POLITICA
Qué dijo la Justicia sobre la publicación de Milei sobre Ian Moche
La Justicia Federal intervino de manera formal en la controversia por el reposteo del presidente Javier Milei sobre Ian Moche. Un juez de La Plata emitió una resolución que obliga al Poder Ejecutivo a pronunciarse sobre la publicación que la familia del niño activista de 12 años con autismo busca eliminar de la red social X.
El juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, a cargo del juzgado Nº 4, estableció un plazo de cinco días para que el presidente Javier Milei presente su versión sobre los hechos denunciados. El plazo corre a partir de la notificación formal en su domicilio legal.
Una vez que el Poder Ejecutivo presente el informe circunstanciado o venza el tiempo para hacerlo, el magistrado tendrá 48 horas para dictar una resolución. En esa instancia, definirá si ordena o no al Presidente la eliminación del mensaje de su cuenta en la red social X.
La decisión del juez Recondo, firmada el pasado jueves, se alinea con el dictamen previo del fiscal Federal N°2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía. El fiscal habilitó la intervención del fuero en el caso, un paso clave para el avance de la demanda.
La Justicia determinó la competencia del fuero federal porque la publicación en cuestión se realizó desde la cuenta oficial de Javier Milei como presidente de la Nación. El dictamen del fiscal Gutiérrez Eguía subraya que el perfil del mandatario en la red social X posee un tilde gris, una marca de verificación que la propia plataforma reserva para “Individuos del Gobierno Nivel nacional: Jefes de Estado (presidentes, monarcas y primeros ministros) y sus adjuntos y cónyuges”.
El fiscal argumentó que, si bien el caso pertenece al derecho no penal, la publicación la efectuó el demandado en su rol de Jefe de Estado. Citó jurisprudencia que indica que la calidad de la persona que comete un acto o sufre sus consecuencias puede determinar la competencia federal, especialmente si afecta o compromete los intereses del Estado Nacional. Este reconocimiento implica que el reposteo no se considera una simple opinión personal, sino un acto vinculado a su función pública.
La polémica comenzó cuando el Presidente reposteó un mensaje de un usuario anónimo que agraviaba a Ian Moche, activista autista de 12 años, y al periodista Paulino Rodrigues de LN+. La publicación mostraba al niño en fotografías junto a figuras de la oposición como Sergio Massa y Cristina Kirchner, con el objetivo de calificarlo como “ultrakirchnerista”.
El contexto era el debate por la ley de emergencia en discapacidad. La familia de Ian cobró notoriedad tras un encuentro con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Según la madre del niño, Marlene Spesso, el funcionario le dijo que tener un hijo con discapacidad era “un problema familiar” y no del Estado. Tras la viralización del reposteo presidencial, la familia denunció una campaña de hostigamiento en redes, que incluyó la divulgación de datos privados como la dirección de su casa y la escuela de Ian.
La familia de Ian recibió con cautela la novedad judicial. “Como familia tomamos la decisión de decirle basta a los ataques y a la violencia, que no podemos permitir. El universo va poniendo a cada uno en su lugar”, dijo a Marlene Spesso. Por su parte, el abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, publicó en sus redes: “Señor Presidente Javier Milei todavía está a tiempo de borrar el posteo y pedir una disculpa”.
@ianmoche
Desde el Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al tema en su conferencia de prensa del 25 de junio. “Ian Moche nunca fue objetivo de alguna crítica. Eso fue malintencionado lo que quisieron instalar. Lo que Milei criticaba fue la utilización del niño por parte de algunos medios de comunicación y de algunos dirigentes de la oposición”, afirmó Adorni.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
Un documento confirma que la casa en el country de Exaltación de la Cruz está a nombre de la esposa de Adorni
La Justicia recibió el informe de dominio de la casa ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y el documento confirmó que la propiedad está a nombre de Julieta Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El documento al que accedió TN detalla que la escritura número 120 se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. Sin embargo, el dato clave es que el cambio de titularidad todavía no se registró en el municipio de Exaltación de la Cruz.
El informe oficial, que ya está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, señala que la propiedad sigue figurando en los registros municipales a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.
A pesar de esto, las expensas del country llegan a nombre de Angeletti, lo que refuerza la vinculación directa de la propiedad con la familia Adorni.
La Justicia incorporó este dato a la causa que investiga la evolución patrimonial del vocero presidencial. El expediente busca determinar si hubo omisiones o inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni y si los movimientos de fondos se corresponden con sus ingresos declarados.
