POLITICA
¿Qué dijo Javier Milei sobre Ian Moche, quien lo denunció ante la Justicia?
El presidente Javier Milei respondió este lunes a la demanda judicial que inició la familia de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo. El mandatario presentó un escrito ante la Justicia Federal de La Plata, en el que alegó que actuó desde su cuenta personal y que su publicación está protegida por la libertad de expresión.
El Presidente basó su defensa en cuatro ejes centrales. Afirmó que su publicación no fue un acto de gobierno. Sostuvo que su cuenta @JMilei en la red social X no es un canal oficial del Poder Ejecutivo. En el documento judicial, niega “que la cuenta de la red social ‘X’ @JMilei sea una cuenta oficial o institucional del PEN”.
Agregó que “el hecho de que una persona ostente un cargo público no convierte automáticamente en acto estatal todo lo que hace o dice en su vida personal o digital”.
Milei también aseguró que su crítica no apuntaba a Ian Moche, sino al periodista de LN+ que lo entrevistó, Paulino Rodrigues. En el texto, el Presidente se refirió al comunicador como “Pautino” y transcribió su mensaje original: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla…”. Insistió que el tuit no menciona al niño “ni directa ni indirectamente”.
El escrito argumentó además que Moche, por su rol público, debe tolerar el debate. El escrito presidencial describe al niño como “un activista” y una “personalidad pública”.
Además, considera que está sujeto a las críticas de quienes no comparten sus ideas. Según Milei, el activismo “conlleva ser una personalidad pública y un activista; dado que los mismos no están ajenos a las críticas”.
El mandatario enmarcó la demanda en un fenómeno mayor. Calificó la acción judicial como un intento de censura y la vinculó con la cultura de la cancelación.
Afirmó: “Esta cultura de la cancelación es un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos; funcionarios o como en mi caso particular presidentes”.
La familia de Ian Moche, un joven activista por los derechos de las personas con autismo, inició una acción de amparo. El objetivo es que la Justicia ordene al Presidente eliminar un posteo de su cuenta de X. La publicación es un reposteo de un mensaje del usuario “HOMBRE GRIS” que incluía una imagen de Moche y lo asociaba con el kirchnerismo.
La causa tramita en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Osvaldo Recondo. El mes pasado, el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que el caso era de competencia federal. Argumentó que Milei, al tuitear desde su cuenta verificada con tilde gris, actúa como Jefe de Estado.
El carácter de la cuenta es un punto central del conflicto. Para el Presidente y su defensa, se trata de una cuenta privada. La Procuración del Tesoro de la Nación apoyó esta visión en la causa. Argumentó que la cuenta es personal, “fuera del ejercicio de sus funciones públicas”, y que la verificación con tilde gris no la convierte en un canal oficial de comunicación del Estado.
Para la parte demandante, la situación es distinta. El abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez, señaló una contradicción en la presentación de Milei. El Presidente fijó su domicilio legal en la Residencia Presidencial de Olivos. Según Gil Domínguez, al hacer esto, “asume su carácter de Presidente, descartando ser un mero particular”. Esta acción, para el letrado, contradice la postura de la Procuración del Tesoro.
Andrés Gil Domínguez criticó duramente la presentación del Presidente. Sostuvo que la defensa desconoce que la libertad de expresión protege a los particulares frente al poder y no al revés, “especialmente, si se trata de un niño que pertenece al espectro autista”.
El abogado calificó de “cinismo” los argumentos de Milei y de la Procuración del Tesoro. Afirmó que si las expresiones del mandatario no eran agraviantes, la solución era simple. “Si esto fuera cierto y sincero, hubiese bastado una aclaración, disculpa o eliminación del posteo a través de X”, declaró Gil Domínguez. Agregó que eso “nunca aconteció”.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
presentó un escrito ante la Justicia Federal de La Plata,Audiencia,Javier Milei,,Tribunales. Milei le respondió a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su «cuenta personal” en uso de su «libertad de expresión»,,“Reduce cargas y tiempo”. El consejo para Milei, según el club de países más ricos del mundo,,Plenario. La izquierda presiona a la CGT para que active otro paro general contra Milei,Audiencia,,Ascenso térmico. Pronóstico en AMBA: temperaturas templadas, sol y las últimas noticias del clima este lunes 11 de agosto,,»No sabíamos de su vínculo». Qué dijo el hermano del joven enterrado en Coghlan luego de que el excompañero de colegio se presentara en la Fiscalía,,»No lo sabíamos hasta ayer». Qué dijo el hermano del joven enterrado al lado de donde vivió Cerati sobre los dueños de la casa que ahora investiga la Justicia
El juez federal Ariel Lijo pidió todos los contratos de la TV Pública con la productora Imhouse de Marcelo Grandio, el periodista que es amigo del jefe de Gabinete y que pagó los vuelos para alojarse en su casa de Punta del Este.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Lijo solicitó la documentación, pues investiga si hay algún delito detrás del viaje familiar del jefe de Gabinete a Uruguay y en la relación entre Adorni y Grandio, según dijeron fuentes judiciales a .
