé también: El piloto del vuelo de Punta del Este de Adorni aseguró que el viaje lo pagó un periodista de la TV Pública

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El broker se refirió a la factura de US$3000 emitida por el tramo de vuelta. Issin sostuvo que ese importe no representaba el valor total original del vuelo, sino el saldo final luego de una reducción acordada. Según explicó, el precio base del regreso era de US$ 4800, pero Grandio pidió que se utilizaran plazas vacías del avión —la llamada “pata vacía” o empty leg— para bajar el costo.

De acuerdo con esa versión, sobre esos US$4.800 se aplicó una quita total de US$1.800: US$1.200 por dos plazas vacías vinculadas al vuelo del 12 de febrero y US$600 por otra plaza vacía correspondiente al tramo del 17 de febrero.

En el vuelo a Punta del Este investigado, Adorni viajó junto a su esposa. (Foto: Instagram madorni)
En el vuelo a Punta del Este investigado, Adorni viajó junto a su esposa. (Foto: Instagram madorni)

En cuanto a la forma de pago, el testigo diferenció claramente la ida de la vuelta. Respecto del vuelo de ida, declaró que fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante, y que se pagó mediante transferencia bancaria. Sin embargo, no dejó asentado en ese acto el monto exacto efectivamente abonado por ese tramo y dijo que debía verificarlo.

Sobre el vuelo de vuelta, en cambio, fue más preciso: afirmó que los USD3.000 se pagaron en efectivo, a través de un tercero, y que esa entrega fue coordinada por WhatsApp y audios, respecto de los cuales dijo contar con respaldo.

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El dato clave es que la factura de la vuelta fue emitida varias semanas después del vuelo. Frente a eso, Issin explicó que no obedeció a una nueva contratación ni a una modificación posterior del servicio, sino a que se encontraba de viaje y recién cuando regresó confeccionó la factura.

También aclaró que la constancia del cobro no habría sido un recibo formal, sino un mensaje enviado informando que el dinero había sido recibido por Whatsapp. Por último, cuando se le preguntó si le constaba que Adorni hubiera viajado con su empresa en alguna otra oportunidad anterior, respondió que no.

Manuel Adorni, Vuelos, Gobierno

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Milei se sumó al enfrentamiento por el caso de la argentina detenida en Rio y apuntó contra Alberto Fernández

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El Gobierno autorizó a Latam Airlines a operar la ruta entre San Pablo y Ushuaia.LATAM AIRLINES – LATAM AIRLINES

El gobierno nacional autorizó formalmente a la empresa Latam Airlines a operar la ruta entre San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina, como transporte aéreo de pasajeros y cargas o de forma combinada, por medio de la línea de bandera brasileña TAM. La medida fue oficializada mediante la Disposición 2/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Autorizar a la empresa de bandera brasileña, TAM, sucursal argentina, nombre de fantasía Latam Airlines Brasil para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en la ruta San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina y viceversa.

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