Las dudas sobre el origen de los fondos y los gastos de Adorni
El foco de la investigación está puesto en el origen del dinero utilizado para comprar la casa del country y otros bienes. Según los datos que trascendieron, Adorni declaró ingresos de $3.500.000 mensuales hasta el año pasado, cifra que luego subió a $7.000.000. Sin embargo, los gastos detectados por la Justicia superarían ampliamente esos montos:
- U$S 200.000 para la compra de la casa en Indio Cuá
- U$S 30.000 de adelanto para un departamento en Caballito
- U$S 12.000 en gastos de escritura para ese departamento
- U$S 5.000 por un pasaje en business a Nueva York
- U$S 7.600 para un viaje en avión privado a Punta del Este
La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y está impulsada por el fiscal Pollicita, apunta a reconstruir la evolución patrimonial de Adorni. Entre las medidas ordenadas, se pidieron informes a registros de la propiedad, de vehículos y movimientos financieros.
La escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la compra del departamento de Caballito y presuntamente en la escritura de la casa del country, fue citada a declarar como testigo el miércoles 8 de abril en Comodoro Py.
Esta mujer intervino en la compra del departamento de Adorni en Caballito y en la casa de Exaltación de la Cruz. En el primero, se detectó que dos mujeres le dieron U$S200.000 al jefe de Gabinete en concepto de hipoteca no bancaria. Algo que la justicia mira con mucha atención.
La denuncia original fue presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre un incremento patrimonial del 500% en un año y posibles omisiones en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete.
Leé también: Citaron a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito
Entre los puntos señalados figuran activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, además de 24.500 dólares en efectivo supuestamente provenientes de préstamos familiares.
Por ahora, la Justicia no prevé citar a las mujeres que otorgaron el préstamo para la compra del departamento, pero el foco sigue puesto en la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes.
Según la documentación municipal enviada al fiscal, el inmueble aún no fue escriturado a nombre de Angeletti, aunque las expensas llegan a su nombre. Este detalle, junto con la falta de registro en el municipio, alimenta las sospechas sobre la intención de que la incorporación de la casa al patrimonio de Adorni no trascendiera.
Manuel Adorni, exaltacion de la cruz
La Casa Rosada publicó este jueves por la mañana un video institucional por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. La producción, compartida en su cuenta oficial de X, combina imágenes históricas con menciones a veteranos que participaron, desde distintas posiciones, en la guerra. El contenido no establece un posicionamiento diplomático explícito sobre el control de las Islas.
La pieza se compone de escenas de desembarcos, operaciones navales y movimientos aéreos de la época y destaca los testimonios de distintos hombres que participaron en la contienda: el soldado clase 1962 Carlos Felizzola, el brigadier retirado Ernesto Rubén Ureta y el suboficial mayor retirado Carlos Horacio Palacios.
El texto que acompaña la difusión oficial en X afirma: “Honramos a quienes defendieron nuestra soberanía con valor y entrega, recordando con orgullo a los héroes que dieron su vida por la Patria.” A diferencia del video, concluye con una postura internacional más claro: “Su legado de coraje nos une en la defensa permanente de una verdad eterna: las Malvinas son y serán argentinas”.
El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó el acto central en la Ciudad de Buenos Aires. Durante su discurso, el mandatario comunicó la firma de un decreto para que la Secretaría General de la Presidencia organice un homenaje especial en 2027.
Esa fecha marcará el aniversario número 45 de la guerra. El jefe de Estado definió a las Fuerzas Armadas como una “institución central de la República” y remarcó la necesidad de «saldar una deuda histórica” con los militares.
Por otro lado, en Tierra del Fuego, la ciudad de Río Grande realizó su tradicional vigilia con la presencia de dirigentes de distintos sectores políticos. Los gobernadores Gustavo Melella, Axel Kicillof y Ricardo Quintela acompañaron a los centros de veteranos en el Monumento a los Caídos.
La Libertad Avanza envió una delegación integrada por el senador Bartolomé Abdala y seis diputados nacionales. La Unión Cívica Radical participó del encuentro a través de su presidente nacional, Leonel Chiarella. El acto incluyó un simulacro de desembarco y el encendido de antorchas frente al mar.