Las medidas judiciales requeridas se denominan “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio”, lo que significa que si la persona no entrega lo solicitado, el magistrado está autorizado a allanar.
Asimismo, el juez pidió a la empresa Alpha Centauri S.A., que fletó el avión que fue a Punta del Este, toda la documentación comercial, contable, bancaria y de operaciones relacionadas con el viaje efectuado con el avión Honda Jet matrícula LVHWA, que partió del aeropuerto de San Fernando a Laguna del Sauce, en Punta del Este, el 12 de febrero y regresó el 17 del mismo mes.
En particular, el juez quiere presupuestos, solicitudes de servicio, contratos, registros, comunicaciones mantenidas con los clientes, instrucciones relacionadas con la facturación y saber quién pidió el servicio.
El juez Lijo quiere saber quién es el titular de la aeronave y los detalles de cómo se contrató la ida y la vuelta.
Esto, en particular, porque Grandio dijo que pagó el viaje de ida y que la vuelta es parte de un paquete de 10 vuelos pagados por US$42.250 por Issin Agustín Ismael.
Este piloto uruguayo facturó el vuelo de regreso, del 17 de febrero, a Marcelo Grandío el 9 de marzo, cuando se supo de la escapada de Adorni a Uruguay.
El juez quiere los originales o copias certificadas de todas las facturas, recibos, notas de débito o crédito, comprobantes de pago y registros contables.
Lijo le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se encargue de obtener esta información ante la empresa y levantar el secreto fiscal de Alpha Centauri S.A..
Al ARCA, Lijo le pidió un informe de la situación fiscal de la firma y de Marcelo Grandío.
Asimismo, le pidió a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe todos los acuerdos que se registren con Grandío y su productora IMHOUSE S.A.
A la vez, la Televisión Pública debe detallar los contratos o programas que registra esa productora o Grandío.
Lijo ya había pedido al Gobierno informes sobre el viaje de Adorni, a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.
Quiere saber si el funcionario cumplía alguna misión oficial. Además, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de la productora de TV y del piloto a quienes les facturaron el vuelo de ida y de vuelta, realizado en un avión privado.
El juez también quiere investigar al comprador del paquete de viajes. Se trata de Agustín Issin Hansen, un piloto corporativo que actualmente trabaja en Consultatio.
Lijo pidió levantar el secreto fiscal de Issin Hansen. Luego apareció la factura del 9 de marzo donde Grandio también figura como quien pagó por ese vuelo.
El vuelo se hizo en un avión de la empresa Alpha Centauri S.A. Por el viaje de ida se pagaron 4.830 dólares. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares.
Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Lijo pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que le informe si hay allí “expediente, actuación, autorización, misión oficial, comisión de servicio, licencia, solicitud o liquidación de viáticos, asignación de pasajes, rendición de gastos” relativos al viaje de Adorni o su “estadía, alojamiento o financiamiento del viaje”.
Además, levantó el secreto fiscal de Imhouse SA y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera desde el 1° de enero de 2023 a la actualidad.
Lijo investiga si hay incompatibilidades por el viaje que pagó la productora, que a su vez tiene contratos con la TV Pública.
El juez pidió al Banco Santander la información sobre Imhouse, su cuenta corriente, la fecha de apertura, cierre o modificación, y el legajo completo.
Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py en los últimos días contra el jefe de Gabinete.
El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas.
Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose.
La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen del jueves último “certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal” de este expediente.
En paralelo a lo del vuelo, se conoció esta semana que la esposa de Adorni registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Pagano.
Según documentación catastral, obtenida por en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular.
La denuncia que presentó Pagano sobre la casa de Indio Cua se montó sobre los cuestionamientos políticos que soporta Adorni desde que se conoció que su esposa había volado en el avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Miami y Nueva York y tras revelarse que había viajado en avión privado a Punta del Este con su familia durante el feriado de carnaval.
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POLITICA
El massismo promueve el uso de pistolas Taser para la policía bonaerense y abre un debate al interior del PJ
Con el objetivo de salir de la agenda internista, el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, instruyó a sus legisladores a avanzar con una agenda de gestión en seguridad que tenga impacto en el territorio bonaerense. En las últimas semanas proliferaron distintos proyectos de ley en ese sentido: autorizar el uso de armas no letales para la policía bonaerense, volver a reclamar la creación de policías comunales y la prohibición del uso de celulares en cárceles, son las tres primeros proyectos que el massismo intentará llevar a la mesa para su discusión, primero en el peronismo y luego al resto de los bloques.
El diputado provincial y exintendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli, presentó en los últimos días un proyecto de ley que promueve la autorización para que las policías de la Provincia empleen armas electrónicas no letales. No es la primera vez que se busca instalar el tema en la Legislatura bonaerense. Pero la iniciativa no logró, hasta el momento, llegar a algunos de los recintos, ya sean de diputados o de senadores.
La avanzada legislativa de este sector del peronismo tiene como objetivo correrse de las discusiones internas o de índole electoral o de reforma política que se empiezan a discutir en distintos ámbitos. “Hay que discutir temas que le interesen a la gente y le resuelvan sus problemas. Ocuparse de la seguridad en la Provincia”, cuentan que planteó Massa a sus legisladores. Allí fue que se decidió avanzar con estos proyectos.
En esa línea discursiva es que también se impulsó el proyecto para que las petroleras avisen de los aumentos con al menos 72 horas de anticipación; un texto que lleva la firma de Ayelén Rasquetti, también del massismo.
El FR tiene diez integrantes dentro de la bancada peronista que ostenta un total de treinta y nueve miembros repartidos entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el cristinismo y los movimientos sociales. La bancada que conduce el camporista Facundo Tignanelli, es la primera minoría en la Cámara baja provincial.
Las opiniones al respecto sobre el uso de Taser son variadas. Hay varios proyectos, a favor y en contra. En el Senado, por ejemplo, el senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos UCR Identidad, viene presentando expedientes en la misma línea. En Diputados, la ex legisladora Susana González que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco (MDF), había propuesto un proyecto de ley que prohibía el uso de armas no letales.
Cuando era ministro de Seguridad bonaerense, el hoy jefe del bloque de senadores peronistas en la Cámara alta provincial, Sergio Berni, se había manifestado a favor de que la policía porte Taser. De hecho, movió algunos expedientes de compra dentro del ministerio, pero el armamento no llegó a la portación de los efectivos policiales. Hoy Berni mantiene distancia del esquema de Kicillof —a quien siempre reconoció meramente como su jefe administrativo— y reporta a Cristina Kirchner.
La iniciativa que lleva la firma de Puglelli y la legisladora Ayelén Rasquetti, también del FR, establece que el uso de este tipo de armas solo estará permitido para el personal activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán superar exámenes técnicos y psicofísicos. Además, el artículo 14 ter —a incorporar en la Ley 13482— define estos dispositivos como aquellos “que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin provocar la pérdida de conocimiento”, diferenciando las armas electrónicas no letales de las letales, cuyo uso está prohibido por la regulación nacional.
También detalla que solo podrán emplearse dispositivos que sean definidos formalmente como no letales por la normativa nacional vigente. En este sentido, la legislación nacional establece que las armas electrónicas forman parte de la categoría de armas y municiones de uso civil únicamente si su efecto sobre el organismo humano es pasajero y no conlleva pérdida de conciencia.
El proyecto se basa en la regla de Tueller, creada por el sargento Dennis Tueller de la policía de Salt Lake City, Estados Unidos. Esta regla indica cuánta distancia y tiempo necesita un policía para responder si un agresor tiene un arma blanca. Determina que un agente tarda al menos 1,5 segundos en sacar su arma y disparar, tiempo en el que el atacante puede avanzar unos 6,5 metros. Los estudios citados muestran que si la distancia es menor, las posibilidades de que el policía sobreviva bajan mucho frente a un ataque con cuchillo.
Asimismo, dicho informe resalta que los ataques con armas blancas pueden ser más letales que los enfrentamientos con armas de fuego, dada la velocidad y cercanía con la víctima, y que el efectivo argentino, al no poder retirarse, se ve obligado a repeler la agresión, enfrentando riesgos legales y de vida considerables. Si el agente dispara un arma de fuego y resulta letal para el atacante, enfrentará procesos administrativos y penales; si no lo hace, puede exponer su vida.