El veterano Bernardo Ferreyro, único orador de la jornada, cuestionó la presencia del buque polar británico Sir David Attenborough en la zona. Exigió respuestas a los gobernantes frente al avance del Reino Unido en el Atlántico Sur y rechazó cualquier tipo de negociación que no incluya la devolución del territorio.
este jueves por la mañana un video institucional,texto que acompaña la difusión oficial en X,encabezó el acto central en la Ciudad de Buenos Aires,presencia de dirigentes de distintos sectores políticos,Malvinas,Javier Milei,Conforme a,,El aval de un «Karino». Martín Menem: “Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”,,El video del momento. El abrazo de Milei a Adorni en una nueva muestra de apoyo al jefe de Gabinete,,Tras el fallo histórico. Milei recibió en la Casa Rosada a los responsables de la estrategia legal en el caso YPF,Malvinas,,“La guerra no es buena”. En Malvinas fue ayudante de un lanzacohetes y al volver a su pueblo encontró cómo reconstruirse,,Tomada en 1983. La imagen inédita del buque heroico que sobrevivió a la Guerra de Malvinas, pero tuvo un triste final,,La guerra, desde la intimidad. Tres obras en cartel en las que aún resuena el eco desgarrador de Malvinas
Legisladores de Unión por la Patria presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca que los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires utilicen cámaras corporales en sus chalecos de trabajo. La propuesta fue impulsada por Claudia Neira y Federico Mochi, quienes aseguraron que la medida apunta a “mejorar la calidad de las intervenciones y generar registros objetivos de las interacciones entre agentes y ciudadanía”.
La iniciativa responde a una preocupación creciente por el cumplimiento de los protocolos policiales en situaciones de alta sensibilidad social y por la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que transparenten el accionar institucional. En la exposición de motivos, se señaló que la adopción de cámaras corporales permitiría contar con registros audiovisuales que pueden ser determinantes para esclarecer hechos y disipar cualquier duda sobre el uso progresivo de la fuerza.
El proyecto establece que la implementación de los dispositivos debe ir acompañada de un período de capacitación para los integrantes de la fuerza y un cronograma de adaptación progresiva, así como evaluaciones periódicas de impacto. Según se informó, el Poder Ejecutivo deberá garantizar, a través del Instituto Superior de Seguridad Pública, la inclusión de contenidos específicos sobre el uso de cámaras en el curso de formación inicial de aspirantes a oficiales.
Los impulsores del proyecto destacaron que se trata de una tecnología que ya está en funcionamiento en otros países y provincias argentinas, y argumentaron que la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos necesarios para avanzar en su implementación. “Es una tecnología que ya funciona en el mundo y otras provincias, y la Ciudad debe incorporar para proteger a vecinos y agentes”, afirmó Neira.
El texto presentado subraya que las cámaras corporales de audio y video no sustituyen la labor judicial, pero sí pueden “transparentar y registrar el accionar policial”, permitiendo contar con pruebas objetivas en caso de denuncias o investigaciones internas. “Frente a la serie de eventos donde se observó el incumplimiento de los protocolos de uso progresivo de la fuerza, las cámaras son una herramienta clave”, remarcó la legisladora.
En cuanto al funcionamiento técnico de los dispositivos, se detalló que las cámaras cuentan con un “modo pre-evento” que graba automáticamente los 60 segundos previos a la activación manual, sumando contexto relevante para la reconstrucción de los hechos. Además, disponen de una modalidad de grabación continua, que se activa manualmente para registrar la totalidad del incidente en el que interviene el agente. Un aspecto relevante es que, al encenderse una de las cámaras, se activan automáticamente las de los agentes cercanos, lo que permite obtener diferentes perspectivas de un mismo hecho.
La propuesta contempla una aplicación progresiva, priorizando inicialmente aquellos contextos considerados de alta sensibilidad social, como barrios populares, manifestaciones públicas y eventos masivos, donde el control sobre el accionar policial es fundamental. El objetivo es avanzar hacia una cobertura total de la fuerza en etapas sucesivas.
Neira remarcó la importancia de establecer regulaciones estrictas en materia de protección de datos personales, para evitar la difusión o el uso no autorizado de las imágenes registradas por las cámaras. “Proponemos una ley que tenga un control de datos para garantizar la protección de datos personales y evitar difusiones o usos no autorizadas de las imágenes”, explicó la diputada.
Según los fundamentos del proyecto, la experiencia en otros países y provincias muestra que estos dispositivos contribuyen a reducir conflictos, facilitar investigaciones y generar confianza tanto entre la ciudadanía como entre los propios agentes.
La iniciativa también responde a cuestionamientos acerca de la falta de avances tecnológicos en la fuerza de seguridad local. “Con los recursos que tiene la Policía de la Ciudad es incomprensible que las cámaras corporales no se hayan comenzado a implementar en los chalecos de los efectivos”, afirmó Neira, quien consideró que la herramienta ya es utilizada en otras jurisdicciones del país.
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