“No es darle el arma y nada más. Implica un programa que le brinde el elemento, pero también la capacitación y los estudios necesarios, que haya protocolos: que, en determinadas circunstancias, tenga el elemento para poder defenderse. Además, muchas veces va en beneficio del propio policía, pero también de la víctima, porque ante determinadas circunstancias, con un arma letal apuntás a la muerte. Entonces, si ya le damos armas letales a la policía, lo que implica todo un riesgo, ¿por qué no legislar sobre armas no letales?“, fundamentó Puglelli ante la consulta de Infobae.
El proyecto para el uso de armas no letales va en paralelo con la iniciativa que el FR presentó en el Senado, a través de Malena Galmarini, para prohibir el uso de celulares en las cárceles de jurisdicción provincial y el que en Diputados propone la creación de policías comunales, una vieja bandera del Frente Renovador desde la época de la gobernación de Daniel Scioli, que también es una demanda de algunos intendentes.
En Diputados aún no se oficializaron las comisiones. Hasta el año pasado, Puglelli presidía la de Seguridad y, de no haber mayores inconvenientes, podría repetirse el esquema. De ser así, creen en el FR, el tema podría avanzar al menos en la comisión; toda vez que es una agenda en la que también está interesada la oposición a gobierno de Kicillof.
POLITICA
El fiscal Luciani pidió advertir a Cristina Kirchner por la marcha en la puerta de su casa el 24 de marzo
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al tribunal que condenó a Cristina Kirchner por corrupción que le llame la atención por salir al balcón de su casa en la marcha del 24 de marzo y lo exhortaron a tomar medidas para evitar alteraciones del orden público y la seguridad en su barrio, Constitución.
Los fiscales solicitaron que esta advertencia se realice “bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido” de la prisión domiciliaria.
Luciani y Mola, en un escrito que presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la expresidenta, recordaron que los jueces habían dispuesto que debía “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
El reclamo de los fiscales surgió por dos sucesos que, a su juicio, desnaturalizan las condiciones de su detención domiciliaria. El primero ocurrió el 17 de marzo, cuando la expresidenta fue convocada a los tribunales de Comodoro Py de manera presencial. Durante su salida y regreso, se registró una “llamativa concentración de personas” -según definieron- frente a su casa de San José 1111.
La fiscalía destacó que esa movilización “no fue totalmente espontánea”, sino que fue fomentada y cubierta a través de las redes sociales por La Cámpora.
El segundo hecho denunciado fue la manifestación del 24 de marzo, cuando una multitud volvió a congregarse en las afueras del domicilio cortando algunas calles. Y los fiscales dijeron que Cristina Kirchner permaneció una hora en el balcón de su casa saludando a los militantes.
Los fiscales exhibieron fotos del acto y posteos en X de La Cámpora. Y señalaron que “frente a tamaña convocatoria y la conducta asumida por la propia persona condenada nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”.
Luciani y Mola recordaron que ellos se habían opuesto a que les concedan el arresto domiciliario. Dijeron que estas situaciones “difícilmente sean compatibles con la obligación que asumió de adoptar comportamientos que no alteren la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Luciani y Mola dijeron que el “arresto domiciliario” es un beneficio “extraordinario” y se fundamenta en “la seguridad personal de la peticionante como consecuencia del intento de homicidio que la tuvo como víctima”.
Para los fiscales, las manifestaciones y la conducta de Cristina Kirchner la exponen a riesgos para su seguridad personal, contradiciendo el objetivo mismo del beneficio otorgado para neutralizar el peligro. Además, afirmaron que estos actos generan una “alteración de la circulación y normal orden del barrio”.
“Solicitamos que se tenga presente lo expuesto y que se exhorte a la condenada, Sra. Cristina Fernández, para que, en lo sucesivo, adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”, aseguraron Mola y Luciani.
Mientras se dan estas circunstancias, la Cámara Federal de Casación analiza el temperamento a adoptar ante los reclamos de la fiscalía para que se ejecute el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, dispuesto en junio del año pasado, cuando la Corte dejó firme su condena.
Los jueces deben decidir si hacen lugar a los recursos de la defensa que se opone al remate de los bienes, a los que se sumaron además los reclamos de Máximo y Florencia Kirchner, pues la fiscalía hizo extensivo los pedidos de decomiso a los bienes que heredaron de Néstor Kirchner.
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